Medios y Recursos

Calentamiento global y riesgos de las Decisiones de Cancún

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: René Orellana Hallkier

art 1

En la Conferencia de Países sobre cambio climático realizada en Cancún se aprobaron varias decisiones pero particularmente dos fueron motivo de un debate intenso y de observaciones presentadas en particular por la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Las críticas principales pueden a las decisiones aprobadas en Cancún resumirse de la siguiente manera:

  • Las Ofertas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), no garantizan que la temperatura hacia el 2020 se incremente un máximo de 2°C. El riesgo real es que la temperatura podría estar entre 3 y 4 grados.
  • Sehacreadounrégimendemonitoreo, control y revisión especialmente riguroso para países no Anexo 1 sin el mismo rigor que el que existe para países Anexo Este régimen incluye la sujeción de los países a un sistema de Análisis y Consulta Internacional.
  • Se ha creado un Sistema mundial de mercados para cubrir parte de los compromisos de reducción de GEI.
  • Existe un alto riesgo de doble contabilidad y flexibilidad que podría facilitar el cumplimiento de reducciones de GEI usando mecanismos poco efectivos, poco transparentes y sujetos a grandes flexibilidades a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Uso de la Tierra, Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura (por su sigla en inglés LULUCF) y Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (REDD).
  • 1.
    El financiamiento para adaptación, mitigación, desarrollo y transferencia de tecnología es significativamente bajo, no es predecible ni sostenible.
  • 2.
    El financiamiento para los países en vías de desarrollo está condicionado a la realización de acciones de mitigación. Es decir, los países que requieran acceder a financiamiento debe primero demostrar que están realizando acciones de mitigación.
  • 3.
    El 2do Período de Compromisos del Protocolo de Kyoto no cuenta con un compromiso claro de países desarrollados y está en riesgo de no hacerse efectivo con lo cual se caería el Protocolo de Kyoto.
  • 4.
    El régimen de bosques creado por los documentos aprobados en Cancún supedita las políticas nacionales, los sistemas de regulación forestal, las estrategias, planes y normas nacionales de bosques (entendidos estos en términos de biodiversidad y stocks de carbono) a las Guías y Manuales a ser elaborados y aprobados en el marco de las Conferencias de Naciones Unidas, con lo cual los estados pierden significativamente soberanía normativa y regulatoria.

Existen por supuesto otros temas controversiales pero estos podrían asumirse como los más problemáticos. 

En este breve artículo intentaré desarrollar, a título personal, algunas de las observaciones antes resumidas, en particular la referida al corazón del debate en el marco de Naciones Unidas, a saber: la reducción de GEI y el correlato en incremento de temperatura en el mediano plazo. 

Las críticas quizás alarmistas con predicciones probablemente asumidas comoexageradas presentadas a propósito de esto que denominamos el corazón del debate sobre cambio climático, pueden muy bien encontrar ahora argumentos consistentes en documentos formales de Naciones Unidas que anuncian los riesgos que se corren de incrementos sustanciales de temperatura si no se toman medidas drásticas en términos de metas más ambiciosas de reducción de GEI y reglas estrictas de regulación del cumplimiento de las mismas evitando mecanismos que pudieran incrementar las emisiones en lugar de reducirlas.

Recientemente ha sido publicado un informe del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEP por su sigla en inglés)2 que vale la pena examinar con detalle por la rigurosidad del estudio y por la fiabilidad y la validez oficial que implica, dado que su autor es justamente una entidad de la ONU.

En este artículo intentaremos analizar y casi reseñar este documento matizándolo con reflexiones personales e información adicional que puede ayudarnos a caminar una ruta de análisis que nos ayude a comprender y proponer salidas en un marco de concertación y convergencia tan necesario en el escenario multilateral para construir un marco jurídico e institucional conjunto que permita afrontar el calentamiento global.

Permítanme sugerir que se lean estas páginas como un intento personal  del autor de resumir e interpretar las conclusiones del documento mencionado de UNEP que nos dice de un incremento sustancial de la temperatura hacia 2020, advirtiéndonos entre líneas de la pertinencia de tomar decisiones urgentes. A partir de la interpretación del mencionado documento intentaremos sustentar algunas de las observaciones a las decisiones de Cancún antes expuestas.

¿2°C o 4°C? ¿Cuán caliente es el futuro que nos espera?

La pregunta de fondo para lograr que en los próximos años, concretamente hasta 2020 se llegue a un incremento de no más de 2°C de temperatura, límite que ha sido enunciativamente establecido en las decisiones aprobadas en Cancún es: ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para garantizar que este límite no sea superado y que la humanidad pueda estar confiada en que no continuará en ascenso el proceso de calentamiento global?

La UNEP expresa que la condició que debiera darse para que en 2020 

tengamos una probabilidad de 66% de un incremento de temperatura no mayor a 2°C, es que las emisiones globales para ese año debieran ser de 44 Giga Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (GTCO2eq), 6 GtnCO2eq más que las emisiones globales de 1990. No obstante, en las condiciones actuales de emisiones, es decir, con el ritmo y el volumen de emisiones de los países desarrollados y emergentes, la probabilidad es que para 2020 las emisiones estén en 56GtnCO2, es decir 12GTCO2eq más que las que supuestamente nos garantizan no superar los 2 grados de incremento de temperatura.

Para tener un 66% de probabilidad de alcanzar una temperatura no mayor a 2°C, las emisiones deberían empezar a declinar antes de 2020, es decir, la curva de emisiones que expresa un marcado ascenso debería llegar a un pico máximo en un año anterior a 2020 para luego declinar en una pendiente cuyo mayor o menor pronunciamiento se traducirá en un porcentaje de disminución de emisiones anuales y tendrá por tanto una correlación en una temperatura determinada.

De hecho, para lograr un decremento sustancial de la temperatura a partir de 2020, se requiere una disminución de al menos 3% anual, lo que equivale a 5GTCO2eq, es decir las emisiones globales anuales del transporte mundial (UNEP, op cit, pag. 10).

Como se podrá observar en el gráfico que presentamos a continuación: mientras más cercano temporalmente sea el pico, la caída en las emisiones podrá ser más gradual, por el contrario, mientras más lejano sea el pico, la caída de las emisiones deberá ser más pronunciada para evitar una excesiva cantidad de emisiones y bajar la temperatura.

Para evitar un calentamiento excesivo del planeta en los próximos años se deben realizar los mayores esfuerzos posibles garantizando:

i) rigurosas y ambiciosas metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI);

ii) que dichas metas estén condicionadas a regulaciones estrictas;  

iii) financiamientos  que permitan efectivamente el cumplimiento de las mismas en el caso de países en vías de desarrollo particularmente los emergentes;

iv) evitar flexibilidades en los cálculos de absorción de gases por bosques (a través del llamado Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Bosques, UTCUT por su sigla en castellano y LULUCF por su sigla en inglés) que pudieran facilitar cálculos erróneos de absorción de emisiones disfrazando por tanto las absorciones reales;

v) evitar la doble contabilidad vía el conteo doble de absorciones que ingresan al mercado de carbono y que al mismo tiempo son registradas como absorciones en los inventarios nacionales de los países donde se realizan acciones de mitigación y en los inventarios de países que adquieren créditos de carbono de los primeros; vi) evitar el uso de créditos de carbono provenientes de mercados dada su imprecisión y poca transparencia en la contabilidad real de emisiones absorbidas y evitadas; vii) evitar el uso de unidades de emisiones adicionales correspondientes a las disminuciones sustanciales de emisiones de GEI de los países ex soviéticos denominados Economías en Transición (EIT, por su sigla en inglés).

La recomendación apunta, por consiguiente, a buscar todas las formas posibles que permitan que las 56 GTCO2eq -que aparentemente de manera fatal, serán una realidad en 2020- disminuyan lo más posible, de modo que en lugar de alcanzar más de 5°C – temperatura resultante de la cantidad de giga toneladas a ser emitidas si la curva de emisiones se desarrolla en el marco de una creciente economía que no repara en resultados ambientales negativos-, alcancemos menos de 2°C.

La búsqueda de escenarios ideales que permitan bajar la temperatura lo más posible se relaciona, en nuestra interpretación del referido informe de UNEP, precisamente a temas que han sido parte de las observaciones planteadas por Bolivia a las decisiones de Cancún.

Reducción de GEI y LULUCF

Veamos cuales serían los posibles escenarios si las emisiones se sujetan a compromisos de reducción de GEI, considerando los compromisos menos ambiciosos y reglas más o menos flexibles.

Uno de estos escenarios plantea el reto de disminuir las emisiones de 56 GtnCO2eq a 53GtnCO2eq, es decir, 3GTnCO2eq menos. Después del escenario más previsible, considerando una curva de emisiones con reducciones poco ambiciosas (56GTNCO2eq), un escenario aún extremo con condiciones incluso flexibles, pero finalmente con la aplicación de reglas (aun siendo flexibles) de conteo de absorciones en el marco de LULUCF; en síntesis, las condiciones para que las emisiones disminuyan a 53, estarían sujetas a: ofertas menos ambiciosas de reducción de GEI reglas flexibles de conteo LULUCF y el uso de unidades de emisiones adicionales. Este escenario, en consecuencia, sería el menos ideal, dejando a un lado, por supuesto, el peor escenario que es el de la curva de emisiones sin compromisos de reducción significativos o “business as usual”.

Las reglas de LULUCF son determinantes para definir entre otras las absorciones de GEI, en consecuencia la claridad, pertinencia y rigor de ellas puede flexibilizar o hacer  más  estrictos  los criterios para garantizar que las absorciones sean tales.

En el cuadro que presentamos a continuación podremos observar como ejemplo, el cálculo de emisiones suponiendo dos situaciones: inclusión o exclusión de LULUCF. Si seguimos con detalle las emisiones de Estados Unidos, por ejemplo, podemos notar que las emisiones disminuyen de manera importante con LULUCF, similar situación sucede con la Federación Rusa. No obstante, es importante aclarar que LULUCF también implica emisiones por quema de bosques, de tal modo que en ciertos casos las emisiones por uso del suelo y cambio de uso el suelo y bosques puede ser superior a las absorciones incidiendo en las emisiones netas de un país. En consecuencia, las reglas para LULUCF son fundamentales para garantizar que las metas de reducción de GEI se cumplan efectivamente y ayuden significativamente para disminuir las emisiones en 2020.

Documento Informativo sobre el Doble Conteo

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Liz Gallagher, CAFOD (2009)

art 2

Las reducciones de emisiones por off sets1 sólo ocurren una vez, y deben ser contabilizadas exclusivamente para alcanzar las reducciones de emisiones de los países desarrollados. En la actualidad, los países desarrollados están planeando llevar a cabo una contabilidad creativa con off sets de carbono, y están en peligro de realizar un doble conteo, tanto de la reducción de las emisiones y los recursos financieros que los off sets llevan adelante en países en desarrollo, así como del recuento de estos hacia sus objetivos de mitigación.

Tanto los países desarrollados así como los países en desarrollo tendrán que contribuir a mitigar el cambio climático. Sin embargo, deben hacerlo sobre la base de una responsabilidad compartida pero diferenciada acorde a sus respectivas capacidades; se requiere que la transferencia de recursos financieros y tecnológicos de los países desarrollados cubra los costos incrementales acordados en los países en desarrollo para asegurar que el límite de temperatura global aumente por debajo de los 2°C, mientras se preserve el derecho de desarrollo de los pobres y vulnerables. La conclusión es que se necesitan drásticas reducciones de emisiones en el mundo desarrollado, acompañadas simultáneamente por la desviación de “business-as-usual” (los negocios como de costumbre) en los países en desarrollo, permitida y facilitada por un apoyo financiero y tecnológico medible, revisable y verificable (MRV).

En el marco del Plan de Acción de Bali, los países desarrollados tienen dos obligaciones:

Asegurar reducciones de emisiones profundas, absolutas y vinculantes logradas principalmente a través de acciones nacionales y el uso limitado de off sets – que son propiedad de los países desarrollados.

Además, una obligación internacional, basada en la responsabiliodfada de proporcionar tecnología, financiamiento y fortalecimiento institucional que permita y apoye medidas nacionales de mitigación y acciones de adaptación apropiadas para países en desarrollo

– Estas serán medibles, revisables y verificables (MRV).

Algunos países están considerando la posibilidad de contar off sets como reducciones de emisiones tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo y como parte de las obligaciones financieras internacionales de los países desarrollados.

Al hacer esto, ponen en peligro la integridad y equidad del Acuerdo de Copenhague. Los off sets no proporcionan una reducción global neta de emisiones, dado que constituyen la diferencia entre los logros a nivel nacional de los países desarrollados, y sus objetivos de reducción.

Una tonelada de carbono puede ser lo mismo donde quiera que se emita, pero por la misma razón, sólo puede ser liberada una vez.

A continuación se muestra una representación visual simplificada. Esta no indica las proporciones de off sets/ acciones domesticas de los países en desarrollo que se desea del resultado en Copenhague.

Reducciones físicas en países en desarrollo:

Esta barra muestra dónde los países desarrollados están haciendo un doble conteo de off sets. Están intentando contarlos como parte de su responsabilidad de financiar y dar apoyo tecnológico para acciones de mitigación en los países en desarrollo y como parte de las reducciones en los países desarrollados.

Está claro que el uso de off sets se refiere solamente a que los países desarrollados logren cumplir sus propias metas de reducción de emisiones,  por lo tanto, esto no debe ser contado como parte de las obligaciones de los países desarrollados para financiar acciones nacionales de mitigación apropiadas para países en de desarrollo.

El apoyo financiero y tecnológico debe ser adicional y separado de los off sets; de lo contrario los países desarrollados estarían haciendo caso omiso de su responsabilidad de proporcionar un apoyo sustancial a los países en desarrollo a fin de cumplir con el requisito global de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C tanto como sea posible.

Además, si los países desarrollados cuentan los off sets, dentro de sus obligaciones financieras y tecnológicas, esto va significar que el nivel general de apoyo para la reducción de emisiones en los países en desarrollo será peor. En consecuencia, con éste enfoque se corre el riesgo de que la comunidad internacional no cumpla con el umbral de los dos grados, puesto que los países en desarrollo no podrán llevar a cabo la gran mayoría de sus reducciones sin el apoyo de los países desarrollados.

Algunos otros puntos clave de conversación:

El papel de las finanzas públicas relacionadas con la mitigación en los países en desarrollo juega un rol esencial en esta discusión. Los off-sets son un mecanismo de bajo costo que permite el cumplimiento de los objetivos de los países desarrollados, y no son un sustituto para la prestación financiera MRV. Se requiere de las finanzas públicas para asegurar un enfoque integral de desarrollo sostenible bajo en carbono, que permita limitar el incremento de la temperatura global a menos de 2°C, y para garantizar resultados equitativos, por lo tanto serán necesarias medidas de apoyo sin mecanismos de mercado; los países desarrollados, bajo la CMNUCC, están obligados a proporcionar este apoyo. Las finanzas públicas para la mitigación deben ser utilizadas de la siguiente manera:

  • Promover un resultado equitativo para los países y las comunidades no “cubiertos” por los mercados, ayudar a producir y distribuir bienes y servicios públicos.
  • Apoyar objetivos de fortalecimiento de capacidades.
  • Proporcionar incentivos / subsidios que se requieran para cumplir con ciertos objetivos de política pública.
  • Realizar inversiones estratégicas que pueden tener retornos, a largo plazo e inciertos.
  • Estabilizar el sector privado en tiempos de crisis.

El principio del esfuerzo nacional y el liderazgo

Los países desarrollados son responsables de 7 de cada 10 toneladas de carbono en la atmósfera desde la revolución industrial. Con el fin de llegar a un acuerdo global, que límite en lo posible que la temperatura global se eleve más de los 2°C, los países desarrollados, responsables de la mayoría de esas emisiones, deben mostrar su liderazgo. La acción nacional es un componente esencial para ofrecer ese liderazgo.

Carbono lock-in

Los mecanismos off-set actuales frenan las acciones domésticas de los países desarrollados, mientras que buscan la meta más asequible en reducción de emisiones de los países en desarrollo, lo que significa que  cuando llegue el momento de realizar reducciones domésticas tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, el costo será más alto. Al retrasar las acciones domésticas, los países desarrollados están postergando lo inevitable. Lord Stern mencionó que ahora el costo de la acciones es mucho menor que el costo de la acción en el futuro.

Propuestas alternativas presentadas para Monitorear, Revisar y Verificar (MRV) off-sets

Algunos países desarrollados desearían ver la mayor cantidad de fondos de mitigación considerados como Medibles, Revisable y Verificable (MRV). Hay sugerencias de estos países, de que los off-sets deberían ser “reconocidos”, pero no necesariamente contados como MRV. Algún lenguaje sugiere que parte de los flujos financieros de los off-sets podrían ser considerados como MRV.

Implicaciones complejas de la Conferencia Climática de Cancún

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Martin Khor

art 3

La Conferencia sobre Cambio Climático de 2010 de la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) que tuvo lugar en Cancún (México) del 29 de noviembre al 11 de diciembre, ha sido compleja, tanto en el proceso como en su contenido, y es en estos dos aspectos que tendrá importancia y ramificaciones que tardarán varios años en desarrollarse.

En esencia, el resultado de la Conferencia ha puesto en marcha un proceso que probablemente dará lugar a cambios muy significativos en el régimen climático internacional.

En particular, puede haberse sentado las bases de un trabajo preliminar para la desaparición del Protocolo de Kyoto y, por lo tanto, del derrumbe de los cimientos que se acordaron en la Conferencia Climática de Bali en diciembre de 2007, lo que puso en marcha la Hoja de Ruta de Bali. En general, se debilitaron, en términos operativos, los y responsabilidad comunes pero diferenciados, haciendo vagas las distinciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo, tanto en sus respectivos compromisos y responsabilidades, cualitativamente diferentes en tipos y niveles, especialmente en la mitigación o la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

En términos del proceso, la Conferencia de Cancún ha visto el uso de una combinación de métodos de trabajo y toma de decisiones que normalmente no se utiliza en las conferencias de las Naciones Unidas. Esto puede haber sentado un tipo de precedente para reuniones de la ONU mediante el uso de métodos y procesos para alcanzar un resultado al estilo de la Organización Mundial de Comercio. Así mismo, en las sesiones finales, el Presidente de la Conferencia se impuso en documentos decisorios clave a pesar de la fuerte oposición de un país, señalando que estaban en consonancia con el principio de consenso. De hecho, en las Naciones Unidas, así como en la Organización Mundial del Comercio, se entiende que hay consenso cuando ningún miembro hace una objeción formal a la decisión en cuestión.

La interpretación del Presidente de la Conferencia de Cancún sobre el consenso puede tener consecuencias para la toma de decisiones no sólo para futuras reuniones de la CMNUCC, sino también para otros foros de Naciones Unidas.

Antecedentes de la Conferencia de Cancún.-

La Conferencia de Cancún fue en realidad una combinación de seis diferentes reuniones de la Convención y el Protocolo de Kyoto. Las más importantes fueron la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención, la Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP), y las sesiones de los dos grupos de trabajo especial sobre acción cooperativa a largo plazo (AWG- LCA por su sigla en inglés) y sobre los futuros compromisos de las Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto (AWG-KP). El AWG-KP se formó en 2005 para negociar los nuevos objetivos de reducción de emisiones de los países desarrollados que son Partes en el Protocolo de Kyoto (todos, excepto Estados Unidos), ya que el primer período de compromiso finaliza en 2012, y el segundo período está previsto que comience en 2013.

El AWG-LCA se constituye en la conferencia de Bali en 2007, para dar seguimiento al Plan de Acción de Bali, cuyo objetivo es aplicar plenamente los objetivos de la Convención, a través de acciones de mejora en mitigación, adaptación, transferencia de fondos y tecnología a los países en desarrollo y una visión compartida de un objetivo a largo plazo para la reducción de las emisiones globales.

La Conferencia de Bali claramente delimitó que las negociaciones globales sobre el clima se mantendrían en las dos vías, del AWG-LCA y el AWG-KP, conocidas en su conjunto como la Hoja de Ruta de Bali y, que ambas vías completarían su trabajo en 2009. Esta Hoja de Ruta de dos vías es vista por los países desarrollados como una piedra angular, puesto que ha previsto asegurar la reducción de emisiones profundas y jurídicamente vinculantes por las Partes del Anexo I, bajo la vía del Protocolo de Kyoto y con un esfuerzo de mitigación comparable al de los Estados Unidos (que no es miembro del Protocolo de Kyoto pero que está bajo la Convención AWG- LCA). Mientras que, por su parte, los países en desarrollo estarían de acuerdo en mejorar sus acciones de mitigación, con el apoyo financiero y transferencia de tecnología, tanto con acciones subvencionadas como con la revisión y verificación de estas subvenciones en el ámbito internacional.

Desde Bali, las negociaciones climáticas se han caracterizado por un choque de perspectivas y paradigmas, sobre todo a lo largo de líneas Norte-Sur, aunque también ha habido grandes diferencias entre los países en desarrollo. En general, estos últimos han hecho énfasis en la necesidad de basar las negociaciones sobre el principio de equidad; los países desarrollados tienen que tomar la iniciativa en la mitigación a través de comprometerse a reducir en profundidad las emisiones para el año 2020, y proporcionar fondos sustanciales y tecnología a los países en desarrollo (hasta el momento ha habido muy poco de esto desde que la Convención inició en 1992), de modo sean capaces de mejorar sus propias acciones climáticas.

Los países desarrollados han hecho hincapié en la necesidad de que los países en desarrollo tomen medidas serias en la mitigación, y que una categoría de países en desarrollo (a veces llamados países en desarrollo avanzados, las principales economías, o los grandes emisores) deben asumir objetivos vinculantes o casi vinculantes, y que todos, menos los más vulnerables, deben ser objeto de que sus acciones sean Monitoreadas, Revisadas y Verificadas (MRV) por un proceso internacional.

Algunos países desarrollados (sobre todo los europeos) también pretendían un sistema más fuerte que discipline los compromisos de mitigación de las Partes del Anexo I, a través de acordar juntos un enfoque de arriba hacia abajo de acuerdo a una meta global de reducción de emisiones para todos estos países, sobre la base de lo que las investigaciones científicas indican que se necesita para limitar el aumento de la temperatura mundial dentro de los límites seguros, y así hacer que cada país asuma un compromiso nacional comparable a los otros, y que al final todos se sumen a este esfuerzo. Este enfoque también está fuertemente defendido por los países en desarrollo, y se acordó que es el que se utilizará en la negociación de compromisos del segundo período del Protocolo de Kyoto. Pero, este enfoque de arriba hacia abajo también fue objeto de vehemente oposición por parte de los Estados Unidos, así como por otros países del “Grupo Paraguas”.

La Conferencia de Copenhague, que terminó en caos en diciembre de 2009, vio cerca el triunfo de una alternativa promovida por los Estados  Unidos, en la que cada país desarrollado se comprometería a lo que podría hacer y se llevaría a cabo una revisión para verificar si sus acciones cumplían sus compromisos. Este enfoque de abajo hacia arriba es contrario al enfoque de arriba hacia abajo acordado en el proceso del Protocolo de Kyoto, pero parece que ha sido aceptado en el Acuerdo de Copenhague, el que se apuntó (pero no adoptó). Desde entonces, este enfoque ha sido cuestionado por el amplio espectro de países en desarrollo, incluidos los asociados con el Acuerdo de Copenhague.

De hecho, al comienzo de la Conferencia de Cancún, los países en desarrollo y sus agrupaciones insistieron en que la continuación del Protocolo de Kyoto (y su enfoque de arriba hacia abajo) y, una confirmación de las cifras de su segundo período, serían una condición para un resultado exitoso en Cancún. Al contrario, Estados Unidos hizo hincapié en su primera prioridad para conseguir los objetivos de mitigación a los que los países desarrollados y algunos países en desarrollo se habían comprometido en el Acuerdo de Copenhague, aceptados como objetivos dentro de la Convención, y a los que los países en desarrollo dieron su acuerdo con su propuesta de un sistema sólido de MRV (Monitoreo, Revisión y Verificación) de las acciones de mitigación de los países en desarrollo que son apoyados por el financiamiento internacional y por ICA (Consultas y Análisis Internacionales) –una forma más débil de MRV para acciones financiadas a nivel nacional. De hecho, los Estados Unidos querían que todas las acciones de mitigación de los países en desarrollo, primero fueran presentadas a la CMNUCC y registradas como acciones u objetivos posibles; y, en segundo lugar, sean sometidas al escrutinio internacional a través de una combinación de MRV e ICA. Se Dejaron en claro que a menos que sus metas se cumplieran en este sentido, no podrían tomarse decisiones en otras áreas, Incluyendo el financiamiento, la transferencia de tecnología y la adaptación.

En la visión del mundo de los Estados Unidos los países en desarrollo serían tratados de forma similar a los países desarrollados, y viceversa. Los principios de equidad y responsabilidad comunes pero diferenciadas, se verían muy debilitados en términos operativos cruciales.

La estrategia de Estados Unidos en Cancún se ganó la crítica de los países en desarrollo y de los grupos de sociedad civil, por mantener las modestas demandas de los países en desarrollo sometidas a sus intereses y salirse con la suya en la mitigación (el enfoque de abajo hacia arriba para los países desarrollados y el aumento de las actividades de los países en desarrollo). Incluso en la víspera de Cancún, ya se había producido un casi acuerdo por las Partes, en cuanto a las modestas demandas de los países en desarrollo para establecer un nuevo fondo climático bajo la Convención, poner en marcha un mecanismo de transferencia de tecnología, así como un comité de políticas de adaptación, y ponerse de acuerdo sobre las medidas de apoyo a las actividades forestales. Tan modesto paquete, le habría dado a Cancún la posibilidad de proclamar cierto éxito, dadas las bajas expectativas al inicio. Sin embargo, Estados Unidos en particular, condicionó la aceptación de una decisión sobre estas cuestiones a cambio de conseguir el resultado que quería en mitigación.

Así, un resultado mínimo o moderado en cuestiones ya acordadas, no podía ser aceptado por Estados Unidos. Los temas para llegar a un acuerdo no podían concretarse como resultado, a menos que todo lo demás fuese también acordado. La estrategia era ´todo o nada´, y la amenaza de un colapso se extendió a una posibilidad real, ya que fue utilizada como palanca para obtener más de lo que los países desarrollados querían. En cierto modo, esta estrategia de Estados Unidos obligó a los anfitriones mexicanos a decidir el manejo de la conferencia global sobre esta base riesgosa del todo o nada.

La estrategia de Estados Unidos dio resultado. Parecía como si la conferencia se hubiera organizado en torno a cumplir con los requisitos del país más poderoso, los Estados Unidos, y se hiciera un avance muy modesto en las otras áreas; por lo tanto, Cancún se salvaría de ser llamado un fracaso total. Esta fue tal vez la mayor ironía en Cancún; que el país desarrollado con menor capacidad política para ofrecer nada concreto ni adecuado a su propio compromiso de mitigación del cambio climático, estaría dando la última palabra.

En lugar de que Cancún se convirtiese en un foro donde Estados Unidos fuese presionado para tomar más acción, se convirtió en el lugar en que pudo obtener el mejor precio de los países en desarrollo, sólo para que algunos avances muy modestos (principalmente la creación de instituciones) se mostraran a todo el mundo. Y en el proceso, el mundo y su clima pagaron el precio más alto, la degradación de la mitigación de los países desarrollados, dejando un sistema vinculante y de arriba hacia abajo, por otro de compromisos voluntarios.

Procesos complicados tipo-OMC usados en Cancún.-

La aceptación de un conjunto de decisiones, que constituyeron el resultado de Cancún y que fueron en contra de los países en desarrollo, probablemente no habría sido posible si se hubiera usado el proceso normal, abierto y participativo de Naciones Unidas a cargo de los negociadores y expertos (altos funcionarios de las capitales y diplomáticos internacionales con sede en las Naciones Unidas). Por lo general, los negociadores habrían preparado los textos casi finalizados para que los Ministros los revisaran y aprobaran o, de lo contrario, se habría tomado la decisión de transferir la tarea inconclusa a otra ronda de negociaciones. En Cancún, unos pocos grupos de redacción (sobre todo en financiamiento) seguían haciendo su trabajo en un intento por reducir las diferencias. Sin embargo, los negociadores habituales y sus procesos fueron sobrepasados por una serie de nuevos métodos de trabajo que se utilizan a menudo en la Organización Mundial del Comercio, y no así en las reuniones de Naciones Unidas.

El país anfitrión, México, organizó reuniones en pequeños grupos liderados por ellos mismos y unos pocos ministros que seleccionaron. Hubo pequeñas reuniones previas denominadas “Green Room”, consultas informales y “de confesiones” (en las que se preguntaron posiciones a las distintas delegaciones) conducidas por pares de Ministros y por la Presidencia de la Conferencia (México); sesiones plenarias informales para comunicar a todos los participantes lo que estaba pasando, y textos escritos o emitidos por los facilitadores, que fueron finalmente consolidados por México.

La convocatoria de un grupo de 40 a 50 delegaciones, a mitad de transcurrida la conferencia, fue una reminiscencia de muchas reuniones ministeriales de la OMC, donde se realiza la práctica denominada como “Green Room” (habitación verde). Esto fue acompañado por la selección de pares de ministros para co-facilitar las consultas sobre cuestiones particulares, que es lo que se hizo en las reuniones ministeriales de la OMC en Doha en 2001 y en Cancún en 2003. Tal como pasa en las reuniones de la OMC, los ministros co-facilitadores en las negociaciones climáticas en Cancún no fueron seleccionados por los miembros, sino designados por el país anfitrión, México.

El documento final no fue producido a través del proceso habitual de negociaciones entre las delegaciones, sino que fue elaborado por México como país Presidente de la reunión, y dado a los delegados sólo unas pocas horas antes para ser considerado en base a un “tómalo o déjalo” (no se les permitió hacer enmiendas).

En la sesión plenaria final, Bolivia rechazó el texto, y su embajador, Pablo Solón, hizo una serie de declaraciones explicando detalladamente los motivos. Bolivia no podía aceptar un texto que cambia la naturaleza de los compromisos de los países desarrollados por un sistema voluntario de cumplimiento de promesas, ni aceptar las pocas promesas que habían hecho, que conducirían a un grado desastroso del calentamiento global, a lo que su Presidente había llamado eco-cidio y genocidio. Tampoco podía aceptar un proceso no democrático a través del cual sus propuestas fueran dejadas de lado (en mitigación, uso de los mecanismos de mercado, y en la necesidad de abordar los IPRs).

Bolivia dejó en claro que no podía aprobar el texto y que, por ende, no había consenso. La Ministra de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, dijo que las opiniones de Bolivia se registrarían, que un país no podía evitar un consenso, y declaró que el texto fue adoptado.

Por lo tanto, la reunión de Cancún tuvo una novedad, una nueva interpretación sobre “consenso” que no es normal en la ONU. En la propia OMC, donde la toma de decisiones por consenso ha sido la norma, el consenso también se define de la manera habitual. En una nota al pie en el Acuerdo Marrakesh que estableció la OMC se define consenso como: “El organismo en cuestión considera que ha decidido por consenso sobre un asunto sometido a su consideración, cuando ningún miembro presente en la reunión, al momento de tomar la decisión, se opone de manera formal a la decisión propuesta”.

En Cancún, los acontecimientos del último día no estaban y todavía no están claros en general para los participantes. Hasta ahora, no se sabe qué reuniones fueron organizadas por la Presidencia de la Conferencia y con quiénes, o qué países o personas hicieron la redacción o la consolidación del texto final. La forma mexicana de organizar la redacción y después la adopción del texto de Cancún plantea interrogantes sobre el futuro de los procedimientos, prácticas y toma de decisiones en las negociaciones de la ONU. La importación de los métodos de la OMC puede, en el corto plazo, llevar a la “eficiencia” de producir un resultado, pero también conlleva el riesgo de que las conferencias colapsen en desorganización (como ha sucedido en varias reuniones ministeriales de la OMC) y, que se den sesgos en el texto como ha sido el caso, en el que por lo general se ha estado a favor de los países desarrollados, que están mejor organizados y tienen la capacidad de dominar los procedimientos y, mecanismo y política de toma de decisiones detrás de la escena.

A pesar de los métodos muy poco ortodoxos, en cuanto a procesos y reuniones de las Naciones Unidas se refiere, los textos finales llegaron a un acuerdo generando al menos la aceptación de todas las delegaciones, excepto Bolivia. La aprobación de los países desarrollados es fácil de entender, pues la mayoría de sus posiciones se reflejan en los textos finales, y muchas de sus delegaciones se mostraron claramente satisfechas en la sesión de clausura. La aceptación por parte de los países en desarrollo requiere de una comprensión más compleja. Un factor importante fue la participación de varios ministros que se preocuparon más por los aspectos políticos generales, que por los complicados detalles del contenido de varios temas y sus implicaciones. Otro factor fue que muchas de las delegaciones encontraron uno o más elementos en los textos, por los que habían estado luchando, lo que habría hecho más digeribles aceptar un resultado sin tomar en cuenta que, en general, es desequilibrado.

Por último, la aceptación de un resultado insuficiente y desequilibrado ha sido visto por muchas delegaciones de países en desarrollo como el precio a pagar para conseguir un acuerdo en Cancún, puesto que otro derrumbe habría dejado una gran huella en la reputación de la CMNUCC y, un serio retroceso en el proceso multilateral del cambio climático del cual no habría podido recuperarse. La elección que se les presentó fue un “tómalo o déjalo” (un texto sin modificaciones permitidas) en un enfoque de todo o nada, acompañado de un recurso de apelación para que no se hunda el sistema multilateral. El riesgo (y el precio político) de ser culpados, ha sido percibido como demasiado alto por aquellas delegaciones que podrían haber querido plantear sus dudas o incluso una objeción general.

Fallas y desequilibrios en el resultado de Cancún.-

Aunque la mayoría de las delegaciones estaban aliviadas o contentas de que el multilateralismo se había conservado en Cancún, muchos negociadores de países en desarrollo expresaron, en privado, su profunda decepción y preocupación porque el texto final no reflejaba un resultado equilibrado, y que en realidad los países en desarrollo habrían hecho concesiones importantes y, que los países desarrollados, en gran parte, se salieron con la suya y, además, evadieron sus compromisos. Por otra parte, hubo una gran preocupación desde el punto de     vista   climático       medioambiental, pues los textos estaban muy lejos y en realidad dieron un retroceso, en términos de control de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Un negociador experto de un país en desarrollo expresó sus preocupaciones cuando salía de Cancún: “Hemos salvado el sistema, pero el clima y la gente fueron sacrificados”.

La Conferencia de Cancún sufrió un duro golpe ante el audaz anuncio de Japón de que nunca más estaría de acuerdo en hacer otro compromiso bajo el Protocolo de Kyoto. El primer período de compromisos del Protocolo terminará en 2012 y el plazo para la finalización de las cifras de reducción de emisiones para el segundo período ha terminado en 2009. Los países en desarrollo han hecho de ello su principal demanda, que las cifras para el segundo período del Protocolo de Kyoto finalizaran en Cancún, o al menos que se elaborara una Hoja de Ruta clara para la finalización en 2011.

Sin embargo, este objetivo fue dejado de lado brutalmente por la postura agresiva de Japón el primer día, la conferencia nunca se recuperó de ese golpe.

El texto final fracasó en garantizar la supervivencia del Protocolo, aunque establece algunos términos de referencia para la continuación de las negociaciones el próximo año. Varias partes de los dos textos principales (en el AWG-LCA o la vía de la Convención y el AWG-KP o la vía del Protocolo de Kyoto) llevan la implicación de que no es necesario un segundo período del Protocolo de Kyoto. Estos incluyen referencias  a  documentos y notas al pie, que implican que los objetivos de mitigación de los países desarrollados se han “estancado” en la vía de la Convención y también en la vía del Protocolo de Kyoto. La reunión de Cancún, de hecho, hizo que sea más probable que los países desarrollados se alejen del Protocolo de Kyoto y su régimen vinculante de compromisos de reducción de emisiones y, pasen a un sistema voluntario en el que cada país sólo hace promesas sobre cuánto va a reducir sus emisiones.

En el sistema del Protocolo de Kyoto (PK) acordado para el segundo período, en primer lugar, se introduce una figura de reducción de arriba hacia abajo sobre la base de lo que la ciencia requiere (el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima de 25 a 40% en 2020 respecto a 1990, y los países en desarrollo estiman una figura más ambiciosa, 40- 50%). Y, luego, los países desarrollados tendrían que hacer sus compromisos nacionales y sumarlo al total. En el sistema de compromiso voluntario no habría una cifra acordada total, y ningún sistema para garantizar que la suma de las promesas sea lo suficientemente ambiciosa como para alcanzar el nivel científico necesario.

En el texto de Cancún también se “tomó nota” de los objetivos de reducción de emisiones que los países desarrollados tienen en el marco del Acuerdo de Copenhague, a los que ha colocado en un documento dentro el Convenio; por lo tanto, por primera vez se ha “plasmado” las promesas del Acuerdo dentro de la Convención, cumpliendo así con un objetivo principal de los Estados Unidos. Pero estos son, en general, objetivos tan pobres que un reciente informe de la ONU del Programa de Medio Ambiente, advirtió que si se aplican a los países desarrollados para el año 2020, sus emisiones disminuirán sólo un poco (16%) en el mejor de los casos (es decir, si el extremo superior del rango de promesas se lleva a cabo), o incluso aumentaría el nivel (un 6%), en un mal escenario (si el extremo inferior del rango se lleva a cabo y si las diversas lagunas en las cifras de reducción están permitidas). El mundo se estaría encaminando hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados para finales de siglo, lo que sería catastrófico.

El texto insta a los países desarrollados a aumentar la ambición de sus promesas de mitigación, y se refiere a la meta recomendada por el IPCC (haciendo una referencia indirecta a la figura del 25- 40% de reducción de emisiones), y por lo tanto sugiere que las promesas hechas se deben tomar sólo como un punto de partida inicial. Pero esta “urgencia” es de mucha menor calidad , para hacer un esfuerzo de comparación, que la del sistema vinculante de arriba hacia abajo del Protocolo de Kyoto y la obligación del AWG-LCA para los países en desarrollo que no son Parte del Protocolo de Kyoto (es decir, los Estados Unidos). De hecho, este párrafo de “urgencia” es lo que queda de los dos pilares de la mitigación de los países desarrollados, que forman parte de la arquitectura de mitigación de tres pilares de Bali. Los dos pilares estaban dentro del segundo período de compromisos de arriba hacia abajo exigidos en el Protocolo de Kyoto, y el párrafo 1 (b) (i) del Plan de Acción de Bali, que manda a realizar una comparación de los esfuerzos a todos los países desarrollados (con miras a obligar a los Estados Unidos a llevar a cabo un compromiso de mitigación dentro de la vía de la Convención, comparable con el nivel adoptado por otros países del Anexo I del Protocolo de Kyoto). Con el derrumbe de estos dos pilares, los países desarrollados se centran ahora en transferir el peso de la arquitectura al tercer pilar – las acciones de mitigación de los países en desarrollo.

Muchas propuestas anteriores (por ejemplo, el texto de 13 de agosto de 2010, que compila las propuestas formuladas por las Partes) contenían la opción de que los países en desarrollo presenten o aprueben que los compromisos de los países desarrollados debían lograr la reducción de sus emisiones, ya sea en 30, 40, 45 o 50 por ciento (lo que refleja las diversas propuestas), y que los países desarrollados que son miembros del Protocolo de Kyoto debían hacer sus compromisos en el segundo período del Protocolo, mientras que los países no partes del Protocolo (Estados Unidos) tendrían su cifra de reducción reflejada en la decisión del AWG-LCA dentro la Convención. Esta opción, que es fiel a la arquitectura acordada en la Hoja de Ruta de Bali, y que refleja el enfoque científico y de arriba hacia abajo, se ha eliminado del resultado de Cancún. La sustitución de esta opción con el sistema voluntario de promesas de contribuciones (acompañado de un débil párrafo de mandato) en cual el Protocolo de Kyoto ni siquiera se menciona, prepara el terreno para la sustitución de un régimen por otro. Esta preparación para “un cambio de régimen” es, tal vez, la implicación más importante de los resultados de Cancún.

Aunque esto ha facilitado el “gran escape” de los compromisos de los países desarrollados, el texto de Cancún introdujo nuevas disciplinas para los países en desarrollo. En realidad, lo que es realmente nuevo en el resultado de Cancún, son las obligaciones de mitigación enormemente expandidas para los países en desarrollo. En vista de que los dos pilares de los países desarrollados en la arquitectura de mitigación de Bali han sido casi fatalmente debilitados, se intenta desplazar la carga al tercer pilar: los esfuerzos de mitigación de los países en desarrollo. Los países en desarrollo ahora tienen la obligación, a través del texto de Cancún, de exponer sus planes y objetivos de mitigación del cambio climático, que se deben compilar en un documento y más tarde en varios registros que se actualizarán con regularidad. Este es un primer paso del plan de los países desarrollados (que han sido muy abiertos al respecto) para que los países en desarrollo establezcan, con el tiempo, sus metas de mitigación como compromisos en sus planes nacionales.

Se ha hecho una analogía con los aranceles o las agendas de servicios en la Organización Mundial del Comercio. Algunos países en desarrollo han presentado información a la Convención sobre sus objetivos nacionales respecto a sus intervenciones, esto ahora debe ser registrado, con la perspectiva de que sea información cada vez más formal y vinculante de lo previsto cuando   la información fue proporcionada; y otros países en desarrollo ahora van a verse obligados a presentar también información similar.

El texto de Cancún también obliga a los países en desarrollo a que informen en los reportes nacionales de comunicación, cada cuatro años, sobre sus emisiones nacionales, sus acciones de mitigación y sus efectos y, además, a que presenten informes bianuales de actualización de los mismos temas. En otras palabras, la información se presentará una vez cada dos años.

Estos informes (que incluyen información sobre las acciones de mitigación, los detalles de las emisiones, el análisis de impactos, metodologías y supuestos, el progreso en la aplicación e información sobre MRVs nacionales) serán objeto de escrutinio por parte de otros países y por expertos internacionales. El texto de Cancún, de hecho, da un montón de espacio para los detalles de estos procedimientos de MRV e ICA.

Todas estas son nuevas obligaciones, y los países desarrollados (especialmente Estados Unidos) pasaron mucho tiempo en Cancún para que los países en desarrollo acepten los detalles de MRV e ICA. Mientras que, el MRV internacional de las acciones de mitigación financiadas a nivel internacional para los países en desarrollo fue acordado por todos en Bali, se entendió que no habría un escrutinio internacional de las acciones que son financiadas a nivel nacional. El Acuerdo de Copenhague cambió este entendimiento, añadiendo la obligación de ICA para acciones de mitigación financiadas a nivel nacional.

Muchos países en desarrollo todavía no han firmado el Acuerdo de Copenhague y, por lo tanto, no han aceptado el sistema de ICA. La decisión de Cancún, sin embargo, ahora obliga a todos los países en desarrollo a formar parte de un régimen de ICA. Muchos funcionarios de países en desarrollo estaban preocupados en Cancún sobre cómo pondrían en práctica estas nuevas obligaciones, ya que se requiere mucha gente, habilidades y fondos para preparar los informes, mientras que las acciones de mitigación implican ya cambios importantes en su producción y sistemas económicos.

De hecho, los países en desarrollo hicieron muchas concesiones y sacrificios en Cancún, mientras que los países desarrollados lograron reducir sus obligaciones o en su caso bajarlas de categoría.

Puede que Cancún sea recordado en el futuro, como el lugar donde se cambió de forma significativa el régimen de la CMNUCC, donde los países desarrollados han sido tratados con más benevolencia, alcanzando un nivel similar al de los países en desarrollo; mientras que a los países en desarrollo se les ha pedido que aumenten más sus obligaciones para ser como los países desarrollados. Esto se refleja en el hecho de que el texto del AWG-LCA contiene 20 párrafos operativos de acciones de mitigación para los países en desarrollo (la mayoría de ellos son nuevas obligaciones), esto comparado con sólo 12 párrafos referidos a la mitigación de los países desarrollados. El terreno se está preparando para un nuevo sistema, que podría eliminar las diferencias que existen actualmente en los compromisos de mitigación de los países desarrollados frente a las acciones de mitigación de los países en desarrollo, que luego reemplazaría al Protocolo de Kyoto y cambiaría el significado de la propia Convención. Cancún será visto como un hito en la facilitación de este cambio de régimen.

En el apartado de “visión compartida”, el texto de Cancún reconoce la necesidad de limitar el aumento de la temperatura a 2°C y que las Partes adopten medidas para alcanzar este objetivo consistente con la ciencia y sobre la base de la equidad. Aunque el principio fundamental de la equidad es reconocido aquí, se ha eliminado la propuesta que hizo la India y muchos otros países (y que había sido tomada como una opción en los primeros borradores) de que el objetivo debería ser “precedido por un paradigma de acceso equitativo al espacio atmosférico global”.

Esta formulación precisa ha abierto la puerta para revisar las emisiones históricas y acumulativas, la ocupación del espacio de carbono, el tema de la deuda de carbono, el método para la resolución de la deuda, y las implicaciones para la distribución de la carga de futuras reducciones de las emisiones globales.

También en esta sección, las Partes se comprometen a alcanzar el pico de las emisiones globales y nacionales en el plazo de un año.

Dado que muchos países desarrollados ya han llegado a un pico de emisiones y ahora están reduciéndolas, lo que es nuevo son los picos nacionales de los países en desarrollo. El acuerdo de alcanzar el pico nacional tan pronto como sea posible cuando muchos de ellos están todavía en niveles muy bajos de emisiones

(y de los niveles económicos) plantea muchas preguntas acerca de si se puede lograr este objetivo y hasta cuándo. Muchos países en desarrollo han rechazado la obligación de “picos nacionales” cuando ésta se había planteado como opción en versiones anteriores, y su aceptación a la decisión de Cancún debe ser reconocida como una gran concesión de su parte. Las implicaciones de esta nueva obligación aún no están claras y se desarrollarán en el futuro próximo.

Con respecto a las demandas de los países en desarrollo para la aplicación concreta de los compromisos de financiamiento y transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados, la decisión de Cancún está muy lejos de realizar acciones concretas o incluso de compromisos concretos. Las medidas acordadas son sólo para establecer nuevos cambios institucionales, la implementación misma no fue abordada.

En la Conferencia de Cancún se acordó establecer un nuevo Fondo Verde para el Clima que funcione bajo la CMNUCC para financiar acciones de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.

No se tomó la decisión de cuánto dinero va a recibir este fondo. Sin embargo, el texto repite lo dicho en el Acuerdo de Copenhague, referido a que los países desarrollados se comprometen al objetivo de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta el 2020. Mientras que, los países en desarrollo han insistido en que la mayor parte del financiamiento debe ser en forma de donaciones o pagos y no en préstamos, y debe provenir del sector público, no del sector privado ni de los mercados; el texto de Cancún sólo menciona una amplia variedad de fuentes de financiamiento: “públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluyendo fuentes alternativas”. Más aún, el compromiso se dirige sólo a un “objetivo de movilización de fondos”, y no realmente al pago de los fondos mencionados, y además este objetivo tan débil también está condicionado por el hecho de estar en el “marco de las acciones significativas de mitigación y de transparencia”. Esto implica que los fondos serán conseguidos sólo si los países en desarrollo asumen acciones “significativas” y ponen en práctica mecanismos  “transparentes”  (MRV e ICA) para satisfacción de los países desarrollados. Los $100 mil millones están por debajo de lo que muchos estudios (incluidos los de la ONU-DESA y el Banco Mundial) estiman que se necesita en los países en desarrollo para las acciones climáticas, y también muy por debajo de la propuesta del G77 y de China que dice que los países desarrollados deben contribuir con un 1,5% de su PIB (que actualmente asciende a US $ 600 mil millones).

Se ha creado también un comité de transición para diseñar varios aspectos del fondo. Una cuestión importante es la gestión del Fondo, la decisión de Cancún es que un Consejo de 24 miembros regirá el Fondo, con representación igualitaria entre países desarrollado y en desarrollo. Esta es la propuesta de los países desarrollados, mientras que el G77 y China han abogado por una “representación equitativa”, lo que significaría que la mayoría de los miembros de la Junta serían de países en desarrollo. En la decisión de Cancún, los países en desarrollo, con cuatro quintas partes de la población mundial sólo tendrían la mitad de los puestos en el Consejo, que es otro ejemplo de las propuestas dominantes de los países desarrollados.

Otro acuerdo de Cancún fue que el primer fiduciario del Fondo será el Banco Mundial. Esta ha sido una demanda clave de los Estados Unidos y a la que muchos países en desarrollo se habían opuesto, ya que tuvieron experiencias negativas con el Banco. Los países en desarrollo querían una licitación pública para la elección del fiduciario en lugar de nombrar directamente al Banco.

Sobre adaptación, la Conferencia de las Partes decidió establecer un Comité de Adaptación para promover mejores acciones, con vistas a su composición, modalidades y procedimientos a ser acordados en el año siguiente. En un lenguaje relativamente débil, también se “reconoce la necesidad” de fortalecer la cooperación para comprender y reducir las pérdidas y daños asociados al cambio climático, incluyendo los eventos climáticos extremos. Los países en desarrollo estuvieron incidiendo por una decisión más fuerte que establezca un mecanismo internacional para hacer frente a las pérdidas y daños. Sin embargo, el texto menciona un programa de trabajo de talleres y reuniones para tratar este tema.

Se creó también un mecanismo de tecnología bajo la CMNUCC, que comprende un comité ejecutivo de tecnología de 20 miembros, y un centro de tecnología y redes. El comité ejecutivo, como estaba previsto inicialmente por los países en desarrollo, debía tener poder de decisión Las funciones, como se detalla en el texto de Cancún, son más de naturaleza de “recomendar medidas” y “recomendar nuevas directrices”. El texto de Cancún evitó cualquier mención sobre derechos de propiedad intelectual (DPI), aunque los países en desarrollo han argumentado que los derechos de propiedad intelectual tienen una importante influencia sobre su acceso a las tecnologías relacionadas con el clima, y lo han convertido en un tema prioritario en las negociaciones de transferencia de tecnología. Incluso el día antes de la clausura de la conferencia, un proyecto de texto preparado en las consultas ministeriales tenía tres opciones en una sección sobre derechos de propiedad intelectual; una opción era dejar de lado cualquier mención de derechos de propiedad intelectual; la segunda consistía en aceptar la posición fuerte de muchos países en desarrollo de revisar el régimen de  derechos de propiedad intelectual y el uso de flexibilidades de los TRIPS; y la tercera fue para continuar el diálogo sobre derechos de propiedad intelectual el próximo año, o la realización de talleres que se organicen por otras organizaciones internacionales. Se esperaba que al menos la tercera opción fuera aceptada. Sin embargo, triunfó la posición extrema de los Estados Unidos, sobre no hacer ninguna mención.

El texto de Cancún no hizo ningún reconocimiento sobre la posición de los países en desarrollo en materia de DPI, ni siquiera acepta un leve compromiso para seguir hablando sobre el tema.

Respecto a la introducción de mecanismos de mercado como un tema a tratar en el AWG-LCA, esto ha provocado sospechas en los países en desarrollo de que sea una movida para permitir el desplazamiento de los mecanismos de mercado, que ahora se discuten en el Protocolo de Kyoto, a la vía de la Convención bajo el AWG-LCA, de modo que, si el protocolo se interrumpe, los elementos de mercado (tales como el uso de las compensaciones de carbono (off-sets) a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio y otros instrumentos de mercado que se pretenden introducir) se pueden instalar en un nuevo protocolo o acuerdo. Con esto, quieren que el tema permanezca en el grupo del Protocolo de Kyoto, y no se transfiera al AWG-LCA, o al menos aplazar la decisión de discutir el tema en el AWG-LCA hasta que el problema de la continuación del Protocolo de Kyoto se resuelva. Esta opción se incluyó en los primeros borradores. Sin embargo, la opción de no tener los enfoques de mercado en el texto del AWGLCA ha sido eliminada en favor de la opción de los países desarrollados de poner en marcha mecanismos de mercado, que se detallan en el texto.

La relación entre cambio climático y las medidas comerciales es otro asunto importante para los países en desarrollo. Los primeros textos de negociación contenían las propuestas de un gran número de países en desarrollo en un lenguaje fuerte que prohibía el uso de medidas comerciales unilaterales, tales como las medidas fiscales en fronteras impuestas a las importaciones sobre la base de la necesidad de tomar acciones sobre el cambio climático. Sin embargo, la decisión de Cancún no toma en cuenta en absoluto estas propuestas, y en su lugar, ha escogido un texto que se limita a reiterar el lenguaje del actual artículo 3.5 de la Convención, que dice que las medidas para combatir el cambio climático no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificablle, ni una restricción en cubierta del comercio.

Esto es seriamente inadecuado, ya que no añade nada nuevo a la Convención para la lucha contra el cambio climático ligado al proteccionismo.

Conclusiones.-

Cuando el polvo se asiente después de la conferencia de Cancún, un análisis cuidadoso dará cuenta de que la adopción de un resultado pudo haber sido un estímulo al sistema climático multilateral y haber provocado sentimientos positivos entre la mayoría de los participantes porque habría algo para llevarse a casa, pero por otro lado fracasó al pretender salvar al planeta del cambio climático y ayudar a pasar la carga de la mitigación del cambio climático a los países en desarrollo. En lugar de ser fortalecido, el régimen climático internacional se vio debilitado por la seria amenaza de cerrar la figura jurídica vinculante y el sistema de arriba hacia abajo del Protocolo de Kyoto, y reemplazarlo con un sistema de compromisos voluntarios.

Sin embargo muchos delegados y observadores se mostraron optimistas por el trabajo futuro. A partir de este nivel tan bajo de ambición en términos climáticos, hay mucho trabajo por hacer en 2011 para elevar el nivel de ambición tanto en términos ambientales como de desarrollo, y para reorientar el sistema internacional de cooperación que haga frente a la crisis climática. Las decisiones de Cancún nos ha hecho la subida más difícil.

El Protocolo de Kyoto y las Decisiones de Cancún - Un gran retroceso para el planeta

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Lim Li Lin

art 4

En Cancún, dos decisiones adoptadas por la 16 ª Conferencia de las Partes (COP) y la 6 ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes (CMP), tuvieron un impacto significativo sobre el futuro del Protocolo de Kyoto. Esto ha marcado un punto de inflexión para el Protocolo de Kyoto y, con ello, las disciplinas que el derecho internacional ha consagrado para la gobernanza internacional de reducciones de emisión de gases de efecto invernadero.

Los resultados del trabajo del ´Grupo de Trabajo Especial de Acción Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención (AWG-LCA) (Aprobado por la Conferencia de las Partes) y el Grupo de Trabajo Especial sobre Compromisos Futuros para las Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto (AWG -KP) (aprobado por el CMP), se declararon aprobados por  la presidencia de México (Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa), a pesar del desacuerdo explícito de Bolivia.

Estas dos decisiones fueron presentadas por la Presidencia mexicana en base a un “tómalo o déjalo”, y se les dio solo dos horas a las Partes para decidir sobre su destino.

Lo que las decisiones de Cancún implican para el Protocolo de Kyoto y la reducción de emisiones.

El Resultado del trabajo del Grupo de Trabajo Especial sobre Compromisos Futuros para las Partes del Anexo I bajo el Protocolo de Kyoto en su decimoquinto período de sesiones´ (Decisión 1/CMP.6) y el “resultado del Grupo de Trabajo Especial sobre Acción Cooperativa a largo plazo en el marco de la Convención” (Decisión 1/CP.16) ambas en conjunto han  cambiado  fundamentalmente  el curso de las negociaciones para la continuación del Protocolo de Kyoto, y la determinación de los países desarrollados para la reducción de emisiones.

En muchos aspectos, las decisiones de Cancún oficializan el controvertido Acuerdo de Copenhague, que sólo fue “tomado en cuenta”, pero no adoptado. Además, las decisiones de Cancún dan un paso significativo en la desaparición del Protocolo de Kyoto, y el cambio hacia un “compromiso y revisión” del sistema.

Un “cheque en blanco” para los países desarrollados.-

Tanto la COP así como la CPM usan el mismo lenguaje al referirse a la reducción de emisiones de los países desarrollados: “Toma nota de los objetivos de reducción de emisiones cuantificados económicamente y a ser implementados por las Partes del Anexo I según lo comunicado por ellos, y que figura en el documento FCCC/SB/2010/INF X”.

Esta frase fatídica tiene una serie de implicaciones. Este documento no existía en ese momento, y quizás nunca ha existido. Tenía fecha de 2010 y estaba destinado a ser un documento de los Órganos Subsidiarios –el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y el Órgano Subsidiario de Implementación (SBI) –. Era muy poco probable que este documento se hubiera emitido en 2010, ya que las dos decisiones se han presentado para su aprobación el 10 de diciembre de 2010. Y, fue poco probable que las partes del Anexo I (países desarrollados) hubieran comunicado sus compromisos de mitigación para la compilación a finales de 2010.

Sin lugar a dudas fue un “cheque en blanco” inaceptable, como el Embajador Pablo Solón declaró al explicar las objeciones de Bolivia sobre estas decisiones. En lo referido al tema más importante de reducción de emisiones de los países desarrollados, no había ni siquiera un indicio de lo que serían esas reducciones de emisiones.

Ahora el documento ha sido emitido el 10 de marzo de 2011, y se le ha dado un plazo al mismo año. Como resultado, los compromisos de mitigación que fueron comunicados por las Partes del Anexo I son exactamente los mismos que las promesas que se hicieron en el Acuerdo de Copenhague en 2010. Sin embargo, cuando las promesas de mitigación fueron comunicadas en virtud del Acuerdo de Copenhague, un país –Canadá– aprovechó esta oportunidad para reducir la promesa que había comunicado previamente a la Secretaría de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

La carrera hacia el fondo; la muerte del protocolo de Kyoto.-

En las negociaciones para los nuevos compromisos del Protocolo de Kyoto, estas promesas de mitigación ya estaban contenidas en una compilación realizada por la Secretaría de la CMNUCC (Documento FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/ Rev.1), y han sido ampliamente discutidas. Las emisiones ascienden entre 17-25% de reducción para el año 2020 basado en los niveles de 1990. Sin embargo, como Estados Unidos no es Parte del Protocolo de Kyoto (pero es una de las Partes de la Convención), esta compilación no incluye su compromiso. Con Estados Unidos la EE.UU. la cifra es mucho menor.

Por lo tanto, la razón principal para que los compromisos de mitigación sean compilados en un documento de los Órganos Subsidiarios, es incluir a los Estados Unidos, así como allanar el camino para la culminación del Protocolo de Kyoto. Los Órganos Subsidiarios sirven tanto a la Convención como al Protocolo de Kyoto, y en teoría, los compromisos son aplicables a ambas vías de negociación (el AWG-LCA y el AWG-KP) y se pueden mover en la vía de la Convención si el Protocolo de Kyoto no sobrevive.

Tanto para el AWG-LCA como para  el AWG-KP, el referirse a un mismo documento pone un muro entre las dos vías de negociación. Los países en desarrollo han insistido en esto con el fin de evitar la fusión de las dos vías de negociación y para mantener vivo el Protocolo de Kyoto, en vez de subsumirlo y sustituirlo por un nuevo instrumento jurídico que probablemente sea mucho más débil.

Significativamente, hay dos notas al pie diferentes para el texto sobre la reducción de emisiones de las Partes del Anexo I. En la decisión de la CMP, la nota al pie dice: “El contenido del índice en este documento INF se muestra sin perjuicio de la posición de las partes, ni del derecho de las Partes en virtud del artículo 21, párrafo 7 del Protocolo de Kyoto”.

El Artículo 21.7 del Protocolo de Kyoto, en particular, especifica que (a fin de lograr los compromisos de reducción de emisiones de las Partes del Anexo I más allá del primer período de compromiso) las enmiendas al Anexo B sólo pueden ser asumidas con el consentimiento escrito consensuado de la Parte en cuestión. En otras palabras, cada Parte del Anexo I mencionada en el Anexo B puede ejercer un veto sobre cualquier propuesta de enmienda a este Anexo B, a pesar de que los procedimientos establecidos en el Protocolo de Kyoto permiten que las enmiendas se aprueben por una mayoría de tres cuartas partes.

Esta nota al pie se inserta probablemente debido a la insistencia de Japón, que había expresado en términos muy claros en Cancún, que nunca más inscribiría su compromiso de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kyoto ni aceptaría ninguna decisión de la CMP que Implique que habrá un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, o incluso una extensión provisional del primer período de compromisos, ya que ello prejuzgaría el resultado legal de las negociaciones del AWG-LCA.

En la decisión de la COP, la nota al pie dice: “Las comunicaciones de las Partes a la Secretaría que se incluyen en el documento INF se consideran comunicaciones previstas en la Convención”.

Esta nota  al  pie  parece  extinguir la posibilidad de que las promesas consolidadas en el documento SB podrían considerarse compromisos bajo el Protocolo de Kyoto, o por lo menos bajo el Protocolo de Kyoto y la Convención. Esta nota al pie, cuando se lee junto con la nota al pie de la decisión de la CMP, parece inclinar la balanza lejos del Protocolo de Kyoto.

Para el 2011, se ha trabajado con mucho detalle en la decisión de la COP sobre los compromisos de mitigación aprobados a nivel nacional o las acciones de los países desarrollados que son Parte. Esto incluye talleres sobre las promesas de mitigación de los países desarrollados y un programa de trabajo para reportar y revisar la información.

El “espacio común” para la discusión de todas las promesas de los países desarrollados en conjunto se ha establecido en los talleres que se llevarán a cabo en las sesiones de cambio climático de la ONU en Bangkok en abril de 2011 (Taller sobre los supuestos y condiciones en relación al logro de los objetivos de reducción de emisiones cuantificadas económicamente, de las Partes conformadas por países desarrollados). El documento FCCC/SB/2011/INF.1, La “Compilación de las metas de reducción de emisiones en toda la economía a ser implementadas por las Partes incluidas en el Anexo I de la Convención”, ha sido descrita por la Secretaría como el “documento relevante”. Este es el primer paso hacia la fusión de las dos vías de negociación.

Sin embargo, es claro que el trabajo del AWG-KP va a seguir, basado en la propuesta revisada por la Presidencia (que ahora figura en el documento FCCC/ KP/AWG/2010/18/Add.1), que rescata las negociaciones del AWG-KP hasta ahora y contiene capítulos separados sobre las enmiendas al Protocolo de Kyoto para futuros períodos de compromiso como el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF); el comercio de emisiones y los mecanismos basados en proyectos; las cuestiones metodológicas; y las posibles consecuencias de instrumentos, políticas, medidas y metodologías a disposición de las Partes del Anexo I.

Además, el texto sobre la reducción de emisiones de los países desarrollados en el marco del AWG-LCA, en la sección “Compromisos de mitigación apropiados a nivel nacional o acciones de los países desarrollados” todavía contiene la nota al pie del texto de negociación del AWG-LGA (Documento         FCCC/AWGLCA/2010/14) que        reconoce                que     hay     diferentes interpretaciones en las que se hace referencia a los países desarrollados en esa sección, incluyendo “las Partes del Anexo I que no son Partes en el Protocolo de Kyoto”. Esta interpretación se basa en el entendido de que todos los países desarrollados, a excepción de los que no son Partes en el Protocolo de Kyoto, siguen comprometidos a la reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kyoto, mientras que los países no Partes de Kyoto (básicamente, los Estados Unidos) se tratan en esta sección.

Compromisos = objetivos

Un cambio fundamental en las decisiones de Cancún es la expresión de los compromisos de los países desarrollados de reducción de emisiones como “objetivos”. Por primera vez, la COP y la CMP han adoptado un lenguaje reconociendo lo que son compromisos de mitigación esencialmente domésticos, a diferencia de lo que debería ser acordado a nivel internacional, y las metas jurídicamente vinculantes.

Este ha sido un debate acalorado y en proceso dentro de las negociaciones del AWG-PK, donde varias de las Partes del Anexo I, simplemente quisieran comprometerse “de abajo hacia arriba” sobre las reducciones de emisiones para las que están políticamente preparados a llevar a cabo en el país, esto en oposición a la demanda de los países en desarrollo de que sea la comunidad internacional quien determine “de arriba hacia abajo” sobre la base de consideraciones científicas y equitativas, como una cuestión de necesidad.

Significativamente, las promesas son meramente para “tomar nota” y no para ser “implementadas… tal como se comunican”, ya que la intención es que se determinen y apliquen a nivel nacional, y no sean una cuestión de derecho internacional. En otras palabras, hay un poco más de trabajo adicional para el AWG-KP, excepto el ejercicio técnico de “convertir los objetivos de reducción de emisiones a la limitación cuantificada de la economía global o a compromisos de reducción”.

Sin embargo, todavía hay un lenguaje débil que hace referencia a un objetivo global basado en la ciencia:

“Insta a las Partes del Anexo I a elevar el nivel de ambición de la reducción de emisiones que deben lograr de forma individual o conjunta, con el fin de reducir su nivel total de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con el rango indicado por [IPCC] Grupo de Trabajo III del AR4, …”

Esto ha sido más elaborado en un párrafo del preámbulo:

“Reconociendo además que la contribución del Grupo de Trabajo III del AR4 indica que lograr los niveles más bajos evaluados por el IPCC hasta la fecha y su correspondiente limitación de daños potenciales, requiere que las Partes del Anexo I como grupo, reduzcan las emisiones en un rango de 25-40% para 2020 por debajo de los niveles de 1990, …”.

Y también se refleja en la decisión de la COP:

“Insta a los países desarrollados que son Partes a aumentar la ambición de sus objetivos de reducción en el conjunto de su economía, con el fin de reducir sus emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, a un nivel compatible con el recomendado por el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático”.

Estas oportunidades para fortalecer el nivel de ambición, deben ser adelantadas en un trabajo futuro del AWG-KP y el AWG-LCA.

Compensaciones, con o sin el Protocolo de Kyoto

Además de lo expuesto, el comercio de emisiones y los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kyoto han sido confirmados por la decisión del CMP para “seguir a disposición de las Partes del Anexo I como medio para lograr sus objetivos de reducción y limitación de emisiones cuantificadas”, sin vincular esto al segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto.

Esto podría permitir que las Partes del Anexo I sigan utilizando los mecanismos de mercado, independientemente del segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto, y abre la puerta para la transferencia de los mecanismos de mercado a la vía de la Convención.

Allanando el camino para un nuevo tratado.-

Y por lo tanto, mientras que el futuro del Protocolo de Kyoto, como instrumento internacional jurídicamente vinculante que regula la reducción de emisiones de las Partes del Anexo I, se ve seriamente amenazado, el sistema de promesas está más arraigado y los mecanismos de mercado pueden seguir siendo utilizados y “mejorados”, independientemente a la supervivencia del Protocolo de Kyoto. Estas señales en el camino hacia un nuevo tratado que sustituya al Protocolo de Kyoto, son verdaderamente nefastas para la supervivencia de nuestro planeta y su gente.

Por qué es importante el Protocolo de Kyoto ¿Lo que realmente importa?.-

Ciencia y adecuación; equidad y distribución de la carga

El primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto (2008-2012) mandaba a las Partes del Anexo I a reducir colectivamente sus emisiones en al menos un 5% en base a los niveles de 1990. Estos niveles son inadecuados lamentablemente, en especial a la luz de los informes científicos que han surgido desde que el Protocolo de Kyoto fue adoptado en 1997.

Las negociaciones del AWG-KP, que comenzaron en 2006, para el siguiente período de compromiso (desde 2013) han sido comunicadas en el Cuarto Reporte de evaluación (AR4) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 2007, así como numerosos estudios científicos recientes que indican la gravedad del problema del cambio climático y la necesidad urgente de reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.

Como tal, en el resumen de algunos estudios en el AR4 del IPCC se ha reconocido el rango de las reducciones de los países desarrollados de entre el 25-40% para el año 2020 en base a los niveles de 1990. Sin embargo, hay que aceptar que este rango se basa en supuestos cuestionables, ya que se comparte la carga de la reducción de emisiones entre países desarrollados y países en desarrollo y, en el informe de la IPCC se equipara a un escenario de 450 ppm CO2eq, que proporciona una probabilidad menor al 50% en mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2° C.

En las negociaciones del AWG-KP, los países en desarrollo han pedido que las Partes del Anexo I reduzcan sus emisiones en el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto en un rango de 40- 50%. Los Países menos desarrollados y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares han estado pidiendo la reducción de emisiones de al menos 45% para el 2020 en base a los niveles de 1990. El Grupo Africano y otros países en desarrollo han pedido al menos un 40% para el 2020. Bolivia y otros países han estado exigiendo la reducción de emisiones domésticas (sin compensación) de 49 o 50% en base a 1990 para el período de compromiso 2013-2017.

Estas propuestas están científicamente basadas en el objetivo de la Convención de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, y están en consonancia con la demanda de la mayoría de los países en desarrollo para la reducción de emisiones del Anexo I durante el segundo período de compromisos, lo que contribuye adecuadamente a asegurar que el aumento de la temperatura se limite a 1,5 ° C o 1 ° C, y que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera regresen a 350 o 300 ppm CO2eq.

Estas propuestas se basan también en la equidad, en cuanto a la distribución justa del espacio atmosférico y a compartir la carga de la mitigación. Cuanto menor sea el esfuerzo de las Partes del Anexo I, mayor es su toma del espacio atmosférico, que ya ha sido usado en exceso por los países desarrollados. Cuanto menor sea el esfuerzo de las Partes del Anexo I, mayor será la carga de la adaptación y la mitigación para los países en desarrollo.

Las negociaciones del AWG-KP, han señalado claramente que, en primer lugar, la reducción colectiva (o agregada) de emisiones de las Partes del Anexo I de la Convención para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, debe ser determinada. Se reconoce que el monto total se debe basar en criterios científicos.

Posteriormente, la tarea de reducir las emisiones debe ser repartida entre las Partes del Anexo I, y deben determinarse sus compromisos jurídicamente vinculantes. Esto debe hacerse de acuerdo con los criterios acordados para garantizar la equidad y la comparabilidad entre las Partes del Anexo I.

Este sistema de arriba hacia abajo fue el planteamiento acordado en el AWG-KP, para asegurar la capacidad y equidad de las Partes del Anexo I al determinar la reducción de emisiones necesarias. En principio, este enfoque podría ser incorporado a un nuevo tratado, pero esto es muy poco probable dado el equilibrio de fuerzas en juego.

Compromisos vinculantes internacionalmente acordados.-

Fundamentalmente, los compromisos de reducción de emisiones colectivas de las Partes del Anexo I, a ser determinados a través de un enfoque basado en principios, deben acordarse y ser jurídicamente vinculantes a nivel internacional.

En otras palabras, el objetivo global debe ser negociado por la comunidad internacional, ser vinculante en un tratado internacional y estar sujeto a las disciplinas internacionales; en este caso, el actual Protocolo de Kyoto.

El enfoque de compromiso y de revisión, defendido enérgicamente por los Estados Unidos como el “nuevo paradigma”, significa que un país determina por sí mismo “de abajo hacia arriba” lo que está preparado para hacer políticamente, y se compromete en su propia legislación nacional (o no, según sea el caso). Hay poco margen para asegurar la comparabilidad entre los compromisos de mitigación de los países del Anexo I y no existen los medios para medir la idoneidad frente a lo que se necesita. Esto está muy lejos de las expectativas para el segundo período de compromiso, y es una mera sombra de la ley internacional acordada en Kyoto.

De hecho, si un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto es acordado, el enfoque de promesas, en efecto, puede ser el sistema adoptado, donde la cifra global no es más que la suma de las promesas. Peor aún, en vez de asegurar el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto, el enfoque de promesas podría llegar a ser firmado en un nuevo tratado legalmente vinculante. Esto resultaría en un enfoque internacionalmente vinculante sin regulación.

Honrar el compromiso de la Hoja de Ruta de Bali –para el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto, conjuntamente con una manera de lidiar con los Estados Unidos bajo la convención– sería el mejor camino a seguir. En su lugar, lo que está ocurriendo es que los otros países desarrollados están tratando de utilizar el párrafo 1 (b)(i) del Plan de Acción de Bali (Compromisos o acciones de mitigación apropiadas de los países desarrollados) como una vía de escape rápido y abandonar el Protocolo de Kyoto. Al mismo tiempo, el sistema doméstico y de promesas que Estados Unidos apoya, está arraigado en ambos lados.

Normas, cumplimiento y aplicación.-

El Protocolo de Kyoto ha establecido normas detalladas para los sistemas de contabilidad nacionales para estimar las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción por los sumideros, el monitoreo de dichas emisiones y absorciones, y la revisión de la información presentada. Estas están contenidas en los artículos 5, 7 y 8 del Protocolo de Kyoto, los Acuerdos de Marrakech y otras decisiones de la CMP.

El Protocolo de Kyoto también ha desarrollado un régimen de cumplimiento detallado y riguroso de procedimientos y mecanismos para determinar y abordar los casos de incumplimiento. Los grupos de facilitación y aplicación del comité de cumplimiento buscan facilitar, promover y hacer cumplir los compromisos jurídicamente vinculantes del Protocolo de Kyoto. Estos procedimientos y mecanismos están contenidos en los Acuerdos de Marrakech, y también fueron adoptados posteriormente por la CMP.

Sin embargo, cabe señalar que el artículo 18 del Protocolo de Kyoto sobre el incumplimiento requiere que:

“…en virtud del presente Artículo y previendo consecuencias de carácter vinculante, todos los procedimientos y mecanismos serán adoptados por medio de una enmienda al presente Protocolo”.

Esto no ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, el régimen de cumplimiento está en pleno funcionamiento ya que las decisiones sobre sus procedimientos y mecanismos han sido adoptadas por la COP y la CMP. En términos prácticos, las determinaciones del comité de cumplimiento son de auto- implementación y dan lugar a acciones que tendrán un impacto en la Parte que incumpla. Por ejemplo, si se considera que una Parte ha incumplido y se le suspende el derecho a efectuar transferencias comerciales de emisiones, esto significa que no será capaz de utilizar estas operaciones para cumplir con su objetivo de compromiso. Además, las deducciones adicionales de la cantidad asignada a una Parte, en el siguiente período de compromiso, simplemente se aplicará de forma automática.

Junto con el régimen de cumplimiento, las normas contables, informes y revisión son piezas fundamentalmente importantes de una arquitectura legal internacional que busca hacer cumplir estrictamente los compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta arquitectura tomó años para ser construida y su negociación costó mucho. En principio, esta arquitectura y su rigurosidad podrían trasladarse a un nuevo tratado, pero sería poco probable dado el hecho de que esta es una de las razones por las que los Estados Unidos y otros países desarrollados quieren crear un nuevo tratado que sustituya al Protocolo de Kyoto.

La decisión de la COP de Cancún sobre los “Compromisos o acciones nacionales de mitigación apropiadas de los países desarrollados” ha elaborado los procesos para determinar los reportes y revisión de información que deben continuar en el siguiente trabajo del AWG-LCA.

Lamentablemente, parece ser que las decisiones de Cancún nos dejan por el momento en “promesa y revisión” Los objetivos de reducción de emisiones internacionales legalmente vinculantes, con normas y mecanismos de cumplimiento y aplicación, están amenazados de ser una reliquia del pasado.

En un momento en que se necesita más que nunca de acciones grandes y urgentes, esto sería un retroceso. Sin embargo, se puede y se debe hacer mucho para salvar esta grave situación y poner de nuevo el mundo en marcha después del revés sufrido en Cancún.

Posdata: ¿Un mundo en 5°C?.-

El reciente “Informe de Brecha de Emisiones” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (noviembre, 2010) establece que las promesas de los países desarrollados bajo el Acuerdo de Copenhague (los mismos compromisos se hacen conforme a las decisiones de Cancún) en el mejor de los casos, se estima que resultarán en una reducción de emisiones del 16% y, en el peor de los casos, en un aumento de emisiones del 6% en 2020 respecto a 1990. El informe también señala que las promesas del Acuerdo de Copenhague suponen un aumento de temperatura de entre 2,5 a 5° C antes del final del siglo.

El Arte y la Ciencia del Cambio Climático

Basado en un discurso del Ministro de Cambio Climático y Energía del Reino Unido, Sr. Chris Huhne

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Embajada Británica – La Paz

art 5

Un poco de historia.-

Hace aproximadamente dos siglos atrás el matemático y físico francés J. Fourier se preguntaba por qué la Tierra era lo suficientemente caliente para albergar vida. Estando tan lejos del Sol, el planeta debería ser mucho más frío pero Fourier descubrió que la atmósfera que respiramos también servía para atrapar calor. En 1827, él describió el efecto invernadero.

Poniendo eso en perspectiva, el entendimiento del efecto invernadero estuvo con nosotros por más tiempo que la tabla periódica, es más antiguo que el estudio de la genética y que la teoría de la evolución. Sin el efecto invernadero nuestro planeta sería unos 33 grados más frío.

A lo largo de miles de años, la temperatura y el clima de nuestro planeta variaron grandemente, sin embargo, el equilibrio natural los mantuvo en balance pues en períodos de tiempo suficientemente largos la naturaleza es, en gran parte, auto-correctiva.

Cambios climáticos.-

Desde que Fourier hizo su descubrimiento, las cosas han cambiado radicalmente. Gran parte del planeta está industrializado. La población creció de forma vertiginosa. Hemos transformado la agricultura a pequeña escala en una industria a gran escala. Hemos cambiado las carretas tiradas a caballos por automóviles con caballos de fuerza y estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que nunca antes.

La cantidad de dióxido de carbono (CO2) en nuestra atmósfera está en ascenso. La concentración creció en 40% desde los tiempos pre-industriales, dos tercios de los cuales se dieron en los últimos 50 años.

Con toda esta cantidad extra de gases en la atmósfera, es lógico que la superficie terrestre se caliente aún más, y así ha sido. La temperatura se ha elevado en 0.8 grados centígrados en el último siglo.

Gran parte de este calentamiento ha sucedido durante los últimos 50 años. Desde 1960, la temperatura se ha incrementado en 0.13 grados centígrados por década. Los diez años más calientes de la historia son todos posteriores a 1998.

La ciencia básica es clara y nos dice tres cosas inminentes: Los gases de efecto invernadero calientan el planeta, las emisiones globales siguen aumentando y por lo tanto, el mundo se está calentando.

Las evidencias son claras, el Océano Ártico se está derritiendo. Desde 1900 el nivel del mar ha aumentado en 21 cm. Sequías severas son ahora dos veces más comunes de lo que eran en 1970 y los riesgos climáticos aumentan de manera directamente proporcional con la actividad humana.

Todos los grandes institutos científicos del mundo concuerdan con esto: el Royal Society del Reino Unido, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academie des Sciences de Francia. Los cambios que estamos presenciando, no pueden ser explicados por otra cosa que no sea la actividad humana. Pese a ello, existen personas que creen que el cambio climático es una invención.

Límites.-

A medida que la temperatura se incrementa, también se incrementa el riesgo de cruzar umbrales peligrosos en el sistema climático, llevándonos a cambios repentinos e irreversibles.

El bosque amazónico posee el 10%  de todo el carbón guardado en los ecosistemas del mundo. Si la selva amazónica se llega a secar, se cree que emitirá más carbono de lo que puede absorber. Las temperaturas altas y las sequías más recurrentes matarán más árboles, emitiendo por ello más carbón.

El hielo del ártico ayuda a regular la temperatura global reflejando los rayos de luz al espacio. A medida que se va derritiendo deja expuesto el océano oscuro que absorbe más calor, derritiendo a su vez más hielo y amplificando el calentamiento.

Los peligros.-

No se puede correr el riesgo de detonar esta cadena de reacciones incontrolables. Debemos ser claros, el tipo de mundo en el que la temperatura alcance los 3 ó 4 grados, no es el mundo en el cual queremos vivir.

No se trata de un mundo en el que no podremos tomar sol hasta tener un buen bronceado, se trata de un mundo mucho más brutal e impredecible. El calentamiento global por encima de los 2 grados centígrados se denomina catastrófico por muchas razones.

El 2009, la Asociación de Seguros Británicos publicó un documento en el que se expresa textualmente que “nuestra evaluación del cambio climático nos da una clara evidencia que el peligro es real y está con nosotros”.

En junio de 2011 más de 70 compañías en Europa, incluyendo Ikea y Coca Cola, pidieron a la Unión Europea que eleven el nivel de ambición en la reducción de emisiones de carbono.

La comprensión de estos riesgos debería hacer que los países depongan la ideología para enfocarse en la solución del problema. Todos sentimos los impactos de una u otra forma y todos estamos llamados a ser parte de la solución con responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Si no se toma acción inmediata para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento empeorará e incluso se puede acelerar. Los científicos dicen claramente que se debe tomar acción inmediata. La industria dice lo propio, incluso los militares dicen que debemos actuar ahora para mantener la estabilidad mundial.

Los gobernantes tienen una responsabilidad democrática para responder a ese llamado. Éstos gobiernan con el consentimiento de su gente. Consentimiento que es dado sólo si las seguridades básicas son cubiertas. Gobiernos responsables no dudarían ni un segundo en la necesidad de proveer a su gente de educación, agua limpia, suficiente alimento o estabilidad económica. Un clima estable no solamente no difiere de estas necesidades, sino que, al no ser estabilizado efectivamente, pone a todas ellas en riesgo.

Los gobernantes no pueden sentarse a esperar. Al ser el cambio climático un riesgo que va en contra de la existencia misma de su gente, los gobiernos están llamados a actuar de inmediato.

¿Existe una fecha límite?.-

En la negociación de Cancún el 2010, se acordó, basado en la ciencia, en mantener el aumento de la temperatura a un máximo de 2 grados centígrados comparado con niveles pre-industriales a manera de evitar efectos catastróficos del cambio climático. Pero ¿qué significa evitar los 2 grados centígrados desde el punto de vista temporal?

Las escalas de tiempo usadas en la ciencia climática parecen ser muy grandes, viendo hacia adelante al 2050 o hacia atrás al siglo XIX puede dar una impresión que éstos están muy distantes. Nada puede estar más lejos de la verdad en lo que respecta a los 2 grados centígrados. Desafortunadamente, en nuestro complejo sistema climático, existe una reacción retrasada entre las emisiones y el calentamiento.

Haciendo una analogía con un automóvil en movimiento, podemos apagar el motor ahora, pero el impulso hará que el vehículo se desplace por algún tiempo más.

La temperatura ya se incrementó 0.8 grados centígrados. Si paramos por completo las emisiones el día de hoy, la temperatura se elevará de todas formas al menos 0.5 grados más. Esto nos lleva a 1.3 grados centígrados que está a más de la mitad de nuestro límite de 2 grados por encima de la era pre-industrial. Por lo tanto, la siguiente vez que alguien mencione el límite de 2 grados, debemos pensar que ya hemos avanzado hasta 1.3 grados en ese camino.

Esta no es una discusión abstracta, llegará el momento en el que sea muy tarde para detener el problema. Ese momento se acerca muy rápidamente. Si no actuamos ahora, nos costará mucho más hacer las cosas en el futuro, desde el punto de vista medio ambiental, económico y político.

Si queremos mantener al mundo por debajo de los 2 grados centígrados debemos llegar al punto de inflexión de la curva de emisiones como máximo en el año 2020. Si queremos evitar un trastorno radical, necesitamos cambiar la economía mundial a una economía baja en carbono hacia la mitad de la década. Pero ¿qué significa esto? – Si no llegamos a un acuerdo global para el 2015, será muy difícil que logremos detener el pico de emisiones para el 2020.

La brecha.-

La buena noticia es que ya hemos comenzado con este propósito. Gran parte de las grandes economías ya tienen metas de reducción de emisiones. Los Estados Unidos planean cortar sus emisiones en 17%, la China quiere reducir su intensidad de carbono entre 40 y 45%, Brasil tiene metas de reducción de emisiones de al menos un tercio de sus niveles proyectados.

Estos países junto con todas las grandes economías están haciendo progresos importantes en programas prácticos para cumplir con sus compromisos La mala noticia es que, pese a que estos compromisos son significativos, no son suficientes. Tenemos aún un gran camino por recorrer. Los compromisos actuales nos llevarán solamente a la mitad del camino y no así a la meta necesaria.

Si todos los compromisos de Cancún fuesen implementados en su totalidad, estaríamos aún a 5 Gigatoneladas de carbón lejos de nuestra meta. Para dar un sentido de la escala a esto, estas 5 Gigatoneladas son equivalentes a las emisiones mundiales de automóviles, camiones y buses del 2005. [1]

Es necesario que en los próximos 10 años las emisiones aumenten menos de lo que aumentaron entre 2009 y 2010 (un año solamente). [2]

Por lo tanto, tenemos una brecha entre la realidad científica y la respuesta política.

¿Cómo podemos cerrar esa brecha?

Encontrar una respuesta justa y correcta para esa pregunta es uno de las pruebas más difíciles que la diplomacia haya experimentado jamás. Ahí se encuentra el arte del cambio climático a nivel internacional: la cooperación y negociación que nos llevará hacia un futuro más limpio y seguro.

El punto de vista del Reino Unido La solución

Debemos enfocarnos en tres cosas:

Primero, debemos actuar sobre nuestros compromisos. Reducir emisiones domésticas y cambiar los paradigmas de desarrollo vinculados a comestibles fósiles. Necesitamos demostrar las ventajas de un crecimiento económico de bajo carbono y ayudar a que los países en vías de desarrollo desvinculen sus economías de aquellas que ya sabemos que son contaminantes y obsoletas. Debemos mostrar que el camino para la prosperidad mundial está lejos de la polución.

Segundo, es necesario vigorizar el apoyo público y político para la acción inmediata tanto en casa como en países del exterior. Esto implica el uso de la diplomacia para cambiar políticas y construir coaliciones. Explicar la necesidad de acción no solamente desde el punto de vista ambiental sino también económico y de seguridad.

Y tercero, es necesario aunar esfuerzos para forjar un nuevo acuerdo mundial para la reducción de emisiones. Esto implica desarrollar aún más el marco legal internacional en las siguientes décadas y crear las condiciones políticas para un acuerdo internacional.

Parece ser todo muy sencillo, pero las dificultades se presentan a todo nivel. Desde el ámbito económico (recesión) hasta el ámbito político y social se tienen fuerzas de baja ambición que quieren mantener al mundo en un estado de letargo mientras éstas cumplen sus metas y ambiciones.

Trabajando desde casa

El primer paso es poner en orden la propia casa. El Reino Unido está ya en proceso de eliminar el carbón de su economía.

El Ministerio de Cambio Climático y Energía del Reino Unido lanzó hace un tiempo atrás una publicación llamada “El camino hacia el 2050” que muestra cómo cambiará la matriz energética en los próximos años. El programa denominado “Pacto Verde” mejorará la eficiencia energética en viviendas y negocios.

La reforma del mercado eléctrico reformulará la economía energética, asegurando una infraestructura limpia para la siguiente generación. Los incentivos para la calefacción proveniente de energías renovables y los proyectos de captura y almacenamiento de carbono están revolucionando el espectro verde.

El “Banco de Inversión Verde” será una ayuda sustancial para la inversión privada en tecnologías de bajo carbono.

De la misma manera, el Reino Unido está comprometido en la reducción de emisiones. De acuerdo con los planes del “Cuarto Presupuesto de Carbono” las emisiones del Reino Unido serán en 15 años la mitad de las que fueron en 1990. Ningún país en el mundo tiene metas vinculantes de esa magnitud. Las Olimpiadas en Londres el 2012 serán las primeras Olimpiadas verdes de la historia.

Acción fuera de las fronteras.-

Todo lo que haga el Reino Unido será de mucha utilidad, pero no es suficiente.

El Reino Unido emite menos del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el segundo paso es trabajar juntos más allá de las fronteras y de los distintos sectores.

Económicos y construir una coalición de países de bajo carbono.

En parte, se trata de atraer a otros con el ejemplo y con hechos demostrables hacia todos los países de alta ambición. Sobre todo en lo que refiere a una legislación clara.

Un ejemplo de esto es lo que el Reino Unido hace en la misma Unión Europea donde, junto a otros países de visión similar, están empujando a todo el bloque a elevar su ambición y sus metas. De la misma manera, estamos trabajando dentro del G8 y el G20.

Pero para alentar a otros países a moverse, se deben cumplir las promesas hechas en las negociaciones.

Mediante la diplomacia y la ayuda financiera ayudamos a países a reducir sus emisiones, proteger a los más pobres y los más vulnerables de los impactos del cambio climático y construir los cimientos de un acuerdo internacional.

En época de austeridad, el gobierno británico ha comprometido £2.9 billones de libras esterlinas para el financiamiento internacional de cambio climático. Esto ayudará a países en desarrollo a reducir la pobreza por medio de un crecimiento de bajo carbono, además de adaptarse al cambio climático y luchar contra la deforestación.

El “Fondo para Tecnología Limpia”, que está financiado parcialmente por fondos de Financiamiento Rápido del Reino Unido está ayudando a catalizar la producción de energía limpia a gran escala en países en desarrollo. Se prevé que este fondo ayude en los próximos años a 18 millones de personas a tener transporte barato y de bajo carbono, muchos megawatts de electricidad limpia y miles de trabajos.

Hemos ayudado a más de medio millón de familias en Nepal a vivir en armonía con el bosque, elevando sus ingresos en un 60% y evitando la emisión de 1.2 millones de toneladas de CO2 por año.

Apoyamos financieramente el “Climate and Development Knowledge Network” para ayudar a países en desarrollo a acceder a información y desarrollar resiliencia climática, a adoptar la economía de bajo carbono y luchar contra la pobreza.

Y también apoyamos al programa de preparación para mercados de carbono del Banco Mundial, de manera que ayudemos a países en desarrollo a elaborar sus propios sistemas de mercado para la reducción de emisiones.

Acuerdo Global.-

Pero de lo que se trata es de trabajar en forma conjunta como humanos y como planeta.

El cambio climático representa un problema nuevo para la política internacional. Demanda soluciones multilaterales con líneas divisorias que no son claras. Las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo son muy complicadas y las políticas domésticas son muy variadas.

Este es un proceso complejo, de muchos años de duración y abarca asuntos que incluso cortan en el propio ámbito de la soberanía de un país. Los países saben que deben hacer algo pero nadie quiere hacerlo primero. Nadie quiere ir al frente exponiendo su economía a los riesgos competitivos. Es por esto que el proceso global es tan importante. Provee un lugar donde las mentes de los tomadores de decisión pueden enfocarse en la figura más grande.

Alternativas a un tratado global, no son alternativas reales. Acuerdos voluntarios son una falsa premisa.  Solamente  un marco legal completo y global puede asegurar que se cumplan los compromisos, dando certeza de inversión a capitales públicos y privados. La única forma de construir este marco legal es a través de las Naciones Unidas.

Las negociaciones.-

El ciclo anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se encuentra en riesgo de caer en un ritmo que no lleva a soluciones concretas.

En lo complejo de las negociaciones, se logran avances, se crean expectativas, pero finalmente no se llega a ningún tratado.

El circuito mediático de comentarios positivos y negativos y la agitación negociadora culmina cada año con la Conferencia de las Partes y nuevamente el cambio climático entra en el letargo por el resto del año.

Las voces pesimistas resuenan cada vez más fuerte “Nada se logra en realidad”, “nunca lograremos un tratado”, etc. Debemos ser capaces de callar esas voces con acciones. El proceso de las Naciones Unidas no es en sí el fin, es el medio para llegar al fin.

Es cierto, es un proceso complejo. Hay pocos acuerdos mundiales tan complejos como este y es cierto que continuaremos el progreso paso a paso y no lograremos algo de un momento a otro. No podemos esperar que 194 países lleguen a un entendimiento integral en 2 semanas de negociación.

Entonces la pregunta es: ¿cómo hacer que el progreso incremental y la fecha límite para evitar el incremento peligroso de la temperatura sean compatibles?

La respuesta es: retroceder y ver este problema desde un punto de vista más amplio. No estamos al inicio del problema.

Consideremos el Protocolo de Montreal: el trabajo no paró cuando se firmó el acuerdo. En términos de financiamiento, tecnología e información, la ONU sigue ayudando a países en desarrollo a llegar a sus metas. El texto inicial sirvió como una plataforma para la acción futura, las revisiones del mismo ajustaron las metas. De igual manera, las negociaciones de cambio climático no comenzaron en Cancún o en Copenhague, tampoco lo hicieron en Kyoto. Decidimos limitar nuestras emisiones hace casi 20 años. Fue en 1992, en la Cumbre de Río donde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue concebida.

La primera revisión de los compromisos hechas en Rio llevaron al Mandato de Berlín en 1995, dos años después las negociaciones llevaron al Protocolo de Kyoto que puso límite a las emisiones de países industrializados. Pero el compromiso político mediante un tratado era débil.

Copenhague es considerada como la cúspide de esta falla política. Pese a ello, los compromisos hechos en esa cumbre nos llevarían, si se cumplen en su totalidad, al 60% de nuestra meta para el 2020.

El año pasado el Acuerdo de Cancún restableció el sentido de progreso.

Todos estos pasos nos acercan a un tratado internacional pero no son simples hitos. Están protegiendo nuestro planeta ahora mismo. Gracias a los compromisos hechos en Copenhague, la legislación de 16 países industrializados se ha movido en buena dirección.

En un par de meses, nos encontraremos en Durbán, en la Conferencia de las Partes No. 17. ¿Qué esperamos lograr?

Finalizar con un tratado completo parece poco probable. Eso tendrá que esperar. Hay tres cosas importantes a ser decididas en Sudáfrica.

Más allá de Durbán.-

Primero, debemos reforzar el frágil proceso multilateral para crear los pilares de un tratado global legalmente vinculante.

Estamos en proceso de  establecer  la arquitectura del futuro régimen climático. El Fondo Verde, los sistemas y reglamentos para medir y verificar la reducción de emisiones, los mecanismos para impulsar el desarrollo de tecnología, etc. son las estructuras básicas de un acuerdo internacional. Sin ellos, no se podría lograr nada.

Segundo, debemos cumplir los compromisos hechos en Cancún. Pero existen compromisos que nos llevarán solamente a medio camino hacia los 2 grados centígrados.

En el corto plazo, debemos enfocarnos en cumplirlos. Debemos elaborar reglas claras para asegurarnos que los compromisos sean robustos  y  que las reducciones que ello implica sean cumplidas en forma rigurosa y cuantificada.

Y tercero, debemos enfocarnos en lo que será la forma legal de un futuro acuerdo climático. El sucesor del Protocolo de Kyoto será nuestra segunda y última oportunidad para evitar los impactos catastróficos del cambio climático.

Esto requerirá de imaginación y flexibilidad de todas las partes. La Unión Europea dijo que consideraría una extensión del Protocolo de Kyoto, pero necesitamos encontrar maneras de convencer al resto del mundo para traerlos hacia un marco legal común. Necesitamos una hoja de ruta para lograr un tratado único en un futuro cercano.

Ambición.-

El Reino Unido apoyará con fuerza y vigor la alta ambición y los logros medibles. Esto implica un compromiso inamovible hacia el logro de un tratado global legalmente vinculante para limitar las emisiones así como de medidas concretas y medibles para lograrlas.

Si no enfrentamos el problema seriamente y con el mayor de nuestros esfuerzos estaríamos desechando el contrato social realizado cuando asumimos el poder como gobernantes de nuestros países. Nuestro compromiso ulterior como gobernantes fue el de proteger a nuestro pueblo.

Todos los países deberían comprometerse a hacer todo lo que sus responsabilidades comunes pero diferenciadas lo permitan para afrontar el problema.

Es verdad que no todos tenemos responsabilidades similares. La historia es importante en lo que respecta a las responsabilidades, pero no podemos esperar a que todos seamos iguales para comenzar a actuar. Debemos ser capaces de afrontar el problema unidos, cual si fuese un enemigo común para nuestra más preciada herencia, nuestro propio planeta y la vida que sustenta.

Crítica A REDD+ y Propuesta de un Modelo Alternativo

Fortalecimiento de Comunidades Sustentables

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Diego Pacheco, Ph.D.

art 6
  1. Introducción.-

El año 2011 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Bosques por lo cual el planeta ha adquirido un compromiso moral para desarrollar acciones que favorezcan la conservación y el uso sustentable de los bosques con especial relevancia en el contexto del cambio climático, sin embargo, poco o nada se ha logrado este año con relación al cumplimiento de dichos objetivos.

Los bosques han sufrido importantes transformaciones en los últimos tiempos. A la fecha por lo menos una cuarta parte de los bosques en el mundo están en propiedad de las naciones y pueblos indígenas (300 millones de hectáreas), lo que significa que éstos han duplicado la propiedad sobre los bosques en los últimos 15 años y se espera que suceda lo mismo en el próximo decenio. White y Martin (2002) sugieren que dada esta tendencia los pueblos indígenas pueden eventualmente convertirse en dueños de la mitad de los bosques del mundo. De forma simultánea, los bosques han sufrido un acelerado proceso de mercantilización debido a las oportunidades emergentes para avanzar en el desarrollo de un manejo forestal comercial.

Asimismo, en los últimos años el programa REDD+ ha acaparado la discusión sobre los bosques1. A la fecha cerca de 40 países en vías de desarrollo están preparando políticas para beneficiarse del programa REDD+; centros de investigación forestal a lo largo de todo el mundo han puesto sus esperanzas en este programa así como entidades internacionales y de financiamiento (Banco Mundial, FAO y Naciones Unidades), la cooperación internacional y la mayoría de investigadores forestales, con excepción del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y las organizaciones sociales del mundo entero. ¿Por qué se presenta esta situación? Este documento plantea algunas pautas para comprender esta posición desde las preocupaciones de la política oficial del gobierno de Bolivia sobre bosques y cambio climático y en ese sentido se propone un esquema para la construcción de una propuesta alternativa a REDD+.

El debate mundial sobre REDD+ ha creado un momento importante para los bosques y particularmente en la discusión respecto a las alternativas pragmáticas que deben ser desarrolladas para salvar a los bosques de la inminente deforestación y degradación forestal que está ocurriendo irreversiblemente en los países en vías de desarrollo. Pero, la simplificación de la propuesta en el marco de una modalidad de Pago de Servicios Ambientales (PSA) y el pragmatismo de los países desarrollados ha hecho perder de vista la realidad compleja que viven las comunidades rurales que son dueñas de los bosques en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en la discusión raramente se toman en cuenta los costos de transacción ocultos de REDD+, la necesidad de trabajar con múltiples niveles de gobierno en su implementación y el hecho de que no existe una solución universal para la deforestación y degradación forestal (Alston y Andersson, 2010).

De acuerdo a Agrawal et al. (2011) los países tropicales son testigos del nacimiento del dilema de la revolución agrícola en la medida en que ellos tienen el potencial para convertir grandes áreas de bosques en cultivos y pastizales, y en tanto se expanda la demanda global para la producción de alimentos y combustibles, lo que va en contrasentido con los postulados de conservación de los bosques ya que esto incrementa los incentivos para la conversión de bosques a la agricultura y pecuaria, y puede hacer difícil a los países en vías de desarrollo proteger sus ecosistemas forestales. Por lo mismo, las personas y comunidades dueñas de los bosques en los países en vías de desarrollo viven actualmente un dilema que es: adoptar el modelo convencional de desarrollo basado en la revolución agropecuaria, motivados por los ingresos que les reditúa en el corto plazo en contraposición a los del uso sustentable del bosque y con las consecuencias de perder a su vez irremediablemente el bosque y destruir su hábitat en el largo plazo, o mantenerse en la pobreza.

Los promotores de REDD+ plantean que si se realizan pagos a los dueños de los bosques en el marco del concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se podrá conservar los bosques, activándose la lógica de la maximización de los beneficios o el homo economicus de los dueños de los bosques. En esta dirección, se haría un pago o compensación por una de las funciones ambientales que proveen los bosques que es la absorción del carbono de la atmósfera. Entonces, en el contexto del calentamiento global del planeta los bosques se convierten en un recurso estratégico para los grandes emisores de carbono, por lo que los esquemas de compensación podrían beneficiar a los dueños de los bosques que en su mayoría viven en condiciones de extrema pobreza.

En el caso hipotético que REDD+ funcionara de acuerdo a lo previsto sería posible, bajo este esquema, conservar los bosques algunos años más, por lo menos hasta que se pase el interés de los países desarrollados, empresas o quienes realizan los pagos por esta función ambiental o el contexto favorable del mercado, pero esto no garantiza la construcción de pasos seguros hacia el desarrollo de un modelo sustentable que pueda lidiar simultáneamente y de forma sostenible contra las fuerzas que promueven el deterioro o desaparición de los bosques resultado de la deforestación y degradación forestal, así como contra los efectos de la pobreza, inseguridad alimentaria y modelos energéticos con alta emisión de carbono. Más aún, REDD+ favorece un modelo capitalista que es el causante del cambio climático, distrae la responsabilidad de los países desarrollados de encarar responsablemente el cambio climático y permite que los países en vías de desarrollo sigan subvencionado a los países desarrollados.

Esto plantea el desafío de avanzar efectivamente en la necesidad irrefutable de conservar ahora los bosques pero trascendiendo el modelo REDD+ oportunista, reduccionista y simplista hacia un esquema de fortalecimiento de modelos locales de desarrollo sustentable o comunidades sustentables en los países en desarrollo, sobre todo en aquellos que tienen una importante presencia de bosques. Para garantizar la conservación de los bosques el mundo  entero y los dueños de los bosques necesitan de un nuevo mecanismo mucho más ambicioso, soberano, que se origine en sus organizaciones sociales y encarne un concepto efectivo de justicia climática.

En este contexto, los países en vías de desarrollo tienen el derecho de exigir a los países desarrollados el pago de la deuda climática para la creación de capacidades, condiciones y equilibrios para constituir y fortalecer Comunidades Sustentables, que tendrá consecuencias directas en la reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación forestal, y posiblemente otras formas de emisión de carbono. Entonces, no se trata de realizar pagos por reducción de emisiones sino desarrollar esfuerzos más integrales en diferentes niveles para consolidar los medios que promuevan modelos de vida sustentables.

En REDD+ existen problemas sustantivos que son analizados en este documento, de acuerdo al siguiente detalle: a) no están bien definidos los mecanismos institucionales ni los incentivos para hacer frente a un dilema social de manejo de un recurso global común; b) se quiere resolver un problema complejo de pobreza, deforestación y degradación forestal con miradas parciales de la realidad; y c) el enfoque de REDD+ consolida una visión de cambio climático que privilegia a los países desarrollados y no toma en cuenta el concepto de justicia climática. Entonces, los países en vías de desarrollo con bosques requieren otras alternativas que garanticen mejores opciones para su conservación y acciones más efectivas para el Vivir Bien de su población local2.

Para analizar esta problemática, este documento está dividido en siete partes incluyendo esta introducción. La segunda parte introduce una reflexión sobre cambio climático como “tragedia de los comunes” y las corrientes teóricas que existen para analizar la solución a dilemas sociales de esta naturaleza. En la tercera parte se introducen las causas de la deforestación y degradación forestal y la problemática compleja relacionada con esta temática. En la cuarta parte se analiza REDD+ con las implicaciones que tiene en el marco del mercado global de carbono y los argumentos a favor y en contra de este mecanismo. En la quinta parte se presenta una propuesta alternativa a REDD+ que permita superar las contradicciones anteriormente identificadas. En la sexta parte se analiza el potencial de Bolivia para implementar el modelo de propuesta alternativa a REDD+, y finalmente, en la séptima parte se presentan las conclusiones.

  1. Cambio climático: ¿tragedia de los comunes?.-

El cambio climático es un problema global que se puede asemejar a una “tragedia de los comunes” (Buck, 1998)3. El manejo de los comunes se constituye en un dilema social en tanto que es difícil excluir el acceso de las personas a estos recursos y por lo mismo se caracterizan por los altos niveles de extracción de los mismos, llevando a una inevitable tragedia de sobreexplotación de los recursos y del medio ambiente4.

Olson en su libro La Lógica de la Acción Colectiva (1965) desarrolla el concepto de la contribución cero en el contexto del aprovechamiento de los comunes. De acuerdo a esta tesis los individuos racionales e interesados sólo en sí mismos no actuarán hacia el logro de intereses comunes o grupales por lo que no pueden superar los problemas de acción colectiva. Esto es similar a la tesis de Hardin que, en su artículo sobre La Tragedia de los Comunes (1968) se refiere a la inminente degradación ambiental cuando muchos individuos usan en común un recurso escaso. Ambos desarrollan las bases de la formulación de las teorías contemporáneas de acción colectiva o primera generación de teorías de acción colectiva. Esta se puede resumir en la siguiente frase: “los individuos son racionales y están interesados sólo en sí mismos por lo que no actuarán para alcanzar sus intereses comunes o de grupo” (Olson, 1965:2). Entonces, esta teoría asume la existencia de un individuo egoísta sobre todas las situaciones problemáticas que envuelven dilemas sociales y donde el desarrollo de la acción colectiva es menos probable en grupos grandes. Por lo tanto, esta teoría de acción colectiva encuentra que es imposible para los individuos lograr dividendos de cooperación por ellos mismos, por lo que alguna clase de coerción externa es necesaria o la provisión de incentivos selectivos.

Una evaluación de los  avances  en las negociaciones internacionales sobre cambio climático podría estar confirmando esta teoría, aunque en este escenario a diferencia del anterior, no son individuos sino países los que no pueden alcanzar intereses comunes por su lógica racional y por sus intereses centrados en sí mismos. En el marco del razonamiento de Olson y Hardin todavía se aboga por un nuevo Protocolo de Kyoto que establezca los límites a la emisión de carbón a los países del planeta y por un Tribunal de Justicia Climática que pueda hacer cumplir las sanciones a quienes incumplan sus compromisos5, es decir, solamente la coerción externa podrá hacer que los países empiecen a cooperar en el problema común del cambio climático.

Existen estudios empíricos en diferentes ámbitos que demuestran que esta teoría de acción colectiva interpreta de forma muy limitada la estructura de las situaciones de acción colectiva y sus formas de solución por parte de los individuos. En este sentido, existe abundante evidencia, que es contraria a los postulados de Hardin y Olson, es decir, en la habilidad de los grupos sociales de diseñar, utilizar y adaptar mecanismos ingeniosos para distribuir derechos de uso de los recursos entre sus miembros y evitar la tragedia de los comunes (Feeny et al. 1998; Ostrom, 1990). Particularmente importante en la literatura son los estudios de autogobierno y recursos comunes (Feeny et al. 1998; McCay and Acheson 1987;, Ostrom 1990). Asimismo, existen críticas al argumento de Olson de que solamente la existencia de incentivos selectivos pueda resolver los problemas de acción colectiva (Oliver, 1993) y se constata que existen más incentivos que confrontan los individuos que les permiten resolver sus dilemas sociales en situaciones que tienen que ver con el mundo real (Green and Shapiro 1994; Taylor 1990). Más aún, de acuerdo a Taylor (1995) es un error reducir los efectos de las relaciones sociales a nada más que incentivos en tanto que existen otras fuentes de acción y comportamiento altamente relevantes en los procesos de cooperación resultado de la acción colectiva pero que son ignorados en las teorías racionalistas; ellas son la motivación normativa, motivación expresiva, motivación intrínseca e identificación social. Asimismo esta teoría de acción colectiva es inconsistente en tanto que se genera, casi de forma inmediata mayores niveles de cooperación cuando los sujetos empiezan a comunicarse entre sí.

Como resultado ha surgido la segunda generación de teorías de acción colectiva que reconoce la existencia de múltiples tipos de individuos en lugar de un solo y uniforme individuo de características racionales y egoístas (Ostrom, 2002). En este sentido, se han realizado estudios y experimentos que han permitido introducir nuevos conceptos en la comprensión de la acción colectiva como el de las motivaciones sociales o preferencias endógenas y heterogéneas (Ahn and Ostrom, 2003).

Asimismo, en la segunda generación de teorías de acción colectiva, la confianza y la reciprocidad son palabras claves consistentes con un nuevo modelo de individuos. En este contexto también se ha realizado la conexión del capital social con el desarrollo de la acción colectiva (Ahn and Ostrom, 2003).

Esto supone revisar la concepción de un modelo de individuo racional y egoísta, que está mejor desarrollado para situaciones de mercados competitivos pero falla en otros contextos, emergiendo nuevos tipos de individuos, como el cooperador condicional y el que tiene voluntad de castigar a quienes no cooperan. . También se ha evidenciado que los individuos aprenden de la experiencia y heurística, por lo que no sólo valúan los resultados materiales o maximizan las utilidades sino que también existen individuos no egoístas. En este sentido, Ostrom y otros autores concluyen que en interacciones relacionadas con los bienes comunes existe más juego cooperativo en contraste a la teorizada cooperación cero (Ostrom et al. 1994).

Replicando estas lecciones y estudios en el contexto internacional en primer lugar debemos abrir nuestra mente para identificar en los actores del contexto planetario países no necesariamente egoístas y racionales, que puedan permitir en el marco del establecimiento de relaciones de confianza y reciprocidad establecer nuevas relaciones y soluciones para resolver los dilemas sociales del calentamiento global. Asimismo,     es importante percibir la existencia de una diversidad de incentivos o motivadores de comportamientos para solucionar los problemas de los comunes.

En segundo lugar, al ser el cambio climático un problema global se requiere de acuerdo a Dietz y otros (2003) avanzar en la construcción de una gobernanza adaptativa que permita poner en marcha un conjunto de acciones en diferentes ámbitos (global, nacional y local), tomando en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

  • Provisión de información. La gobernanza medioambiental depende de información buena y confiable acerca de los bienes, flujos y procesos de los sistemas de recursos a ser gobernados, así como de procesos de interacción hombre-naturaleza que afectan dichos sistemas. Enfrentamiento de conflictos. Enormes diferencias en poder y valores entre las partes interesadas hacen que en las decisiones ambientales exista un conflicto inherente, por lo que la resolución de conflictos es una importante motivación para el diseño de instituciones que permitan manejar los recursos comunes.
  • Inducción al cumplimiento de reglas. Una efectiva gobernanza requiere que las reglas para el uso de los recursos sean generalmente cumplidas aunque con estándares razonables que toleren violaciones modestas a las mismas. Se reconoce que es más efectivo imponer sanciones modestas a las primeras violaciones e incrementar la severidad de las sanciones gradualmente. Los instrumentos financieros pueden proveer incentivos para lograr el cumplimiento de las reglas ambientales.
  • Provisión de infraestructura. La importancia de infraestructura física y tecnológica es frecuentemente ignorada. Sin embargo, es importante considerar el tema de la infraestructura incluyendo el acceso a tecnología, determinar el grado en el cual un recurso común puede ser explotado, los medios por los cuales los desperdicios pueden ser reducidos y el grado por el cual las condiciones del recurso y el comportamiento de los humanos que usan el recurso puede ser efectivamente monitoreado.
  • Preparación para el cambio. Las instituciones deben estar designadas para permitir procesos de adaptación porque es probable que un conocimiento actual pueda ser malo y se requiera el cambio de una escala de organizaciones, así como cambios en los sistemas biofísicos y sociales.

Asimismo, los bosques como recursos comunes requieren de estructuras institucionales complejas. En general, el mercado se origina para gobernar las transacciones entre actores y bienes privados y el gobierno emerge para resolver los problemas de los mercados y solucionar los problemas de acción colectiva (Bickers y Williams, 2001). Pero los gobiernos y los mercados son pasibles a fallas y errores. Entonces, más allá de los mercados y estados existen varias formas de asociación y redes de relaciones que son exitosas para resolver los problemas de acción colectiva (Ostrom y Walker, 1997). Es importante tomar en cuenta que la combinación apropiada de estos mecanismos institucionales ayuda a mejorar los dilemas sociales que emergen de los problemas de manejo de los comunes y evitan la tragedia de los comunes.

  1. Las complejas causas de la deforestación y degradación forestal.-

A nivel global existe una definición armonizada sobre la deforestación como es la conversión de los bosques a otros usos del suelo o la reducción en el largo plazo de la cobertura forestal de las áreas forestales debajo de un mínimo de 10%6. Por consiguiente, la deforestación ocurre cuando la cobertura de las tierras forestales es eliminada y, por ende, cambia su uso sobre todo hacia cultivos agrícolas o la implantación de pasturas (FAO, 2006). Por su parte, se entiende como degradación forestal a la reducción de la capacidad de los bosques para proveer bienes y servicios, cubriendo cambios en la estructura y dinámica de los bosques, funciones forestales, causas inducidas por los seres humanos y un estado de referencia (Simula, 2009). Este trabajo enfatiza la degradación forestal como resultado de la intervención humana para la extracción forestal, la que acontece mayormente en operaciones no manejadas.

No existe una relación causal clara entre los diferentes factores que influyen en la deforestación y degradación forestal (Lambin et al., 2001) y se ha sugerido que éstas suelen tener diferencias regionales que resultan de presiones diversas sobre los bosques dependiendo de condiciones de contexto diferenciadas. No obstante, actualmente es bastante aceptada en el mundo académico la distinción que se establece entre causas inmediatas y causas subyacentes, que influirían directamente en diferentes procesos que reemplazan los usos forestales por otros usos como por ejemplo, la expansión de la agricultura o ganadería que resultan en la remoción completa de los usos forestales del suelo, o la extracción forestal que llevaría a procesos de degradación forestal.

Un diagrama simplificado de la relación entre los orígenes de la deforestación y la influencia de las causas inmediatas y subyacentes se reproduce en la siguiente figura, el mismo que se basa en un marco analítico elaborado por Angelsen y Kaimowitz (1999).

El efecto de las causas inmediatas es bastante más claro que el de las causas subyacentes cuya influencia es más incierta y algunas veces contradictoria. Es aceptado que las causas directas que alientan la deforestación son todos aquellos factores que, en general, contribuyen a mejorar la rentabilidad de los usos alternativos del suelo, usualmente agrícolas y ganaderos, en comparación a los usos forestales. Por ejemplo, precios más altos para productos agrícolas y ganaderos, insumos y mano de obra más barata, costos de producción más competitivos, tecnologías que mejoran la productividad, son todos factores que estimulan la conversión de los bosques a usos agrícolas (Kaimowitz and Angelsen, 1998). Asimismo, es posible que aumenten las presiones de conversión si los bosques ofrecen beneficios económicos reducidos (Repetto and Gillis, 1988). En años pasados, los estados establecían políticas de incentivo (subsidios y crédito barato) para estimular el desarrollo de las fronteras agrícolas sobre tierras forestales, actualmente es mucho más decisiva la influencia de las fuerzas del mercado (Rudel, 2007).

Lambin and Geist (2002) han realizado un meta análisis bastante exhaustivo de las relaciones causales sobre la deforestación y degradación forestal. Ellos concluyen que son múltiples las causas que influyen en la conversión de bosques y su degradación, las que operan en dos niveles de causalidad. Estos autores, sitúan entre las causas subyacentes a aspectos vinculados con factores demográficos, económicos, tecnológicos, institucionales y culturales.

Entre las causas próximas o inmediatas se encuentran la expansión de infraestructura, la expansión agrícola y la extracción de madera. La siguiente figura presenta un recuento más detallado de los distintos factores mencionados anteriormente.

Es importante anotar que las causas de la deforestación y degradación tienen sustanciales diferencias regionales (Lambin and Geist, 2003), siendo  que en América Latina, la principal causa de conversión de bosques es la expansión de ganadería seguida por la importante dinámica que ha adquirido la agricultura comercial (principalmente para la producción de soya), aunque en algunos contextos se expande la pequeña agricultura (Wertz-Kanounnikoff et al., 2009). Por su parte, la intervención de bosques para la extracción maderera sin prácticas de manejo contribuye a la degradación forestal (Contreras, 2005). Estas presiones, sin embargo, ocurren dentro de condiciones específicas de tipos de bosques, y condiciones socio- económicas de desarrollo de las fronteras tropicales. Es importante tomar en cuenta estas condiciones en los análisis de las presiones sobre los bosques. Chomitz y colegas (2007) sugieren que se pueden identificar tres situaciones por la combinación de esas condiciones.

Paisajes forestales intervenidos con agricultura: corresponde a las zonas de mayor desarrollo de la frontera agrícola, donde los derechos de propiedad son relativamente mejor definidos, las densidades de población son mayores, y las áreas de producción se encuentran más cercanas a los  mercados, y el manejo forestal difícilmente puede competir con la agricultura o plantaciones forestales. Aunque los bosques son más fragmentados, las tasas de deforestación también son relativamente más altas.

  • Paisajes con fronteras en proceso de desarrollo: usualmente estas son zonas donde existen derechos de propiedad más inseguros, y diferentes actores compitiendo por acceder a las tierras, una mayor parte de las cuales son bosques. Existe también una importante presión sobre las especies maderables más valiosas, las que usualmente son una fuente importante de capital para financiar el desarrollo agrícola. Estas son tierras más alejadas de los mercados y enfrentan costos de transporte más altos.
  • Paisajes más distantes con bosques poco intervenidos: estos son paisajes que están mayormente cubiertos por bosques que han sido poco intervenidos, usualmente ocupados por poblaciones indígenas y comunidades tradicionales que ejercen una presión baja sobre los recursos forestales, aunque algunas sufren la presión de operaciones madereras selectivas interesadas en las especies madereras valiosas.

El desarrollo de las fronteras supone usualmente el paso entre las tres situaciones descritas, las que generalmente transitan de paisajes forestales poco intervenidos a fronteras con procesos de expansión agrícola, y de éstos a paisajes intervenidos con agricultura. Es de suponer que, acompañando este proceso de ocupación de los paisajes forestales, las intensidades y magnitudes de la deforestación tienden a aumentar. De forma complementaria, existe un número importante de trabajos que intentan explicar la localización de estos procesos o cuáles son los factores que explican dónde es que tienden   a ocurrir las transiciones de paisajes antes mencionadas. Al respecto se ha encontrado que son más relevantes variables biofísicas que facilitan el desarrollo de la agricultura (Chomitz and Thomas, 2001) siendo que retornos a la agricultura serían menores en áreas con precipitaciones muy altas (Schneider et al., 2000), y el rol desempeñado por los caminos en favorecer el acceso a tierras forestales (Alves, 2003; Pfaff, 1999).

  1. Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal REDD y mercados de carbono de los bosques.-

Qué es REDD? Los proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se diseñaron para persuadir a través de pagos a los propietarios rurales a la preservación de los servicios ambientales de los bosques o del medio ambiente en general. En este marco, la idea de contar con un mecanismo unificado de mercado para recompensar la absorción y secuestro de carbono ha tomado cuerpo en los debates internacionales en los últimos años. Esto se ha consolidado con la propuesta de REDD+ como parte de un proceso para detener la deforestación de los bosques tropicales. Es un esfuerzo por crear un valor financiero al carbono que está alojado en los bosques ofreciendo incentivos a los dueños de los bosques de los países en vías de desarrollo para reducir las emisiones de carbono.

La primera idea de REDD surgió durante las negociaciones del Protocolo de Kyoto el año 1997, reconociéndose la importancia de los bosques en la reducción de las emisiones de la deforestación. De acuerdo a las Naciones Unidas (GCP 2008) un momento importante fue logrado en la Conferencia de los Países-COP11 en Montreal el año 2005 cuando Papua Nueva Guinea y Costa Rica, apoyados por otros ocho países, propusieron un mecanismo para Reducir las Emisiones de la Deforestación en los países en vías de desarrollo, iniciándose un proceso para explorar las opciones para REDD. Sin embargo, no fue sino hasta la COP13 bajo el Plan de Acción de Bali donde se cimentó las bases para la formulación de la propuesta de REDD7. En la COP14 que se llevó a cabo en Polonia el año 2008 se desarrolló la expansión de REDD a REDD+, incluyendo no sólo actividades de deforestación sino también el rol de la conservación, manejo sostenible de los bosques y el crecimiento de las reservas de carbono de los bosques en los países en vías de desarrollo, de tal modo que los fondos REDD+ también puedan apoyar en la conservación de la biodiversidad y asegurar los servicios de los ecosistemas.

En la COP16 realizada en Cancún-México (diciembre de 2010) la mayoría de los países del mundo, con excepción de Bolivia, acordó la decisión de poner en marcha el mecanismo REDD+. Sin embargo, progresos en los detalles de este mecanismo, como son el monitoreo, transparencia y mecanismos financieros todavía no se han alcanzado. Por otra parte, se legitimó acuerdos bilaterales y multilaterales fuera del esquema de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) dejando fuera la idea de un mecanismo global unificado bajo un convenio internacional.

Algunos procesos multilaterales han sido diseñados para proveer de fondos a los países en vías de desarrollado interesados en la primera fase de REDD+, como son:

  1. a) La iniciativa Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial inaugurada el año 2007 con $us180 millones para apoyar en actividades de preparación a REDD trabajando con 37 países; b) el Programa de Naciones Unidades en REDD (UN-REDD) en el que se espera que 40 países preparen sus estrategias REDD; c) el Acuerdo París- Oslo (Noruega y Francia) que integra 58 países donantes y naciones en vías de desarrollo; y d) finalmente el apoyo directo de Noruega a algunos países en vías de desarrollo, principalmente Indonesia y Brasil (Agrawal, Nepstad, & Chhatre, 2011).

Asimismo, el Acuerdo de Cancún dividió la implementación de REDD+ en tres fases e invitó a los países desarrollados a apoyar a los países en vías de desarrollo en las dos primeras fases a través de canales bilaterales y multilaterales, de acuerdo al siguiente detalle: a) primera fase: los gobiernos desarrollan su capacidad institucional para diseñar sus estrategias REDD+ y actividades demostrativas con un fondo rápido para apoyar en el fortalecimiento institucional y de planificación; b) segunda fase: creación de un instrumento financiero que provee acceso a financiamiento REDD+ usando criterios definidos. En esta fase los gobiernos nacionales acceden a financiamiento REDD+ en el marco de resultados que no están necesariamente vinculados a reducción de emisiones (i.e. Brasil, Guyana, Indonesia y Tanzania); y c) tercera fase: el gobierno nacional está listo para participar en un financiamiento en el cual los fondos REDD+ están dirigidos de manera articulada a la verificación y medición de cambios en las emisiones de carbono de deforestación, degradación forestal y acumulación de carbono en los bosques. Todavía ninguna nación ha alcanzado esta fase (Agrawal et al. 2011).

Los argumentos que se han desarrollado a favor de REDD+ son varios, siendo los más importantes los que se presentan a continuación:

  • Los mercados voluntarios de carbono y los fondos financieros internacionales de carácter bilateral y multilateral basados en el mercado podrían impactar positivamente en los países en vías de desarrollo y en la vida de sus habitantes, ya que se trata de una oportunidad única para crear una base económica destinada a proteger los
  • Los mercados de carbono originados en los bosques podrían brindar una oportunidad permitiendo que se desarrollen mecanismos financieros en favor de los más pobres y que fluyan recursos entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.
  • Por lo tanto, REDD puede crear oportunidad es para que las poblaciones indígenas y comunidades forestales perciban ingresos adicionales a los que ya reciben en el marco de sus propias estrategias de

En este contexto REDD, luego de décadas de fallidas intervenciones en los bosques, puede constituirse en una efectiva transformación respecto a cómo los bosques son manejados en la medida en que puede afectar las causas de la deforestación mientras protege la biodiversidad y los derechos de las poblaciones locales.

  • Sin embargo, también se han detectado algunos obstáculos que pueden complicar la implementación de REDD en la práctica. Entre los factores más importantes se pueden distinguir los siguientes:
  • La complejidad de los proyectos forestales (estimaciones de carbono, monitoreo, e impactos en desarrollo sostenible).
  • Inexistencia de mecanismos estructurados para el comercio con bonos de derechos de emisión de carbono.
  • Retraso en las decisiones sobre mecanismos de desarrollo
  • El comercio europeo de emisiones no permite el uso de certificados de bosques.

A continuación se presentan los principales argumentos con relación a los mercados globales de carbono de los bosques y al mecanismo REDD+. Agrawal et al. (2011) mencionan que un proceso REDD+ más efectivo depende de la incorporación de estructuras de gobierno híbridas que combinen las relaciones entre el Estado, sociedad civil e instituciones de mercado, así como el desarrollo de mercados de carbono más grandes y más eficientes en los cuales las reducciones de emisiones de REDD+ puedan ser transadas.

Estudios arguyen que la sostenibilidad a largo plazo de REDD+ dependerá del desarrollo de un mercado que articule las emisiones-reducciones con programas del sector público y privado con compañías emisoras de Gases de Efecto Invernadero- GEI que deben reducir sus emisiones con transferencias de mercado. La ventaja de mercados de carbono regulados de acuerdo a  estos  autores  es que ellos tienen la potencialidad de otorgar financiamiento de forma más eficiente y más grande que los fondos de los países desarrollados, los que son más vulnerables a decisiones políticas e ineficiencias burocráticas (Neeff & Ascui, 2009). También se menciona que relativamente pocos intercambios han ocurrido en proyectos REDD+ aunque proyectos de reforestación han sido parte de los mercados de carbono en los pasados cinco años (Hamilton, Sjardin, M., Peters-Stanley, & Marcello, 2010). Se estima que a medida en que la reducción de emisiones sea incorporada de manera más firme en el cumplimiento de los mercados de carbono, la incertidumbre de regulación disminuya y en tanto se busque estrategias más  baratas de compensación y los proveedores encuentren formas más efectivas para proveer dichos créditos, será más probable que el tamaño del mercado de carbono en bosques se incremente significativamente (Agrawal et al. 2011).

Sin embargo, uno de los argumentos centrales en la posición en contra de los mercados globales de carbono de bosques es el desarrollado de forma certera por Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en el siguiente sentido: “Si se afirma que el capitalismo es la causa del calentamiento global y de la destrucción de los bosques, la selva y la Madre Tierra, entonces debe evitarse la expansión del capitalismo a la mercantilización de la naturaleza con el denominativo de “economía verde”… Es fundamental que todos los países del mundo trabajemos juntos para evitar la deforestación y degradación de los bosques y la selva. Es una obligación de los países desarrollados, y es parte de su deuda climática y ambiental, contribuir económicamente a la preservación de los bosques, pero NO a través de su mercantilización. Hay muchas formas de apoyar y financiar a los países en vías de desarrollo, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que contribuyen a la preservación de los bosques”8.

En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre los Derechos de la Madre Tierra y Cambio Climático realizada en Tiquipaya, Cochabamba los pueblos y organizaciones sociales del mundo se han opuesto a la implementación del esquema REDD+ debido fundamentalmente al peligro que tiene en la mercantilización de la naturaleza y de los hábitats, es decir en la utilización de los bosques como mercancías (commodities)9. También, en este sentido, se ha planteado que los mercados de carbono reducen muy poco las emisiones de carbono y otros Gases de Efecto Invernadero, destruyen la soberanía de los pueblos y países, y promueven un intercambio desigual, generando especulación financiera.

A continuación se presentan los argumentos del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, coincidentes con el de las organizaciones sociales del mundo, en contra de la implementación de la iniciativa REDD+, de acuerdo al siguiente detalle:

  • La Madre Tierra no está en venta así como los bosques que forman parte de REDD+ constituye el primer paso para avanzar en la completa mercantilización de la naturaleza, extendiendo el capitalismo hacia una dimensión todavía poco explorada y poniendo en riesgo –bajo la lógica del consumo sin límites– la vida en la Madre Tierra.
  • REDD+ está transfiriendo las responsabilidades de reducción de emisiones de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo por lo que la reducción de emisiones no realizada en el norte se compensará con la conservación de los bosques en el Sin embargo, si los países desarrollados fallan en reducir las emisiones domésticas de carbono los bosques tropicales también se encontrarán en grave riesgo debido al mayor calentamiento del planeta.

REDD+ significa la pérdida de soberanía de los Estados en el marco ésta iniciativa ya que estaría sometiendo a los bosques del Sur a nuevas formas de apropiación en manos de los especuladores del mercado de carbono o de los servicios ambientales.

  • También se cuestiona el hecho de que no se puede reducir los ecosistemas amazónicos a meros bosques y menos aún a simples reservorios de
  • REDD+ en su calidad de instrumento de mercado tenderá a transformar a los actores sociales de la Amazonía en simples oferentes de “servicios ambientales” perdiendo de vista al bosque como un sistema de
  • Finalmente, entre otros cuestionamientos está el de cómo hacer compatible la reducción de la deforestación con la conservación de los bosques en tanto que REDD+ puede convertirse en un premio a los
  • Entonces, es demasiado riesgoso e irresponsable dar lugar a una iniciativa con todavía importantes problemas conceptuales y operacionales10.

En un taller realizado con el Programa Nina en la localidad de Riberalta (noviembre de 2011)11 se preguntó a los participantes de base y dirigentes de sus comunidades si estaban dispuestos a realizar relaciones transaccionales con países en vías de desarrollo relativas a  la absorción de carbono en sus bosques en el marco de REDD+. De un total de 65 participantes, 28 mencionaron que no estaban dispuestos a hacerlo, 20 votaron en blanco, el resto se abstuvo de votar y solamente 8 personas querían hacer negocios en esta dirección. Aquellos que no estaban dispuestos a hacerlo eran muy críticos con la alternativa de mercantilizar las relaciones con los bosques. Cuando se discutió una propuesta con soberanía, donde las reglas del juego de la conservación de los bosques eran establecidas por el país y se establecía el concepto del pago de la deuda climática, cerca del 90% de personas manifestaron su predisposición a negociar con los países desarrollados.

Entonces es preciso a nivel nacional y mundial avanzar en una propuesta de conservación de los bosques que apunte a la desmercantilización de las relaciones entre los hombres y la naturaleza, incorporando en la misma otro tipo de elementos como son esquemas de incentivos y motivadores de comportamiento más amplios, esquemas de gobierno más complejos que incorporen Estado, mercado y acción colectiva, sanciones y control, nuevas relaciones de confianza y reciprocidad entre países y la identificación de los países que son cooperadores condicionales.

Esto supone decir que por conservar los bosques (cuidar y respetar a la Madre Tierra) no se debe realizar ningún pago o compensación que profundice las relaciones mercantiles de los bosques pero sí exigir por el derecho que tienen los dueños de los bosques al pago de la deuda climática para la creación de condiciones, capacidades y equilibrios para la construcción de un nuevo Modelo de Comunidades Sustentables.

Ahora bien, las salvaguardas dispuestas en el apéndice I del Acuerdo de Cancún aplicables a los enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones sobre REDD+ tienen como objetivo disminuir las críticas a este mecanismo.

  1. Esbozo de una propuesta alternativa a REDD+: Comunidades Sustentables

De acuerdo a Agrawal et al. (2011) es necesario incorporar en el enfoque de REDD+ las lecciones aprendidas en los temas de desarrollo rural, alivio de la pobreza y gobernanza de recursos. El éxito de REDD+ dependerá de acuerdo a estos autores en su habilidad de lograr cambios sistemáticos en políticas públicas (incluyendo aquellas de la agricultura, transporte, energía y minería) para incidir en las causas directas de la deforestación. Además, dichos autores mencionan que REDD+ tiene el potencial de unir los paradigmas de la conservación ambiental y desarrollo rural pero, la realización de este potencial depende de su expansión hacia el desarrollo rural y alivio de  la pobreza, así como la integración de las lecciones del pasado sobre desarrollo rural, gobernanza de recursos y conservación en el diseño de las iniciativas REDD+ que son fundamentales en la consolidación de un esquema de desarrollo rural bajo en carbono (Agrawal et al. 2011).

Sin embargo, por la naturaleza propia de REDD+ es muy difícil asignar a este mecanismo un rol de catalizador de cambios en el campo del desarrollo rural y alivio a la pobreza y menos aún una influencia en las políticas extra forestales. Esto  supondría confiar plenamente en el rol del mercado como el único instrumento para influir en los cambios del sector forestal, ya que REDD+ básicamente está alterando temporalmente el funcionamiento de los mercados al asignar un valor al bosque natural, por lo mismo en el razonamiento de los dueños de los bosques será mejor negocio conservar el bosque que deforestar. De este modo no puede existir un mecanismo REDD+ sin mercado, porque el mercado está en el centro del funcionamiento de REDD+12.

En este contexto, los autores anteriores están pidiendo que REDD+ (un mecanismo de mercado) cumpla con roles que están fuera de su alcance. Hemos visto en una sección anterior que los incentivos financieros no son los únicos incentivos en la solución de los dilemas sociales en los recursos comunes y que para alcanzar resultados se requieren arreglos institucionales que van más allá de los mercados, por lo que es necesario tomar en cuenta otros arreglos institucionales como los del Estado y la acción colectiva de la sociedad.

Entonces, el mundo no requiere una propuesta que amplíe el potencial de REDD+ sino que se empiece a discutir y operar las bases de una propuesta integral y alternativa a REDD+ donde el mecanismo de conservación de bosques no tenga como columna vertebral el mercado sino que éste se desarrolle sobre un esquema más amplio de gobernanza ambiental y de incentivos, y en el marco de una propuesta más amplia que favorezca el desarrollo integral y sustentable de las comunidades dueñas de los bosques.

En los países en desarrollo nos encontramos ante un desafío central que es el de construir un nuevo paradigma de desarrollo que supere definitivamente la marginalidad de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y agricultores familiares, y avance en el fortalecimiento de modelos de desarrollo sustentables13 que se basan en el manejo integral y sustentable de los bosques y de los ecosistemas. Estos modelos constituyen un aporte significativo de los países del Sur frente al calentamiento global ya que garantizan procesos de adaptación más rápidos y baratos frente a los modelos de desarrollo convencionales y, permiten reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de las sociedades y países de América del Sur en la transición hacia su propio “desarrollo”.

El modelo de desarrollo de Comunidades Sustentables se basa en el fortalecimiento de sistemas productivos que se desenvuelven en el marco de una alta responsabilidad ambiental y social, que manejan procesos energéticos eficientes y están basados en el manejo integral y sustentable de los recursos naturales.

Estos aspectos en conjunto permiten desarrollar  economías con bajos niveles de emisión de Gases de Efecto Invernadero que no dañen la estabilidad de la atmósfera nivel planeta. En este contexto, la conservación de los bosques es una parte importante pero no engloba todos los desafíos que hacen a una Comunidad Sustentable, lo que envuelve además aspectos de fortalecimiento y desarrollo institucional, manejo integral de bosques, y desarrollo de sistemas productivos que garantizan las funciones ambientales, sociales, económicas y culturales del bosque.

El desarrollo de Comunidades Sustentables, sin embargo, sólo puede darse en un contexto de justicia climática14 ya que los sistemas productivos se encuentran seriamente amenazados por las presiones que a su vez promueven modelos convencionales de desarrollo y ocasionan la fragmentación y estancamiento de sistemas de producción más sustentables. Por lo tanto, sólo en un contexto de justicia climática se podrán crear las condiciones mínimas para consolidar estos modelos como alternativas reales no sólo frente al cambio climático sino para la reproducción de la sociedad y la protección de las funciones ambientales en los países de América del Sur.

En resumen, un modelo alternativo a REDD+ o que coloca a REDD+ como parte de un desafío más amplio que es el de la constitución de Comunidades Sustentables debe permitir remover los problemas estructurales que discriminan los modelos de desarrollo sustentables de América del Sur y las amenazas del cambio climático.

Esto supone el desarrollo de condiciones favorables para garantizar, en un contexto de crisis climática, la consolidación de procesos de manejo integral y sustentable de los recursos naturales y ecosistemas por parte de las sociedades rurales de América del Sur, aunque con fuertes presiones y amenazas externas, y garantizar la conversión de sistemas productivos más depredadores de la naturaleza hacia prácticas más sustentables.

Entonces, los procesos de justicia climática deben apoyar a reducir las presiones negativas que afectan a estos modelos de desarrollo rural y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, permitiendo el surgimiento de modelos de desarrollo y económicos más adaptados localmente a la realidad de los productores y a sus procesos culturales.

A continuación se realiza una comparación entre los principales aspectos que diferencian a REDD+ de una propuesta de Comunidades Sustentables.

Objetivo general. En el marco de REDD+ el objetivo central es el de garantizar la absorción de carbono de los bosques activando un mecanismo financiero mixto en discusión (vía mercados globales de carbono y transferencias de fondos intergubernamentales). Es un objetivo limitado, por lo mismo, a una de las funciones ambientales del bosque que es la absorción de carbono y a un mecanismo institucional que es el mercado. El modelo de comunidades sustentables, por otra parte, se basa en el fortalecimiento del manejo integral de los bosques en el marco de prácticas estatales de mercado y de acción colectiva de la sociedad. Sin embargo, se opone al funcionamiento de los mercados globales de carbono para los bosques, que permiten incumplir sus reducciones domésticas a los países desarrollados y que en los hechos siguen subvencionando el modelo de estos países fuertemente consumista y depredador de la naturaleza. Por lo mismo, promueve que la base para el apoyo internacional a esta propuesta son los fondos intergubernamentales como parte del pago de la deuda climática.

Función ambiental de los bosques. El mecanismo REDD+ está orientado a separar la función ambiental de los bosques de sus otras funciones. En los mecanismos operacionales diseñados para este propósito lo que usualmente se realiza es identificar áreas específicas de protección de los bosques para el control de la absorción de carbono, por lo que se retorna a un paradigma convencional proteccionista y conservacionista donde la presencia de las personas es dañina para los bosques. Esto quiere decir que existen áreas de bosques con funciones ambientales de absorción de carbono y otras áreas con otras funciones de carácter económico. A su vez, el modelo de Comunidades Sustentables tiene la visión de que los bosques cumplen al mismo tiempo múltiples funciones donde no se separan los aspectos sociales, económicos y ambientales del mismo sino que se tiende, por el contrario, a su integración. En este paradigma, la presencia de las personas en el manejo integral de los bosques es garantía de su conservación.

Monitoreo e información. Tomando en cuenta que el interés de REDD+ es el de conservar los bosques para garantizar la absorción de carbono, estese enfoca en avanzar específicamente en el diseño de cálculos de niveles referenciales de carbono de acuerdo a los tipos de bosques. En el modelo de Comunidades Sustentables se parte de la necesidad de identificar un paquete de indicadores que hacen al manejo integral de los bosques y a la regeneración de los mismos, que incluye inventarios forestales así como información sobre procesos y áreas críticas de deforestación; sin embargo, también avanza con información sobre derechos propietarios, capacidades institucionales locales y datos sobre pobreza y seguridad alimentaria.

Marco legal. REDD+ funciona a través de un instrumento central de mercado como es el contrato, que es un acuerdo de transacción que se deriva del pago por la entrega de un bien o carbono almacenado por los bosques. Por el contrario, el modelo de Comunidades Sustentables funciona en el marco del cumplimiento de los derechos, obligaciones del Estado y deberes de la sociedad civil, lo que supone la intervención del Estado en varios niveles de gobierno así como el impulso a procesos de acción colectiva de la sociedad. Asimismo, supone la activación de mecanismos financieros y fiscales del nivel central del Estado para garantizar la sanción a quienes incumplen con sus obligaciones (o compromisos asumidos en el marco de sus responsabilidades). Sin embargo, también supone activar mecanismos que garanticen los derechos de la sociedad para avanzar en el manejo integral y sustentable de los bosques.

Mecanismos financieros. En REDD+ el mercado se encuentra en el centro de este modelo, por lo mismo se prevé un pago o compensación financiera a los dueños de los bosques de acuerdo al cumplimiento de sus compromisos de conservación. En el caso del modelo de Comunidades Sustentables se realizan apoyos financieros directos de acuerdo a la disponibilidad de recursos (que no son compensaciones o pagos) a organizaciones comunitarias en el marco de una lógica de quid pro quo (algo a cambio de algo). Además, este apoyo debe contemplar el cumplimiento de indicadores estructurales referidos  al alcance de un modelo energético sustentable e indicadores específicos de conservación de los bosques (i.e. deforestación y degradación forestal). Asimismo, el Estado deberá organizar un sistema de fortalecimiento integral de sistemas productivos en áreas de mayor riesgo, enfocado a la promoción de productos, mercados y control de incendios para la consolidación del manejo integral del bosque. Entonces, se trata de activar simultáneamente más mecanismos de Estado y acción colectiva.

En definitiva el mecanismo REDD+ está armado para valorizar (mercantilizar) los bosques a través de un pago anual (en el marco de un contrato de largo plazo) de acuerdo a un valor por hectárea del bosque vinculado en definitiva a su capacidad de absorción de carbono. En el modelo de Comunidades Sustentables se avanza en la dirección contraria, es decir en la desmercantilización de las relaciones entre la población local con la naturaleza. Por lo tanto, el apoyo financiero a las comunidades constituye parte de un deber estatal (en la lógica del quid pro quo) previo cumplimiento de los dueños de los bosques de sus deberes de consolidación de una comunidad sustentable (incluye conservación de bosques). Este apoyo financiero está completamente desvinculado del valor del bosque y se asigna de acuerdo a la disponibilidad nacional de recursos financieros y en el marco de un ranking nacional de Comunidades Sustentables.

Entonces, el avance hacia la implementación de un modelo de Comunidades Sustentables supone tomar en cuenta las siguientes condiciones básicas en la visión y gestión de los gobiernos:

  • 1.
    Derechos de la Madre Tierra, obligaciones del Estado y deberes de la Los Estados y sociedades deben tener claridad respecto a cuáles son sus principales derechos; las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad con relación a la conservación de la Madre Tierra y de los bosques deben ser específicas.
  • 2.
    Políticas de manejo integral y sustentable de los bosques. Es necesario tomar en cuenta que en el centro del modelo se encuentra la promoción y consolidación de un enfoque de manejo integral y sustentable de los bosques que permita una mayor diversificación de las actividades productivas y el cumplimiento de sus múltiples.

Funciones ambientales:

  • 1.
    Derechos de propiedad claros y seguros sobre la tierra y los Los países deben avanzar de forma seria en procesos de reconocimiento y clarificación de los derechos propietarios sobre los suelos forestales y bosques, sobre todo en áreas de expansión de la frontera agrícola, y en los mecanismos que permitan asegurar y defender sus derechos propietarios.
  • 2.
    Desarrollo de sistemas de información y monitoreo. Es necesario que se cuente con información y monitoreo sobre aspectos de carácter estructural (derechos propietarios, capacidades institucionales, seguridad alimentaria, pobreza, regeneración de los bosques) y aspectos específicos (deforestación y degradación forestal).
  • 3.
    Movilización de recursos propios y soberanos de los países y, apoyo financiero internacional. En un esquema de control de las presiones externas que influencian el fortalecimiento de modelos convencionales de desarrollo es imperioso que los países en desarrollo generen sus propios mecanismos soberanos de asignación de recursos a esta iniciativa. Sin embargo, no debe descartarse que los países desarrollados tienen que apoyar la iniciativa de fortalecimiento de Comunidades Sustentables a través del pago de su deuda climática.
  • 4.
    Enfoque de intervención plurianual a corto, mediano y largo

La construcción de un modelo de Comunidades Sustentables implica desarrollar y orientar políticas, planes, programas y proyectos que tengan tres horizontes de intervención, de acuerdo al siguiente detalle: i) corto plazo: conservación de los bosques;

  • 1.
    Mediano plazo: fortalecimiento de modelos energéticos sustentables (niveles meso); y iii) largo plazo: cambio de la matriz energética nacional (nivel macro).
  • 2.
    Cambio en el modelo de Los Estados, para avanzar en el modelo de Comunidades Sustentables, deben realizar un cambio en el modelo de incentivos basados exclusivamente en la compensación financiera a otro tipo de incentivos que no estén necesariamente orientados en las relaciones mercantiles y de mercantilización de los bosques. Esto implica la puesta en marcha de incentivos más amplios, como ser: apoyo financiero flexible, incentivos motivacionales y sanción fiscal, moral y social.

Control de los efectos de las políticas extraforestales y energéticas sobre los bosques. No se podrá avanzar de forma sostenida en la constitución y fortalecimiento de Comunidades Sustentables si es que no se toman en cuenta de forma explícita la identificación y cambio de las políticas por fuera del sector forestal que afectan a su conservación. En este sentido, deben considerase las interacciones de las políticas económicas, hidrocarburiferas, mineras, agrarias, productivas y en general de infraestructura y su efecto sobre los bosques.

  1. Bolivia y el potencial para el desarrollo de Comunidades Sustentables

En conjunto se evalúa que Bolivia presenta un conjunto de oportunidades y potencialidad es para la implementación de un modelo de Comunidades Sustentables que pueda rápidamente constituirse en una alternativa a REDD+ desde una visión soberana y sin dependencia de presiones externas articuladas a la implementación de REDD+. Esto puede tener un impacto importante en la conservación de los bosques, sin embargo, se requiere ajustar contradicciones internas para orientar todas las intervenciones hacia un solo objetivo: fortalecer y consolidar Comunidades Sustentables con bosques.

A continuación se realiza una descripción más detallada de las oportunidades, limitaciones y problemas que se presentan en el Estado Plurinacional de Bolivia con relación a la potencial implementación del modelo de Comunidades Sustentables desarrollado en la sección anterior.

Derechos de la Madre Tierra, obligaciones del Estado y deberes de la sociedad. En Bolivia existe un marco legal importante que permite clarificar las responsabilidades del conjunto de actores públicos y privados con relación a la conservación y manejo sustentable de los bosques. La Ley de la Madre Tierra dispone que ésta tiene derechos, entre otros, al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como a las capacidades y condiciones para su regeneración. Son obligaciones del Estado Plurinacional, entre otras, desarrollar políticas para defender a la Madre Tierra en el ámbito plurinacional e internacional de la sobreexplotación de sus componentes, de la mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los sustentan y de las causas estructurales del Cambio Climático Global y sus efectos. Son deberes de las personas defender y respetar los Derechos de la Madre Tierra.

En esta dirección, la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (Ley No. 031 de 19 de julio de 2010) han establecido las competencias principales de los diferentes niveles del Estado y de las entidades territoriales autónomas sobre los bosques. Así, es una competencia exclusiva del nivel central del Estado la política forestal y el régimen general de suelos, recursos forestales y bosques, y elaborar y ejecutar el régimen de áreas protegidas, así como las políticas para la creación y administración de las áreas protegidas en el país (CPE. Art. 298, II.7 y 19). También se dispone que el nivel central del Estado cree de forma exclusiva los mecanismos de cobro por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (CPE. Art. 298.II.4). Asimismo, se establece que es una competencia concurrente del nivel central y las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales la conservación y protección de suelos, recursos forestales y bosques (CPE. Art. 299, II.4).

Políticas de manejo y gestión integral y sustentable de los bosques. El Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia “Bolivia Digna, Productiva, Soberana y Democrática” del año 2006 estableció una diferencia sustantiva entre el régimen forestal neoliberal y el nuevo modelo que tiene que ver con un cambio predominantemente maderable hacia otro que privilegia el manejo integral de los bosques.

A su vez, en el año 2007 el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente-MDRAyMA (actualmente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras- MDRyT) formuló el Plan Sectorial para la Revolución Rural, Agraria y Forestal en el que se plantea que la Revolución Forestal se sustenta en el aprovechamiento integral y sustentable de los bosques y recursos de la biodiversidad, pasando de una visión agrarista del desarrollo rural hacia otra visión más integral, otorgando un rol protagónico a los recursos forestales. Luego, en el año 2008 se aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de los Bosques que constituye una propuesta para reconducir el proceso forestal boliviano, a partir del reconocimiento de las funciones múltiples de los ecosistemas forestales articulando estrechamente el desarrollo forestal basado en principios de desarrollo integral, plural, sustentable, competitivo e incluyente. Finalmente, la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático se basa en los postulados anteriores.

Derechos de propiedad sobre tierra y bosques. En Bolivia se inició el proceso de saneamiento de la propiedad agraria el año 1996, mismo que se ha desarrollado en el país hasta la actualidad con varias dificultades y en el marco de un proceso burocrático y costoso, que ha tenido resultados más visibles a partir del año 2006. Inicialmente se tuvo previsto concluir el saneamiento en un plazo de diez años (hasta el año 2006) y luego se realizó la ampliación del mismo hasta el año 2013, aunque se estima que será difícil cumplir con esta meta.

Bolivia tiene una superficie de 47 MM de hectáreas de bosques, ubicados principalmente en las tierras bajas. Asimismo, tiene una superficie a ser saneada de 106.751.722 hectáreas, de la cual ya se han saneado 54.927.533 hectáreas (51.4% de la superficie total) y existe una superficie en proceso de saneamiento de 10.557.766 hectáreas (9.89%). Por lo mismo, resta sanear en el país una superficie de 41.266.423, es decir el 38.66% (INRA 2010). Entonces, una parte importante de los bosques ya cuenta con proceso de saneamiento aunque en dimensiones difíciles de calcular.

Desarrollo de sistemas de información y monitoreo. Bolivia no cuenta con un sistema de información y monitoreo centralizado. Actualmente se ha constituido y está en funcionamiento el Sistema Único Nacional de Información de la Tierra-SUNIT bajo dependencia del Viceministerio de Tierras que consolida y administra información sobre recursos naturales, se tiene un sistema de información sobre bosques en la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras-ABT y se ha constituido recientemente un Observatorio Agroambiental en el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Pese a ello, no existe todavía un sistema centralizado y de carácter público en el país que realice un balance periódico y permanente sobre el manejo integral del bosque, capacidades institucionales, pobreza y seguridad alimentaria en Bolivia.

Movilización de recursos propios y apoyo internacional. Bolivia asigna aproximadamente $us 386 MM anuales por concepto  de  Impuesto  Directo a los Hidrocarburos-IDH para los Departamentos y Municipios y del país y cerca de $us 1.700 MM anuales por concepto de regalías hidrocarburíferas (datos al año 2010)15. Esto supone decir que anualmente el país distribuye cerca de $us 2.000 MM procedentes de los ingresos que resultan de la producción hidrocarburífera.

Estos recursos están actualmente distribuidos de forma bastante compleja entre los diferentes departamentos y municipios del país, concentrándose una buena parte de las regalías en las tierras bajas de Bolivia, región que concentra la mayor parte de la superficie de bosques del país. La región del bosque chaqueño (Departamento de Tarija) concentra el 52.1% de las regalías; la región del bosque chiquitano el 19.5% (Departamento de Santa Cruz) y el bosque amazónico el 8.3% (Departamentos de Pando y Beni).

Entonces, el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con recursos financieros destinados al desarrollo departamental y municipal que difícilmente pueden ser movilizados de forma directa hacia los objetivos de constitución de Comunidades Sustentables, aunque sí se puede incorporar un criterio adicional de cumplimiento de indicadores estructurales y específicos para su movilización hacia objetivos de conservación del bosque.

Esto significaría que departamentos y municipios que incumplen con estos indicadores serían sancionados con un descuento automático de estos ingresos (IDH y regalías) para su redistribución directa por parte del nivel central del Estado hacia las comunidades que sí han cumplido con estos indicadores en función a un ranking nacional. En este sentido, el país podría movilizar importantes recursos públicos con criterios de conservación de bosques y consolidación de modelos energéticos sustentables, es decir de fortalecimiento de Comunidades Sustentables.

Enfoque de intervención plurianual a corto, mediano y largo plazo. Bolivia no cuenta con una Ley de bosques y energía actualizada y menos con programas  y planes plurianuales, aunque está en proceso de elaboración de esta normativa. Por lo mismo, no existen lineamientos que permitan orientar las intervenciones gubernamentales en este sentido.

En todo caso, la política energética boliviana es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. Datos para la gestión 2007 muestran a Bolivia como un país productor de hidrocarburos y exportador de gas natural, encontrándose la oferta interna de energía primaria compuesta principalmente por gas natural y petróleo condensado, representando éstos el 81%. El gas natural constituye la mayor fuente de energía primaria en Bolivia y más del 80% del gas natural que se produce es exportado. Asimismo, el 71,5% del consumo final está constituido por los hidrocarburos (MHE, 2010).

Cambio en el modelo de incentivos. Las organizaciones sociales en Bolivia presentan criterios divergentes con relación a la temática REDD+ y a los incentivos a ser implementados  en la conservación de los bosques. La CIDOB ha planteado la necesidad de articularse con los mecanismos REDD+ basados en el mercado “autorizando a sus regionales a suscribir convenios con el Banco Mundial y otros organismos internacionales para financiar distintos programas REDD+ y otros asociados a los servicios ambientales”16. La CONAMAQ ha propuesto respaldar la conformación del Fondo Verde para apoyar las acciones sobre cambio climático en el país, de carácter inmediato y retroactivo por concepto de la deuda histórica aunque con fuentes de financiamiento públicas, nuevas y adicionales a la actual ayuda al desarrollo17. Sin embargo, el gobierno ha reiterado la necesidad de negociar el tema de las compensaciones internacionales a la conservación de los bosques en el marco de la posición de la Conferencia Mundial de los Pueblos que como se mencionó anteriormente establece el rechazo rotundo al mecanismo REDD+.

Actualmente se vienen diseñando programas de incentivos de compensación financiera, derivados del esquema REDD+, por los cuales las comunidades que protegen áreas de bosques recibirían un pago o compensación por hectárea de bosque. En este sentido las ONGs internacionales han venido trabajando en la Amazonía Norte Boliviana (i.e. CARE, The Nature Conservancy- TNC18 y Conservación Internacional) promoviendo un mecanismo de compensación bajo la lógica REDD+ e imitando el modelo ecuatoriano del Socio Bosque. Finalmente, este modelo ha sido asimilado por la Gobernación de Pando para su implementación con el apoyo financiero de TNC.

Entonces, es precisamente el desafío del gobierno nacional cambiar esta lógica de incentivos que reproducen el esquema REDD+ y que a falta de una política clara gubernamental ya están siendo diseñados para su implementación en los ámbitos departamentales con influencia de ONGs internacionales que respaldan los mecanismos y el modelo REDD+.

Políticas extra forestales y energéticas. No existe una discusión en el país sobre la reducción de los impactos de las políticas extra forestales sobre la conservación de los bosques. Entonces en Bolivia queda mucho por hacer con relación a este tema, en tanto que las políticas públicas sectoriales todavía no han asimilado un enfoque de conservación de los bosques. Es importante tomar en cuenta que la propuesta de Ley de Derechos de la Madre Tierra (versión larga) 19 consensuada entre el Pacto de Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación propone la construcción de un modelo ecológico plural en el cual la satisfacción de las necesidades económicas tiene que ser compatible con las necesidades de regeneración de la Madre Tierra. La implementación de este nuevo modelo económico-ecológico o ecológico-plural podrá permitir el desarrollo de actividades económico- productivas y de construcción de infraestructura en el marco de la cuantificación de la valoración integral de los sistemas de vida, y la continuidad, la restitución y restauración de sus equilibrios.

  1. Conclusiones.-

La propuesta de reducción de emisiones por concepto de deforestación y degradación forestal incorpora la visión de los países desarrollados para la expansión de los procesos de mercantilización hacia los bosques en el contexto del cambio climático. No quedan dudas de que se ha construido un mecanismo a la medida de los países desarrollados y aprovechando la necesidad de recursos financieros de los países y poblaciones locales dueñas de los bosques. Sin embargo, caer en la tentación de los recursos financieros disponibles a través de este mecanismo no soluciona el dilema central de los bosques y sus pobladores: combatir las presiones que influyen en la conversión del uso del suelo forestal a actividades agrícolas y ganaderas. Esto porque para tener algo de éxito en el manejo de dilemas sociales que se refieren a problemas de tragedias de los comunes es necesario desarrollar mejores incentivos y mecanismos institucionales más allá de los mercados. Como se ha expuesto en este documento el mecanismo REDD+ se basa centralmente en intervenir en los mercados para valorizar los bosques y competir con otros usos de los suelos forestales. Desde nuestra perspectiva y de la población local este enfoque es insuficiente, limitado y reduccionista y no permitirá solucionar el problema de los bosques y de las poblaciones locales dueñas de los bosques.

En este sentido, en este documento se ha explorado un esbozo de propuesta alternativa al esquema REDD+ basado en la constitución y fortalecimiento de Comunidades  Sustentables,  en  el intento de aportar a un esquema que cambia la lógica de asignación de los incentivos financieros, incorpora mecanismo institucionales más diversos y responden mejor a un esquema de administración de bienes comunes: estatales, de mercado y de acción colectiva, e incorpora un conjunto de acciones que deben desarrollarse de forma simultánea y progresiva para garantizar el desarrollo de Comunidades Sustentables con impactos directos en la emisión de carbono y el cambio climático. En este esquema se respetan los principios básicos de no profundizar la mercantilización de la Madre Tierra y no consolidar un mecanismo que distraiga las responsabilidades de los países desarrollados en la reducción de emisiones en sus propios países.

Asimismo, se han explorado las oportunidades, limitaciones y desafíos para la implementación de este modelo en el Estado Plurinacional de Bolivia, concluyéndose de que en Bolivia existe el marco legal y político apropiado para avanzar en esta dirección, así como potencialidades que resultan de los avances realizados en un conjunto de condiciones que parecen ser necesarias para la implementación de este modelo, aunque la limitación más importante es el problema interno en la orientación de las políticas nacionales más relevantes en el entendido de que Bolivia tiene una matriz energética enormemente dependiente de los combustibles fósiles y existen todavía contradicciones importantes en las políticas sectoriales con relación a la conservación de los bosques como recursos estratégicos del país.

Cambio Climático y el uso de los Indicadores del Clima en la Agricultura de Los Andes

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Manuel Aníbal Velásquez Carreño

art 7

Resumen.-

Los indígenas y campesinos andinos cuentan con estrategias productivas que les permiten afrontar los riesgos climáticos propios de las agroecologías de alta montaña. Entre estos recursos tecnológicos desarrollados están los indicadores climáticos ancestrales que les permiten pronosticar el clima para poder planificar las actividades agrícolas durante el año.

Los  indicadores  climáticos   utilizados por  los  productores   agrícolas   han sido clasificados en tres grupos: Los indicadores biológicos, indicadores atmosféricos o físicos y los indicadores astronómicos. Estos indicadores varían de una región a otra, aunque existen algunos principalmente los atmosféricos o físicos que pueden tener un alcance más regional.

La información recogida del comportamiento del clima a través de los indicadores del clima está estrechamente relacionada con la utilización de los calendarios   agrícolas   que   determinan las épocas de lluvia, sequía y de frio. El conocimiento sobre el comportamiento del clima que proporcionan los indicadores  determina  las  variaciones de estas épocas, es decir si se adelanta o  retrasan  las   lluvias,   las   heladas   o la  época  seca.  Tener   conocimiento de  esta  información  es   fundamental en el momento de tomar decisiones durante las actividades agrícolas, principalmente para la siembra de eso depende la combinación de un complejo sistema de estrategias productivas como por ejemplo la utilización de una determinada variedad de semilla, o la siembra en una determinada parcela por las particularidades que tiene el tipo de suelo.

Este sistema variable que han desarrollado los indígenas y campesinos frente a la variabilidad climática es lo que ha permitido hasta el presente reducir los riesgos, como una mala cosecha o la pérdida de un determinado cultivo.

El cambio climático en nuestro país, que se evidencia en una aceleración del  incremento  de  temperatura,  en  el derretimiento de los glaciares y en los eventos de El Niño, ha causado desastres manifestados por sequías, inundaciones y heladas que han afectado las regiones agrícolas. En este contexto, la lectura de los indicadores del clima que  realizan los agricultores está atravesando por una situación de poca confiabilidad al cambiar los patrones normales del clima; dichos indicadores según la versión de los indígenas y campesinos, “están fallando en la predicción”, ocasionando una mayor incertidumbre en la producción e incrementando el riesgo para la seguridad alimentaria de la familia campesina y también de las ciudades.

Palabras clave: Indicadores climáticos; clima; efectos del cambio climático; agricultura

Introducción.-

El cambio climático es un hecho global que afecta varias dimensiones de la vida, como la salud, la energía, el transporte, las actividades económicas y la agricultura. Sus efectos no son iguales para todos, pues en mayor grado afectan a los sectores o poblaciones más vulnerables como las poblaciones  indígenas  y  campesinas. Esta razón ha motivado el desarrollo del presente artículo y a poner atención en este sector, principalmente a través de una reflexión sobre los indicadores del clima que utilizan las comunidades indígenas y campesinas de la región andina de Bolivia para pronosticar el clima y planificar las actividades agrícolas en un contexto de cambio climático.

Las predicciones  de las comunidades indígenas  y  campesinas  de  la  región andina en nuestro país  respecto  al clima están basadas principalmente en indicadores del clima ancestrales  que se  han  difundido  como  experiencias de generación en generación. Estos conocimientos han sido sistematizados a partir de la oralidad y la construcción de calendarios agrícolas que son utilizados en las comunidades para desarrollar sistemas complejos de prácticas agrícolas en función de controlar la variabilidad climática en la agricultura de altura. Estos conocimientos se han desarrollado en un contexto de variaciones climáticas y no así de cambio climático.

En este sentido, el trabajo consiste en realizar una aproximación a la utilización de los indicadores climáticos ancestrales en un contexto de cambio climático, que nos permita develar los problemas que han empezado a surgir en las prácticas agrícolas, ¿Cómo el cambio climático afecta en las señales  e  interpretación de los indicadores del  clima?  Si  bien no existen  muchas  investigaciones al respecto, sí se cuenta con  testimonios de agricultores que manifiestan que los indicadores referidos ya no son muy confiables.

  1. Percepciones del cambio climático y su impacto en la agricultura.-

La temperatura  superficial  promedio del planeta en los últimos 150 años ha sufrido una elevación desde el año 1850, debido principalmente a las  emisiones de gases de efecto invernadero que se han generado sobre todo por razones antropogénicas. El periodo de 1995 y 2006 ha sido clasificado como uno de los de mayor grado de calor. La temperatura superficial media desde 1950  aumentó en 0,7± 0,19° C y la tendencia muestra que este fenómeno se ha acelerado en los últimos 50 años (IPCC, 2007).

Si bien Bolivia contribuye poco al cambio climático, sufre grandes efectos que se han manifestado de manera significativa por ser un país vulnerable al mismo. Esta vulnerabilidad se explica por varias razones.

Los cambios que están ocurriendo en el clima como producto del calentamiento global, están ocasionando problemas en la actividad agrícola, y lamentablemente por la falta de información y de acciones concertadas, los esfuerzos son muy aislados por parte de los pequeños productores para enfrentar este fenómeno con medidas de adaptación. Estos cambios se manifiestan en el incremento en la temperatura en diferentes regiones del país. El clima es más caliente y ha aumentado la evotranspiración, lo que no permite retener la humedad de los suelos, disminuyendo de esta manera la producción e incrementando el uso del agua en las regiones donde se cultiva con riego. Por otro lado, el aumento de estas olas de calor hace más difícil la labor agrícola principalmente en las regiones del oriente y los valles del país (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2007).

El periodo de lluvias comienza más tarde, se ha acortado la época entre la primera y la última lluvia, y las precipitaciones son más fuertes y más cortas. Este retraso está produciendo cambios en las prácticas agrícolas y las siembras se realizan muy retrasadas como señala un agricultor de la comunidad de la Torre del Municipio de Las Carreras al sur de Chuquisaca.

“En los últimos años, un calor muy fuerte dentro la zona es el primer cambio que ha afectado ya hace unos cuatro años atrás ya, cambio que ha ido generalmente el calor fuerte y la mengua de lluvia, poca lluvia, si bien habían lluvias, también habían lluvias fuertes torrenciales que afectaban digamos incluso  los  cultivos, la tierra misma, había mucha erosión con esta lluvia que antes no se producían de esta manera, eso ha venido sucediendo hace más o menos unos cinco años hacia atrás”. Gualberto Aramayo – comunidad de La Torre, municipio de Las Carreras (Universidad de la Cordillera, 2011).

El retraso de las lluvias está produciendo un periodo más prolongado de sequía; las lluvias comenzaban en el mes de octubre hasta marzo, ahora comienzan en diciembre y enero y concluyen en marzo, lo que genera condiciones para un mayor desarrollo de plagas.

El incremento de las plagas en la agricultura se ha agudizado en los últimos años ((Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2007) como efecto del incremento de la temperatura y las prolongadas sequías en diferentes regiones del país (principalmente en los valles y el altiplano). Algunos testimonios dan cuenta de la presencia de estas plagas en el altiplano, principalmente en zonas productoras de papa, como por ejemplo el gusano blanco (presmnotrypes) que ataca al tubérculo durante todo su desarrollo, lo que no ocurría décadas atrás. La creciente sequedad de los suelos permite que esta plaga, en su estado de escarabajo,  penetre  más  fácilmente  la tierra para alcanzar al tubérculo, lo que causa dificultades cuando hay un alto contenido de humedad (Nordgren, 2011).

Lamentablemente, en la  actualidad los agricultores están usando principalmente insecticidas químicos (clorados y carbamatos)2, para combatir el incremento de las plagas. La utilización se realiza de manera indiscriminada y con poca capacitación e instrucción  en el manejo de insecticidas, lo cual está agravando la contaminación de los suelos, las fuentes de agua, la pérdida de la biodiversidad local y la salud humana.

Las heladas, descensos bruscos de temperatura, son normales durante la época de invierno; sin embargo, que estos   fenómenos   climáticos   ocurran en la época más cálida del año no suele ser muy común y las probabilidades son muy reducidas. De acuerdo a estudios sobre  cambios   climáticos   realizados en el altiplano norte (Pérez  et  al., 2010), (PNCC, 2007) el aumento de temperaturas está reduciendo el número de días de heladas, y el incremento de la variabilidad climática  está  dando  lugar a un comportamiento más errático  de los periodos fríos o heladas, con una mayor frecuencia durante la época de cultivos, que es cuando más daño puedan ocasionar.

Según  el  PNUD  (2011)   las   heladas en las regiones de puna se dan con mayor frecuencia y se presentan fuera de época, lo que afecta a los cultivos durante el crecimiento y la floración. En la región de los  valles (Tarija) hay una mayor incidencia y se presentan con más frecuencia al final de la época de lluvias. Respecto a la zona del Chaco, en los meses de febrero y marzo normalmente hace frio y se presentan heladas, pero algunos años esto ya no ocurre.

  1. Los indicadores del clima.-

“El tiempo está echado a perder, a punto de florecer toditos están: los duraznos están por florecer en mayo, antes de recibir el frio, cuando normalmente lo hacían en septiembre” Pastora Sanabria, AGRECOL, 2010 (PNUD, 2011: 35).

De acuerdo con Ponce (2003), la predicción del clima  tiene  origen  en la herencia cultural de los pueblos prehispánicos.   Estos    conocimientos son utilizados para planificar y tomar decisiones en la actividad agrícola.

Uno de los problemas fundamentales para el desarrollo de la producción agropecuaria en los Andes son las variaciones muy oscilantes de los fenómenos climáticos durante  el  año y, sobre todo, en el periodo agrícola (entre los meses de setiembre y mayo). Las variaciones climáticas (temperatura ambiental,   disponibilidad    de    agua, luz y radiación solar, entre otros) son muy irregulares en la zona andina incluso   en   años   considerados   como normales. Por esa razón, no es fácil la predicción de la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos negativos como las heladas, sequías, granizadas, inundaciones y vientos intensos, los cuales afectan negativamente a los cultivos agrícolas, los pastos y la ganadería (Claverías, 1990).

Frente a esta variabilidad, los campesinos e indígenas han desarrollado sistemas variables para dar respuestas a la variabilidad climática. “Uno de estos sistemas es la predicción del clima, que se basa en la observación sistemática de los eventos, de las señales y alegorías de la realidad, en el manejo de patrones, la fenología y en el entendimiento de que todo está vinculado con todo, base del conocimiento holístico. Este conocimiento holístico ha sido utilizado por civilizaciones durante milenios para desarrollar la agricultura” (PNUD, 2011:36).

Los indígenas y   campesinos durante milenios han observado el comportamiento de las plantas y animales silvestres y los fenómenos atmosféricos, físicos y astronómicos, para predecir lo que podría suceder más adelante con el clima y sus efectos en la producción. Esas observaciones han sido  sistematizadas,  estableciéndose una serie de indicadores climáticos que tienen un nivel convencional dentro de cada sociedad. A esos indicadores  se les denomina, en forma genérica, como indicadores naturales o climáticos3

Los agricultores los denominan “señas” a los indicadores climáticos (Van Kessel, 2002:120). Estas señas son observadas durante todo el año (desde  marzo  de un año hasta marzo del siguiente año). Este ciclo integra los meses que  no hay lluvias  (desde  junio  hasta  octubre) y el periodo de lluvias (noviembre a marzo). Observan, por ejemplo, el comportamiento de determinadas larvas y aves silvestres, de esa forma observan diversos bioindiocadores en cada mes del año para predecir lo que podría ocurrir en el futuro con los cultivos agrícolas.

El ciclo que corresponde a los cultivos agrícolas (desde diciembre hasta marzo), es el de la emergencia, crecimiento y maduración de los cultivos. Aquí predicen el clima cada  día,  aunque  dentro  de la previsión general que se hizo en el ciclo anterior. Observan las “señas” que anuncian la caída, el retiro y el inicio de las lluvias o la incidencia de heladas y granizadas.

Los indicadores son, por ejemplo, la forma y el color de las nubes, la temperatura del medio ambiente (días más calurosos que lo normal, por ejemplo, anuncia que pronto habrá granizadas (Kessel, 2002: 147).

Según Claverías (1991), las observaciones de los campesinos reemplazarían el uso de instrumentos modernos como el pluviómetro o el termómetro; pero, aún más, es las observaciones e interpretaciones de indicadores naturales, que se basan en el conocimiento y la comprobación milenaria, no sólo son descripciones frías como cuando se registran o interpretan los datos meteorológicos obtenidos con instrumental moderno: temperatura mínima o máxima o cantidad de lluvias en una día u hora determinada. Las observaciones  e  interpretaciones  de los indicadores naturales, al parecer, tienen otro objetivo en el proceso epistemológico de los campesinos. Su objetivo es la predicción, por ejemplo, de los siguientes fenómenos:

  • La ocurrencia de lluvias y temperaturas futuras, sobre todo las heladas.
  • El pronóstico de las fechas de siembra: temprana, intermedia o tardía.
  • El tipo de cultivos que podría tener mayor éxito.
  • Los tipos de plagas y enfermedades que afectarían a cada una de las especies cultivadas.
  • Las zonas de producción que deben ser priorizadas para la siembra debido a los impactos de los cambios climáticos, etc.

Podría reconocerse que, a pesar del margen de error que podría tener el conocimiento andino, los instrumentos que manejan los profesionales en este medio no pueden predecir aquellos fenómenos.

2.1. Clasificación de los indicadores del clima.-

Las observaciones del comportamiento de la naturaleza por los campesinos e indígenas han sido sistematizadas  en su conocimiento, estableciéndose una serie de indicadores climáticos que tienen un nivel convencional dentro de la sociedad andina. A  esos  indicadores se les denomina, en forma genérica, como indicadores naturales o climáticos. Estos indicadores han sido  clasificados en tres dimensiones por Ponce (2003) y Chirveches (2006).

2.1.1. Indicadores biológicos.-

Los indicadores biológicos se subdividen en dos grandes grupos:

2.1.1.1. Zooindicadores.-

Estos indicadores están basados principalmente en el comportamiento de ciertos animales (aves, anfibios, mamíferos insectos) que son muy sensibles a los cambios climáticos que ocurren en su hábitat.

“Cuando en febrero o marzo los gusanos empiezan a meterse en la tierra los pankatayas (Osmoderme sp.), unos insectos coleópteros de color marrón, el campesino sabe que se avecina el final de la época de lluvias y empieza a prepararse para realizar la primera roturación de las chacras que va a cultivar. Al escoger los terrenos de cultivo, puede dejarse guiar por la conducta de una ´mosca´ llamada chuñusillpi, que se presenta en nubes durante el mes de febrero. Algunas veces, para incubar, se ponen principalmente en las zonas bajas y otras en zonas elevadas. La ubicación donde se localiza este insecto es indicador para los agricultores sobre el lugar donde se desarrollará su futuro cultivo de papas” (Hatch, 1983:63), (Berg, 2008:51).

Aves de la pampa, como el liqi liqi (Vanellus resplendens), hacen sus nidos en la  misma  pampa  cuando  el  año  va a ser seco, pero lo construyen en las partes altas del altiplano cuando habrá mucha lluvia. Al contrario, la pariwana (phoenicopterus sp.) «para los años lluviosos regresa al lago Titicaca, donde vive  en  las  riberas  fangosas.  Para  los años secos, migra a las grandes lagunas de las alturas” (Patch, 1971:10), (Berg, 2008:52).

2.1.1.2. Fitoindicadores.-

Estos indicadores están basados en la observación sobre el comportamiento de plantas silvestres muy  sensibles  a las variaciones del clima, la observación principalmente se realiza a la forma en que crece, la  floración  fructificación  y el rebrote, en diferentes periodos de su crecimiento.

“Entre las plantas silvestres más importantes para predecir el clima, según los campesinos, se encuentra el “sancayo” (es una cactácea). La primera floración  se  realiza  entre   los   meses de junio y julio; la segunda, en agosto y la tercera en  noviembre.  Una  señal de buen año es cuando la floración de esta planta es abundante en el mes de agosto. Los campesinos asocian esta planta mayormente  como  indicadora del futuro crecimiento de los tubérculos, principalmente de la papa. Cuando las flores de esa planta  están  destruidas en determinadas fechas en  la  estación de invierno, es señal de una mala producción de papa en el verano. Cuando la floración del sancayo es densa indica que la cosecha de papa será abundante. Muy parecida es la indicación de la “pulla pulla”, que es otra cactácea. La floración de esta planta indica la mejor fecha en que se deberá sembrar la papa amarga. Contrario a la señal del sancayo es la floración de otras plantas silvestres como el “chiji”, cuya floración abundante es indicación  de un año de sequía. Otra planta denomina “sipi-sipi” o “”munachiku”, ubicada dentro del grupo “generiaceae”, pronostica la presencia de lluvias en verano. Cuando hay humedad, el fruto aparece enroscado, movimiento que lo efectúa lentamente como las agujas de un reloj” (Cáceda, 1994).

“La  plantas  también   pueden   indicar la llegada de las heladas, por ejemplo cuando el itapallu (ortiga), según Mamani (1988:95), comienza a florecer tiene que terminar sin ninguna interrupción por las inclemencias del tiempo. Si durante el tiempo de su floración es afectado por la helada, granizada o la sequía, indica que los cultivos sufrirán las mismas consecuencias”.

2.1.2. Indicadores atmosféricos o físicos.-

Estos indicadores están basados principalmente en la observación de los fenómenos meteorológicos,  es  decir en el comportamiento de las lluvias, nevadas, vientos, formaciones de las nubes, observación del arco iris, que proporcionan información de cómo va a ser el clima en el corto o largo plazo.

La observación de la dirección, la velocidad y la temperatura de los vientos, en determinados meses y días indican la llegada de sequías, heladas y lluvias. Por ejemplo Claverías Ricardo4 señala que cuando en el mes de agosto hay mucha presencia de vientos se dice que será un año de lluvias. Por otro lado la presencia de neblinas en invierno (mayo-junio) en las riberas del Lago Titicaca indica que la cosecha será buena. Meses antes de la época de cultivos, cuando se observa la presencia de nieves y nubes en los cerros más altos de la región indican que las lluvias serán normales y continuadas cuando venga el tiempo de cultivos. El 24 de junio es la fecha clave para la observación de los cerros En los meses de enero-marzo (época de los cultivos agrícolas) el color azulado de los cerros, como reflejo del movimiento de las nubes y el sol, anuncian que habrá granizadas y afectarán a los cultivos, sobre todo a la quinua y la papa. Los colores del celaje también son señas de la presencia de lluvias futuras. En la época de lluvias y de cultivos agrícolas, la ubicación donde surge el arco iris indica la frecuencia de las precipitaciones pluviales. Por ejemplo, cuando el origen del arco iris se ubica en el lago, se dice que las lluvias continuarán normalmente; pero, cuando su origen se ubica en la tierra indica que las lluvias cesarán.

2.1.3. Indicadores astronómicos.-

Estos  indicadores  están   basados   en la observación de los astros, las fases lunares, el sol, arco iris, las estrellas, el brillo de las constelaciones de estrellas, las fechas de su aparición, sus movimientos, direcciones y su desaparición que de acuerdo a su comportamiento nos dan la predicción del clima.

La observación de  las  constelaciones más importantes son: la cruz del sur, la estrella “chejje” u ojo de vicuña –así la denominan los campesinos aymaras-, la forma de las estrellas en red, en arado o en forma de nido del cóndor. Esos indicadores también anuncian si las lluvias serán atrasadas o adelantadas.

 Otros son  el  movimiento  de  la  luna y la predicción de los fenómenos meteorológicos; por ejemplo, cuando la luna nueva está obscura o amarillenta se dice que hay posibilidad de lluvias en ese año. En las mismas fases del ciclo agrícola, la presencia y forma de la luna indica las labores culturales que debe realizarse en los cultivos agrícolas, particularmente en los tubérculos (Claverías, 2000:49).

Una de las  constelaciones que  es observada durante el mes de mayo es la Cruz del Sur, llamada en aymara wara wara; si desaparece antes de la luna nueva de aquel mes, significa que las lluvias se anticiparán y que habrá que sembrar tempano; si desaparece más tarde, se retrasarán la lluvias y la siembra deberá postergarse. Mamani (1988:96) dice que esta constelación tiene que aparecer del infinito sudeste junto a jawira y perderse antes del amanecer. Pero algunas veces se retrasa, lo que significa que deben atrasarse los cultivos, o se adelanta, lo que significa que se deben también adelantar para evitar riesgos.

  1. El uso de los indicadores del clima en la agricultura.-

Los indígenas y campesinos no cuentan con información meteorológica obtenida por medios modernos (Termómetros, barómetros, fluviómetros, etc.) proporcionados por las instituciones como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) que puedan usar para planificar las actividades agrícolas en un determinado año. Frente a la ausencia de esta clase de información y como parte de su cultura agrícola ancestral, han utilizado la información que  les  proporcionan  los  indicadores del clima tradicionales, mencionados en páginas anteriores.

La observación y la interpretación de los fenómenos o mensajes de la naturaleza que han sido sistematizados  les permiten garantizar la producción y dar respuestas a las variaciones climáticas, las mismas que han sido difundidas de generación en generación. Estos sistemas de interpretación de los fenómenos climáticos corresponden a condiciones particulares de ecosistemas locales, pero que también en muchos casos son válidos para contextos regionales, dependiendo de la utilización de un tipo determinado de indicador climático.

Los campesinos andinos han desarrollado estrategias productivas que han permitido afrontar los riesgos climáticos propios de  las  agroecologías de  alta montaña y valles, permitiéndoles dar respuestas a las variaciones climáticas. Estas estrategias productivas están construidas sobre la base de un sistema de acceso a recursos abióticos (tierra y agua), bióticos (germoplasma diverso) y a conocimientos y disponibilidad de fuerza de trabajo en tiempo oportuno.

Al mismo tiempo esas estrategias implican una compleja matriz cognitiva que se ha ido desarrollando por la observación minuciosa de la naturaleza y la sistematización de esos conocimientos obtenidos., Para Regalsky y Hosse (2009), el manejo de los riesgos climáticos supone saber combinar muy diferentes microclimas a diferentes  alturas, con diferentes tipos de suelo y con una capacidad de predicción climática que permita predecir el tipo de precipitaciones que ocurrirá durante el ciclo agrícola, y en función de ello determinar qué tipo de variedades de semilla son más adecuadas para sembrar en el presente año y de qué forma se debe distribuir el trabajo familiar e interfamiliar para aplicarlo en los distintos cultivos.

Las actividades agrícolas que desarrollan los agricultores, no son prácticas que desarrollan a ciegas, al contrario las mismas dependen del conocimiento acumulado sobre el  comportamiento del clima que les proporcionan los indicadores climáticos ancestrales. Este conocimiento tiene una base objetiva que aún no ha sido muy estudiada por las disciplinas modernas relacionadas con la agricultura y la climatología, pero esto no significa negarle el valor y la objetividad científica a las mismas; de lo contrario no hubiese sido posible  el  desarrollo de la agricultura en las comunidades rurales y por consiguiente no se habría garantizado la seguridad alimentaria de estas sociedades y mucho menos de las ciudades.

La constitución de los calendarios agrícolas-festivos de las comunidades rurales han sido posibles solo por el grado  de  desarrollo  que  alcanzaron las culturas que basaron  su  economía en la agricultura.  Estos  calendarios son el resultado de la observación simultanea de múltiples variables como el comportamiento de las plantas, su floración, coloración y humedad, o cómo los animales se comportan frente a determinadas variables climáticas, las formas de apareamiento, la  migración de ciertas aves y la forma en la que construyen sus nidos, así como de otros factores que tienen relación con los cambios del clima.

Los calendarios agrícolas son muy complejos pues los mismos determinan, en condiciones normales de la variabilidad climática, el momento de la siembra, aporque, deshierbe y la cosecha, no sólo de un determinado  cultivo,  sino de varios cultivos que se realizan en un determinado ecosistema.

Antes de realizar las  actividades agrícolas los productores rurales tienen la necesidad de pronosticar  el  clima  y de esta forma garantizar sus cultivos. Es importante predecir si las lluvias serán normales, o si las mismas se adelantarán o retrasarán, o si ese año será de sequía prolongada; asimismo, necesitan  saber el   comportamiento    de   las   heladas. La predicción del clima les permite aplicar una serie de estrategias para dar respuestas a las variaciones climáticas extremas.

Cuando los agricultores observan las plantas de la t’ola y la kariwa y estas empiezan a florecer a mediados del mes de septiembre, entonces la siembra de la papa debe ser adelantada, pero cuando florece a principios de octubre la siembra de papa debe  ser  tardía.  Al  respecto el siguiente testimonio sintetiza esas predicciones:

“Parece que este año va a ser de sequía porque las plantas naturales   están   secas.   La “t’ola” está seca. Las lluvias se atrasarán  unos  dos meses” (Claverías, 2000:49)

A partir de estos conocimientos proporcionados por los indicadores del clima, los productores han desarrollado estrategias en el sistema de la siembra, bajo dos variables, tiempo y espacio:

Las parcelas están ubicadas en diferentes lugares, clasificadas  por  tipos  de  suelo y altitudes (alta, media y baja), lo que garantizará la producción, por lo menos en alguna de las parcelas o cultivos. Si ocurre una helada, granizada o sequía, uno de los tres cultivos en el peor de los casos se protegerá de alguna de las inclemencias climáticas ocurridas.

Morlón (1996) ha enfatizado este aspecto de la distribución del riesgo en la agropecuaria andina. “Corresponden esas diferencias a los distintos pisos, suelos, variedades, para sintetizarse en diferentes interacciones entre las labores y actividades humanas desplegadas en el trabajo y la forma de organizar el trabajo en forma de calendario. Dentro de un mismo cultivo, un año seco puede ser fatal para la papa sembrada en suelos de muy buen drenaje (chaqwas), pero bueno para algunas variedades que  pueden ser sembradas en parcelas con subsuelo arcilloso (llink’i) y resisten la pudrición originada por el estancamiento del agua debida a ese tipo de subsuelo. Al año siguiente, si se presenta lluvioso, puede ocurrir lo contrario. Lo mismo sucede dentro del cultivo del trigo o del maíz, éste último con la particularidad que puede ser cultivado tanto en el monte como en las alturas, aunque el destino del producto sea diferente” (Regalsky & Hosse, 2009).

  1. La incertidumbre de los indicadores del clima por los efectos del cambio climático.-

La predicción del clima es fundamental en la planificación de las actividades agrícolas que se van a desarrollar durante el año. En este sentido los productores han      construido      un      conocimiento milenario que actualmente se denomina indicadores del clima, los mismos que responden a experiencias agroecológicas determinadas por la diversidad de un ecosistema concreto; estos pueden ser de alcance regional, pero generalmente son indicadores de tipo local.

Estos indicadores están estrechamente relacionados con la utilización de los calendarios  agrícolas   generados   por las poblaciones rurales. Los mismos responden a patrones de comportamiento que pueden llamarse “normales” de las variaciones climáticas que se  repiten de manera cíclica en un determinado ecosistema. Para ejemplificar esta práctica del pronóstico del tiempo en relación al calendario agrícola y religioso se tomará como modelo el calendario del ayllu Majasaya del departamento de Cochabamba.

Como se observa en el cuadro anterior las actividades agrícolas están determinadas por el calendario agrícola y religioso, organizadas por tres épocas específicas como son: la época seca, la época de lluvias y la época fría. Calendarios como éste son una referencia muy importante para los agricultores, que no necesariamente los usan de manera mecánica, sino más al contrario, las actividades están vinculadas a la predicción del tiempo, es decir que los indicadores climáticos nos darán la información respecto a la variación de las tres épocas mencionadas (Seca, lluviosa y fría), si se adelantan o retrasan.

Las lluvias pueden retrasarse, lo que determinará que el periodo de sequía sea más largo; si las lluvias se adelantan, el periodo de  sequía  se  reduce  o  por el contrario el periodo de lluvias se prolonga, con lo que los cultivos pueden ser afectados por el exceso de humedad.

De  la  misma  manera  ocurre  con  las heladas, es decir estas pueden ocurrir fuera de tiempo y en ese caso pueden afectar cuando los cultivos están más débiles.

En un contexto de cambio los procesos de adaptaciones (morfológicas y fisiológicas) de la fauna y la flora son muy especiales debido a  la  rarefacción del aire  y  a  la escasez de oxígeno. Ocurren adaptaciones de los animales y las plantas también de tipo ecológico y en su comportamiento, como es la búsqueda de lugares más adecuados para efectuar mejor su proceso de  crecimiento  y  desarrollo. Por ejemplo, la elección instintiva que hacen las aves sobre el tamaño de sus nidos y los lugares elegidos en los cerros o en los pastos para anidar, así como también el  tener  tasas  de  natalidad más bajas en comparación a los mismos animales o plantas que se han adaptado a otras regiones ecológicas (Brack, 1984). Entonces, las plantas y los animales al adaptarse a estas condiciones climáticas, así como a la altitud y latitud, tuvieron también que  desarrollar  mecanismos de comportamiento muy  finos  y precisos  para  poder  sobrevivir  en  esas condiciones tan adversas, no sólo ante los cambios climáticos regulares como son las estaciones o el día y la noche, sino también ante cambios irregulares como son sequías en la época que debería ser de lluvias o heladas, granizadas y vientos mucho más  intensos  que en  la  épocas normales.

A partir de los efectos del cambio climático, los ecosistemas que son muy frágiles el comportamiento de las plantas y los animales silvestres también están cambiando, de tal manera que las señales o los indicadores del clima han entrado en crisis. Son pocos los estudios sobre el tema, por lo tanto quedan las siguientes interrogantes: ¿Actualmente funcionan los  indicadores  climáticos  usados  por los agricultores, para determinar las variaciones del clima?, ¿Qué medidas están adoptando los agricultores frente al cambio climático en la agricultura?

En   un   estudio    que   se   realizó    en las comunidades del cono sur de Cochabamba, don Segundino Silva señaló lo siguiente:

“A lo que me estoy fijando, parece que las lluvias se van a adelantar. Los thaqus están retoñando y al mismo tiempo están listos para la floración. Las tipas y thaqus en los bordes de los ríos ya están verdes y floreciendo. Los romerillos ya están comenzando a retoñar; para qué está retoñando?, diciendo me estoy fijando, porque como para estos momentos él no sabía retoñar, el romerillo solo retoña cuando hay lluvias. Algunos dicen que el 1 de agosto las aguas están manando de los suelos. Parece que ya va a llover en el mes de septiembre. Por las fechas de San Miguel va a llover. Hasta Todos Santos podrá llover unas dos veces  ya.  El  frío ha sido bastante adelantado y también ha seguido haciendo frío hasta más tarde, está clarito que lloverá hasta más después. Habrá verano (las lluvias dejan de haber), eso está diciendo los thaqus, la otra vez nomás han comenzado a florecer, ya tiene frutitos creciendo, eso es para que el tiempo varíe, comenzará a llover adelantado. Durante las siembras de Todos Santos habrá sequía, eso ya está seguro. En San Juan al amanecer del 24 de Junio hubo nubes; el 2 de Agosto, igual, había nubes: habrá lluvia; pero a medio ciclo ocurrirán espacios de falta de lluvia, ojalá no sea cuando los maizales estén en etapa de floración; a veces cuando los sembradíos de maíz están en su mejor estado, no llueve” (Regalsky & Hosse, 2009)

En el testimonio presentado se observa que se han producido algunos cambios en los indicadores, el retoño del romerillo antes de tiempo y ese hecho provoca una cuestionante en el entrevistado: ¿Para qué está retoñando?

Los ejemplos como éste son varios; en un estudio de percepciones sobre el cambio climático que realizó la Universidad de la  Cordillera  (2011)  en  comunidades del sur de Chuquisaca, los agricultores manifiestan que los indicadores del clima ya no se cumplen como antes, vale decir que han notado variaciones importantes en la predicción del clima.

De  un  conjunto  de  testimonios   de los agricultores campesinos y de las percepciones que tienen sobre el cambio climático, se puede inferir  que los indicadores climáticos utilizados por los campesino ya no son muy confiables para la predicción del clima, lo cual está generando una incertidumbre en la planificación de las actividades agrícolas y por consiguiente entran en crisis los sistemas  tradicionales  de   control   de la variabilidad climática, ocasionando mayores riesgos en la producción y la seguridad alimentaria.

Conclusiones.-

El cambio climático está modificando los patrones del comportamiento del clima, que se expresan en conductas extremas, como la  alteración  en  el ciclo de lluvias, heladas y sequias, estos efectos producidos por el calentamiento global del planeta afectan las actividades agrícolas, produciendo alteraciones en los ciclos productivos, aumento de plagas, sequias más prolongadas y la pérdida del control de la variabilidad climática en la agricultura.

Los campesinos e indígenas de la región andina han  desarrollado  conocimientos y prácticas agrícolas para dar respuestas a las variaciones climáticas. Estas estrategias desarrolladas están muy estrechamente relacionadas con la predicción del clima, es más, la agricultura depende de ello, en un contexto donde la misma es desfavorable por las condiciones físicas y las condiciones extremas (altitud y temperatura).

Este bagaje de conocimientos adquiridos que han permitido el pronóstico del clima se denomina indicadores del clima, los cuales proporcionan la información necesaria   para   la    planificación    de la agricultura, determinada por los calendarios agrícolas. Sin el pronóstico del clima estos calendarios se convierten en instrumentos de poca utilidad, porque no se logra un control de la variabilidad climática, es decir no se puede predecir si las lluvias, heladas se retrasan o adelantan. La incertidumbre en el comportamiento del clima no permite seleccionar una determinada estrategia agrícola (tipo de  siembra, tipo de semilla) o planificar una respuesta alternativa para contrarrestar una determinada variable climática.

Los indicadores del clima (biológico, atmosférico o  físico  y  astronómico), por efectos del cambio climático están sufriendo alteraciones en los resultados de la predicción, los mismos que se manifiestan en una incertidumbre demasiado amplia en muchas observaciones. Es así que los indicadores del clima no están funcionando dentro de los patrones regulares que los productores han adquirido como conocimiento, ahora si un indicador biológico señala por ejemplo, que cuando una determinada especie de ave construye su nido en un lugar más alto, significa que el periodo de lluvias será más intenso y prolongado, por lo que las aves ubican su nido en un sitio más alto para que el agua no les afecte.

Con este ejemplo se puede ilustrar cómo el agricultor al leer este indicador opta por una determinada estrategia en el momento de la siembra; si las lluvias son más intensas y prolongadas, retrasará la siembra para que la humedad producida por la inundación de los cultivos no afecte la semilla (no se pudra). En este mismo ejemplo si el indicador no funciona (como lo hacía) la estrategia que tomó el agricultor es errónea, ya que al retrasar la siembra  el periodo de humedad del suelo será más corto y la sequía más prolongada.

Con el ejemplo anterior se concluye que si los indicadores del clima, por causas del cambio climático han entrado  en un  proceso   de   mayor   incertidumbre o en un rango más amplio de error en la predicción del clima, las decisiones que toma el agricultor no serán del todo correctas y de esta forma no se garantizarán los cultivos.

Si los indicadores del clima tienen progresivamente mayores grados de incertidumbre  ¿Qué  se   debe   hacer al respecto? Se considera que una relectura de los mismos es necesaria, tomando en cuenta las nuevas variables que impone el  cambio  climático.  Por lo tanto, es fundamental realizar investigaciones participativas con los indígenas y campesinos para sistematizar profundamente los cambios con ayuda de medios estadísticos y un enfoque antropológico de los conocimientos etnoclimáticos; seleccionar los indicadores climáticos biológicos y ambientales abióticos más estables y confiables para someterlos a un estudio instrumental de medición sistemático mediante modelos sencillos y confiables.

Asimismo, se debe estudiar los eventos extremos del  actual  cambio  climático a la luz de los indicadores climáticos tradicionales y otros nuevos estudiados complementados a la vez con los sistemas modernos de registro. De lo  contrario, el uso de los  indicadores  del  clima serán abandonados por los agricultores y tendrán que buscar otros medio de información para planificar sus actividades agrícolas; dentro de estos medios, están sin lugar a duda los “modernos”, como las estaciones meteorológicas que cumplen una función encomiable principalmente en la agricultura o los sistemas de alerta temprana que logran prevenir de un determinado acontecimiento climático. Sin embargo, para los que conocen el contexto rural, aún esta no es la mejor respuesta debido a las deficiencias en la comunicación y la ausencia de estaciones meteorológicas en la gran extensión del territorio de Los Andes.

Aproximación operacional a los Sistemas de Vida

Autor: Diego Pacheco Balanza

Capítulo 3

GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA – Política pública para Vivir Bien en Equilibrio y Armonía con la Madre Tierra

art 8

Comprensión de los sistemas de vida.-

En este capítulo se presenta una reflexión respecto a los lineamientos operativos para avanzar en el proceso de comprensión y caracterización de los sistemas de vida, con énfasis en Bolivia. Estos lineamientos toman en cuenta que los elementos significativos de la composición de los sistemas de vida están dados por la dinámica de un conjunto de elementos que tienen que ver con estructuras, patrones, procesos y resultados, que en su funcionamiento articulado hacen a la reproducción de la vida en un sistema.

Esta aproximación operativa al proceso de entendimiento de los sistemas de vida plantea primero las características principales y básicas de los sistemas de vida para luego introducir una aproximación al proceso metodológico para la identificación y comprensión de los sistemas de vida en los territorios del país, en el intento de presentar de la forma más esquemática posible una aproximación metodológica para la implementación de esta política pública.

Tomando en cuenta el marco conceptual presentado en el capítulo anterior, los sistemas de vida describen un proceso metabólico, que articula aspectos cognitivos, sociales y ecológicos, que en conjunto permiten generar y perpetuar de forma estable y continua las formas de vida.

Para los fines prácticos de este documento entendemos que un sistema de vida está conformado por una estructura básica que está constituida por las unidades vitales del sistema de vida (unidades socioculturales y zonas de vida) y cuya interacción permite la reproducción del sistema. En esta estructura básica se desarrollan diferentes patrones de interacción entre las unidades del sistema de vida que permiten el funcionamiento regular del sistema. A su vez, éstos generan procesos que permiten fortalecer el sistema de vida en su ciclo vital. En este sentido, resulta importante fortalecer los procesos de gestión o manejo de los sistemas de vida para fortalecer las capacidades de reproducción de los procesos vitales y significativos que reproducen y perpetúan la vida en dicho sistema. Así, un sistema fragmentado y desconectado es un sistema muerto.

Tomando en cuenta que la comprensión y caracterización de los sistemas de vida en este libro tiene el interés principal de integrar este concepto a la gestión de las políticas públicas, la aproximación a los sistemas de vida considera los aspectos mencionados anteriormente y los proyecta en un escenario de gestión de políticas públicas. Así, el metabolismo del sistema de vida está conformado por una estructura, patrones de interacción, procesos de gestión, y resultados que fortalecen las articulaciones más significativas que permiten reproducir el sistema de vida en los territorios del país.

Nuestra comprensión de los sistemas de vida se sustenta sobre el marco de los elementos claves de un sistema definidos en la teoría de sistemas y la definición de sistemas de vida de la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que establece lo siguiente: “En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación” (Art. 5.10, Ley N° 300).

Entonces, un sistema de vida se puede dividir en tres aspectos: i) una estructura básica que son las unidades socioculturales y las zonas de vida, ii) interacciones entre unidades socioculturales y zonas de vida; y iii) procesos de gestión (gestión más óptima) de los sistemas de vida. Además, éstos se desarrollan en un contexto y tienen resultados específicos como resultado de dicha interacción.

En el marco de la teoría general de sistemas, la entrada o insumo estaría representada por las interacciones del sistema de vida, que contienen la información necesaria para el funcionamiento del sistema, el procesamiento o transformación en el sistema estaría representado por los procesos de gestión óptima del sistema, y los productos del sistema estarían representados por los resultados del sistema de vida. Asimismo, entendemos que todos los sistemas tienen una retroalimentación que en el caso de los sistemas de vida estaría representado por el proceso de armonización de los sistemas de vida. En esta dirección, el siguiente cuadro traduce los elementos claves para la implementación operativa de la gestión de los sistemas de vida.

En la realidad boliviana la estructura de los sistemas de vida se puede visibilizar como la relación entre las unidades socioculturales y zonas de vida, que constituyen las unidades básicas de comprensión de los sistemas de vida como formas específicas de relacionamiento entre la sociedad con la naturaleza. Los patrones de interacciones que se presentan en los sistemas de vida son analizados en términos de las interacciones territoriales, productivas, culturales y de gobernanza. Los procesos de gestión o manejo óptimo del sistema de vida están dados en el marco de los procesos significativos que tienen que tomarse en cuenta para el funcionamiento del sistema como un sistema de vida, es decir en una dirección positiva y armonizada, y que se identifican sobre la base de la lectura de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos. Finalmente, los resultados del sistema de vida se analizan en el marco de los equilibrios que pueden presentarse como resultado del funcionamiento de dicho sistema de vida. En el contexto de lo mencionado anteriormente, el siguiente gráfico introduce el marco general sugerido para la interpretación y análisis de los sistemas de vida.

 Sistemas de vida como un equilibrio dinámico.-

Los elementos claves para la caracterización del sistema de vida destacan que éste debe ser entendido como una realidad al menos bidimensional, en tanto que además de contemplar un análisis de carácter espacial o territorial, por la presencia de sistemas de vida en un territorio determinado, tiene que ver con un análisis de carácter sistémico de las dinámicas del sistema: patrones, procesos, interacciones y flujos.

En este sentido, el sistema de vida al tener una dimensión territorial puede analizarse en diferentes escalas territoriales. En este sentido, la identificación de la estructura básica del sistema de vida, los patrones de organización y las articulaciones significativas al interior de los componentes del sistema de vida, como se ha mencionado en el anterior cuadro, deberán realizarse en una escala territorial determinada. El análisis se complejiza con la evaluación de las interacciones y flujos entre los componentes que hacen a la totalidad del sistema de vida, así como con la evaluación de los resultados que se derivan de dicho sistema de vida en funcionamiento, incluyendo los procesos de armonización.

Los sistemas de vida son parte de una relación dinámica, en la medida en que la relación de las sociedades con la naturaleza se da también en el marco de un permanente movimiento en el tiempo. Los sistemas de vida por lo mismo no son realidades estáticas sino que se transforman en el tiempo tendiendo a lograr un equilibrio dinámico o interacciones dinámicas.

Para facilitar la comprensión del sistema de vida en su condición dinámica es importante tomar en cuenta el siguiente gráfico donde se representan las diferentes dimensiones en las que se podrá realizar el análisis de dichos sistemas de vida. El primero se refiere a los diferentes ámbitos o escalas territoriales, que hace referencia al territorio o jurisdicción espacial donde se realizará el análisis del sistema de vida. El segundo ámbito se refiere al tipo de interacciones que se presentan en el sistema de vida, ya sea como interacciones internas en un sistema de vida o como interacciones externas con otros sistemas de vida o como subsistemas de un sistema de vida mayor.

La Ley No 300 concibe a los sistemas de vida como en constante equilibrio dinámico, toda vez que éstos son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional.

 Análisis de las escalas territoriales de los sistemas de vida.-

Los sistemas de vida se caracterizan porque se presentan en múltiples escalas, es decir, que la relación dinámica entre seres humanos y naturaleza se puede comprender desde escalas territoriales, que van desde una escala menor (micro), y por lo mismo de interpretación más detallada de los sistemas de vida en el ámbito de lo local, hasta una escala mayor (macro) con una interpretación más general de los sistemas de vida en el ámbito nacional.

En general, podemos decir que un sistema de vida no puede representarse solamente en una escala sino que para una mejor comprensión debe ser entendido en una diversidad de escalas, aunque se pueda enfatizar su interpretación en una de sus escalas, de acuerdo a la unidad de análisis en la que se está trabajando.

En todos los territorios del país se pueden identificar las unidades básicas de los sistemas de vida o sus células principales; sin embargo, los sistemas de vida se construyen necesariamente sobre procesos de agregación de dichas células básicas, que se visibilizan en múltiples escalas, desde el ámbito local, pasando por el ámbito municipal, regional y departamental hasta llegar al ámbito nacional.

Para entender la presencia de los sistemas de vida en diferentes escalas es preciso comprender primero que las unidades socioculturales y las zonas de vida también se hacen visibles en diferentes escalas. Las unidades socioculturales y las zonas de vida se visibilizan en unidades básicas y se van agregando en otras unidades más generales. En las escalas más grandes (por ejemplo, ámbito nacional) se pueden encontrar los rasgos más generales de los sistemas de vida que luego adquieren mayor detalle y precisión cuando se ingresa en el análisis de los sistemas de vida a escalas de menor dimensión. Toda vez que es posible identificar unidades socioculturales y zonas de vida en diferentes escalas también es posible identificar sistemas de vida en diversas escalas.

Con relación a las unidades socioculturales, éstas se encuentran estructuradas en diferentes niveles de agregación de acuerdo a la escala a la que pertenezcan. Por ejemplo, en el caso de las unidades socioculturales de pueblos y comunidades campesinas, éstas están constituidas en unidades básicas que son los sindicatos campesinos de las comunidades y que luego se agregan en unidades de mayor tamaño: subcentrales, centrales, federaciones y en su organización matriz nacional. De igual manera, las organizaciones sociales de los ayllus están compuestas de diferentes unidades segmentarias y jerárquicas que se van agregando del nivel local hasta el ámbito regional y nacional.

En lo que se refiere a las zonas de vida, también éstas constituyen unidades de agregación. Las unidades más genéricas podrán ser las provincias geográficas y las unidades más pequeñas y específicas estarán constituidas por elementos del paisaje. Las zonas de vida de mayor escala contienen las características más generales de diferenciación entre los elementos del paisaje. Sin embargo, éstas se pueden dividir en unidades menores como son las zonas de vida presentadas más adelante en este libro.

Por lo tanto, un sistema de vida puede ser analizado desde diferentes escalas que referencialmente (de menor a mayor) pueden ser las siguientes: comunidad, municipio, región, provincia, departamento y ámbito nacional.

Cada unidad de análisis o escala permite apreciar los sistemas de vida de una forma diferente, como se presenta a continuación:

  • Escala mayor (carácter nacional). Permite obtener una visión panorámica de las diferentes relaciones que se han construido en el país como producto de la interacción entre las diferentes unidades básicas de los sistemas de vida (unidades socioculturales y zonas de vida), aunque solamente se podrán analizar los rasgos generales de los sistemas de vida. En esta escala, tampoco se podrán trabajar procesos de armonización de los sistemas de vida.
  • Escala menor (carácter departamental, municipal y local). En esta escala se podrán trabajar a mayor detalle el conjunto de aspectos que hacen a la caracterización de los sistemas de vida, así como la evaluación de los resultados y los procesos de armonización de los sistemas de vida.

Tipos de análisis de los sistemas de vida.-

Para el análisis de los sistemas de vida, como se ha mencionado anteriormente, se hace la diferenciación entre dos tipos de interacciones sistémicas: internas y externas.

Se ha hecho referencia a que los sistemas de vida están conformados por diferentes patrones de interacción, que resultan de la articulación entre las unidades socioculturales y las zonas de vida en un determinado territorio. Así, el sistema de vida está representado por la interacción de un conjunto de ámbitos territoriales, productivos, culturales y de gobernanza en una jurisdicción determinada. Así, el carácter de estas interacciones es el que define la particularidad de un sistema de vida. Por lo mismo, la lectura integral de los patrones de interacción permitirá realizar la identificación de uno o varios sistemas de vida en un territorio determinado. Se sugiere que cuando se encuentren varios sistemas de vida en un territorio se los pueda analizar como si estos fueran subsistemas dentro de un solo sistema de vida articulado a dicha jurisdicción.

Entonces, el análisis de los sistemas de vida debe realizarse de forma complementaria por lo menos en dos ámbitos de interacciones. El ámbito interno, tomando en cuenta que los sistemas de vida son una totalidad en sí misma, y en el ámbito externo, como si fueran subsistemas articulados a un sistema mayor en un territorio determinado. El primer análisis hace énfasis en las interacciones al interior de un sistema de vida en términos territoriales, productivos, territoriales y de gobernanza. El segundo análisis hace referencia a las articulaciones significativas entre diferentes subsistemas que comparten un territorio determinado, tomando también en cuenta aspectos territoriales, productivos, territoriales y de gobernanza.

En el ámbito territorial micro existirá solamente un sistema de vida articulado a un territorio, representando la totalidad del territorio como un solo sistema de vida. Sin embargo, a medida que el análisis se realice en una escala territorial mayor se podrán identificar varios sistemas de vida, los que como se ha recomendado deberán ser analizados como subsistemas de un sistema de vida mayor, y teniendo como frontera los límites de la unidad territorial identificada para el análisis (cuenca, municipio, departamento, etc.).

 Caracterización de los sistemas de vida.-

El proceso de caracterización de los sistemas de vida debe responder a un ejercicio colectivo y deliberativo que involucre de forma activa y participativa a los integrantes de cada uno de los sistemas de vida que están siendo interpretados o analizados. Tomando en cuenta la reflexión anterior sobre los diferentes ámbitos de análisis de los sistemas de vida, a continuación se propone un acercamiento más profundo al marco general de comprensión de los sistemas de vida.

El análisis asume que los sistemas de vida son básicamente sistemas abiertos. Se propone evaluar, en primer lugar, la relación de las unidades socioculturales y zonas de vida desde una mirada interna, es decir, contemplando las interacciones que se presentan en cada unidad sociocultural. Luego se identificarán las similitudes o diferencias que puedan existir entre los patrones de interacción de forma comparativa entre las diferentes unidades socioculturales del territorio. Este análisis permitirá determinar la existencia de uno o más sistemas de vida en una jurisdicción territorial. La mirada interna es insuficiente en territorios donde existen diversos sistemas de vida, en tanto que los sistemas de vida están en permanente interacción entre ellos, o constituyen subsistemas de un sistema mayor. Se sugiere que si existen varios sistemas de vida en un territorio éstos sean analizados como subsistemas articulados a un sistema mayor, mismo que tendrá como fronteras referenciales la jurisdicción territorial donde se está evaluando dicho sistema de vida.

Tomando en cuenta los elementos claves para la caracterización de los sistemas de vida, el análisis se lo puede realizar a través de la siguiente aproximación práctica de diez pasos (P), que se introducen a continuación.

P1. Identificación del territorio y la escala de análisis del sistema de vida. Con anterioridad a la caracterización se requerirá que exista claridad respecto al territorio donde se pretende realizar el análisis de la gestión de los sistemas de vida, que podrá corresponder a una jurisdicción político-administrativa (municipio o departamento), a una cuenca (micro o cuenca mayor) o a una jurisdicción ancestral de un territorio de una nación o pueblo indígena. Entonces, los sistemas de vida se analizarán tomando en cuenta dicha frontera territorial.

P2. Análisis del contexto de los sistemas de vida, incluyendo aspectos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, entre los más importantes, y que configuran el ambiente en el cual se desarrolla y construye el sistema de vida.

P3. Análisis de la estructura básica de los sistemas de vida o la identificación de las unidades socioculturales y zonas de vida que existen en el territorio identificado.

P4. Análisis de los patrones internos de interacción entre unidades socioculturales y zonas de vida, es decir, los patrones de interacción en cada una de las unidades socioculturales del territorio, tomando en cuenta por lo menos cuatro grupos de interacciones: territoriales, económico-productivas, culturales y de gobernanza.

P5. Identificación de los sistemas de vida subsistemas en el territorio seleccionado, sobre la base de las interacciones evaluadas anteriormente, entendiendo que un sistema de vida debe compartir la mayor parte de los patrones internos de interacción que se desarrollan al interior de una o varias unidades socioculturales articuladas a una o varias zonas de vida. Si existen diversos sistemas de vida en el territorio estos serán analizados como subsistemas de vida articulados a un sistema de vida mayor que tiene como fronteras territoriales el territorio identificado.

P6. Análisis de los patrones externos de interacción, entre los sistemas de vida identificados, como si fueran subsistemas de un sistema mayor, y que tienen como frontera el territorio seleccionado. Este análisis también deberá desarrollarse contemplando las interacciones territoriales, económico-productivas, culturales y de gobernanza.

P7. Análisis de la gestión o manejo óptimo que se desarrolla o se puede desarrollar en cada sistema de vida (o subsistema de vida), en el marco de las interacciones internas, para lograr el equilibrio complementario de cuatro grupos derechos en dicho sistema de vida (derechos de la Madre Tierra, derechos de los pueblos a su desarrollo integral, derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y derechos a vivir sin pobreza).

P8. Análisis de la gestión o manejo óptimo que se desarrolla o se puede desarrollar en el marco de las interacciones externas entre los sistemas de vida o subsistemas de vida como parte de un sistema de vida mayor, tomando en cuenta en dicho proceso de interacción el logro del equilibrio complementario de los derechos mencionados anteriormente.

P9. Análisis de los resultados del sistema de vida, contemplando la existencia de procesos de equilibrio o desequilibrio que resultan de la interacción de dicho sistema en diferentes dimensiones, y por lo menos en la erradicación de la extrema pobreza, el desarrollo de sistemas productivos sustentables, la protección de funciones ambientales, y el fortalecimiento de identidades culturales en el territorio.

P10. Análisis de la armonización del sistema de vida, que comprende la identificación de acciones concretas para cambiar algunas relaciones negativas del sistema de vida (desequilibrios) y convertirlas en relaciones positivas, que permiten la generación de un sistema de vida con mayor equilibrio o balance como resultado de sus interacciones internas y externas.

Estos diez pasos deben ser encarados con un carácter progresivo, de tal modo que la reflexión inicial realizada en un paso pueda alimentar la reflexión del próximo paso y así sucesivamente. Es así que el proceso de caracterización de un sistema de vida debe suponer un proceso reflexivo profundo y de carácter pedagógico por parte de la población local para tomar las mejores decisiones en los procesos de gestión pública local. La evaluación puede ser realizada por sujetos externos al sistema de vida, sin embargo esta información será solamente de carácter referencial y necesariamente debe ser compartida y reflexionada con los actores locales relevantes de los territorios.

Paso 1: Identificación del territorio y de la escala de análisis del sistema de vida.-

El primer paso importante en el proceso de caracterización de los sistemas de vida tiene que ver con la definición de la escala y la unidad de análisis del sistema de vida. La evaluación tendrá que definir si el análisis del sistema de vida se va a realizar a escala de la comunidad, municipio, región, provincia o departamento. Esta definición dependerá del objetivo con el que se realiza el análisis del sistema de vida y del detalle de información que se pretende obtener del mismo.

Una vez definida la escala se realizará la selección de la jurisdicción territorial. En el país existen varios tipos de unidades válidas en las que se puede realizar el análisis de los sistemas de vida. En primer lugar están las jurisdicciones político-administrativas representadas por los municipios, provincias y departamentos. En segundo lugar están las fronteras territoriales de las naciones y pueblos indígenas y originarios, mismas que pueden ser identificadas en los límites de los territorios indígena originario campesinos (TIOC). En tercer lugar, están las unidades de cuencas o micro-cuencas. En resumen, el sistema de vida podrá trabajarse desde la mirada jurisdiccional de la división político-administrativo, desde la mirada de las fronteras territoriales tradicionales de las naciones y pueblos indígenas o desde la perspectiva de las cuencas, sin excluir otras potenciales miradas del territorio.

Cada una de estas unidades territoriales podrá constituir la frontera referencial de un sistema de vida que incluye, según corresponda, varios subsistemas de vida. En este sentido, el sistema de vida es una mirada para analizar las interacciones que se presentan en un territorio y no así una delimitación o división del territorio.

Paso 2: Análisis de contexto de los sistemas de vida.-

Un sistema de vida denota un conjunto de procesos históricos, sociales, económicos, políticos, y culturales que se han desarrollado en el territorio de análisis. Entonces resulta importante entender el contexto o el ambiente en el que se han constituido dichos sistemas de vida y que han dado lugar a la conformación de las diferentes unidades socioculturales que habitan dichos territorios y zonas de vida que existen en los mismos.

Por otra parte, también resultará importante entender qué tipo de interacciones históricas se han desarrollado entre las poblaciones locales con el espacio y sus zonas de vida, considerando que en muchos territorios existen procesos de gestión territorial basados en el manejo de diferentes ecosistemas o pisos ecológicos.

Paso 3: Análisis de la estructura básica de los sistemas de vida (articulación entre unidades socioculturales y zonas de vida).-

Un sistema de vida es entendido como la gestión óptima entre las unidades socioculturales y zonas de vida, por lo tanto un paso importante para comprender un sistema de vida tiene que ver con el escenario territorial donde se construye la interacción entre las sociedades con la naturaleza. Para ello, tendrán que identificarse las unidades socioculturales y las zonas de vida que existen en el territorio seleccionado.

Las unidades socioculturales se refieren a los grupos poblacionales que comparten un territorio, cultura, historia, lengua y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (en el marco del Art. 289, CPE). Las zonas de vida son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo (en el marco del Art. 5.10 de la Ley No 300).

En este análisis se podrán encontrar diferentes situaciones en términos de la existencia y articulación entre unidades socioculturales y zonas de vida. Será posible encontrar casos de unidades territoriales pequeñas (por ejemplo una comunidad) fuertemente cohesionadas como grupo sociocultural y cuya forma de vida está articulada al manejo de diferentes zonas de vida o pisos ecológicos. También, en unidades territoriales más grandes (municipios o departamentos) se podrán encontrar casos donde diferentes unidades socioculturales se encuentran compartiendo una zona de vida con características similares, pero la visión de manejo y gestión de la zona de vida no es la misma debido a las diferencias que existen entre las unidades socioculturales. En este sentido, diferentes unidades socioculturales pueden construir y consolidar diversos sistemas de vida o también un solo sistema de vida como resultado de patrones similares de interacción.

Se puede determinar como regla básica que en principio existirán tantos sistemas de vida como unidades socioculturales existan en el territorio, en tanto que un sistema de vida corresponde primariamente a una unidad sociocultural establecida sobre una o más zonas de vida. Sin embargo, tomando en cuenta que las unidades socioculturales no son tampoco unidades homogéneas será necesario comprender las diferentes dinámicas de interacción que caracterizan a dichas unidades socioculturales para ser consideradas como parte de uno o varios sistemas de vida. Para ello es preciso avanzar en el siguiente paso que se refiere a la comprensión de las interacciones internas de los sistemas de vida.

Paso 4: Análisis de los patrones internos de interacción entre unidades socioculturales y zonas de vida.-

Este paso comprende el análisis de las diferentes dinámicas de relacionamiento o patrones de interacción que se desarrollan entre cada una de las unidades socioculturales con las zonas de vidas del territorio, tratando de determinar la similitud o diferencias entre dichas interacciones. El análisis se concentra en las interacciones internas que son las interacciones que se desarrollan al interior de cada una de las unidades socioculturales.

Las interacciones territoriales entre sociedad y naturaleza se pueden construir en diferentes ámbitos pero por lo menos se deben tomar en cuenta los aspectos territoriales o físico-geográficos, los económico-productivos, la gestión de gobierno, que incluye aspectos organizacionales e institucionales, y los procesos culturales o de formación de identidades culturales en el territorio.

Para el mapeo de los sistemas de vida interesa establecer las interacciones que se construyen con el entorno territorial inmediato y con otros territorios, tomando en cuenta los cuatro tipos de interacciones que han sido planteadas en el cuadro anterior.

a) Interacciones territoriales (aspectos físico-geográficos). En lo que se refiere a los aspectos físico-geográficos resulta importante realizar la caracterización del sistema de vida tomando en cuenta el conjunto de interacciones que tiene la unidad sociocultural al interior de la unidad básica de análisis o jurisdicción político-administrativa donde se está desarrollando la evaluación. Sin embargo, se priorizará el escenario físico-geográfico inmediato de los que depende la unidad sociocultural para su desenvolvimiento. Algunos elementos a considerarse en este análisis son los siguientes:

  • Patrones de tenencia de la tierra y territorio.
  • Patrones de apropiación de paisajes para el desenvolvimiento de la unidad sociocultural.
  • Patrones de relaciones con el entorno inmediato para la provisión de funciones ambientales estratégicas (por ejemplo, provisión de agua en la cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, agropecuario o uso industrial).

La lectura de los vínculos territoriales permitirá trazar las fronteras territoriales de los sistemas de vida en términos de su relacionamiento con el entorno físico-geográfico que proporciona las funciones ambientales estratégicas al sistema de vida.

b) Interacciones productivas (aspectos económico-productivos). En lo que se refiere a los aspectos productivos, los sistemas de vida desarrollan actividades económicas-productivas en su interacción con las zonas de vida del territorio analizado, aunque también será posible encontrar actividades productivas por fuera del territorio seleccionado como producto de las migraciones temporales de la población a otros territorios. La evaluación priorizará el desarrollo de las actividades económicas y productivas al interior del territorio seleccionado. Algunos elementos a ser considerados en este análisis serán los siguientes:

  • Patrones de relaciones con el entorno inmediato para la provisión local y diversificada de insumos y productos para el funcionamiento del sistema de vida.
  • Patrones de aprovechamiento de los recursos naturales (componentes de la naturaleza) y su ubicación para el desarrollo de las actividades económicas-productivas que son la base de los medios de vida de las sociedades locales.
  • Patrones de ocupación de territorios continuos o discontinuos para el desarrollo de las actividades económico-productivas.

La lectura de los vínculos económico-productivos de la unidad sociocultural permitirá trazar las fronteras del sistema de vida en términos del aprovechamiento estratégico de los recursos naturales que son parte del sistema de vida, así como el acceso a insumos productivos o a servicios financieros y no financieros.

c) Interacciones de gobernanza (aspectos organizativos e institucionales). Consiste en la identificación de las principales organizaciones que agrupan a los miembros pertenecientes a la unidad sociocultural del sistema de vida. Supone avanzar en el entendimiento del alcance territorial de dichas organizaciones y su capacidad de influencia en la toma de decisiones vinculadas a la gestión, manejo y aprovechamiento de los territorios y recursos naturales de los territorios. Algunos elementos a ser considerados en el análisis serán los siguientes:

  • Patrones de relaciones de las organizaciones principales que aglutinan y cohesionan a la unidad sociocultural.
  • Patrones de organización en la definición de las reglas que definen el comportamiento de la unidad sociocultural con relación al aprovechamiento de los recursos naturales y gestión de los territorios.
  • Patrones de relación con otras organizaciones de escala superior.

La lectura de los vínculos de gobierno de la unidad sociocultural permitirá trazar las fronteras en términos de la dinámica organizativa de los integrantes del sistema de vida y tener claridad con relación a las articulaciones organizativas con estructuras agregadas en ámbitos territoriales mayores. En todo caso, se espera que cada sistema de vida cuente con una organización sólida en la escala donde se realiza la evaluación del sistema de vida y con capacidad institucional para regular las mejores relaciones posibles entre la sociedad con la naturaleza en el escenario donde se establece dicha interacción.

d) Interacciones culturales (aspectos de identidad cultural). Consiste en la identificación de las características de identidad cultural que tiene un territorio, para lo cual deberán considerarse las fronteras de la identidad cultural en el territorio o también en términos de los alcances de la percepción cultural y simbólica de los territorios. Algunos elementos a ser considerados son los siguientes:

  • Patrones de la identidad cultural del territorio.
  • Identificación de la identidad lingüística en el territorio como una expresión de identidad cultural.
  • Lectura del alcance de las expresiones culturales y simbólicas del territorio.

La lectura de los vínculos culturales permitirá trazar las fronteras simbólicas, lingüísticas y de identidad cultural del sistema de vida. En muchos casos estas interacciones serán las que definan las fronteras territoriales del sistema de vida, por la fuerza que tiene el proceso de construcción de la identidad cultural de los territorios, y al ser parte de la historia larga de la unidad sociocultural que configura el sistema de vida.

Paso 5: Identificación de los sistemas de vida (subsistemas) en el territorio.-

Los sistemas de vida hacen referencia a las unidades socioculturales (o grupos de unidades socioculturales) que en su interacción con las diferentes zonas de vida comparten patrones de interacción comunes en los aspectos referidos anteriormente.

Entonces una o varias unidades socioculturales en su articulación con una o varias zonas de vida constituirán uno o varios sistemas de vida, caracterizados por compartir rasgos similares en el marco de su interacción entre sí y con las zonas de vida. La interacción, en este nivel del análisis, no necesariamente debe conducir a una interacción positiva o edificante, sino que también puede ser una interacción de tensión o negativa entre los seres humanos con la naturaleza.

También se ha mencionado que podrán existir territorios con un sistema de vida predominante, pero usualmente se presentarán diferentes unidades socioculturales constituyendo cada una de ellas un sistema de vida. En este caso se ha insistido que éstos más bien sean considerados como subsistemas de vida articulados a un sistema mayor. Entonces, las fronteras del sistema de vida serán las del territorio donde se está realizando el análisis o la evaluación de los sistemas de vida.

Un sistema de vida siempre podrá ser analizado en una escala mayor en tanto que las interacciones externas entre sistemas de vida son una constante, sin embargo, pragmáticamente será necesario limitar el análisis a una frontera territorial, que será precisamente la unidad territorial seleccionada en el paso 1 definido anteriormente.

Paso 6: Análisis de los patrones externos de interacción entre sistemas de vida o subsistemas de vida articulados a un sistema de vida.-

Una vez que se han identificado los diferentes sistemas de vida al interior de un territorio será necesario avanzar en el análisis de los patrones externos de interacción o entre diferentes sistemas de vida. Si se ha identificado más de un sistema de vida en la jurisdicción territorial de análisis será importante considerar cada uno de ellos como un subsistema integrado a un sistema de vida mayor que tiene como frontera referencial el territorio seleccionado.

Este análisis tomará en cuenta las contribuciones (positivas o negativas) que realiza cada subsistema de vida al otro subsistema, identificándose las contribuciones utilizando también los aspectos territoriales, económico-productivos, culturales y de gobernanza del territorio. Para esta evaluación se recomienda emplear una matriz insumo/producto siguiendo el razonamiento de que cada sistema (o subsistema) puede realizar una contribución al otro sistema (o subsistema) y recibir contribuciones de otros sistemas (o subsistemas).

Paso 7: Análisis de la gestión o manejo óptimo del sistema de vida (o subsistemas) en el marco de las interacciones internas.-

Cuando se haya alcanzado una adecuada comprensión de las interacciones internas en los sistemas de vida, así como la frecuencia, intensidad y el alcance de dichas interacciones, se podrá pasar al análisis de las condiciones bajo las cuales se está desarrollando la gestión de dicho sistema de vida.

Los procesos de gestión óptima de los sistemas de vida son analizados en el marco de la existencia de las condiciones del sistema de vida (o subsistema de vida) para permitir la efectiva implementación o ejercicio de los cuatro grupos derechos identificados en el artículo 9 de la Ley No 300 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que son: i) los derechos de la Madre Tierra, ii) los derechos del pueblo a su desarrollo integral, iii) derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; y iv) derechos a vivir sin pobreza material, social y espiritual. Así, el análisis contempla el respeto y ejercicio de los cuatro tipos de derechos complementarios que hacen a la reproducción de un sistema de vida. Este análisis se realiza desde la visión de los derechos para dinamizar las redes de relaciones positivas entre las diferentes interacciones y disminuir la presión de los patrones de interacción que pueden debilitar o destruir el sistema de vida.

El análisis de los procesos que permiten poner en marcha condiciones de gestión o manejo óptimo de los sistemas de vida permite además una reflexión respecto al avance en el cumplimiento de los cuatro grupos de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra en el sistema de vida (o subsistemas de vida) del territorio en cuestión. Entonces, un sistema con capacidad de gestión óptima del sistema de vida es aquel en el que existen las mejores condiciones para el cumplimiento y ejercicio pleno de los derechos mencionados con anterioridad.

Para la realización de este análisis se deberán encontrar las articulaciones significativas entre las diferentes articulaciones que posibilitan la reproducción del sistema de vida en un contexto de complementariedad de derechos. En este contexto, la ubicación de las interacciones y de los derechos en las casillas es simplemente referencial. Existirán tantas combinaciones entre patrones de interacción y derechos como sean necesarias para cada caso específico de análisis. Por tanto, la ubicación de los tipos de derecho y ámbitos de interacción depende de las prioridades de los actores que están analizando el sistema de vida, pero permite plantearse cuestiones fundamentales respecto a la importancia de cada tipo de derecho para facilitar la capacidad de reproducción o gestión óptima de manejo del sistema de vida.

  • Los derechos de la Madre Tierra enfatizan el respecto y protección de la diversidad de formas de vida en el territorio, posibilitando las capacidades de regeneración de los componentes naturales de la Madre Tierra (agua, bosques, suelos y biodiversidad, entre los más importantes).
  • Los derechos de las naciones y pueblos indígenas enfatizan las interacciones culturales y sus dinámicas propias respecto a la puesta en marcha de los procesos propios políticos, culturales, sociales y económicos de la población.
  • El derecho al desarrollo integral enfatiza las interacciones territoriales vinculadas al respeto a la diversidad de las distintas formas de vida así como al logro del desarrollo integral tomando en cuenta las diferentes dimensiones materiales, subjetivas, espirituales, económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales, entre otras.
  • El derecho a vivir sin pobreza y en armonía, enfatiza la necesidad de construir sociedades libres de pobreza material, social y espiritual.

Con esta aproximación referencial respecto a la importancia de la comprensión del respeto y ejercicio de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra en el análisis de la gestión óptima de los sistemas de vida, a continuación se presentan las articulaciones más significativas que podrán ser consideradas en la gestión óptima del sistema de vida, con un enfoque basado en derechos. Cabe aclarar que las articulaciones significativas podrán ser diferentes de acuerdo a las características específicas de los territorios del país, mismas que deben ser identificadas de forma participativa de acuerdo a las condiciones locales.

Derecho de las personas y comunidades a vivir sin pobreza material, social y espiritual o erradicación de la pobreza (EP). Consiste en la identificación de los procesos y prácticas desarrolladas en el sistema de vida que le permiten contar con la capacidad para avanzar en la erradicación de la pobreza, material, social y espiritual de forma sostenible en el tiempo, o a vivir en relaciones de armonía.

Derechos de la Madre Tierra (MT). Consiste en la identificación de los procesos que se desarrollan en el sistema de vida para reconocer y proteger los derechos de la Madre Tierra, fundamentalmente los que se refieren a la reproducción de la diversidad de formas de vida así como la protección de las funciones ambientales estratégicas que influyen en la reproducción de dicho sistema, garantizando su capacidad de regeneración.

Derechos del pueblo a su desarrollo integral (DI). Consiste en la identificación de los procesos y prácticas productivas sostenibles en el tiempo para el cumplimiento integral de los derechos fundamentales definidos para la población boliviana en la normativa constitucional, así como de las capacidades de gestión para la puesta en marcha de acciones sostenibles en el tiempo en lo que se refiere a los aspectos económicos y productivos.

Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (PI). Consiste en la existencia de un entorno favorable para el fortalecimiento de las cosmovisiones propias y desarrollo de los saberes, tecnologías y prácticas de las unidades socioculturales que consolidan una visión compartida del sistema de vida, en el marco de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos reconocidos en el ámbito internacional y nacional.

Paso 8: Análisis de la gestión o manejo óptimo del sistema de vida (o subsistemas) en el marco de las interacciones externas.-

Las interacciones externas significativas han sido destacadas en el análisis previo de las interacciones entre los diferentes sistemas de vida, entendidos como subsistemas de un sistema de vida mayor. En éste análisis se habrán identificado el conjunto de las contribuciones (positivas o negativas) de los subsistemas sobre los otros subsistemas de vida que comparten un territorio determinado.

Los procesos que determinan las capacidades de gestión óptima de los sistemas de vida son identificados considerando las articulaciones significativas que resultan de dicho grupo de interacciones, es decir, las más relevantes. El análisis también contempla el respeto y ejercicio de los cuatro tipos de derechos complementarios que hacen a la gestión óptima de un sistema de vida, como se ha mencionado anteriormente.

De esta forma se podrá identificar en qué medida en el territorio en cuestión se está dando la articulación entre dos o más subsistemas de vida tomando en cuenta los cuatro grupos de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, y cuáles son los factores críticos en los que debería trabajarse en el futuro para fortalecer procesos de gestión óptima de los sistemas de vida. Así, un sistema con capacidad de gestión óptima del sistema de vida es aquel en el que existen las mejores condiciones para el cumplimiento y ejercicio pleno de los derechos mencionados con anterioridad.

Tomando como ejemplo la interacción territorial en el marco de la provisión de agua potable y provisión de alimento de un sistema a otro sistema, podemos realizar el siguiente análisis en el marco de la complementariedad de derechos.

Paso 9: Análisis de los resultados de equilibrio de los sistemas de vida.-

Se basa en el análisis y evaluación de los procesos que promueven y fortalecen los balances y equilibrios entre las diferentes dimensiones o aspectos de los sistemas de vida en una unidad básica de análisis. Este enfoque además permite avanzar con mayor claridad en el denominado proceso de armonización de los sistemas de vida, evaluando el grado en el que las diferentes relaciones entre la sociedad y la naturaleza conducen a construir una relación armónica y equilibrada entre los elementos sociales, productivos, ambientales y culturales en el sistema de vida.

Análisis de equilibrios en diferentes escalas territoriales

El tipo y la significancia de las variables que se escojan para realizar el análisis de las dimensiones de los sistemas de vida deberá variar de acuerdo a la escala donde se realice la evaluación; es decir, variables que tienen un significado importante en una escala pueden no tener la misma importancia y trascendencia en otra escala. Por lo tanto, el análisis de equilibrios promueve un análisis de las cuatro dimensiones de los sistemas de vida tomando en cuenta variables e indicadores que tienen relevancia en la escala seleccionada para el análisis. Asimismo, toma en cuenta el análisis en áreas urbanas de manera específica por las características particulares que tienen los conglomerados urbanos.

En este sentido, sugerimos tomar en cuenta para el análisis de equilibrios de los sistemas de vida tres diferentes escenarios: i) escalas territoriales mayores (ámbito nacional); ii) escalas territoriales menores (ámbitos departamentales, regionales y municipales); y iii) conglomerados urbanos (ciudades y centros poblados). A continuación, se introduce una discusión para los dos primeros. El tercero no es contemplado en este documento por sus características específicas que escapan al contenido de este libro.

a) Escalas territoriales mayores (nacional)

Para la identificación de los equilibrios en las cuatro dimensiones del sistema de vida en la escala que corresponde al ámbito nacional, se sugiere realizar el análisis de las variables, tomando en cuenta el significado y trascendencia de las variables para escalas territoriales mayores. Se sugiere como propuesta de variables de análisis las siguientes:

  • En la dimensión de funciones ambientales se podrá tomar en cuenta el balance hídrico, la fertilidad de los suelos, la captura de carbono y la presencia de biodiversidad. Entonces, a mayor presencia de dichas variables la importancia de esta dimensión en el sistema es mayor.
  • La dimensión de sistemas productivos sustentables podrá comprender la relación de coincidencia entre el uso actual y el potencial productivo, coincidencia entre el uso actual y la aptitud de uso y desarrollo de actividades productivas fuera de las áreas de restricción. En cada caso se construye una valoración para evaluar la importancia de dicha dimensión en el triángulo de equilibrios.
  • Con relación a la situación de pobreza se podrá tomar en cuenta el acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, energía eléctrica y vivienda).

Cada una de las dimensiones comprende una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa.

b) Escalas territoriales menores (regional, departamental, municipal y local)

Para la identificación de los equilibrios en las cuatro dimensiones del sistema de vida, en escalas que corresponden a ámbitos departamentales, regionales y municipales, se debe realizar un análisis con variables más cercanas y significativas a la cotidianeidad y realidad de los departamentos y municipios. Estas variables son referenciales y en cada territorio del país deberá realizarse un proceso participativo de elección de las variables más representativas y adecuadas a la realidad local.

Cada una de las dimensiones debe estar estructurada en componentes y variables específicas, con significado y trascendencia para escalas territoriales menores como se presenta a continuación:

  • En la dimensión de funciones ambientales se podrá tomar en cuenta el número de hectáreas con áreas protegidas, el número de hectáreas con bosque, superficie de suelos degradados o capacidades de almacenamiento de agua, entre otras variables.
  • La dimensión de sistemas productivos sustentables podrá incluir la superficie con riego con relación a la superficie total cultivada, la existencia de caminos en buen estado, personas con acceso a servicios financieros y no financieros, superficie de áreas deforestadas, áreas con planes de manejo forestal, entre otros aspectos.
  • Con relación a la situación de pobreza se podrá tomar en cuenta el acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, energía eléctrica y vivienda).
  • Con relación a aspectos culturales se podrá tomar en cuenta la presencia de población indígena originario campesina en el territorio con relación a la población total y su vigencia en términos lingüísticos, entre lo más importante.

Como en el caso anterior de análisis en escalas territoriales mayores, cada una de las dimensiones comprende una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa.

También deberá realizarse un análisis específico de variables para los conglomerados urbanos.

Representación de los resultados de equilibrio en los sistemas de vida

Se analizan tres experiencias que al presente se han desarrollado en el país para representar los equilibrios en el sistema de vida. En primer lugar se presenta el análisis del triángulo de equilibrios en el sistema de vida desarrollado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) en el proceso de implementación del nuevo proceso de planificación territorial en el país, con sugerencias de ajuste que incluye el tratamiento del fortalecimiento de la identidad cultural. En segundo lugar, se presenta el mapa biocultural que ha sido desarrollado y utilizado por el programa Biocultura en algunos municipios del país. En tercer lugar, se introduce el enfoque de la Coordinadora Nacional de las Autonomías Indígena Originario Campesinos de Bolivia (CONAIOC). De estas tres experiencias se aprende que existen diferentes visiones para analizar el equilibrio y balance de las unidades político-administrativas en el país entendidas desde una lógica de sistemas de vida.

El análisis del equilibrio de los sistemas de vida (triángulo de equilibrios) es una propuesta para la planificación territorial en las entidades territoriales autónomas del país con enfoque de gestión de sistemas de vida.

El análisis de equilibrios sobre la base del triángulo equilátero ha sido diseñado y planteado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) en los lineamientos metodológicos de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI).

a) Enfoque del equilibrio como triángulo equilátero

Está diseñado para incorporar en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral de las entidades territoriales autónomas la visión de la complementariedad de derechos desde una perspectiva simplificada y orientada a la puesta en marcha de procesos de gestión pública con enfoque de gestión de sistemas de vida.

En el marco del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, se debe tender a que todas las dimensiones del sistema de vida estén en equilibrio y en su máxima potencia, formando un verdadero triángulo equilátero. En esta visión es fundamental incorporar una cuarta dimensión a los sistemas de vida que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural, sobre cuyos propósitos, principios y fundamentos se basa el logro de las otras tres dimensiones. Asimismo, se debe tender a consolidar un círculo de mayor dimensión, representando un sistema de vida fuertemente basado en procesos de consolidación de las identidades culturales en los ámbitos territoriales.

b) Enfoque del equilibrio como círculo de complementariedad

En este enfoque se usan las mismas variables referidas para cada arista del triángulo y para la dimensión cultural, sin embargo difiere la forma de presentación de la información, esta vez en un círculo, donde todos los elementos están presentados de forma desagregada y actúan como aspectos mutuamente complementarios. De este modo, se tiene una caracterización del sistema de vida como una articulación complementaria de diferentes elementos que corresponden a las dimensiones del sistema de vida. Por ejemplo:

c) Enfoque del mapa biocultural de los sistemas de vida

El mapa biocultural (pusini) ha sido propuesto por el Programa Biocultura  con la intención de dar cuenta racional y visualmente del equilibrio de los sistemas de vida, resaltando sin embargo la diferencia entre Vivir Bien y desarrollo como dos ámbitos complementarios. De acuerdo a este razonamiento la complementariedad de dos matrices civilizatorias opuestas es parte fundamental para la construcción de los sistemas de vida, en tanto que las sociedades de las naciones y pueblos indígenas tienen una matriz de pensamiento basada en la complementariedad de opuestos, que es contraria a la lógica occidental que se basa en la exclusión de opuestos. En este sentido, en la sociedad boliviana se vendría construyendo un proceso simultáneo entre construcción de procesos de Vivir Bien y desarrollo. La propia comprensión de los cuatro grupos de derechos de la Madre Tierra y de los pueblos sería parte de esta lógica de complementariedad.

Para clarificar la diferencia entre el concepto del Vivir Bien de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el concepto de desarrollo del occidente, se introduce la siguiente matriz comparativa.

d) Enfoque de equilibrios y saberes en las dimensiones del Vivir Bien

La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) ha presentado en su Plan Estratégico Integral (PEI) una propuesta para comprender el equilibrio desde diferentes dimensiones de la Chaqana (andina) o Karakarapepo (guaraní), tomando en cuenta cuatro dimensiones del Vivir Bien: dimensión de identidad territorial, dimensión político organizativa, dimensión de cultura y sabiduría ancestral y la dimensión económica productiva. Además estas dimensiones se construyen tomando en cuenta cuatro saberes del Vivir Bien: saber querer, saber pensar, saber poder, saber hacer, a través de los cuales se realiza la interacción y la construcción de los procesos hacia el Vivir Bien.

Dimensión político organizativa

Comprende la promoción de la libre determinación y el autogobierno y pasa por la consolidación de la plena participación comunitaria en la gestión pública. Esto supone la aplicación práctica del mandar obedeciendo al pueblo y a las bases comunitarias. Este principio se sustenta en la democracia comunal del consenso donde se toman las decisiones con la participación de todas y todos los miembros de la comunidad. Asimismo, supone el reconocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones comunitarias de quienes viven en la comunidad. Para el fortalecimiento de los aspectos referidos a la dimensión política organizativa se propone lo siguiente:

  • El fortalecimiento de los modelos políticos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, consolidando las formas de gobierno ancestral, para el ejercicio del autogobierno y la libre determinación.
  • El fortalecimiento de la organización territorial de gobierno desde las comunidades, ayllus, markas, zonas, capitanías y pueblos.
  • El fortalecimiento de la democracia comunitaria y la construcción de una institucionalidad intercultural, impulsando la participación igualitaria, entre líderes mujeres y hombres.
  • La recuperación de la transparencia política y control social, a través de una mayor fluidez de información hacia las bases, con conocimiento y respeto a las estructuras de las organizaciones, en coordinación con las organizaciones matrices y bases.
  • El fortalecimiento del pensamiento crítico de las AIOC en el Estado Plurinacional.
  • La recuperación de la sabiduría política propia para el autogobierno.

Dimensión de cultura y sabiduría ancestral.-

Comprende la promoción del desarrollo, intercambio de experiencias, recuperación y fortalecimiento de los sistemas culturales de las naciones y pueblos (por ejemplo: conocimientos y saberes, arte, música, textiles, biodiversidad, etc.). Para el fortalecimiento de la dimensión de cultura y sabiduría ancestral se propone lo siguiente:

  • El fortalecimiento de la identidad cultural territorial de las AIOC y la recuperación de la sabiduría de los abuelos-abuelas.
  • El fortalecimiento de los principios y valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el respeto de las diferentes cosmovisiones, fortaleciendo las prácticas y formas de vida en las AIOC.
  • La recuperación de los principios y valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través del intercambio cultural, intra e intercultural.
  • El fortalecimiento del intercambio de experiencias culturales en todas sus manifestaciones, música, vestimenta y tejidos ancestrales de las AIOCs.
  • La restitución de instituciones propias para la administración del territorio, incluyendo los sistemas políticos y económicos.
  • La recuperación de las prácticas de la música nativa y otras instancias que hacen a la cultura de cada AIOC, artesanías, idiomas, y otros.
  • La generación de mecanismos en cada AIOC para precautelar los saberes ancestrales y sistemas de conocimientos.

Dimensión económico-productiva.-

Comprende la promoción de la economía comunitaria y de las empresas comunitarias sobre los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio y armonía, donde la economía comunitaria complementa el interés individual con el vivir colectivo. Además, promoverá el desarrollo de la economía mixta en los gobiernos de las AIOC orientada a fortalecer la economía comunitaria. Para el fortalecimiento de la dimensión económico-productiva se propone lo siguiente:

  • La recuperación, fortalecimiento y ejercicio de los sistemas pro ductivos comunitarios, produciendo de forma acorde a los ciclos de la Madre Tierra y a las culturas propias de las AIOCs.
  • La soberanía productiva y alimentaria desde las AIOCs.
  • El desarrollo de políticas de producción comunitaria ecológica y gestionar ante el gobierno del nivel central del Estado Plurinacional apoyo para materializar las políticas sectoriales planteadas.
  • La transformación e industrialización con valor agregado de los productos de los sistemas comunitarios, impulsando su comercialización e intercambio.
  • El fortalecimiento de la producción propia y diversificada orgánica.
  • La recuperación y mejora del trabajo comunitario (Mink´a, Motiro, Minga y otras prácticas productivas comunitarias de las tierras bajas).
  • La producción y generación de fuentes de trabajo, para frenar la migración de jóvenes, mujeres y hombres,
  • El uso adecuado de los recursos naturales, renovables y no renovables, preservándolos para nuestras generaciones futuras y la Madre Tierra.

Paso 10: Análisis de la armonización de los sistemas de vida.-

En las escalas mayores es difícil realizar una aproximación rápida a la armonización de los sistemas de vida en el corto plazo, ya que la valoración de los cambios en las diferentes variables requiere de dinámicas temporales más largas y cálculos más complejos, por lo que se recomienda que la armonización de sistemas de vida a esta escala pueda evaluarse solamente en el mediano o largo plazo. El análisis de armonización de los sistemas de vida, por las características y escalas de las variables solamente es significativo y posible de ser realizado en el análisis propuesto para escalas menores (departamental, municipal y local).

La relación de los equilibrios en la situación armonizada del sistema de vida incluye cambios en la situación actual de los equilibrios, como resultado de cambios en la línea de base o en la situación actual en sus diferentes variables. En esta dirección, el proceso de gestión territorial debería tener como objetivo la realización de acciones que permitan alcanzar un mayor balance o equilibrio (en el caso del triángulo equilátero, la armonización tenderá a proyectar una figura del triángulo lo más cercana al triángulo equilátero o en el caso del círculo de complementariedad una figura más cercana a los límites del círculo), demostrando de esa manera que se están realizando acciones de armonización del sistema de vida y garantizando la reproducción del sistema de vida.

Entonces, el proceso central del análisis de la relación de los equilibrios de los sistemas de vida en una jurisdicción territorial presentará el contraste entre la situación actual en términos de equilibrios o desequilibrios del sistema de vida y la potencial situación armonizada del sistema de vida, como producto de las intervenciones de gestión pública en las diferentes dimensiones.

En el proceso de armonización de los sistemas de vida se recomienda seguir las siguientes acciones:

  • 1.
    a) Identificación de las acciones principales para la armonización del sistema de vida tomando en cuenta las diferentes dimensiones analizadas en los resultados del sistema de vida.
  • 2.
    b) Valoración cuantitativa y cualitativa del sistema de vida armonizado, tomando en cuenta la potencial implementación de las acciones previstas para armonizar el sistema de vida.
  • 3.
    b) Comparación del sistema de vida actual con el sistema de vida armonizado.

Análisis y Reflexiones Sobre Las Iniciativas REDD+

Bolivia y El Reto de No Ceder en la Defensa de la Pachamama Ni Perder el Dinero del Carbono

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Walter Arteaga CEDLA – Bolivia

art 9

Preso de sus propias contradicciones, el gobierno boliviano del presidente Evo Morales intenta avanzar en el diseño de una política pública nacional sobre cambio climático, que le permita no abandonar su profusa retórica internacional de defensa de la Pachamama y de la vida en armonía con la naturaleza y, simultáneamente, acceder a los recursos financieros que la comunidad internacional (en especial los países industrializados) pone en pie en torno a la mitigación del cambio climático y, en particular, para frenar la degradación forestal y la deforestación mediante la compensación por el secuestro de carbono.

El análisis de la orientación y avances de esta política oficial muestra que el desafío es enorme, ya que se trata de “armonizar” la crítica gubernamental boliviana contra un capitalismo depredador de la naturaleza –que le ha permitido al presidente Morales posicionarse como uno de los íconos mundiales de la defensa del medio Ambiente – con los beneficios económicos y mecanismos que los países industrializados, que son los más contaminadores, están dispuestos a transferir a los países más pobres; todo ello sin modificar sustancialmente los patrones de desarrollo que han provocado el calentamiento global y que ponen en riesgo la seguridad y vida del planeta y de sus habitantes.

Las notables divergencias entre el discurso y la realidad que acompaña el accionar gubernamental en torno a la expansión de las actividades extractivas, con su secuela  de  daño  ambiental e impacto socioeconómico en los territorios y comunidades indígenas y campesinas, ilustran la magnitud del reto y los peligros siempre latentes de convertir el discurso ambiental-indianista en simple demagogia o, por el contrario, de llevar a la inviabilidad sus propias políticas económicas desarrollistas.

La abierta contradicción irresuelta entre la persistencia y expansión del extractivismo minero y petrolero frente al discurso de defensa de la Pachamama y, el escaso grado de efectividad y una vigencia formal pero no real del derecho a la consulta a los pueblos indígenas es, sólo un ejemplo de las enormes dificultades cuando se trate de conciliar el discurso ambiental-indianista con los mecanismos compensatorios del mercado de carbono.

En este contexto, el gobierno boliviano intenta ahora desarrollar una sofisticada ingeniería institucional que dé sustento a una política pública que, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado y el ejercicio de las autonomías indígenas en el Estado Plurinacional, le permita acceder a los mecanismos de compensación económica establecidos para los países que preserven y hagan sostenibles sus bosques, de tal manera que absorban el carbono que los países industrializados y sus grandes empresas emiten sin control a la atmósfera.

En esta política pública, la clave del diseño y alcance de las iniciativas de compensación radica en definir cuáles serán los mecanismos de acceso y de distribución de las compensaciones económicas por el secuestro de carbono. Quiénes pagan las compensaciones, quiénes obtienen la titularidad de los créditos de carbono y quiénes son los beneficiarios directos que reciben los recursos económicos de compensación son los ejes que definen si estas iniciativas se inclinan más por la visión indianista o por el mercado capitalista.

En la visión gubernamental, el Estado plurinacional y los pueblos indígenas y comunidades campesinas deberían ser los receptores directos de estas compensaciones económicas, a través de un fondo nacional, que debiera ser financiado en una cuantía suficiente por los países industrializados. Todo ello sin que se libere a los países industrializados de su obligación de bajar sus emisiones de carbono, cuyas empresas optan por la compra en el mercado de los créditos de carbono, sin reducir efectivamente sus emisiones.

Pero, para viabilizar esta propuesta, que se barajaría como alternativa nacional en la negociación/presión con la comunidad internacional, Bolivia deberá previamente dotarse de una nueva política nacional de bosques (nueva ley de bosques) que enfrente las causas de la deforestación y la degradación de sus bosques y contemple una estrategia específica para estos mecanismos de compensación, más conocidos como REDD (reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosques).

En la construcción de una política pública específica para REDD, Bolivia debería superar, además, barreras institucionales, legales y políticas, y las vinculadas al desarrollo de capacidades de las organizaciones nacionales gubernamentales, de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

En este esquema gubernamental, la clave estriba en fortalecer en capacidades y financieramente el Programa Nacional de Cambios Climáticos. Con este programa fortalecido, se considera posible la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos; por otro lado, la actualización de los niveles de referencia de las emisiones de carbono, permitirá elaborar un plan de acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques.

El análisis de la visión gubernamental muestra que otros de los desafíos pendientes en esta estrategia son: involucrar e incorporar a las comunidades y pueblos indígenas en estas iniciativas, dar apertura y participación de otros actores, recuperar los conocimientos y experiencias de las iniciativas REDD ya desarrolladas en el país, impulsar el saneamiento de tierras y el catastro rural, y diseñar los mecanismos para que los recursos obtenidos sean gestionados y administrados como inversión pública que mejore las condiciones de vida de las comunidades indígenas en las áreas donde se concreten esas iniciativas.

Con todo, el diseño de esta estrategia permitiría establecer cuán cerca o cuán lejos está el gobierno boliviano de llevar a la práctica sus postulados de una convivencia armónica con la naturaleza y las posibilidades reales del “buen vivir”.

A partir de la COP 14 (Conferencia Anual de Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizada en diciembre de 2008 en Poznán, Polonia), el gobierno boliviano presentó una postura crítica a las formas en que los países industrializados agencian los mecanismos financieros para frenar el calentamiento global20.

En la carta oficial del gobierno de Bolivia a la COP14, el presidente Morales decía que:

“Los mecanismos de mercado aplicados en los países en desarrollo no han logrado una disminución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así como el mercado es incapaz de regular el sistema financiero y productivo del mundo, el mercado tampoco es capaz de regular las emisiones de gases de efecto invernadero y sólo generará un gran negocio para los agentes financieros y las grandes corporaciones”.

Extracto de la carta de Evo Morales a la Cumbre de Poznán: “Cambio Climático: Salvemos al Planeta del Capitalismo”, noviembre 2008.

En esta perspectiva, el Estado Plurinacional boliviano propuso la creación de un fondo de compensación que devenga en un mecanismo para que los países más contaminadores financien la mitigación y la adaptación al cambio climático:

“La reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de bosques REDD, debe estar basada en un mecanismo de compensación directa de países desarrollados a países en desarrollo, a través de una implementación soberana que asegure una participación amplia de comunidades locales y pueblos indígenas, y un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación transparentes y públicos”.

Extracto de la carta de Evo Morales a la Cumbre de Poznán: “Cambio Climático: Salvemos al Planeta del Capitalismo”, noviembre 2008.

Perfilando una narrativa alternativa al capitalismo.-

El discurso oficial de Bolivia se plantea en términos de redención del mal (“Salvemos al planeta del capitalismo”). Este aspecto redunda en posicionar la transcendencia del tema a ojos de la opinión pública y los centros de decisión política a nivel global:

“Hoy, nuestra Madre Tierra está enferma. Desde el principio del siglo XXI hemos vivido los años más calientes de los últimos mil años. El calentamiento global está provocando cambios bruscos en el clima: el retroceso de los glaciares y la disminución de los casquetes polares; el aumento del nivel del mar y la inundación de territorios costeros en cuyas cercanías vive el 60% de la población mundial; el incremento de los procesos de desertificación y la disminución de fuentes de agua dulce; una mayor frecuencia de desastres naturales que sufren las comunidades del planeta; la extinción de especies animales y vegetales; y la propagación de enfermedades en zonas que antes estaban libres de las mismas”.

Extracto de la carta de Evo Morales a la Cumbre de Poznán: ““Cambio Climático: Salvemos al Planeta del Capitalismo”, noviembre 2008.

La retórica impresa en este discurso intenta posicionar el tema del cambio climático como una problemática que supera las intenciones reformistas y/o de adecuación progresiva a las causas directas y estructurales del cambio climático. La estrategia de presentación dramática de los efectos del cambio climático busca sensibilizar a audiencias más amplias que apoyen -a futuro- el encuadre propuesto para el tema, legitimando en la esfera pública global la posición boliviana ante los centros de decisión política a nivel global.

La posición boliviana avanza en la identificación de las causas estructurales del cambio climático. Por ello, la agenda boliviana busca:

  • 1.
    Discutir sobre las causas estructurales del cambio climático centradas en la apropiación de los recursos de la En otras palabras, la subsunción de la naturaleza a las relaciones de producción capitalista.
  • 2.
    Contraponer un modelo comunitarista al sistema capitalista. El modelo comunitarista se presenta basado en la complementariedad naturaleza– cultura, y se expresa en las culturas indígenas.
  • 3.
    Interpelar los patrones consumistas de los países del norte, en especial en lo relativo al consumo de combustibles fósiles.
  • 4.
    Oponerse a estilos de desarrollo económico basados en la expansión de fronteras agrícolas a partir de monocultivos.

Asimismo, discute la veracidad del compromiso de los países contaminadores en el cumplimiento de los compromisos sustanciales para la reducción de emisiones que generan el calentamiento globaly propone un mecanismo financiero integral que apoye a los países del sur en la implementación de sus planes y programas de adaptación y mitigación del cambio climático. Este mecanismo responderá a la noción de deuda climática de los países desarrollados con los países subdesarrollados, asociado a la transferencia de tecnología sin costos de patentes asociados (saber tecnológico de dominio público).

Obligaciones de los países desarrollados.-

En la visión del gobierno boliviano, los países desarrollados deberían asumir efectivamente los siguientes compromisos:

  • 1.
    Realizar reducciones sustanciales en sus emisiones domésticas de gases de efecto
  • 2.
    Honrar sus compromisos para una efectiva transferencia tecnológica.
  • 3.
    Garantizar los recursos financieros apropiados, y de forma sostenible, para llevar a cabo los requerimientos de la adaptación de los países en desarrollo de las acciones de mitigación y adaptación que se requieren.
  • 4.
    Constituir el Tribunal Internacional de Justicia Climática para que todo lo anterior pueda cumplirse a través de un monitoreo permanente y aplicando fuertes sanciones para quienes omitan sus responsabilidades.

La participación indígena como condición sine qua non.-

La propuesta boliviana apela a la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en las acciones, programas y planes de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del pleno respeto e implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aspecto que derivaría institucionalmente en la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente y el Cambio Climático que promocione un modelo distinto de desarrollo amigable con la naturaleza y que resuelva los graves problemas de la pobreza, y la transformación  de organizaciones multilaterales (Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) y el sistema económico internacional a favor de un comercio justo y complementario.

El fundamento que da sustento a esta participación indígena se halla en los efectos que estos pueblos sufren por el cambio climático.

Por un lado, se menciona las secuelas ambientales específicas en sus territorios, y, por otro, su exclusión en la construcción de políticas globales de mitigación.

En esta línea, en la reunión del AWG- LCA de Bonn (agosto 2009), el Caucus de los Pueblos indígenas adoptó tres principios base para sus actividades de cabildeo sobre REDD y en general sobre las partes integrantes del Plan de Acción de Bali:

  • 1.
    La inclusión de una referencia a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y una referencia explícita a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
  • 2.
    El reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • 3.
    El reconocimiento de la relevancia del conocimiento tradicional.

Crítica a los mecanismos del libre mercado.-

En la Carta de Evo Morales a la Cumbre de Poznán se critica estos mecanismos financieros por estar manejados (léase manipulados) por los agentes económicos cuyos intereses están concentrados en los sectores y actividades que generan los gases de efecto invernadero (GEI).

En otras palabras, los países desarrollados operan a favor de la perpetuación de los intereses de los sectores que controlan la economía transnacional y cuyas actividades ponen en riesgo la salud del planeta, develando un conflicto de intereses que inhabilita cualquier posibilidad de una solución estructural (por tanto global) a los escenarios (ambientales, económicos y sociales) emergentes con el cambio climático.

El ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Pablo Solón, al ser consultado sobre la posición boliviana respecto a REDD, en una entrevista en la COP 15 en Copenhague argumentó:

“Una cosa es REDD como que los países que tenemos bosques debemos ser compensados porque estamos haciendo un gran aporte con nuestros bosques a la captura de carbono, lo cual es correcto, aunque actualmente en este sistema, hay ayuda para el que tala los bosques y luego los repone, pero no hay para el que protege y conserva los bosques. No estamos de acuerdo cuando REDD es utilizado en un mercado de carbono donde se van a empezar a vender certificados por el mundo de forma tal que unos reciban un pago. Nosotros le decimos no a esto, porque lo que vamos a crear es una burbuja financiera sin resolver nada”.

“Tiene que haber reconocimiento para países como Bolivia que contribuyen enormemente a la captura de carbono y a los que hasta ahora no les han pagado ni un centavo, pero no a través del mecanismos del mercado. Los países desarrollados tienen que poner impuestos a sus grandes emisores, a una serie de actividades que contaminan la atmósfera, etc., y de ahí obtener recursos para dar a los países que estamos protegiendo los bosques, sin forzarnos a entrar en la lógica del mercado”.

Pablo Solón: “No nos pueden imponer los mercados”, Los Tiempos, 20 de diciembre 2009.

La crítica gubernamental a los mecanismos financieros apunta a que sus propuestas son “falsas soluciones al cambio climático”. En especial cuando se trata las compensaciones de carbono (carbon offsets), asociadas al desarrollo del comercio de carbono estimuladas por los mecanismos de mercado del protocolo de Kyoto. A este cuadro, deben sumarse los magros resultados de la COP15 en Copenhague, en la que los gobiernos no arribaron a un acuerdo global sobre bosques, clima y REDD+, quedando pendiente el tratamiento sobre REDD+ en términos de compensaciones y/o resarcimiento por la deuda climática de los países con grandes huellas ecológicas.

El Acuerdo de Copenhague (direccionado por los Estados Unidos de América) apoya los compromisos financieros para REDD+, incluyendo mercado de carbono y propone la constitución de un Fondo Verde de Copenhague para el Clima.

Desde Poznán, la posición del gobierno boliviano respecto al cambio climático apela a una estrategia comunicacional que enmarca el tratamiento de los acuerdos establecidos en el Protocolo de Kyoto y las negociaciones de las conferencias de partes (COP) asociada a la enunciación de un modelo alternativo al capitalismo (entendido como un modelo económico y cultural), basado en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. De manera genérica, en esta visión, lo indígena encarna la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, relación que perdura –pese a la hegemonía de las relaciones capitalistas nacionales y transnacionales– en las comunidades, y que adquiere –a decir de esta posición– una dimensión moral y ética (léase no economicista) cuando se trata del cambio climático21.

Empero, en la COP16  de  Cancún,  las negociaciones derivan en el reconocimiento del rol central que tienen los bosques en el esfuerzo global para enfrentar el cambio climático. En esta perspectiva, REDD+ se presenta como una oportunidad para la transformación hacia economías verdes y sostenibles centradas en una buena gobernanza articulada en las comunidades locales y los pueblos indígenas que habitan los bosques.

En este entorno optimista hacia REDD+, el gobierno boliviano no suscribe los acuerdos de la COP, mientras que el PNUD, a través de la alianza con el Programa ONU-REDD, en colaboración con el Banco Mundial, reafirman su interés de ayudar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad para aprovechar al máximo REDD+.

Construcción de política para el proceso de implementación REDD+

Atendiendo a lo señalado, el tratamiento de la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en Bolivia, se fundamenta discursivamente en una necesidad vital de sobrevivencia del planeta, y en el papel central que los pueblos indígenas originarios juegan como protectores comunitarios de los bosques. Es por ello que las acciones de mitigación del cambio climático –tanto las iniciativas REDD+ como otras ligadas a servicios ambientales– implican el respeto de sus derechos colectivos y su participación activa en los procesos de diseño y gestión.

 

La Estrategia Nacional Bosque y Cambio Climático.-

El Vivir Bien, según sus propugnadores, está orientado a crear una relación armónica entre individuos, su comunidad y la naturaleza, lo que supone desmontar los dispositivos económicos, políticos, sociales culturales erigidos por la cultura dominante que se encuentran en el funcionamiento del Estado y de la práctica social. Es el funcionamiento de un modelo antagónico al capitalista, debido a que no está basado en el progreso y acumulación de capital, permitiendo revertir la dinámica creciente de aprovechamiento depredador y de saqueo de los recursos naturales.

Se ha formulado el 2007 el Plan Sectorial para la “Revolución Rural, Agraria y Forestal”. Allí se plantea que la Revolución Forestal constituye el impulso al aprovechamiento integral y sustentable de los bosques y recursos de la biodiversidad, pasando de una visión agrarista del desarrollo rural hacia otra visión más integral, otorgando un rol protagónico a los recursos forestales (Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático. Programa Nacional de Cambio Climático, 2010 – PNCC 2010).

En el año 2008 se ha aprobado la “Política Nacional para la Gestión Integral de los Bosques”, que constituye una propuesta del gobierno nacional para intentar reconducir el proceso forestal boliviano, a partir del reconocimiento de las funciones múltiples de los ecosistemas forestales: para generar recursos económicos suficientes que contribuyan al desarrollo nacional, reducir la pobreza de las poblaciones que dependen de los recursos del bosque y proporcionar servicios ambientales locales y globales. La nueva visión para la gestión integral de los bosques articula estrechamente el desarrollo forestal basado en principios de desarrollo integral, plural sustentable, competitivo e incluyente (PNCC 2010).

El principal objetivo de la “Política Nacional para la Gestión de los Bosques”, según la visión oficial, es impulsar el bienestar del conjunto de los usuarios del bosque, principalmente de los más pobres, mejorar la contribución de los bosques al desarrollo económico con una distribución más equitativa de los beneficios. Garantizar la conservación de los bosques para asegurar la provisión de los bienes y servicios ambientales, que contribuyan a la mitigación y adaptación a los crecientes riesgos del Cambio Climático (PNCC 2010).

Se reconoce la importancia de los bosques por las funciones que tienen para las comunidades originarias, campesinas e interculturales, sin embargo por efecto del calentamiento global éstas se ven amenazadas. Por el reconocimiento de este aspecto, el gobierno boliviano ha elaborado la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático que tiene la visión de contribuir a la consolidación del paradigma de Vivir Bien, interpretando éste como vivir como parte de la comunidad, en la protección mutua en armonía con la naturaleza y todos los de nuestro entorno. La misión propuesta es de velar por la conservación de los bosques, para garantizar el suministro de bienes y servicios ambientales, sin afectar la contribución de ellos para el bienestar de la población, especialmente de los más pobres, y el desarrollo económico del país.

La importancia de los bosques de Bolivia.-

Bolivia es considerada un país megadiverso, debido a que alberga una extraordinaria diversidad de especies de plantas y animales, merced a la gran riqueza de ecoregiones y ecosistemas, y la diversidad cultural de 36 pueblos indígenas.

Los bosques son ecosistemas estratégicos por las funciones ecológicas que desempeñan, este rol ha sido reconocido en las políticas que lleva adelante el Estado Plurinacional. Se estima que en Bolivia existen entre 50 a 60 millones de hectáreas de bosques, ubicándose el 80% en tierras bajas.

Bolivia ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales en el mundo y el décimo quinto en cobertura boscosa22, alrededor del 80% del total de las tierras forestales se encuentra en las tierras bajas y coinciden con áreas saneadas como Tierras Comunitarias de Origen de los pueblos indígenas.

A nivel mundial también se reconoce la importancia de los  bosques,  es así que se ve en este ecosistema un recurso importante para mitigar el cambio climático; actualmente se ven mecanismos para reducir el efecto del calentamiento global los cuales no han podido ser completamente consensuadas por los países que integran la Convención sobre el Cambio Climático. Bolivia ha reconocido junto con los otros países del hemisferio Sur, que los Estados en vías de desarrollo son los que tienen mayor vulnerabilidad a los efectos del calentamiento global, por lo que se propone encontrar mecanismos equitativos tanto en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero como la reducción de la deforestación y degradación, incluyendo la visión de inclusión del ser humano como parte de la Madre Tierra.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático (2010) establece como objetivo el de reducir la vulnerabilidad socio económica y ecológica de los usuarios de los bosques al cambio climático y del conjunto de la población boliviana, desarrollando a su vez acciones que permitan disminuir la extrema pobreza a través del incentivo a la gestión integral, comunitaria y sustentable de los bosques, en el marco del logro del Vivir Bien.

Causas de la deforestación y degradación de los bosques.-

En el proceso de capacidades para la construcción de política pública referida a REDD+ en Bolivia, las instituciones gubernamentales del sector (en especial el Viceministerio de Medio Ambiente) señalan que una estrategia REDD debe atender a las causas directas de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia.

Las principales causas de la deforestación del bosque son:

  • 1.
    El avance de la frontera agropecuaria
  • 2.
    Las actividades forestales ilegales
  • 3.
    El desarrollo de la infraestructura (electrificación, exploración y explotación petrolera, carreteras, )
  • 4.
    Los incendios

Las principales causas de degradación del bosque son:

  • 1.
    El aprovechamiento doméstico
  • 2.
    Las actividades forestales sin criterios de

Para enfrentar estas causas de la deforestación y la degradación de los bosques, la visión oficial busca generar condiciones que permitan construir una política nacional de bosques que contemple una estrategia específica para el mecanismo REDD+. Debe anotarse que esta propuesta está condicionada al proceso de readiness promovido en especial por el Programa de Naciones Unidas REDD (UN REDD).

Barreras para la aplicación de una política REDD+

No obstante, cuando se trata de política pública, la clave del diseño y alcance de las iniciativas REDD+ radica en definir cuáles serán los mecanismos de acceso y de distribución de las compensaciones económicas por el secuestro de carbono.

Estas compensaciones se presentan como el nudo problemático de las iniciativas REDD, porque abren la discusión acerca de la titularidad de los créditos de carbono, en el marco del inicio del proceso que llevará -según los preceptos constitucionales- al ejercicio de las autonomías indígenas en el Estado Plurinacional.

La condición para la construcción de una política pública específica para REDD se vincula a la superación de obstáculos en el aparato estatal, estos impedirían la consolidación de un proceso paulatino de estrategias y programas que hagan frente a las causas de la deforestación y la degradación.

Las principales barreras a la aplicación de una política REDD+ son:

a) institucionales.

b) legales y políticas.

c) las vinculadas al desarrollo de

Estas barreras están articuladas entre sí y no permitirían la aplicación una política pública específica.

Asumiendo el Plan de Acción de Bali23 (COP 13), el Estado plurinacional de Bolivia se encuentra preparando un Programa Nacional Conjunto REDD+ en el marco del Programa ONU-REDD (en el que expresó interés formal de participar en diciembre de 2009). El programa pretende poner en marcha la Estrategia Nacional REDD+ en concordancia con su Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático. Ambas forman parte del nuevo diseño de Política Ambiental y estarán en correspondencia con la futura ley de bosques.

En términos específicos, el Programa Nacional Conjunto ONU-REDD tiene la intención de apoyar al Estado boliviano en el logro de los siguientes aspectos:

  • 1.
    El incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en
  • 2.
    El incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+.
  • 3.
    La generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad

Capacidades institucionales para aplicar una política REDD+.-

La concreción de estos resultados indicaría que Bolivia ya está preparada para aplicar iniciativas REDD+. La clave de este esquema estriba en fortalecer en capacidades y  financieramente  el Programa Nacional de Cambios Climáticos. Con este programa fortalecido, es dable pensar la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos; por otro lado, la actualización de los niveles de referencia de las emisiones de carbono, permitirá elaborar un plan de acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques.

Empero, una condición ineludible para la puesta en marcha de iniciativas REDD+ en el marco del mencionado Programa, estriba en construir una  propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al tema REDD+. En otras palabras, una nueva ley de bosques que se ajuste normativamente a la temática de la compensación de emisiones de carbono, sea en mercados o por mecanismos de resarcimiento como la propuesta de deuda climática ya mencionada.

Involucrando a las comunidades.-

La preparación del Programa Nacional de Cambio Climático está relacionada a una noción de gobernanza formalizada en la participación social de las comunidades indígenas y locales en todo el ciclo de gestión de cualquier iniciativa REDD+.

Inicialmente, según el Programa, se deberá capacitar y difundir las acciones REDD+ en las comunidades susceptibles de involucrarse en el mecanismo. Este proceso se acompañará con un programa de fortalecimiento  para  la gestión y la investigación aplicada en REDD+ y vinculada a experiencias concretas (proyectos piloto) que serán demostrativas de las acciones REDD+ al resto de las comunidades.

Asimismo, el programa nacional conjunto pretende articular el financiamiento y asistencia bilateral (Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos y Alemania) e incorporar el know how de experiencias REDD+, como las siguientes:

  • 1.
    Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado, que involucra al gobierno boliviano, tres compañías energéticas transnacionales, The Nature Conservancy y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN Bolivia).
  • 2.
    Programa REDD indígena en la Amazonia Boliviana, que involucra a la CIDOB y CIRABO, a varias TCO y municipios del norte del departamento del Beni, y a FAN
  • 3.
    Programa Piloto Municipal REDD en la Chiquitanía, que involucra a la Fundación de la Conservación del Bosque Seco Chiquitano y a la Dirección de Áreas Protegidas de la antigua prefectura (hoy gobernación de Santa Cruz),
  • 4.
    Proyecto Baba Carapa que involucra a organizaciones y comunidades indígenas del norte del departamento de La Paz y a la Fundación

Actualmente se cuenta con el documento del Programa Nacional Conjunto presentado a ONU-REDD24, que perfila la aplicación de la estrategia nacional REDD+. Este documento se presentó a instancias técnicas de la Secretaría de las Naciones Unidas, siendo el instrumento técnico para optar a fondos que permitan concretar la primera fase de preparación de la estrategia.

La Estrategia parte del principio de que la aplicación de iniciativas REDD+ en Bolivia debe concretarse desde un esquema nacional, que administre los recursos de compensación del secuestro de carbono desde un fondo nacional. Se establece que la estrategia debe responder a las necesidades nacionales, por tanto que esté en concordancia con la visión de desarrollo expresada en el Plan Nacional de Desarrollo.

El secuestro de carbono es identificado como una externalidad positiva, con un potencial de generar excedentes que permitan el desarrollo de actividades sostenibles en las tierras de producción forestal permanente25.

La Estrategia resultaría en un marco de resultados único, que aseguraría la coordinación de iniciativas específicas (tanto programática, como presupuestariamente), accediendo a recursos económicos que permitirían dar cuenta de las necesidades de desarrollo de las comunidades indígenas, e institucionalizando la conservación del medio ambiente (no degradando, ni deforestando los bosques primarios). En esta perspectiva, la preparación de la estrategia es central para que a futuro los fondos país REDD+ sean gestionados y administrados como inversión pública que mejore las condiciones de vida de las comunidades indígenas en las áreas donde se concreten iniciativas REDD+26.

Un aspecto que resalta en el diseño de la estrategia es el desarrollo de capacidades de las comunidades indígenas que participarán de las iniciativas REDD+. Estas capacidades técnico-administrativas se asocian a la gestión territorial de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con vocación forestal en las tierras bajas, pero se concretan a partir del saneamiento definitivo y un sistema de catastro rural que derive en un ordenamiento territorial departamental y municipal27. En este sentido, las comunidades indígenas en TCO con recursos forestales ganarían en seguridad jurídica, aspecto que les permitiría negociar y gestionar sus iniciativas REDD+. La base jurídica que asegura la tenencia de la TCO, es la condición para el uso sostenible de ese espacio territorial.

Otros actores y mecanismos de pago.-

No obstante que los indígenas son presentados como los actores centrales de las iniciativas REDD+, la Estrategia Nacional REDD+ en su proceso de preparación considera indispensable identificar y caracterizar los niveles de participación de los otros actores institucionales y de la sociedad civil. Se abre acá la posibilidad de integrar en las iniciativas a otros grupos sociales (colonos, empresarios del sector agropecuario, etc.) en tanto demuestren interés y capacidades para el manejo sostenible del bosque.

La idea de abrir la posibilidad de intervención a otros actores se inscribe en identificar a los más relevantes con quienes aplicar sistemas de incentivos para REDD+ y desincentivos para frenar la deforestación y degradación de los bosques. Esto nos conduce a un aspecto central del proceso de preparación: cómo se establecerá y regulará un sistema de transferencia de recursos REDD+.

La normativa vigente no incorpora un mecanismo de pago o distribución de recursos financieros (compensaciones) apropiados para el mecanismo REDD+. Se considera que en la fase de preparación debe establecerse una norma específica que permita registrar y regular las iniciativas REDD+, en concordancia con la CPE, la nueva ley de bosques (actual Ley forestal), la Ley de Medio Ambiente (en especial la temática de las áreas protegidas) y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

El nuevo marco normativo deberá dar líneas generales acerca del sistema de transferencia y distribución, empero su puesta en marcha dependerá de un proceso de consulta a los actores directos e indirectos, locales y nacionales, implicados institucionalmente o con intereses precisos en  la  propiedad,  tenencia  y aprovechamiento de los recursos ambientales forestales y de biodiversidad, específicamente la titularidad sobre la propiedad del carbono.

Atendiendo a lo señalado, la centralidad de la participación indígena en la Estrategia se ve atenuada por la apertura a otros actores (propietarios de tierras con vocación forestal) que pasan a integrar el conjunto de actores centrales que participarán e incidirán en el proceso de preparación del marco normativo y el esquema de distribución de recursos.

Si bien la intención del proceso de preparación apunta al incremento  de las capacidades institucionales gubernamentales (nacionales y locales) para la implementación de acciones REDD+, así como la generación de experiencias con estas iniciativas a nivel local, la problemática de REDD+ en Bolivia es el alcance de la transferencia y distribución de los recursos por la compensación.

Los posibles escenarios para debatir la Estrategia se enmarcan en el tratamiento del aprovechamiento, apropiación y mercantilización de los recursos naturales en el marco de los procesos autonómicos departamentales e indígenas, aspectos que no implican dejar de lado las discusiones acerca de los escenarios de referencia o el debate técnico acerca de los procesos de monitoreo, verificación y reporte de los sumideros de carbono.

Perspectivas e interrogantes.-

Si bien las iniciativas REDD+ se presentan en un ambiente ideológico que contrapone el mercado a las prácticas y los saberes indígenas, en términos generales, es dable afirmar que cuando se apela a estos mecanismos hay una coincidencia de criterios respecto a que las iniciativas REDD+:

  • Se constituyen en un elemento oportuno para fomentar el manejo sostenible
  • Son una oportunidad para que las comunidades indígenas consoliden sus derechos a la tenencia de sus TCO en el marco de la gestión territorial de las
  • Son factibles en una arquitectura institucional que articule niveles macro, meso y local, en especial en el marco de procesos dirigidos a consolidar las autonomías indígenas.

Empero, las divergencias respecto a estas iniciativas REDD+ estriban en que:

  • no afectarían las causas directas de la degradación forestal y la deforestación, y generarían conflictos centrados en la titularidad de los créditos de

Las iniciativas REDD+ adquieren una dimensión relevante cuando se pone en perspectiva la discusión de la construcción de políticas públicas referidas al acceso y uso de los recursos ambientales (forestales). Sin negar la necesidad de generar gobernanza de los recursos forestales, estas iniciativas devienen en un elemento vital para analizar la intencionalidad política del gobierno central respecto al ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus recursos naturales en el ámbito de las TCO.

En este entendido, es relevante interrogarse cuánto aportan las iniciativas REDD+ al desarrollo de las economías comunitarias indígenas. Para ser más precisos, deberíamos considerar si estas iniciativas –además de disminuir las emisiones de carbono– podrán aportar o no, y en qué grado, a tres temas fundamentales:

  • La recuperación del dominio ancestral del territorio mediante autonomía y
  • La redistribución de recursos y de los medios de producción en las territorialidades indígenas; y,
  • La administración y aprovechamiento de los recursos naturales

Políticas Públicas y Gestión de Sistemas de Vida

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Diego Pacheco Balanza

art 10

Relación de las políticas públicas con los sistemas de vida.-

Este capítulo está orientado a evaluar la influencia de las políticas públicas relevantes del Estado Plurinacional de Bolivia con relación a la gestión de los sistemas de vida.

Inicialmente se realiza un relevamiento general de la orientación de las políticas públicas sectoriales en el país en aspectos referidos a lo agrario y forestal, productivo y rural, planificación territorial, ambientales y sociales así como las inversiones en infraestructura y en la matriz productiva. Estas políticas en su conjunto tienen un impacto importante en los procesos vinculados a la gestión de los sistemas de vida en el país.

Posteriormente se hace un análisis del potencial impacto de las políticas públicas en las dimensiones de los sistemas de vida reflejadas en los cuatro grupos de derechos: derecho a vivir sin pobreza, derechos de la Madre Tierra, derechos al desarrollo integral y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Se observa que las políticas públicas tienen un impacto diferenciado con relación a los diferentes derechos que hacen a la gestión de los sistemas de vida.

A continuación se realiza un análisis de los impactos tanto positivos como negativos de las disposiciones específicas de las políticas con respecto a la gestión de los sistemas de vida, encontrándose que efectivamente las políticas tienen un efecto diferenciado en cada uno de los grupos de derechos (positivo, negativo, neutral o contradictorio).

Se evidencia que en algunos casos existen situaciones de conflicto en la aplicación de dichas políticas sectoriales si estas se implementaran de forma aislada, ya que muchas políticas aplicadas aisladamente no necesariamente tienen un impacto beneficioso y positivo en el conjunto de las dimensiones de los sistemas de vida. En este contexto, es importante promover un proceso activo para facilitar la construcción de articulaciones significativas entre políticas públicas que permita reorientar el impacto negativo o contradictorio de las políticas sectoriales hacia políticas positivas orientadas a la armonización de los sistemas de vida. Esto supone la puesta en marcha de procesos de articulación intra-sectorial, entre políticas de un mismo sector, así como procesos de articulación entre políticas de diferentes sectores o de carácter multi-sectorial.

Entonces, la dinámica de la gestión de los sistemas de vida supone poner en marcha procesos de articulaciones significativas para reorientar los potenciales efectos negativos o contradictorios de las políticas hacia impactos positivos orientados hacia la armonización de los sistemas de vida. De este modo, las políticas públicas generan un entorno favorable para la aplicación de la gestión de los sistemas de vida en los diferentes ámbitos territoriales del país. 

En esta dirección, a continuación se realiza un análisis de la potencial influencia de las políticas en las cuatro dimensiones de los sistemas de vida o grupos de derechos cuya articulación significativa hace a la gestión de los sistemas de vida, sobre la base del criterio personal del autor. Se utiliza los rangos de alto, medio y bajo para establecer el impacto de cada política en cada uno de los derechos, donde alto refleja un impacto mayor sobre éstos derechos.

Se evidencia que las políticas agrarias y forestales tienen una importancia significativa para la construcción de los sistemas de vida, posiblemente porque la mayoría de los sistemas de vida tienen una fuerte presencia en los ámbitos rurales del país. En esta dirección se puede evidenciar el alto impacto de estas políticas sectoriales en la erradicación de la extrema pobreza en tanto que muchos de los sistemas de vida del país basan sus medios de vida en actividades productivas agrícolas y pecuarias. Asimismo, tienen un potencial alto impacto en los derechos de la Madre Tierra toda vez que las funciones ambientales de la naturaleza dependen fuertemente del comportamiento de los actores rurales y de las regulaciones de uso definidas en estas políticas. Por otra parte, tienen un impacto medio con relación a los derechos al desarrollo integral en tanto que estas políticas definen los derechos de acceso y derechos propietarios sobre bosques y tierras pero no así respecto a acciones concretas al aprovechamiento de los recursos naturales. Finalmente, tienen un alto impacto en los derechos de los pueblos indígena originario campesinos ya que estas políticas definen las acciones específicas para la redistribución de la tierra y bosques y sobre la constitución y defensa de los territorios indígena originario campesinos.

Con relación a las políticas ambientales se puede evidenciar que estas solamente tienen un bajo impacto en el derecho a la erradicación de la extrema pobreza, en tanto que por su orientación general no establecen acciones o incentivos positivos para favorecer a los grupos más vulnerables. Sin embargo, las políticas ambientales tienen un alto impacto en lo que se refiere al logro de los derechos de la Madre Tierra toda vez que en ellas se establecen las restricciones respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, así como regulaciones sobre la conservación y restauración de las funciones ambientales degradadas o deterioradas. Se las califica como de impacto medio respecto al derecho al desarrollo integral toda vez que no establecen definiciones específicas con relación al desarrollo, pero en la política ambiental se identifican las limitaciones y restricciones de uso de los recursos naturales o protección de funciones ambientales lo que tiene un efecto directo en el desarrollo de actividades productivas. Finalmente, con referencia a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos se establece un nivel de impacto medio en tanto que las políticas ambientales tienen disposiciones generales para el conjunto de los actores y no se establecen particularidades por tipo de actor.

Respecto a las políticas de desarrollo productivo y rural se define su alto impacto en la erradicación de la extrema pobreza en tanto que estas políticas sectoriales son desarrolladas e implementadas tomando en cuenta los tipos de actores rurales, los diferentes medios de vida, las características de la producción y los productos específicos, por lo mismo tienen un potencial alto impacto respecto a la erradicación de la extrema pobreza. También se destaca el impacto medio que tiene en los derechos de la Madre Tierra en tanto que las políticas sectoriales productivas no definen acciones específicas ambientales pero tienen un efecto directo en la conservación o protección de las funciones ambientales de la naturaleza. Con relación al desarrollo integral se destaca que las políticas de desarrollo productivo y rural tienen un fuerte impacto en el alcance de este derecho toda vez que las orientaciones de política pública tienen como fin específico el de promover y generar desarrollo integral en la población boliviana. Finalmente, tienen un impacto bajo con relación a los derechos de los pueblos indígenas en tanto que pueden establecer acciones específicas para el apoyo al desarrollo integral de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Las políticas sociales tienen un impacto alto en el derecho a la erradicación de la extrema pobreza en tanto que determinan acciones específicas para combatir la pobreza material, social y espiritual, y también definen los incentivos, bonos o subsidios directos o indirectos para combatir aspectos específicos de las dimensiones de la pobreza rural y urbana. Con referencia a los derechos de la Madre Tierra éstas tienen un impacto medio y son importantes en la medida en que crean conciencia individual y colectiva respecto a los valores y visiones para la conservación y protección de los componentes de la naturaleza y los sistemas de vida. Con referencia al desarrollo integral tienen también un impacto alto en tanto que la dimensión social es uno de los aspectos importantes para avanzar en el desarrollo integral de la población. Finalmente, tienen un impacto medio en los derechos de los pueblos indígenas en tanto que las políticas sociales están dirigidas a llegar a los grupos más vulnerables en general, aunque las poblaciones indígenas todavía presentan los más altos índices de vulnerabilidad.

Las políticas de planificación territorial tienen un impacto alto en la erradicación de la extrema pobreza en tanto que permiten focalizar y determinar con precisión las áreas más vulnerables y con mayor presencia de pobreza extrema en los diferentes territorios del país. Con relación a los derechos de la Madre Tierra también tienen un alto impacto ya que permiten precisar los desequilibrios existentes en los sistemas de vida y trabajar con mayor detalle los aspectos referidos a la armonización de los sistemas de vida en las dimensiones social, económica, productiva y ambiental. Asimismo, tienen un alto impacto con referencia al derecho al desarrollo integral toda vez que permiten promover acciones articuladas para la construcción del desarrollo integral en sus diferentes dimensiones: culturales, sociales, económicas, ambientales y políticas en los diferentes territorios del país. Finalmente, con relación a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos también tienen un alto impacto porque permiten poner en marcha procesos de planificación con una perspectiva de gestión pública intercultural y favoreciendo el reconocimiento e implementación de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Las acciones vinculadas a las inversiones en infraestructura tienen un alto impacto en la erradicación de la extrema pobreza toda vez que crean las condiciones materiales para el acceso a la población más pobre a servicios básicos esenciales como la energía eléctrica, agua potable y viviendas, entre otros importantes. También tienen un impacto alto, muchas veces negativo, en los derechos de la Madre Tierra ya que pueden afectar la protección y reproducción de funciones ambientales básicas para beneficio de las propias poblaciones en el futuro mediato e inmediato. También presentan un alto impacto en el desarrollo integral ya que la infraestructura productiva resulta básica y fundamental para promover acciones de promoción de las condiciones económico-productivas de los diferentes territorios del país. Sin embargo, no tienen un impacto directo con relación a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos a no ser que dichas obras se realicen en los territorios indígena originario campesinos sin considerar los mecanismos de consulta y participación establecidos.

Las acciones vinculadas a las inversiones en el desarrollo de la matriz energética tienen un impacto medio en la erradicación de la extrema pobreza en tanto que benefician a la población en general a través de diferentes programas que se nutren de los ingresos generados por el desarrollo sostenible de la matriz energética. Sin embargo, usualmente tienen un impacto alto con relación a los derechos de la Madre Tierra, muchas veces de carácter negativo, porque afectan a las condiciones de reproducción de las funciones ambientales en su estado natural y al cambio de las zonas de vida. Tienen un impacto medio con relación al desarrollo integral ya que permiten crear condiciones para el desarrollo favorable de las condiciones económicas productivas de una región y tienen un impacto medio para los derechos de los pueblos indígenas cuando afectan los territorios indígena originario campesinos y las condiciones de reproducción de sus sistemas de vida.

Influencia de las políticas públicas sobre la gestión de los sistemas de vida.-

Se ha constatado en la sección anterior que las políticas públicas no tienen un impacto único y homogéneo sobre las diferentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida y por lo mismo deben ser consideradas tomando en cuenta su especificidad y su nivel de impacto en los diferentes grupos de derechos. En este sentido, el aporte de las políticas públicas a la gestión de los sistemas de vida se realiza en un escenario complejo y flexible, mismo que debe ser tomado en cuenta a momento de formularse e implementarse el conjunto de dichas políticas públicas.

Políticas agrarias y forestales.-

La “Revolución Agraria” del actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo como una de sus metas principales lograr una estructura más equitativa en la tenencia de la tierra y los bosques. Asimismo, se pretendió dar un giro al régimen forestal con una visión del manejo integral de los bosques y la profundización de la descentralización en el manejo de los recursos naturales, en el marco de la implementación del enfoque de gestión de los recursos naturales de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Sobre este marco debió construirse un nuevo régimen forestal y de tierras, así como un marco normativo integral para los recursos naturales, el que en general todavía está bajo el dominio de las normativas anteriores a la CPE y su enfoque sobre desarrollo integral y sustentable.

Las preocupaciones sobre la tierra han estado enfocadas a acelerar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, impulsando al mismo tiempo procesos prácticos para la redistribución de la tierra y de los bosques, así como la reversión de propiedades privadas no trabajadas para su posterior redistribución bajo formas de propiedad colectiva. También, las políticas se han enfocado, aunque con menor éxito, en la creación de nuevos asentamientos humanos en tierras fiscales. En noviembre de 2006 se aprueba la “Ley No. 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” orientada, sobre todo, a definir nuevos mecanismos operativos para agilizar el proceso de saneamiento y conclusión de la titulación de la propiedad agraria. Pese a que el proceso de saneamiento se ha implementado por un período de más de 10 años éste es todavía un proceso en curso.

Estas reformas iniciaron en Bolivia un intenso proceso de formalización de los derechos propietarios de tierras y bosques desde el nivel central del Estado a través de su regularización vía un proceso de “saneamiento de la propiedad agraria” y su titulación. Este proceso, sin embargo, se ha venido implementando bajo un enfoque e institucionalidad basada en una concepción de desarrollo agrario, pese a que en Bolivia una buena parte de las tierras están cubiertas por bosques y un número importante de población local tiene a los recursos del bosque como una fuente privilegiada de sustento. El saneamiento permitió reconocer los derechos propietarios sobre la tierra (y adicionalmente sobre los bosques), a través de la verificación de la “función económico-social-FES” que es el criterio aceptado mediante el cual se debería identificar la existencia o no de derechos propietarios. Es posible asumir que el proceso de verificación de la FES ha tendido a promover la conversión de bosques a usos agrícolas como la mejor forma de justificar el uso productivo de la tierra en los casos en los que existían derechos inseguros. Asimismo, los procesos de asentamientos humanos también tienen una importante tendencia hacia la deforestación, tomando en cuenta que las nuevas poblaciones asentadas tienen una direccionalidad hacia la conversión del uso del suelo para el desarrollo de prácticas agropecuarias.

La normativa también establece procesos de regulación del uso del suelo a nivel predial (Planes de Ordenamiento Predial-POP) para preservar el desarrollo de actividades productivas respetando la aptitud de los suelos, lo que debería llevar al establecimiento práctico de restricciones a actividades productivas y promover la conservación de los bosques, también con restricciones de uso de los bosques y aplicación de normas de manejo. También se ha determinado la existencia de planes de desmonte para autorizar el desarrollo de actividades productivas en áreas adecuadas y aptas. Estos instrumentos en la práctica no han podido regular el uso de los suelos agrícolas y forestales por las limitaciones del Estado en términos de fiscalización y control y debilidad en la aplicación efectiva de sanciones. En la práctica ha predominado la ampliación de la frontera agrícola basada en los criterios del mercado y la ley del más fuerte.

La Ley Forestal No. 1700 fue aprobada el año de 1996 y no ha sido reemplazada con el nuevo enfoque de la CPE, por lo que las normas que regulan la utilización sostenible y la protección de los bosques y derechos forestales no han sido adecuadas al nuevo rol del Estado sobre los recursos naturales definido en el mandato constitucional. Esta ley tuvo un fuerte objetivo de promover el desarrollo de actividades madereras en los bosques con un enfoque empresarial, a cuyo modelo tuvieron también que adaptarse también los pequeños productores y poblaciones indígenas en sus áreas de bosque. La norma también estableció los sistemas de reconocimiento de los derechos forestales para las concesiones forestales (actualmente denominadas autorizaciones de uso forestal) y otros actores forestales (individuales y comunitarios) sobre la base de planes de manejo forestal, y los mecanismos de autorización y de seguimiento a los desmontes en el país. Estos mecanismos han operado en el país con diferentes niveles de implementación y con importantes falencias en el control del manejo forestal ilegal y de los desmontes ilegales, tomando en cuenta que la mayor parte del manejo de bosques y de los desmontes para el cambio del uso del suelo son ilegales en el país (ABT, 2010).

A la fecha, se cuenta con un régimen legal forestal fragmentado orientado a la promoción del manejo integral y sustentable. Entre las principales nuevas normativas del régimen forestal tenemos las siguientes: i) aprobación de una política forestal en el marco del manejo integral y sustentable de bosques; ii) aprobación de la norma técnica para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBs) en comunidades campesinas indígena originarias interculturales y afrobolivianas; iii) aprobación de la Ley No.337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (2013) que legaliza los desmontes ilegales para la producción agrícola destinada a la seguridad alimentaria del país; y iv) aprobación de la Ley No. 221 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividades agrícolas.

Bajo este nuevo marco normativo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) logró sanear al año 2015 un total de 73.3 millones de hectáreas, transformado la estructura de tenencia de la tierra que anteriormente estaba en manos de los empresarios medianos y grandes con más de 39 MM ha (68% del total de la tierra). A la fecha la mayor parte de la tierra se concentra en manos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Los campesinos interculturales tienen el 15% de la tierra (18,2 MM ha), los territorios indígena originario campesinos el 32% (23.9 MM ha) y los empresarios medianos el 9% (6.7 MM ha), siendo el resto tierras fiscales y de propiedad del Estado, como las áreas protegidas y otras. Se ha logrado que el 53% de los títulos correspondan a los varones y el 46% de éstos a mujeres (Bolivia, 2016).

También se dio un vuelco importante en los derechos forestales y estructura de aprovechamiento de los bosques. Al 2005 las concesiones y empresas privadas tenían un total de 5 MM de ha de bosque con planes de manejo forestal y al 2013 esta cantidad bajó a menos de 2 MM ha. Por el contrario las comunidades indígenas han subido de 1.5 MM de ha de bosques con planes de manejo el 2005 a cerca de 3.5 MM ha el año 2013. Entonces, el aprovechamiento forestal básicamente se ha venido concentrando en manos de las comunidades indígenas y de pequeños productores (Bolivia, 2016).

Impactos de las principales políticas agrarias y forestales sobre los sistemas de vida.-

Las políticas forestales y agrarias tienen un importante impacto en las diferentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en el país, como se ha mencionado anteriormente. Las disposiciones particulares de las políticas tienen a su vez un conjunto de impactos diferenciados (positivos, negativos, contradictorios o difíciles de predecir) en dichos derechos.

Reconocimiento de derechos propietarios sobre tierra y bosques. El saneamiento de la propiedad ha permitido que se desarrolle en el país un proceso importante de redistribución de la tierra y bosques, sobre todo en el oriente del país y en favor de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por lo que su impacto en la erradicación de la extrema pobreza y de las propias naciones y pueblos indígenas es altamente positivo. Sin embargo, la titulación de la propiedad de la tierra ha tenido un efecto importante sobre la conversión de bosques a otros usos. El saneamiento en Bolivia se ha realizado con una visión estrictamente agrarista, ya que la justificación del trabajo sobre la tierra se ha basado en el cumplimiento de actividades agropecuarias, las mismas que llevan al desmonte, por lo que su impacto sobre los derechos de la Madre Tierra son contradictorios. En la práctica se imponen los usos agrícolas y pecuarios sobre los forestales y de conservación y protección. A su vez, las disposiciones agrarias no han superado los problemas anteriores de desvincular el reconocimiento del derecho propietario del apoyo al fortalecimiento productivo de dichos predios titulados. En este marco, también se señala como contradictorio el aporte de las políticas agrarias y forestales al desarrollo integral.

Distribución de la tierra y bosques fiscales (dotación y adjudicación). Los asentamientos humanos son un elemento importante para avanzar en la redistribución de tierras y bosques, por lo que tienen un impacto positivo en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, éstos presentan dificultades en las áreas con mayores problemas de acceso vial y por lo tanto para el desarrollo de actividades productivas y la formación de una vida en comunidad, por lo que tienen un impacto contradictorio en términos del desarrollo integral de la población local. Por otra parte, los asentamientos presentan una importante tendencia hacia la deforestación tomando en cuenta que las nuevas poblaciones asentadas están orientadas hacia la conversión del uso del suelo para el desarrollo de prácticas agropecuarias. En la normativa actual existe el reconocimiento del respeto de la capacidad de uso mayor de la tierra para el desarrollo de las actividades productivas, sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría de las tierras fiscales identificadas en el saneamiento son tierras de uso forestal existe la dificultad práctica de consolidar asentamientos con comunidades dedicadas al uso y aprovechamiento forestal. En esta dirección, tienen un impacto contradictorio con relación al respeto de los derechos de la Madre Tierra. 

Regulaciones sobre el uso del suelo a nivel predial y local. Los Planes de Ordenamiento Predial (POP) deberían llevar a disminuir el uso inadecuado e insostenible de las parcelas, así como la deforestación y degradación de los suelos ya que únicamente las áreas aptas para la agricultura deberían ser objeto de una conversión de uso. Sin embargo, a través de los POP en la práctica lo que se ha hecho es legitimar la expansión de la frontera agrícola con actividades agropecuarias en tierras de producción forestal permanente, por lo que tienen un impacto contradictorio con relación al desarrollo integral. En la práctica no han funcionado las regulaciones sobre el uso del suelo a nivel predial y se requiere desarrollar ajustes profundos a esta normativa tomando en cuenta que la regulación de los suelos agrícolas y forestales es una parte fundamental del cuidado y la protección de las funciones ambientales estratégicas regionales y de la capacidad productiva de los predios en el mediano y largo plazo, por lo que tienen un impacto positivo si dichas regulaciones están bien formuladas y aplicadas en el marco de los derechos de la Madre Tierra.

Reconocimiento de bosques para uso exclusivo forestal y regulaciones para el manejo forestal. En el país los Planes de Uso del Suelo (PLUS) han reconocido áreas exclusivas de uso forestal o de uso múltiple que incluyen el desarrollo de actividades forestales bajo regulaciones de manejo forestal. Las normas vinculadas con la obligatoriedad de la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión forestal (planes de manejo forestal-PMF y planes operativos anuales forestales-POAF), son normas tendientes a reducir la degradación forestal al hacer posible la introducción en el manejo de prácticas de aprovechamiento de impacto reducido que toman en cuenta las condiciones ecológicas de los bosques, y sugieren la aplicación de técnicas silviculturales que facilitan la regeneración natural, por lo que tienen un impacto positivo en los derechos de la Madre Tierra. En términos prácticos el aprovechamiento de los bosques puede tener un impacto positivo en la erradicación de la extrema pobreza si la distribución de bosques y tierras fiscales está dirigida hacia los grupos más vulnerables. Los aportes al desarrollo integral son contradictorios en la medida en que las regulaciones forestales se han orientado simplemente al aprovechamiento comercial de la madera.

Autorizaciones de desmontes y control de la ilegalidad forestal. Las actividades de control y fiscalización forestal a cargo de las entidades del sistema público forestal (incluyendo a las entidades nacionales, departamentales y municipales) deberían tener un efecto directo en contener las presiones de conversión de bosques de producción forestal a usos agrícolas, y además evitar la degradación al fiscalizar el cumplimiento de los PMF. No obstante, los resultados del control y la fiscalización son bastante dudosos en la práctica porque tienen costos bastante elevados y las operaciones de fiscalización son difíciles de realizar en el terreno. Esto hace que los riesgos de evadir el cumplimiento de la legislación sean relativamente altos lo que estimula el aprovechamiento forestal informal que lleva a una mayor degradación forestal. Una efectiva práctica de fiscalización y control tiene con seguridad impactos positivos en los derechos de la Madre Tierra y del desarrollo integral. Para mejorar el monitoreo y control de la deforestación y degradación se ha aprobado el DS 2914 que crea el programa “Nuestros Bosques” que está orientado a reducir la deforestación ilegal y avanzar en la ampliación planificada de la superficie de cultivos y del manejo integral de los bosques.

Incremento de la cobertura forestal (plantaciones forestales). El Estado Plurinacional ha aprobado la estrategia nacional de implementación del Programa Nacional de Forestación y Reforestación 2016-2030 con una meta de ampliación de 4.5 MM de hectáreas nuevas de bosques en dicho período. El incremento de la cobertura forestal puede tener un impacto positivo importante en los derechos de la Madre Tierra en tanto que podría posibilitar la realización de acciones de restauración de ecosistemas y de protección de áreas con funciones ambientales estratégicas. Asimismo, puede tener un impacto positivo en las acciones de diversificación productiva tendientes al desarrollo integral de las regiones y poblaciones locales. Sin embargo, sus efectos en la reducción de pobreza y en los derechos de las naciones y pueblos indígenas no son directos ya que las plantaciones pueden favorecer a grupos empresariales y no necesariamente a las poblaciones más pobres, por lo que tienen un impacto contradictorio en ambos tipos de derechos.

Articulaciones significativas de las políticas agrarias y forestales para la construcción de sistemas de vida Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

  • Reconocimiento de derechos propietarios sobre tierra y bosques: contemplando regulaciones de uso (ru) específicas así como medidas de apoyo a la producción de pequeños productores, incluyendo transferencia de tecnología en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).
  • Distribución de la tierra y bosques fiscales: contemplando regulaciones de uso (ru) específicas para el aprovechamiento de las tierras de acuerdo a su aptitud de uso y capacidad productiva, así como la articulación con políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR) y políticas sociales (PS) para garantizar condiciones básicas para los asentamientos humanos.
  • Regulaciones sobre uso del suelo a nivel predial y local: contemplando el acceso a tecnologías en áreas restringidas en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR) que puedan permitir incremento de la producción y productividad con menor impacto en las zonas de vida.
  • Autorizaciones de bosques para uso forestal: contemplando acciones de distribución de la tierra y bosques fiscales (dtb) con derechos específicos para un nuevo tipo de comunidades agrosilvopastoriles.
  • Autorizaciones de desmontes y control de la ilegalidad forestal: contemplando acciones específicas de flexibilidad en regulaciones de uso (ru) para pequeños productores con criterios regionales sin afectar la capacidad de reproducción de las funciones ambientales, y con énfasis para ciertos pueblos y comunidades con mayor grado de vulnerabilidad.
  • Incremento de la cobertura forestal (plantaciones forestales): contemplando acciones específicas de vinculación de las plantaciones forestales con el desarrollo de complejos productivos territoriales previstos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).

Políticas ambientales.-

La Ley del Medio Ambiente No. 1333, promulgada el año 1996, introdujo en el país una visión fragmentada respecto a la gestión y manejo de los recursos naturales, que dio lugar a la promulgación de normativas sectoriales (tierras, forestal, biodiversidad y conservación), y en ese marco a contradicciones y contraposiciones en el marco normativo, en sentido de que al no contarse con esta visión sistemática el marco legal en las políticas ambientales no se encuentra armonizado. La planificación ambiental en el país se ha establecido sobre la base del ordenamiento territorial que comprende la determinación de la capacidad de uso de la tierra, las necesidades de conservación ambiental y de los recursos naturales, y el manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otras unidades, que se implementan a través de mecanismos de coordinación y concertación intersectorial e interinstitucional.

Esta visión fragmentada del tema ambiental se ha ido modificando progresivamente en el marco de los mandatos de la nueva Constitución Política del Estado, orientando las políticas sectoriales al logro del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. Las políticas ambientales actuales se basan en el reconocimiento de que en el país se debe buscar un equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación del medo ambiente. En este contexto, es esencial el fortalecimiento del rol del Estado en la prevención, preservación, mitigación y remediación, control de la calidad ambiental y en la protección de los recursos naturales, en el marco de la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales renovables y no renovables.

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien” (2006) ya definió los principales lineamientos estratégicos de la nueva política ambiental de Bolivia, considerando los siguientes aspectos: i) conservación, protección y fomento a la producción ecológica y orgánica; ii) la política de gestión ambiental debe priorizar los sectores de mayor impacto (minería, hidrocarburos y otros); iii) la educación ambiental para formar una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones con relación a temas de calidad ambiental, biodiversidad y recursos naturales; y iv) la valoración y recuperación de los conocimientos y saberes ancestrales.

En la propuesta de cambio de la política ambiental, el PND también determinó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en su rol promotor y protagonista del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales desde una visión holística que restablezca el equilibrio entre la necesidad de conservación de la naturaleza y las necesidades económicas del desarrollo nacional. La incorporación de la dimensión ambiental y de gestión de riesgos en los planes de desarrollo, a nivel departamental, municipal y sectorial, también fue asumida como una prioridad, así como el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables en la producción, industrialización, comercio de bienes y servicios, con alta capacidad de generación de excedentes.

Con referencia específicamente a los bosques naturales y tierras forestales se establece que su uso debe ser sostenible y orientado a fines de conservación, producción, industrialización y comercialización, así como también para la preservación de otros recursos naturales que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general. Con relación a las actividades agropecuarias se dispone que éstas deban ser desarrolladas de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible, incluyendo planes de restauración de suelos de uso agrícola.

La Constitución Política del Estado (CPE) ha identificado que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, y que el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (CPE, artículo 33). También, la CPE ha establecido que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, considerando además que el Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente (CPE, artículos 342 y 344).

Manejo sostenible de los recursos naturales y bosques. La visión de la CPE está basada en el manejo integral y sustentable de los recursos naturales, incluyendo los bosques, por lo que existe un impacto positivo sobre los derechos de la Madre Tierra y del desarrollo integral. Se establece que el uso de los bosques naturales y tierras forestales debe ser sostenible para lo cual se debe normar el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y comercialización. Sin embargo, en la práctica las visiones comerciales de aprovechamiento de los recursos naturales predominan sobre una visión más integral de su uso y gestión. Cabe destacar en este contexto la importancia de desarrollar un enfoque de gestión integral del conjunto de los componentes de la naturaleza, como son el agua, tierra y bosques, biodiversidad y recursos genéticos, principalmente. En este contexto, las políticas sobre manejo sostenible de los recursos naturales tienen también un impacto positivo sobre la población local con relación a la erradicación de la extrema pobreza.

Planificación ambiental y planes de uso del suelo. El marco jurídico del ordenamiento territorial basado en la formulación de los Planes de Uso del Suelo (PLUS) se encontraba disperso en la Ley del Medio Ambiente (Ley No. 1333), Ley de Municipalidades (Ley No. 2028), y Ley de Unidades Político-Administrativas (Ley No. 2150). Actualmente esta normativa está contenida en la Ley N° 777 del SPIE y en la Ley No. 144 de Revolución Productiva Comunitaria. En el país no ha existido un liderazgo institucional de las entidades competentes para hacer respetar las decisiones técnicas y políticas contenidas en los instrumentos de ordenamiento territorial y gestión de uso del suelo, y en la práctica los incentivos para degradar son mayores que aquellos para conservar. Así, el rol del gobierno en el manejo del cambio de uso del suelo a través de regulaciones de uso del suelo ha sido totalmente inefectivo, en la medida en que los propietarios han ignorado completamente las estipulaciones recomendadas por los PLUS (Andaluz, 2009). Se entiende que la planificación territorial ambiental y zonificación del uso del suelo son importantes para alcanzar los derechos en las dimensiones de los sistemas de vida pero resulta difícil precisar su impacto con relación a la erradicación la pobreza en el país.

Evaluación del impacto ambiental y control de la calidad ambiental. La CPE define las políticas de gestión ambiental que están basadas en la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. En este marco, también se dispone la identificación de la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (CPE, artículo 345). En general la evaluación del impacto ambiental y el control de la calidad ambiental tienen un impacto positivo en los derechos que hacen a los sistemas de vida en el país, sin embargo, resulta difícil precisar el impacto que tienen sobre la erradicación de la extrema pobreza.

Protección y aprovechamiento de la biodiversidad y recursos genéticos. La biodiversidad y recursos genéticos pueden constituirse como parte del patrimonio natural de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país, por lo mismo la necesidad de realizar acciones para su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población. El impacto de la protección y aprovechamiento de la biodiversidad también es positivo para el conjunto de los derechos vinculados a los sistemas de vida, sin embargo el efecto sobre la reducción de la extrema pobreza es contradictorio en la medida en que puede tener impactos positivos y negativos, dependiendo de existencia de políticas de aprovechamiento de la biodiversidad que sean explícitas en el sentido de favorecer a los grupos más vulnerables y más pobres.

Mitigación y adaptación conjunta al cambio climático. Las políticas ambientales deben tomar en cuenta de forma explícita los impactos del cambio climático sobre las diferentes dimensiones que hacen al desarrollo integral del pueblo boliviano. En esta dirección, la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien ha definido que la gestión del cambio climático es una acción estratégica para avanzar en el desarrollo integral del Estado Plurinacional, destacándose la necesidad de que se realicen acciones conjuntas de mitigación y adaptación al cambio climático con un enfoque de no mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza. Las políticas de gestión del cambio climático son positivas en términos de respeto y protección de los derechos de la Madre Tierra y del desarrollo integral, pero tienen efectos contradictorios en la reducción de la pobreza en tanto que podrían tener tantos impactos positivos o negativos en los medios de vida de estas poblaciones.

Articulaciones significativas de las políticas ambientales para la construcción de sistemas de vida.

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las políticas públicas sectoriales sobre las dimensiones de derechos de los sistemas de vida se considera a través de acciones de articulación significativa entre diferentes políticas públicas sectoriales con el propósito de convertir en positivas las tendencias negativas o contradictorias, armonizando de esta forma el sistema de vida.

Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

  • Manejo sostenible de los recursos naturales y bosques: una adecuada implementación de estas políticas tiene un impacto positivo en todos los derechos.
  • Planificación ambiental y planes de uso del suelo: contemplando articulaciones con acciones de planificación territorial (PT) en diferentes escalas que favorezcan a los grupos más vulnerables y pobres.
  • Evaluación del impacto ambiental y control de la calidad ambiental: contemplando articulaciones con acciones de planificación territorial (PT) en diferentes escalas que favorezcan a los grupos más vulnerables y pobres.
  • Protección y aprovechamiento de la biodiversidad y recursos genéticos: contemplando acciones de articulación con los complejos productivos territoriales y políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).
  • Mitigación y adaptación conjunta al cambio climático: contemplando acciones de articulación con los complejos productivos territoriales y políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).

Políticas de desarrollo productivo y rural.-

El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien” (2006-2011) ha establecido los principales lineamientos estratégicos respecto a la nueva política de desarrollo productivo y rural en el país, en el marco del “modelo económico social, comunitario y productivo”. Las disposiciones específicas de las políticas están contenidas en el “Plan de Revolución Rural, Agraria y Forestal” del año 2007 que todavía sigue siendo la base de la propuesta de desarrollo productivo y rural en el país, promoviendo una visión integral del desarrollo rural, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria y en el marco de la construcción de una economía rural plural (estatal, mixta y privada-comunitaria). Este plan define cinco pilares del nuevo modelo nacional productivo rural: expansión del rol del Estado, industrialización de los recursos naturales, modernización y tecnificación de la pequeña y mediana producción rural, producción para satisfacer el mercado interno y luego la exportación, y distribución de la riqueza generada como resultado de las actividades agropecuarias (Bolivia, 2007a). En este contexto, también se determina el rol del estado como planificador, como actor económico rural y como controlador y regulador.

El lineamiento principal de la política es el de promover la seguridad alimentaria con soberanía en el país como la base de la soberanía nacional. Esto significa el derecho de nuestro país a definir sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación de alimentos básicos, conservando y rescatando la diversidad productiva y cultural de nuestro territorio. También supone garantizar el acceso oportuno en cantidad y calidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados a la población para Vivir Bien. También se centra en la aplicación de tecnologías ancestrales y de última generación, dirigidas al fortalecimiento productivo, priorizando al micro, pequeña y mediana producción, así como a las organizaciones productivas. Finalmente, tiene que ver con el acceso del sector productivo al agua, la tierra, recursos genéticos y mercados justos. En este contexto se da prioridad a la producción diversificada de alimentos para el autoconsumo y para el mercado nacional, basada en la producción agropecuaria y transformación, con énfasis en la producción agroecológica. También supone el impulso a la asociatividad y comunitarismo y de todas las formas socioeconómicas de organización de los productores. La política productiva y rural privilegia la producción nacional en términos de cantidad y calidad para el mercado interno y excedentes para el mercado internacional, logrando transformar y consolidar los sistemas productivos alimenticios, ecológicos, sustentables con responsabilidad social.

Entre las principales políticas se establece la transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques discutida en la sección anterior en el marco de las políticas agrarias y forestales, que tiene como propósito principal la distribución y redistribución de tierras para cambiar la estructura de tenencia de la tierra y bosques en el país, fortaleciendo las bases productivas para las comunidades y los pequeños productores. Otra política importante está vinculada con la transformación de los patrones productivos y alimentarios, a través de la construcción de la seguridad y soberanía alimentaria, desarrollando integralmente la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural. También son políticas importantes las que tienen que ver con el apoyo a la producción y transformación de recurso naturales renovables, la dinamización y restitución integral de capacidades productivas territoriales, la protección, manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, gestión ambiental de riesgos, y el fortalecimiento de la institucionalidad estratégica ( Bolivia, 2007a ).

La Agenda Patriótica ha establecido el Pilar 6 denominado “soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista” como el referente principal para el diseño e implementación de las políticas productivas y rurales en el país. Entre las metas más importantes con relación al tema productivo y rural podemos mencionar las siguientes:

  • Bolivia habrá incrementado el volumen total de la producción agrícola con sistemas productivos eficientes con altos rendimientos y con el aporte significativo de los pequeños productores y organizaciones económico comunitaria.
  • Transición de sistemas de ganadería extensiva hacia sistemas semi-intensivos e intensivos.
  • Promoción del acceso de los productores a tecnologías de mecanización agrícola adecuadas social y ambientalmente con sistemas de riego optimizados.
  • Provisión de servicios financieros y no financieros para la producción y transformación de productos agropecuarios.
  • Democratización de los medios y factores de producción con énfasis en el fortalecimiento del sector microempresarial y comunitario.

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES 20162020), en el marco de las metas de la Agenda Patriótica, ha establecido los resultados prácticos importantes con relación al sector productivo y rural que se mencionan a continuación. En el marco del PDES se propone reimpulsar la visión de la soberanía productiva con diversificación, que incluye: i) el fortalecimiento de la diversificación productiva en el marco de la economía plural con una clara orientación de incorporación de mayor valor agregado; ii) el impulso a economías del conocimiento, creativas y sustentables más allá del aprovechamiento y transformación de los recursos naturales; y iii) la incorporación de los productos hechos en Bolivia en el mercado interno sustituyendo las importaciones y en el mercado internacional con productos nacionales de alta calidad.

Para ello se propone poner en marcha, entre otras acciones importantes, el incremento de la capacidad nacional de producción de alimentos agropecuarios, desarrollo de complejos productivos territoriales, incremento de los mecanismos y servicios financieros y no financieros, riego y mecanización rural.

Impactos de las principales políticas de desarrollo productivo y rural sobre los sistemas de vida.-

Las políticas de desarrollo productivo y rural también tienen un importante impacto en las diferentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en el país. Algunas disposiciones particulares de esta política son importantes con relación a las dimensiones de la gestión de los sistemas de vida, aunque con impactos diferenciados como se presenta a continuación, en base al criterio personal del autor.

Incremento de la capacidad nacional de producción de alimentos. El PDES 2016-2020 ha realizado una proyección del crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial a un aproximado de aporte al Producto Interno Bruto (PIB) en 10 mil millones de dólares. Esto significa un incremento en la superficie cultivada en 1.2 millones de hectáreas (de un total de 3.5 millones de a el año 2015 a un total de 4.7 millones de hectáreas el año 2020), llegando a un total de 24.3 MM de TM de producción y 11 millones de cabezas de ganado, con un incremento adicional de pasturas en 1 millón de hectáreas. Esto tendrá un efecto en la ampliación de la deforestación en el país con un impacto negativo en los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, entendiendo que la mayor parte de esta ampliación de la superficie de cultivos (80%) estará destinada a favorecer a pequeños productores individuales y comunitarios tendrá un impacto importante en la reducción de la extrema pobreza en el país. Los impactos en desarrollo integral son contradictorios en la medida en que fortalecerá la vocación productiva agropecuaria de los pequeños productores rurales y no se transita hacia nuevas innovaciones productivas y su impacto en naciones y pueblo indígena originario campesinos no se puede precisar porque estas comunidades no están principalmente dedicadas a actividades agropecuarias.

Desarrollo de complejos productivos territoriales. El PDES 2016-2020 ha determinado la puesta en marcha de 13 Complejos Productivos y 52 proyectos de industrialización que deberían permitir al menos el 14,4% de participación de la industria en el PIB. Los complejos productivos son un conglomerado de actividades productivas articuladas o relacionadas entre sí en un determinado territorio e implican una aglomeración funcional y territorial de empresas y actores de diversa índole y tamaño. Supone además una integración vertical y horizontal a nivel sectorial y de la cadena de valor (primario-secundario; acumulación de valor agregado), generando articulaciones entre la economía plural pública, mixta, privada y comunitaria. Los principales complejos productivos definidos son: endulzantes, textiles, madera, producción y software, productos amazónicos, granos, papa, lácteos, cueros, carnes, coca, frutícola y hortalizas. Se estima un aporte significativo de los complejos productivos a la erradicación de la extrema pobreza y al desarrollo integral. Sin embargo, los impactos con relación a los derechos de la Madre Tierra son contradictorios en la medida en que pueden tener impactos tanto positivos como negativos. Finalmente, no se pueden precisar los impactos con relación a las naciones y pueblos indígenas porque esto depende la orientación de los complejos con relación a esta población específica.

Provisión de servicios financieros y no financieros. El PDES estima aportar de forma significativa con servicios financieros y no financieros para el desarrollo del sector productivo del país, con énfasis en los pequeños productores y productores organizados de forma asociativa y comunitaria, con financiamiento, formación y tecnología. Entre los servicios financieros se puede destacar el aporte significativo de los programas de crédito productivo del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para fortalecer la producción y los procesos de transformación productiva. Entre los servicios no financieros se encuentra la provisión de servicios de asistencia técnica a los productores rurales y el mejoramiento de semillas. En lo que se refiere a los productores microempresariales se tiene la propuesta de implementación de los Centros de Investigación Tecnológica (CITs) y Centros Integrales Productivos (CIPs) vinculados al desarrollo de los complejos productivos. En conjunto, significa constituir en el país una red de servicios financieros y no financieros para incrementar la productividad y el valor agregado de la producción boliviana. En general, se estima que los impactos de esta propuesta en las dimensiones de derechos de los sistemas de vida son altamente positivos.

Riego y mecanización rural. Se ha establecido este decenio (2015-2025) como la “Década del Riego” y se tiene previsto alcanzar una meta de 1 millón de hectáreas regadas. Esto implica que en este quinquenio se deberá avanzar de forma significativa en el incremento de la superficie regada tomando en cuenta que actualmente el país cuenta con solamente 362.000 ha de riego. Esta propuesta comprende la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito. También se ha establecido continuar con los procesos de mecanización y tecnificación de la producción agrícola que comprende riego tecnificado y programas de mecanización adaptados a las condiciones ecológicas del país y a las características de los pequeños productores. Se espera que estos programas tengan un alto impacto en la erradicación de la extrema pobreza y en el desarrollo integral. Sin embargo, pueden tener impactos contradictorios (positivos y negativos) en lo que se refiere a los derechos de la Madre Tierra, dependiendo de los programas de mecanización que se establezcan. También se espera tener un efecto positivo en las naciones y pueblos indígenas.

Políticas sociales.-

Las políticas de la Bolivia Digna estaban orientadas a erradicar la pobreza, toda forma de exclusión, marginación y explotación social, política, cultural y económica; además de generar un patrón de distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. El PDES establece que como resultado de las políticas del proceso de cambio, a partir del año 2008 se advierte una importante reducción en la pobreza extrema, de 38,2% en 2005 a 17,3% en 2014. Los niveles de pobreza extrema en el área urbana bajaron, entre 2005 y 2014, de 24,3% a 8,3%, en tanto que en el área rural disminuyeron de 62,9% a 36,1% (Bolivia 2016). El PDES también menciona que la reducción de la desigualdad en Bolivia también se muestra en la relación entre ricos y pobres en términos de ingresos. A nivel nacional, el año 2005 el 10% más rico ganaba 128 veces más que el 10% más pobre, situación que se redujo a 39 veces el año 2014 (Idem.).

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha puesto en marcha un conjunto de políticas y programas para avanzar de forma sostenida en los procesos de erradicación de la extrema pobreza. Entre estas medidas destacan el incremento del Salario Mínimo Nacional, el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad y Tarifa Dignidad, entre otros, que permitieron elevar el nivel de ingresos de las familias y reducir de forma significativa el número de personas pobres.

Siguiendo con datos del PDES, se puede mencionar lo siguiente:

  • Datos al año 2014 muestran que el 40,6% de la población boliviana se benefició con los bonos sociales: Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy y Juancito Pinto. Estos bonos ayudaron a reducir la deserción escolar, disminuir los niveles de mortalidad materna infantil y dar una vejez digna a los adultos mayores.
  • El Bono Juancito Pinto incentiva la permanencia escolar de las niñas y niños en las escuelas fiscales. Entre 2006 y 2014, el número de niñas, niños y adolescentes beneficiarios aumentó de 1.084.967 a 2.132.393.
  • El Bono Juana Azurduy incentiva el uso de los servicios de salud materno infantil, a fin de mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil y erradicar la desnutrición de las niñas y niños. Desde su creación, el Bono Juana Azurduy benefició a 765 mil niñas y niños y 523 mil mujeres embarazadas. Entre 2009 y 2014, los montos transferidos por el Bono Juana Azurduy ascendieron de Bs20, 3 millones a Bs157, 1 millones.
  • La Renta Dignidad que beneficia a todos los adultos mayores de 60 años contribuyó a disminuir en 13,5% la pobreza en hogares con personas adultas mayores. Desde 2008, la Renta Dignidad ha pagado un monto total de Bs13, 7 mil millones a casi 1 millón de bolivianas y bolivianos mayores de 60 años.

Asimismo, se han realizado importantes inversiones en agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y saneamiento básico que han tenido un importante impacto en el incremento de la cobertura de agua y saneamiento con la aplicación de diversos programas focalizados, siendo los más importantes los programas MIAGUA, programa de agua y alcantarillado periurbano y de apoyo a áreas periurbanas. En el sector eléctrico, se creó el programa de Electricidad para Vivir con Dignidad que también permitió incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana ay rural. Para lograr un mayor acceso a la vivienda se implementó el Programa de Vivienda Social priorizándose la dotación de viviendas a grupos vulnerables y sectores menos favorecidos.

El proceso de Revolución Educativa apuntó a implementar una educación productiva, inclusiva, descolonizadora, intracultural, intercultural y plurilingüe. En este marco, se redujo el abandono escolar, disminuyó el analfabetismo y se incrementó la población en edad escolar y la infraestructura educativa.

En temas de salud y nutrición se implementaron acciones que permitieron mayor acceso de la población a la salud destacándose el Programa MI SALUD, el fortalecimiento de los seguros públicos de salud, así como la ampliación del acceso gratuito a la salud de grupos vulnerables.

Impactos de las principales políticas sociales sobre los sistemas de vida.-

Las políticas sociales presentan un importante impacto en las diferentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en el país. Algunas disposiciones particulares de esta política son importantes con relación a las dimensiones de la gestión de los sistemas de vida, con impactos diferenciados, de acuerdo a la valoración propia del autor.

Políticas de planificación territorial.-

La Ley N°777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), aprobada en enero del 2016, ha puesto en marcha un nuevo proceso de planificación en el país. El SPIE se construyó sobre la base de un mandato constitucional de la CPE que estableció que es el rol del Estado: “Conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorpora a todas las entidades territoriales” (CPE, Artículo 316 numeral 1). También la CPE dispuso que es competencia privativa del nivel central la planificación nacional y competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales, municipales y de las autonomías indígena originario campesinas la planificación en sus respectivos territorios.

La Ley del SPIE avanza en la puesta en marcha de un proceso de planificación integral. La integralidad comprende un proceso de planificación que involucra a un conjunto de dimensiones: económica, social, cultural y política, entre otras, así como las dimensiones de relacionamiento entre los seres humanos con la naturaleza. Otro elemento clave de la integralidad tiene que ver con la articulación e integración en el proceso de planificación de los diferentes ámbitos territoriales del nivel central y de las entidades territoriales autónomas. También se define que la planificación integral tiene que ver con la articulación de la planificación sectorial con la planificación territorial. Finalmente, otro tema que se incorpora a la visión de la integralidad es el de la articulación entre los diferentes ámbitos temporales de la planificación, es decir, la planificación de corto, mediano y largo plazo.

Esta ley incorpora un desafío adicional en el sistema de planificación integral del Estado que es el de articular a la planificación la visión del Vivir Bien a través de la gestión de los sistemas de vida en los planes territoriales, que significa implementar un desarrollo territorial en equilibrio y complementariedad considerando la erradicación de la extrema pobreza, el desarrollo de sistemas productivos sustentables y la protección de las funciones ambientales. Así, la Ley del SPIE incorpora el marco conceptual y metodológico de la gestión de los sistemas de vida al desarrollo integral. En la práctica se define que el enfoque de los sistemas de vida será el instrumento concreto que traduzca el Vivir Bien en la planificación territorial.

La ley del SPIE avanza en el desafío de establecer en el país procesos de planificación territorial del desarrollo integral, consolidando la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. El SPIE integra en uno solo dos procesos anteriormente separados de planificación como son los de la planificación del desarrollo y la planificación del ordenamiento territorial. En ese contexto se ha establecido que todas las entidades públicas deben formular sus planes articulados a la planificación sectorial en el marco de los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI), los gobiernos de las entidades territoriales autónomas deben formular los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los gobiernos de las autonomías indígena originario campesinas los Planes de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC).

El proceso de planificación supone avanzar en el fortalecimiento del proceso autonómico en el país entendiendo que es una competencia privativa del nivel central del Estado y una competencia exclusiva en las diferentes entidades territoriales autónomas. De este modo, el nivel central del Estado, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), realiza la revisión para evaluar la compatibilidad y concordancia de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y Planes de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC) pero la emisión de dictámenes aprobando o rechazando los planes es ya una atribución de los órganos legislativos de cada gobernación o de los municipios.

Cabe destacar que la implementación del SPIE, incluyendo la formulación de los PTDI y PGTC, y su seguimiento y evaluación, es un proceso en curso que requiere ser fortalecido con la importante participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de su participación cuantitativa y cualitativa en los procesos definidos por el SPIE.

Impactos de las principales políticas de planificación territorial sobre los sistemas de vida.-

Las políticas de planificación territorial pueden constituirse en un importante soporte para la gestión de los sistemas de vida en el país. Algunas disposiciones particulares de esta política son importantes con relación a las dimensiones de la gestión de los sistemas de vida como se presenta a continuación, en base al criterio personal del autor.

Inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética.-

El PDES (2016-2020) contempla importantes inversiones en infraestructura y en el desarrollo de la matriz energética, entre las que destacan las inversiones en carreteras y en proyectos energéticos, hidrocarburos y mineros.

Una de las prioridades del PDES es la integración del país a través de diferentes modalidades de transporte apropiadas a las características del territorio boliviano, mediante carreteras, navegación fluvial, aérea o ferroviaria. Hacia el 2020 se tiene previsto avanzar de forma significativa en la integración del país por diferentes medios: vial, férreo, aéreo y fluvial. En caminos se tiene previsto concluir con la construcción de 4.806 km de tramos carreteros en dobles vías, corredor bioceánico, corredor Norte – Sur, corredor Oeste – Norte, diagonal Jaime Mendoza y otras rutas de conexiones departamentales.

Con relación a las inversiones en hidrocarburos se tiene previsto asegurar los volúmenes y capacidad de transporte necesario para el consumo interno, la exportación y la operación permanente de las plantas de industrialización en actual construcción, garantizando un equilibrio entre la actividad de explotación y producción de los hidrocarburos y la actividad de industrialización. Hasta el año 2020 se tiene previsto invertir en exploración, explotación y desarrollo, refinación, transporte, comercialización, almacenaje, redes de gas, industrialización e inversiones menores en el sector de hidrocarburos. Con ello se estima incrementar la producción de hidrocarburos líquidos y de gas natural. Asimismo, se prevé concluir con la construcción de las plantas de separación de líquidos, complejo propileno y polipropileno y otros proyectos de industrialización.

Con relación a las inversiones en el sector minero metalúrgico se estima fortalecer la exploración minera para el incremento de reservas, el incremento de la producción primaria con generación de valor agregado, la diversificación de la producción minera y su industrialización. En lo que corresponde a la generación de valor agregado se implementarán plantas de fundición y refinación y se iniciará la fase de industrialización de los recursos evaporíticos mediante la construcción, puesta en marcha y operación de las plantas industriales para la obtención de sales de potasio y carbonato de litio.

En el sector eléctrico se plantea como mayor desafío su potenciamiento para satisfacer la generación de energía eléctrica a fin de cubrir la demanda interna, así como generar un importante excedente de potencia efectiva para la exportación, que permitirá obtener recursos económicos para el país y posicionar a Bolivia como un centro energético regional. Se estima pasar de una potencia efectiva de 1.924 MW el año 2015 a 4.878 MW el año 2020, que implican la construcción de una serie de plantas de energía hidroeléctrica, que incluyen proyectos de ciclo combinado, energías alternativas de biomasa, eólica, solar y geotérmica, así como plantas hidroeléctricas y termoeléctricas mediante ciclos combinados y turbinas a gas.

Impactos de las principales inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética sobre los sistemas de vida.-

Las inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética son un importante soporte para la gestión de los sistemas de vida en el país, pero también pueden afectar de manera importante el estado de situación actual de los mismos, por lo que requieren un tratamiento cuidadoso.

Inversiones en transporte vial. Las inversiones en la ampliación de caminos principales en el país tienen un impacto importante en aspectos referidos al desarrollo integral, en la medida en que permite articular los complejos productivos del país. Sin embargo, tienen un impacto contradictorio en la erradicación de la extrema pobreza ya que puede favorecer directamente o no a la población vulnerable y más pobre, lo que depende de las políticas adicionales que puedan implementarse para permitir a estos grupos aprovechar de las mejores condiciones del desarrollo integral productivo. Lo propio sucede con las naciones y pueblos indígenas, en la medida en que los beneficios hacia los pueblos más vulnerables no son directos. Un efecto similar se presenta respecto a los derechos de la Madre Tierra en la medida en que la vinculación caminera puede afectar áreas que cumplen funciones ambientales estratégicas, pueden desarrollarse otras alternativas con menor impacto sobre los componentes de la naturaleza.

Inversiones en minería. Las inversiones en minería tienen un rol muy importante en la generación de ingresos para un número importante de productores mineros (cooperativistas mineros), por lo que sus efectos en la reducción de la pobreza son importantes así como en el logro del desarrollo integral, al ser una actividad que permite diversificar la generación de ingresos no sólo de la población boliviana sino del propio Estado Plurinacional, sin embargo tiene un potencial impacto negativo sostenido en la reproducción de funciones ambientales estratégicas.

Inversiones en hidrocarburos. Las inversiones en hidrocarburos no tienen un efecto directo sobre la reducción de la extrema pobreza ni son beneficiosas directamente para las naciones y pueblos indígenas, ya que esto depende de los procesos de redistribución de los ingresos que se generan de las actividades hidrocarburiferas. En este sentido, el impacto sobre ambos derechos se los cataloga como de carácter contradictorio. En todo caso, estas inversiones son importantes en el proceso de construcción del desarrollo integral del país fortaleciendo una fuente significativa de generación de ingresos económicos para el Estado Plurinacional, aunque sin duda existen impactos negativos de diferente escala para la reproducción de funciones ambientales estratégicas en los lugares donde operan las áreas de producción hidrocarburifera.

Inversiones en energía eléctrica. Las inversiones en energía eléctrica, al igual que las inversiones en hidrocarburos, tienen un carácter contradictorio en lo que se refiere a los procesos de erradicación de la pobreza y con relación a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, ya que su impacto depende de las políticas de redistribución de los ingresos generados por esta actividad. Los impactos sobre los derechos de la Madre Tierra son contradictorios en la medida en que dependen del tipo de energía basada o no en recursos naturales renovables, y considerando el hecho de que las inversiones en energías eólica y solar son amigables con la naturaleza y tienen un mínimo impacto ambiental.

Articulaciones significativas de las inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética para la construcción de sistemas de vida

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética sobre las dimensiones de derechos de los sistemas de vida se puede lograr a través de acciones de la articulación significativa con las políticas públicas sectoriales, con el propósito de armonizar los sistemas de vida.

Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

  • Inversiones en transporte vial: contemplando acciones específicas de vinculación con los complejos productivos territoriales previstos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR), planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA).
  • Inversiones en minería: contemplando la articulación con acciones específicas de planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA), para minimizar los impactos en funciones ambientales estratégicas.
  • Inversiones en hidrocarburos: contemplando acciones específicas de vinculación con las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR), planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA), para minimizar los impactos en la reproducción de funciones ambientales estratégicas y optimizar los resultados en el fortalecimiento de la capacidad productiva de los territorios.
  • Inversiones en energía eléctrica: contemplando acciones específicas de vinculación con los complejos productivos territoriales previstos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR), planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA) para minimizar los impactos en la reproducción de las funciones ambientales estratégicas para las regiones.

El Reto del Cambio Climático: Evaluación de la Respuesta Multilateral

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Nele Lucía Marien

art 11

Introducción.-

El cambio climático es  un  problema de carácter universal, debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el  cambio  climático se generan en todas partes del mundo, aunque de manera muy desigual y diferenciada de región a región, tanto en forma como en gravedad. Por ende, es un problema mundial y debe ser atendido de esta forma.

El reconocimiento de esta problemática, y su subsecuente incorporación en el actuar de las Naciones Unidas a través de la aprobación de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue en este sentido una respuesta absolutamente necesaria. Sin ella, sería imposible atender al cambio climático.

Este año, la CMNUCC cumple 20 años, y es un momento oportuno para evaluar si la respuesta multilateral fue la esperada y si atendió el tema en la medida necesaria, o no. El presente artículo pretende hacer una evaluación de dicha  respuesta multilateral.

  1. El reconocimiento del cambio climático como problemática mundial.-

Si bien el hecho de que el CO2 causa un efecto invernadero fue definido desde finales del siglo 19, y la existencia del efecto invernadero real fue ampliamente descrito en literatura científica desde los años 70, recién en los años 80 la investigación tomó un gran impulso (Spencer, 2008). Después de varias alertas de científicos, se dio el gran paso de establecer el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en el año 1988. Este panel sistematiza y revisa rigurosamente los resultados científicos sobre el cambio climático, y publica periódicamente informes   de   evaluación  relevantes al tema.

El IPCC, conformado como una comisión científica intergubernamental,  publicó su primer informe en el año 1990. En dicho informe, alertaba sobre “las consecuencias posiblemente graves del que originaría el cambio climático son motivo suficiente para que se comiencen a  adoptar  medidas  de  respuesta,  cuya justificación podría ser inmediata” (IPCC, 1990:64).

En  ese  momento,  la  concentración de gases de efecto  invernadero  (GEI) en la atmosfera era de 354 ppm, en comparación con las 280 ppm antes del inicio de la era industrial (Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division). Para que se produjera este incremento, el mundo había emitido 770 Gigatoneladas de CO2, de las cuales, un 72% se emitió desde 19503 (CAIT-WRI).

  1. El objetivo de la convención de cambio climático como respuesta multilateral a la problemática.-

La respuesta internacional se dio a través de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, en la cual se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, misma que entró en vigor en el año 1995.

Se estableció el objetivo de la convención en su artículo 2: “El  objetivo  último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de  las  concentraciones de  gases  de   efecto   invernadero   en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas  peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”

En esta definición legal del objetivo de la Convención se encuentran varios elementos, los cuales vale la pena analizar por separado:

  • 1.
    La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
  • 2.
    A un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
  • 3.
    Lograrse en un plazo suficiente.
  • 4.
    Permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático.
  • 5.
    Asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada.
  • 6.
    Permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

El presente artículo analizará si estos elementos fueron logrados, o si se está en camino a lograrlo. Los puntos 1-5 serán analizados extensamente; Se exceptúa del análisis el punto 6, el cual exigiría entrar en tal complejidad que demandaría un artículo dedicado  exclusivamente  a la temática. Sin embargo, se considera que el análisis de los otros elementos puede dar suficientes insumos para evaluar el cumplimiento del objetivo de la Convención.

  1. Los principios de la convención y su relación con el objetivo principal.-

En el artículo 3 de la Convención se establecen cinco principios, de los cuales específicamente el primero y el tercero son muy relevantes para el cumplimento de los objetivos de la Convención que se estudien aquí:

3.1  Principio.-

Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades  comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la  iniciativa  en  lo  que  respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

En este respecto, “el deber de proteger el sistema climático” se relaciona con el objetivo de la estabilización de los GEIs en la Atmosfera.

El elemento nuevo es aquí “las responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades” y el consecuente deber para los países  desarrollados  de tomar la iniciativa. Este principio se debe al hecho de que históricamente los países desarrollados emitieron el 86% de las emisiones, mientras que solamente  representaban  el  21,5% de la población, esto en el momento de  la  aprobación  de  la  Convención.

Esto se refleja en el preámbulo de la Convención:

“Tomando nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de emisiones originada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y de desarrollo,”

Las emisiones per cápita en este momento eran de 12,4 toneladas CO2 por persona en los países desarrollados, y de 1,4 toneladas  CO2  en  los  países en desarrollo. Efectivamente se  fueron incrementando las emisiones per cápita de los  países  en desarrollo, llegando a 3,4 toneladas, mientras que los países desarrollados bajaron apenas hasta 11,3 toneladas. La equidad mencionada en el principio 1 queda todavía muy lejos.

Las responsabilidades comunes pero diferenciadas se reflejan a lo largo del texto legal de la Convención, donde se distingue una división clara de obligaciones para países desarrollados (enumerados en el Anexo I del mismo documento), y las de los países en desarrollo (denominados ‘no-Anexo I’). En específico es importante destacar los artículos 4.2 hasta 4.7, que establecen una serie de obligaciones específicas para los países desarrollados, varias de las cuales son en beneficio de los países en desarrollo. Estos incluyen la idea de que la medida en que los países en desarrollo cumplan efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá  del  cumplimiento  efectivo de los compromisos de los países desarrollados también en virtud de la Convención, relativos al financiamiento y a la transferencia de tecnología.

Por otra parte, se puede ver que los países desarrollados,  en  medida  creciente, han tratado de eludir cada vez más este principio. Como pruebas de ello, se puede ver el mandato de la Plataforma de Durban para Acción Mejorada (1/CP17), que por primera vez en la historia expresa un mandato sin hacer referencia alguna ni a la equidad, ni a las responsabilidades comunes pero diferenciadas. También se puede ver en diferentes textos de negociación, cómo  países desarrollados han ido introduciendo conceptos que contradicen el primer principio de la convención.

3.2. Principio.-

Las  Partes  deberían  tomar   medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible.  A tal fin,  esas  políticas  y  medidas  deberían tener en  cuenta  los  distintos  contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir  todas   las   fuentes,   sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y  abarcar todos  los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas.

Tal como se analizará más adelante en el presente artículo, los impactos del cambio climático ya se están  dando  a un nivel preocupante, y actualmente la atmósfera ya se encuentra en un nivel de concentraciones GEI muy por encima de lo que muchos científicos consideran prudente. En este sentido, el no tomar en cuenta estos límites que advierten los científicos viola el principio de precaución.

  1. El aumento del reto climático hasta hoy.-

En el año 2012, exactamente 20 años después de la aprobación de la Convención del cambio climático, la situación global  del  cambio climático empeoró dramáticamente, y no se vislumbra una mejoría pronto.

4.1. La concentración de gases de efecto invernadero.-

4.1.1 Su aumento dramático.-

Durante el periodo de vigencia de la Convención, la concentración de los gases de efecto invernadero subió de 354 a 392 ppm; además, este aumento se da de forma acelerada: durante la década de los 90, el crecimiento era de 1 punto de ppm por año y durante la década de los 2000 de 2 puntos ppm por año  (Tans & Keeling).

Estas concentraciones son el resultado de las emisiones mundiales, las cuales crecieron de 21 Gton en el año 1992 hasta 33 Gton hoy en día. En los primeros cinco años, las emisiones mundiales subían 0,3 Gton por año en promedio,  y  durante los últimos 5 años, subían 1,19 Gton en promedio. (CAIT-WRI)

Muchos científicos alertan que el límite seguro para  mantener estable el clima es de 350 ppm5 (Hansen, 2008). Este hecho demuestra que la primera y principal parte del  objetivo  último  de la Convención: “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”, se incumplió de forma dramática.

Si bien no hay unanimidad en el mundo científico respecto a que 350 ppm es el máximo nivel permitido de concentraciones (IPCC, 2007:768), el hecho de que muchos científicos lo establecen de forma fundamentada debería ser suficiente para actuar conforme el principio de precaución.

4.1.2. La ausencia de definición de límites para la concentración GEI en la CMNUCC.-

Cabe  puntualizar  que  en   el   ámbito de la Convención nunca se  estableció un límite de concentración de gases. Durante las negociaciones previas a la COP 15 en Copenhagen, el tema de las concentraciones sí estaba en la agenda política, con una divergencia de opiniones desde 300 ppm (Bolivia), 350 ppm (grupo de 112 países, entre los cuales los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los Países Menos Adelantados (350. org), 450  ppm  (Europa  (Hare,  2008)), y varios países que tenían una fuerte preferencia de no establecer un número máximo a las concentraciones (Textos de negociación: 2009; 2010).

Hasta hoy, dentro de los procesos de negociación de la CMNUCC, no sólo se falló en establecer el límite, sino  que tampoco se dio mandato para que futuras negociaciones lo establezcan; hubo expectativa de hacerlo en el  proceso del Plan de Acción de Bali, precisamente en su capítulo de visión  compartida. Sin embargo, en la COP 16 se definió el cierre del Grupo de Trabajo Especial de Cooperación de Largo Alcance (GTE-CLA), derivado del Plan de Acción de Bali, con una puntualización de los temas que se debían definir hasta la COP17, entre los cuales no se encuentra el establecimiento de un límite para las concentraciones de GEI. Tampoco en la Plataforma de Durban sobre Acción Mejorada, que tiene como mandato negociar un nuevo protocolo bajo la Convención, se da un mandato de establecer este límite.

4.1.3 El   vínculo   entre   emisiones   y concentraciones.-

Lo que sí se definió en las decisiones adoptadas en la COP 16 en Cancún, es el límite de 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Sin embargo hubo un país, Bolivia, que se opuso, aclarando que uno de los principales elementos que rechazaba era justamente el hecho de que se permitiría subir 2 grados centígrados, y por otra parte 112 países habían exigido el aumento máximo de 1,5 grados, vinculado con un máximo de concentración de gases de 350 ppm6.

Según el IPCC (IPCC, 2007), un límite establecido de 2 grados implicaría mantener las concentraciones de GEI por debajo de los 350 ppm, si se quiere tener una seguridad de 75% de mantenerse por debajo de este límite de temperatura. Para una seguridad de 50% el límite sería 450 ppm, y para una seguridad de 25% el límite se establece en 550 ppm (IPCC, 2007).

No existe acuerdo entre los países sobre cuál es el grado de probabilidad de no sobrepasar el límite establecido que se acepte, y -al igual que la definición de la concentración de GEI- es una discusión inexistente. Sin embargo, el PNUMA publicó dos informes donde calcula la brecha de mitigación que debe ser cerrada para no sobrepasar los 2°C de incremento de temperatura y basa sus cálculos en 415 ppm, con una probabilidad del 66% de no sobrepasar este límite establecido. (UNEP, 2010 & 2011).

Según estos informes, las promesas de reducciones de Copenhague, las  cuales fueron reiteradas en Cancún, dejan una brecha de 9 Gton de emisiones, es decir se emitirían 9 Gton  demás,  y  en  caso de la implementación de las promesas máximas con reglas estrictas, se podría reducir dicha brecha a 6 Gton. (UNEP, 2010 & 2011). Además, otros calculan, en base a los mismos datos, que existe una contabilidad doble de 1,1 Gton en cuanto a los offsets7 (SEI, 2011). Sumando, se llega a una brecha mínima de 7,1 Gton por año.

Aún en el caso de la implementación incondicional de todas las promesas, aplicadas con reglas estrictas, se calcula que para 2020, las emisiones mundiales sumarán 49-52 Gton. Estas  emisiones se encuentran en la línea más alta del escenario  más  alto   presentado   por el cuarto informe de  evaluación  del IPCC, el cual indica que esto lleva  a una estabilización de la  concentración de GHG en 855 hasta 1130 ppm, y un aumento de temperatura de 4 a 8 grados hasta finales de siglo (IPCC, 2007). Hay que aclarar que en caso de correcciones posteriores y de no seguir la misma línea de emisiones, el escenario podría mejorar sustancialmente.

4.2. Los impactos del cambio climático.-

Más allá  de  divergencias  políticas sobre proyecciones futuras, los hechos muestran que el cambio climático ya alcanzó grados  de  emergencia  que por una parte empiezan a interferir peligrosamente en el sistema climático, y por otro lado empiezan a perjudicar al desarrollo mismo de la humanidad y de los ecosistemas existentes.

4.2.1  Interferencia con  el sistema climático.-

En cuanto a la interferencia con el sistema climático, se pueden subrayar algunos ejemplos alarmantes donde el calentamiento actual de la tierra ya está causando mayores efectos.

4.2.1.1 Retroceso del hielo de los polos.-

Los polos son regiones muy importantes para mantener la estabilidad del clima. Sus   bajas   temperaturas    mantienen la estabilidad de temperaturas en el planeta, y los millones de kilómetros cuadrados de superficie blanca tienen la función importante de reflejar a través del efecto albedo, los rayos solares  -y por ende el calor- nuevamente hacia el espacio. Además contienen una masa de agua en estado congelado, que cuando se derriten pueden causar un aumento del nivel del mar en varios metros.

Los efectos del cambio climático ya se han hecho sentir en los polos, más que en ninguna otra región. En especial en el ártico, el hielo retrocedió 40% entre el nivel de 1980, y su punto más bajo en 20078. También el grosor del hielo disminuyó fuertemente. Especialmente la reducción de superficie preocupa mucho a los científicos, ya que la disminución de albedo implica que la región en particular, y el globo en términos generales, empiezan a calentar más rápido, en un efecto que sigue acelerando, y que según reportan avanza más rápido de lo que predijeron los modelos climáticos (Steve et al., 2007).

4.2.1.2. Permafrost.-

El descongelamiento de los polos no causa solamente pérdida de hielo y del efecto albedo, sino también provoca que en regiones donde previamente el suelo estaba congelado durante todo el año, ahora se descongela. Por debajo de estos suelos se encuentran grandes bolsones de metano, que en la actualidad están empezando a ser liberados a la atmósfera, debido a que ya no cuentan con la capa protectora de hielo. La liberación de este metano es particularmente preocupante, ya que el metano es un gas de efecto invernadero que es 56 veces más potente que el CO29. En otras palabras: el descongelamiento de las zonas de permafrost, resultado comprobado del cambio  climático,   está   aumentando un nuevo factor de incremento de las causas del cambio climático. Durante los últimos meses se encontraron  escapes de cantidades nunca antes reportadas de este gas (Connor, 2011).

4.2.1.3. Acidificación de los océanos.-

De todos los GEI que se liberan a la atmósfera, una cuarta parte es absorbida por   los   océanos.  En  este  sentido, los océanos son un gran factor en la mantención de la estabilidad de las concentraciones GEI en la atmósfera, y del sistema climático como tal. Los océanos absorbieron un total de 530 Gton de CO2 durante los últimos 250 años.

Es importante notar que debido a la absorción de CO2 por los océanos, estos mismos se vuelven más ácidos10. Este proceso de acidificación ya ha reducido el pH del océano en 0.11, lo cual implica un cambio de 30 % de la concentración de iones de hidrogeno, y se estima que subirá otros 0.3 puntos de pH (SCOR, 2009). Esta acidificación, a su vez, está empezando a afectar a la vida  dentro del océano, provocando ya  la  muerte de ciertas zonas. Bajo el entendido de que toda la vida está compuesta en gran parte por carbono, la muerte de la vida marítima puede  en  el  futuro  empezar a provocar que los océanos se vuelvan fuentes de emisiones, en vez de capturar las mismas. De esta forma, el aumento de la acidificación implica que el agua tiene menor receptividad de seguir absorbiendo carbono de la atmósfera. (Schuster & Watson, 2007).

4.2.2. Impacto en la vida humana y de los ecosistemas.-

En  cuanto  a   los   efectos   que   causa el cambio climático en la vida en el planeta, éste es un aspecto que nunca logrará consenso sobre los límites de lo aceptable, pero se puede documentar que los efectos son enormes y que van incrementando año tras año:

4.2.2.1. Catástrofes naturales.-

El IPCC publicó recientemente un informe donde   se   establece   el   vínculo   claro entre aumento de catástrofes naturales vinculados con el clima y el cambio climático. Los cambios son notables tanto en la frecuencia, la severidad y la ubicación de eventos extremos (IPCC, 2012). Además, los aseguradores y reaseguradores ya lo tienen claro desde hace más tiempo, y empezaron a cambiar su política de pólizas de seguros debido a un incremento claro de costos causados por eventos extremos vinculados con el clima (Raloff, 2012).

4.2.2.2. Biodiversidad.-

Estudios muestran que los ecosistemas y la biodiversidad tienen graves problemas para adaptarse. Se demostró  que unas 2000 especies migran hacia la dirección de los polos (16 Km. por década), o subiendo montañas (11 metros por década) (I-Ching, 2011).

Sin embargo, muchas otras especies no tienen la capacidad de moverse, debido a fronteras geográficas o a otras especies competidores en las áreas donde desean llegar. Muchas de estas especies están en peligro de extinción, y las predicciones llegan a establecer que se perderá entre un 18 y 34% de la biodiversidad hasta 2050, dependiendo de los escenarios de mitigación. (Thomas et al., 2004).

Estos hechos demuestran que otro elemento importante del objetivo último de la Convención no se cumplió: el de “permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático”.

4.2.3. La amenaza para la producción de alimentos.-

Científicos alertan que el cambio climático ya empezó a afectar a la producción agrícola, debido a la deshidratación de plantas por aumento de temperaturas, problemas de polinización, y mayor incidencia de sequías e inundaciones (Carrington,  2011).  Se  encontró  que un aumento de 1°C causa la baja de la productividad de arroz, trigo y maíz con 10%. Un aumento de 2 grados bajará la producción de arroz y trigo en hasta 38%. (Brown, 2008)

Estos informes nuevamente nos muestran que otro elemento del objetivo de la convención se incumplió: el de “asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada”.

4.3. Un régimen climático basado en plazos.-

El objetivo de la Convención estipula que la estabilización de la concentración de los GEI  debe “lograrse en un plazo suficiente”. De ello deriva el hecho que necesariamente la CMNUCC debería establecer plazos para enfrentarelcambio climático. Efectivamente hubo algunos plazos para la reducción de emisiones, las cuales vale la pena recordar:

1) El plazo establecido por la Convención, en su artículo 4.2.a, el cual se aplica solo a los países desarrollados. El mismo declara:

4.2. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el anexo I se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:

  1. a) Cada una de esas Partes adoptará políticas   nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la  iniciativa  en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas de manera acorde con  el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de  emisiones   antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por  el  Protocolo de  Montreal   contribuiría   a tal  modificación,  y  tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y bases de  recursos  de   esas   Partes, la necesidad de mantener un crecimiento  económico   fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad  de  que  cada   una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de ese objetivo. Esas Partes podrán  aplicar   tales   políticas y medidas conjuntamente con otras Partes  y  podrán  ayudar a otras Partes a contribuir al objetivo de la Convención y, en particular, al objetivo de este inciso;

La parte en negrillas (énfasis del autor) establece   un   plazo   hasta    ‘finales del decenio’, para que los países desarrollados regresen sus emisiones GEI hasta ‘niveles anteriores’. Tomando en cuenta que la Convención fue adoptada en 1992, por ‘finales del decenio’ se entiende que se trataba del año 2000. ‘Niveles anteriores’ no clarifica al nivel de qué año preciso se refiere, pero debería ser en todo caso anterior a la aprobación de la Convención.

Ahora, haciendo un análisis legal de este plazo, encontramos que es bastante débil, principalmente por las siguientes razones:

  • El lenguaje que refiere a la necesidad de limitar las emisiones (“Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones GEI (…)”) es mucho más claro que el lenguaje referente al plazo, el cual está descrito en forma indicativa (“, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual… contribuye a … lograr este objetivo), y no constituye ninguna imperativa legal).
  • No existían años de referencia legalmente establecidos ni para el inicio ni para el final del plazo.
  • No se establecía niveles de referencia, ni formas de medición.

No estaba sujeta de ninguna forma a mecanismos de cumplimiento.

En este sentido, podemos indicar que el primer plazo establecido bajo la CMNUCC tenía más un carácter simbólico que legal. Aun así, es importante remarcar que no se cumplió de ninguna forma, a lo contrario, los países desarrollados que no son países en transición11, aumentaron sus emisiones con 11% en promedio hasta el año 2000, en comparación con el año 1990. (UNFCCC-SBI, 2011 National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2009)

2) El segundo plazo de reducción de emisiones sí fue legalmente establecido; se trata del Protocolo de Kioto. Este Protocolo fue negociado en finales de 1997, pero el periodo de compromisos establecido corre de 2008 hasta 2012, aplicable específicamente a los países desarrollados, es decir, empezando 10 años después de su aprobación.

Al encontrarse actualmente en el último año del primer periodo de   compromisos, si bien no es posible hacer  la  evaluación  final del cumplimiento12 se puede tener algunas claras indicaciones:

  • Las emisiones de muchos de los países desarrollados que no son países en transición, subieron fuertemente después del año 1990 (UNFCCC-SBI, 2011).
  • Varios países dieron señales políticas de no tener intenciones de cumplir con sus compromisos. El caso más claro es Canadá, quien renunció legalmente al protocolo de Kioto en fecha 12 de diciembre de 2011.
  • Los países con economía en transición (ex Unión Soviética) cumplen ampliamente con sus compromisos, debido a la caída brutal de emisiones después de su año base, y los compromisos muy poco rigurosos (mantenerse en sus emisiones del año 1990). Esto implica que en realidad tienen un amplio margen de emisiones, las cuales pueden a su vez vender en el mercado de carbono, dando así derechos de emisión a otros países.

En conclusión, es muy probable que muchos países cumplan legalmente sus compromisos establecidos bajo el Protocolo de Kioto, pero si se hace una evaluación del uso de estos plazos a la luz del objetivo de la Convención, vemos que su impacto es muy bajo, y que las emisiones globales siguen en aumento.

3) Después  del   primer   periodo del Protocolo de Kioto, el mismo Protocolo establece que se debe contar  con  subsiguientes  periodos de compromisos (Art. 3.9). Durante los últimos años de negociación, los países desarrollados dieron muchos indicios de no querer participar en el segundo periodo de compromisos.

Sin embargo, en la Conferencia de las Partes ante el Protocolo de Kioto en Durban, en diciembre de 2011 (CMP7), se dio garantías políticas para que existiera un segundo periodo de compromisos, sin aprobarlo legalmente, y sin la posibilidad que los países ratifiquen la enmienda durante este año13. Entre otros elementos clave, no se definió la forma de medir las reducciones, ni tampoco la duración del periodo de compromisos, hasta 2017 o 2020.

No obstante, en este periodo de compromisos no participará un grupo importante de países desarrollados: los EE.UU., Canadá, Rusia y Japón. Australia y Nueva Zelandia aún no definieron su participación. De este modo, el segundo periodo del protocolo de Kioto solamente cubre el 33,4% de las emisiones de los países desarrollados, o el 15,8% de las emisiones mundiales14.

4) El segundo periodo de compromisos va a coincidir, totalmente o parcialmente, con un periodo de promesas voluntarias, que correrá hasta el 2020. 42 países desarrollados y 48 países en desarrollo entregaron propuestas de reducción voluntarias, con una fecha de finalización del 2020, después del pedido formal que hizo la COP 16 de Cancún para tal efecto (UNFCCC, 2011).

5) En realidad, se trata de una amalgama de propuestas, con diferencias en años base, diferencia en forma de medición de las reducciones (en % de un año base para los países desarrollados,  y  compromisos de todo estilo para los países en desarrollo), y muchos de ellos con condicionantes de compromisos por parte de otros países y/o de ayuda financiera. En vista de que ningún país anunció que sus condicionantes fueron satisfechos, lo único seguro con lo que se puede contar son las “promesas bajas”, es decir aquellas promesas que ya no dependen del actuar de otros. Los compromisos que probablemente se formalizarán en la CMP8 forman parte de dicha lista de promesas.

En este escenario, las reducciones de los países desarrollados en conjunto llegan a un 12  a  18%  por  debajo de las emisiones del año 1990, o cubriendo una reducción de 3Gton por debajo de su línea “business as usual”. Las reducciones de los países en  desarrollo,  por su diversidad de presentaciones, no  se  pueden expresar en porcentajes de un año base, pero se calcula que la reducción conjunta será de 3,6 Gton por debajo de su línea “business as usual” hasta el año 2020. (Erickson & Lazarus, 2011).

Conclusiones.-

Según lo estudiado en  este  artículo, se puede afirmar que los elementos principales del objetivo de la Convención no fueron cumplidos.

1) La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.-

No solamente no se estableció legalmente cuál es el nivel de estabilización,   ni   tampoco    se dio un mandato para su futuro establecimiento,   sino   que además los niveles actuales de concentración ya  ascienden a niveles que según muchos científicos son peligrosos. No tomar en cuenta estas advertencias científicas viola el principio precautorio, establecido en la misma Convención.

2) Un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.-

La definición de cuál es un nivel de interferencia peligrosa en el sistema   climático   es   un   tema de apreciaciones y valores. Sin embargo, hay claras indicaciones que varios efectos del cambio climático ya retroalimentan el mismo proceso, entre los cuales están la pérdida de las capas polares, la acidificación de los océanos y los escapes de metano de   los   pantanos   que   antes   del calentamiento global estaban permanentemente congelados.

3) Lograrse en un plazo suficiente.-

Donde la convención establecía que la estabilización de la concentración de   los   GEI debería darse en “un plazo suficiente”, ahora los últimos informes científicos dan indicaciones de que ya se están provocando algunos efectos climáticos irreversibles, y que además la planificación para los próximos años es definitivamente insuficiente para lograr  estabilizar el clima.

La lógica  misma  de  la  Convención y del régimen climático en general, exigía que el régimen climático debería funcionar en base a periodos sucesivos de compromisos de reducción cada vez más rigurosos. Después de 20 años, solamente se está concluyendo el primer plazo legalmente   establecido.   Si   bien se definió que habrá un segundo plazo, éste no tiene una aprobación legal hasta el momento, y se aplica solamente a una parte de los países desarrollados.

El resto de los países solamente entrega promesas voluntarias, que no están establecidas de forma legalmente vinculante, ni cuentan con mecanismos de cumplimiento.

4) Permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático.-

Estudiosos de la biodiversidad y otros elementos de los ecosistemas están advirtiendo que el cambio climático implica cambios tan bruscos en tiempos geológicos, que muchos organismos vivos y ecosistemas completos no pueden adaptarse a este ritmo de cambios.

5) Asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada.-

La producción  de  alimentos está  encontrando  serios  reveses debido al cambio climático, y las predicciones para el futuro sobre este  aspecto  son    preocupantes.

6) Conclusión final.-

El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue definida de forma adecuada, pero a pesar de todos los esfuerzos multilaterales, no se dieron las  respuestas adecuadas a la base del problema: el aumento continuo de las emisiones y de las concentraciones GEI.

El Cambio Climático y la Salud

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Dennis Navarro Costa

art 12

Resumen.-

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una revisión referente a la temática del cambio climático y la salud, haciendo énfasis en la importancia del variable clima dentro del análisis de la información en salud. Los ecosistemas en su equilibrio pleno siempre permitieron que  las condiciones del planeta sean óptimas para que la vida se desarrolle; sin embargo, en el último siglo, las actividades humanas dirigidas a desarrollar la industria, basada en la explotación de recursos humanos y el consumo de combustibles fósiles en cantidades desmedidas, han llevado al planeta a situaciones extremas en cuanto el incremento de la temperatura del mismo se refiere. Dicha situación ocasionó un desequilibrio en el sistema climático, que repercute en la biodiversidad y por consiguiente en la salud humana, la cual está íntimamente ligada a su entorno. Sin embargo, el hombre ha afectado de tal forma al ecosistema, que la agricultura, el inadecuado uso de suelos, la ocupación de territorio sin planificación, el uso de

combustibles fósiles, la deforestación y la migración intensa, son causantes de la descomposición del hábitat no sólo de la especie humana, sino de la fauna y flora con la que convive, lo cual ha repercutido de forma negativa en el desarrollo de las enfermedades en humanos, los  cuales se ven afectados tanto por los efectos directos  como  los  efectos  indirectos del  cambio  climático,   incrementando la vulnerabilidad de  las  poblaciones  y el riesgo de enfermar de las personas. Asimismo, siendo la salud un complejo sistema de interacción entre los humanos, los agentes infecciosos y el ecosistema, se ha dado lugar a la transformación de los  perfiles  epidemiológicos   mediante la dotación de mejores  condiciones para que agentes infecciosos y vectores encuentren el hábitat que favorezca no solamente su desarrollo, sino también la redistribución de los mismos, ya sea en lugares donde habían sido controlados, o en áreas donde anteriormente no encontraban condiciones viables para perpetuar su especie.

Es así que el análisis de la  situación en salud, desde una perspectiva interdisciplinaria  y  transdisciplinaria, basada en la producción de información robusta y confiable,  permitirá  mejorar la comprensión del papel del clima con respecto a la salud humana, no sólo abriendo frentes de investigación, sino también incentivando el uso y creación de nuevos abordajes, herramientas y estrategias que permitan desarrollar acciones de adaptación al clima en el área de la salud, buscando no sólo concientizar a la población con respecto a la temática, sino que también se promuevan cambios de comportamiento  adoptando hábitos saludables que no solamente mejoren la calidad de la vida de las personas, sino que también visen la conservación del medio ambiente, con pleno conocimiento de la importancia que tiene conservar el equilibrio entre el ecosistema y la salud humana.

Palabras clave: Cambio climático; efectos del cambio climático; salud; enfermedades, información sobre salud

Introducción.-

Las actividades humanas han determinado la configuración del espacio y el territorio, propiciando cambios en los ecosistemas y en el establecimiento de los perfiles epidemiológicos de las poblaciones. El vínculo estrecho entre las patologías y el entorno en el que el hombre desarrolla sus actividades tiene en el sistema climático a uno de los elementos que componen el complejo salud-enfermedad y que en los últimos años ha sido objeto de intenso estudio, debido a que el incremento de la temperatura del planeta ha dado lugar a que fenómenos y eventos climáticos extremos hayan sido  relacionados  con el recrudecimiento, la re-emergencia y emergencia de enfermedades.

El impacto de las actividades del ser humano en los ecosistemas tiene su base en diversos factores, como lo son el rápido crecimiento poblacional, y por ende la ampliación de los espacios habitados, los cuales muchas veces invaden ecosistemas vírgenes a entidades patológicas y predisponen a la redistribución de insectos vectores, aumentando el riesgo de enfermar de la  población.  Además, se produce un incremento del consumo de recursos naturales, como es el caso del agua  que  es  también  utilizada con mayor intensidad en actividades agrícolas y ganaderas, que  finalmente da lugar a la necesidad de mejorar las estrategias de distribución de agua tanto para consumo humano, como para las actividades productivas anteriormente mencionadas. Otro elemento importante es el referido al incremento en el consumo de energía, que entre otras circunstancias, está relacionada con el uso masivo de combustibles derivados de petróleo, además de que en procura de mejores opciones para el abastecimiento de energía se desarrollaron tecnologías que agreden al medio ambiente y/o incrementan la exposición de la población a materiales nocivos, como sucede con las plantas hidroeléctricas o las de energía nuclear, respectivamente.

En ese contexto, es claro que ante la presión que el sistema climático tiene por parte de las intervenciones humanas y su relación con los ecosistemas, éste ha tenido que modificar su comportamiento; si bien durante el transcurso de la historia presenta un grado de temporalidad y regularidad, aun cuando se habla de los fenómenos como El Niño y La Niña, en la actualidad se han registrado variaciones en el comportamiento de temperaturas extremas y se han registrado balances negativos en cuanto a la disponibilidad de agua para consumo humano. Estos cambios globales pusieron en evidencia una vez más que la salud de la población depende de que los sistemas ecológicos, físicos y socio-económicos se mantengan estables y en correcto equilibrio y funcionamiento, y que se requieren medidas estructurales para hacer frente a los impactos que pueden causar las variaciones climáticas.

Bolivia, por sus características tanto geográficas y eco-sistémicas como socio- económicas, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, razón por la cual se impone  la necesidad  de implementación de medidas adecuadas y eficientes de adaptación al cambio climático en el área de salud, que a mediano y largo  plazo  repercutirán  en el mejoramiento de la calidad  de  vida de la población, además de mejorar los indicadores de morbi-mortalidad que en la actualidad colocan a Bolivia entre los países latinoamericanos con las tasas más altas de mortalidad infantil y materna.

Se tiene que tener en cuenta que las medidas de adaptación comprometen un cambio de comportamiento de la población, por lo que las medidas a ser implementadas deben estar respaldadas por una planificación que integre acciones de educación y concientización con  respecto  a  la  temática  del  clima basadas   en    información    fehaciente y actualizada, proporcionada por los servicios de salud en coordinación  con las instancias encargadas de registrar el comportamiento del clima en el país.

  1. La salud y el cambio climático.-

El efecto invernadero siempre permitió que la temperatura del planeta mantenga un equilibrio que favoreció el mantenimiento de diversas formas de vida, puesto que sin él, la temperatura de la Tierra registraría -18°C, cifras incompatibles con el desarrollo de las condiciones necesarias para el desarrollo de los elementos vivos que habitan el planeta (Haines, 2000: 729). Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial la temperatura del planeta ha  registrado un incremento sostenido,  ocasionado por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, principalmente provocado por actividades humanas  que  incluyen el uso masivo de combustibles fósiles, el uso inadecuado de suelos, la agricultura y la deforestación, entre otros. Durante el siglo XX se calculó que la temperatura media de la superficie terrestre se incrementó   aproximadamente   en   0,6

°C, con la característica de que dos tercios de este fenómeno se produjeron desde 1975. Asimismo, evaluaciones realizadas por climatólogos, determinan que la mayor parte del incremento  de la temperatura planetaria en los últimos cincuenta años se debe a la influencia humana (OMS, 2003: 6).

A lo anteriormente citado, se suma la estimación que hace el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001), que indica que la temperatura media mundial presenta una tendencia a elevarse varios grados centígrados durante el siglo XXI, con  proyecciones  que   muestran   que la temperatura global hasta   el  2100 se incrementaría entre 1,4 y 5,8 ºC en relación con los niveles alcanzados en 1990, y si bien se han ido desarrollando estudios para conocer de mejor forma las características del sistema climático, ante las evidencias citadas anteriormente, aún no es posible conocer anticipadamente el futuro desarrollo de la humanidad. (OMS, 2003: 7). Además del incremento de la emisión de CO2, el calentamiento global ocasiona otros efectos adversos importantes en los ecosistemas. Uno de ellos es el derretimiento de los glaciares en diversas regiones del mundo, y considerando que 100 millones de personas viven a 1 metro sobre el nivel del mar, deshielos en Groenlandia  o en la Antártida podrían ocasionar el incremento del nivel del mar en más de un metro. En el caso del deshielo de los nevados en la Cordillera de Los Andes, donde se presentan casos  en  nevados de Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, se ha puesto en riesgo el abastecimiento de agua dulce para consumo humano y para el riego de áreas de cultivo (Feo, 2009: 85).

La salud del ser humano tiene en los sistemas ecológicos y socio-económicos a determinantes fundamentales para su desarrollo. La alta sensibilidad de ambos al cambio climático no solamente se manifiesta a través de los efectos de los eventos descritos anteriormente, sino que también se hace más evidente con la presencia de fenómenos climáticos como El Niño, caracterizado por ser una fase de temperaturas inusualmente calientes, o La Niña, distinguida por ser una fase de temperaturas frías y perdurables sobre los océanos, los cuales en las últimas décadas se presentan con mayor frecuencia, duración e intensidades variables    (Feo    et    al.,    2009:    86),

(Sánchez, 2009: 1779). La variabilidad climática y sus efectos en el deshielo y posterior incremento del nivel del mar, además de los fenómenos climáticos mencionados, repercuten en la salud humana de diferentes formas y con diferente intensidad. En el área de la salud el sistema climático tiene un papel fundamental, el cual conjuntamente con otros determinantes como los factores socio-económicos,  culturales y eco-sistémicos, definen el perfil epidemiológico de una determinada población en un determinado territorio. La variabilidad climática es considerada como factor predisponente de varias patologías,  a  muchas  de   la   cuales se les atribuye un comportamiento estacional (Souza-Santos,  2002),  por lo que muchas medidas de control y prevención se definen en base al análisis de la información epidemiológica y climatológica colectada, y la posterior implementación de medidas de control y  prevención  que  coadyuvan a la disminución de registros de casos y mortalidad ocasionada por una determinada enfermedad.

En la actualidad, diversos sectores son afectados por el incremento constante de la  temperatura  del  planeta,  lo cual repercute en el estado de  salud de la población. Las sequías  causan un gran impacto en la salud, puesto que la escasez de recursos hídricos es determinante para la disminución de la capacidad de producción de alimentos, dando lugar a que muchas poblaciones pierdan fuentes de nutrición para sus pobladores, además de ser  afectadas en el acceso a recursos económicos por disminución de la producción, por lo que comunidades íntegras se ven obligadas a migrar con el fin de encontrar mejores condiciones de vida.

En el campo de la salud, debido a la variabilidad climática registrada en las últimas décadas, se requiere de un análisis minucioso de los efectos de las temperaturas extremas en el comportamiento de enfermedades que forman parte del perfil epidemiológico de Bolivia, considerando no solamente a las enfermedades infecciosas, sino también a las no infecciosas que tienen relación con variables climáticas que determinan su presencia. Asimismo, el efecto directo que tiene la variabilidad climática en el comportamiento de los vectores abre la posibilidad de la redistribución de varias enfermedades transmitidas por vectores en áreas geográficas donde generalmente no representan un problema de salud pública (Gage, 2008).

Distintos grupos poblacionales se encuentran expuestos a mayores riesgos de enfermar debido al nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, situación que es aún más crítica si se toma en cuenta que los lugares con mayor propensión a sufrir los embates del cambio climático son aquellos donde históricamente en la composición del territorio ocupado y el reordenamiento social, las personas tienen  menor acceso a condiciones adecuadas  de vida que permitan el acceso a servicios básicos, atención en salud o a viviendas adecuadas (Barbado, 2009).

Existen otros factores como la edad, donde menores de 5 años y ancianos se ven afectados por características biológicas que los hacen más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas o a la falta de acceso de nutrición adecuada y agua segura para consumo, situación que conlleva la imposibilidad de revertir los valores de mortalidad infantil, y que en el caso de Bolivia, hace que sea uno de los países con mayor tasa de mortalidad en el continente americano.

La literatura científica ha identificado a un grupo de patologías que tienen al clima como uno de sus factores determinantes, y el estudio de las mismas sirvió para determinar  el  comportamiento   de éstas según la variación del clima. Esto permite enfocar de mejor forma las medidas necesarias para controlar las enfermedades, aplicando  metodologías y herramientas epidemiológicas que coadyuven a la estructuración de estrategias que mejoren la capacidad de adaptación de la población con respecto al cambio climático y disminuyan los efectos de éste sobre la salud.

1.1. Efectos del cambio climático en la salud.-

Como se describió anteriormente, la variabilidad climática y los eventos climáticos conllevan un riesgo importante para la salud humana por el íntimo nexo que existe entre ésta y el equilibrio del sistema climático. Es así que considerando el tiempo en el que se hacen evidentes los efectos del cambio climático en la salud humana, éstos pueden ser categorizados en efectos directos e indirectos (OMS, 2003).

1.1.1. Efectos directos del cambio climático en la salud.-

Los efectos directos del cambio climático en la salud son aquellos que afectan a la población inmediatamente acontecida el fenómeno climatológico.

1.1.1.1. Eventos extremos.-

Eventos extremos como sequías e inundaciones, entre otros, pueden causar lesiones y muerte, además de influir en el perfil epidemiológico de la población afectada, donde se pueden propagar enfermedades derivadas de las condiciones de vida provocadas por el desastre, además de originar afecciones relacionadas con el trauma psicológico que se produce tras sufrir una situación extrema. En Bolivia anualmente se registran   inundaciones     importantes en varias regiones del país, así como también cuadros de sequía que además de afectar a los sectores productivos como la ganadería, están relacionados con el incendio de bosques y llanuras, lo cual empeora aún más por la acción de personas que realizan quemas de áreas verdes para la recuperación de suelo a ser usado como área de cultivo.

1.1.1.2. Contaminación ambiental.-

El incremento de la temperatura añadido a las actividades de producción, puede producir un aumento en la concentración de los elementos contaminantes, acrecentando el riesgo de la población a contraer enfermedades provocadas por el contacto crónico con agentes derivados de la polución. En el área rural y urbana el registro de los niveles de contaminación es  importante,  tanto  para  desagregar y definir el territorio donde se desea realizar un control de los elementos contaminantes,  como   para   identificar y estudiar a los diferentes compuestos contaminantes para determinar sus niveles de afección sobre la población. Tal situación determina la necesidad de desarrollar un sistema de registro de enfermedades sensible en el diagnóstico y eficiente en el registro de patologías relacionadas con la contaminación ambiental (Montoya et.al., 2000).

Asimismo, eventos extremos que afectan a las fuentes de agua para consumo humano, incrementan el riesgo de la población a contraer enfermedades producidas por el consumo de agua contaminada tanto por agentes biológicos como no biológicos. Durante las inundaciones, las fuentes de agua para consumo humano son afectadas por residuos contaminantes o por arrastre de material nocivo para la salud, y de igual forma, tales eventos ponen en riesgo áreas productivas que al ser afectadas disminuyen la oferta de productos alimenticios.

1.1.1.3. Olas de calor.-

Las altas temperaturas extremas provocan casos de deshidratación severa, que en el caso de los grupos poblacionales  más  vulnerables,   como lo son los niños y los adultos mayores, pueden llevar a la  muerte.  Es  así  que se  debe  promover  el   mejoramiento de los sistemas de registro de morbi- mortalidad ocasionados por los golpes de calor. En Europa y otros países con sistemas de información desarrollados, se cuenta con bases de datos sensibles a la identificación de decesos por golpes de calor, lo cual lógicamente está ligado a la fortaleza de la capacidad diagnóstica de los sistemas de  salud.  En  Bolivia,  a la fecha el Sistema de Información en Salud no registra muertes  por  golpes de calor, lo cual implica la necesidad de encontrar las herramientas necesarias que permitan determinar cuál es el efecto de las altas temperaturas sobre el perfil de mortalidad en grupos vulnerables, teniendo en cuenta además de que en las regiones del oriente y Chaco boliviano, se llegan a registrar temperaturas superiores a los 40 °C, lo cual sumado a los niveles de humedad, determinan que la población vulnerable sea expuesta a un riesgo alto de mortalidad debida a temperaturas elevadas extremas (Rodríguez, 2006).

1.1.1.4. Aeroalergenos.-

Los  altos   niveles   de   contaminación y la humedad relativa del ambiente predisponen a ciertos grupos poblacionales a adolecer afecciones respiratorias, dérmicas y oculares. La adecuada identificación y reporte de patologías no infecciosas relacionadas con el cambio climático y la contaminación, permiten tener  mayor  conocimiento del patrón de comportamiento de las enfermedades y sus efectos sobre la población más vulnerable (niños y ancianos) (Rodríguez, 2006).

1.1.2. Efectos indirectos  del cambio climático en la salud.-

Los efectos indirectos del cambio climático en la salud, son todos aquellos fenómenos secundarios a la variabilidad climática, que determinan una alteración en el comportamiento de las poblaciones humanas,  de  agentes  patógenos  y  de vectores, dando lugar a la redistribución, emergencia o re-emergencia de enfermedades, y a la instauración de movimientos poblacionales por el impacto en factores socio-económicos (Castro, 2006). Entre los efectos indirectos se pueden citar los siguientes aspectos:

1.1.2.1. Enfermedades transmitidas por vectores.-

Las enfermedades que integran a los vectores dentro de su ciclo de transmisión, son afectadas principalmente en la redistribución geográfica de los vectores. Ya sea por la  presencia de  eventos extremos como inundaciones o sequías, o al registro de temperaturas extremas, los vectores buscan condiciones ecológicas adecuadas para su desarrollo, ingresando a regiones en las que por la temperatura o características geográficas (ej. altitud) anteriormente no eran ocupadas, entrando en contacto con poblaciones humanas susceptibles a ciertas enfermedades (Rutar, 2004), (Gage, 2008), (Souza-Santos, 2002).

Las enfermedades  transmitidas por vectores que son sensibles a la variabilidad climática  y que,  en  cuanto a su comportamiento epidemiológico, han sido relacionadas con los efectos del cambio climático son:

  • Malaria: En el mundo entero se tiene registro de la relación entre la variabilidad de las temperaturas y su influencia en la transmisión de la malaria, identificada además como una de las patologías más sensibles al cambio climático y precisamente con el fenómeno del El Niño, habiéndose registrado un incremento de la incidencia de la enfermedad durante la ocurrencia de dicho fenómeno. De forma importante, el incremento de la temperatura determina una aceleración del desarrollo de las larvas del mosquito Anopheles, lo cual hace que la población de vectores se incremente rápidamente y favorece la posibilidad de transmitir la enfermedad rápidamente. Asimismo, el cambio de temperaturas que se ha dado en el transcurso del tiempo, ha hecho que regiones con altitud donde antes no se esperaba que pueda desarrollarse el vector, hoy en día sean áreas donde se tiene el riesgo de que los mosquitos encuentren ecosistemas aptos para multiplicarse, determinando que la malaria pueda expandirse a nuevas zonas donde se encuentren humanos susceptibles a contraer la enfermedad, lógicamente en presencia del parásito dentro de la misma comunidad.

En  Bolivia  se ha podido evidenciar situaciones que respaldan lo  anteriormente  citado, como en la epidemia que se dio en 1998 cuando alcanzó su más alto registro de casos de malaria (más de  74.000 casos), y periodo durante el cual se presentaron una cantidad de casos importante en Tuntunani en el departamento de La Paz, localidad situada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y donde nunca antes se había presentado casos de paludismo. En la actualidad la casuística de la malaria ha disminuido en forma importante en Bolivia;  sin  embargo, se evidencia que cada cierto número de años se produce un aumento de los casos de malaria, lo cual debe ser estudiado de forma holística, tratando de integrar conocimientos que hagan incidencia en los determinantes de la presencia de la enfermedad en áreas endémicas, donde el factor clima es uno de los más importantes.

  • Dengue: Es otra patología de transmisión vectorial, que es influenciada de forma importante por la variabilidad climática, no solamente porque influye incluso en el desarrollo del virus dentro del Aedes aegypti, vector de la enfermedad, sino que también se ve afectada con la variabilidad del clima que permitió que otra especie, como lo es Aedes albopictus se introduzca en América del Sur, lo cual incrementa el riesgo de la población a enfermar con Dengue (Sánchez et.al., 2009). Cabe recalcar que ambos vectores también son parte del ciclo de transmisión de la fiebre amarilla, lo cual incrementa la importancia de desarrollar abordajes que permitan contar con herramientas y estrategias de control vectorial más efectivo y eficiente.

Un aspecto importante que tiene que ver con la transmisión urbana del Dengue, es que mediante el uso de recipientes para recolección de agua que se lleva a cabo en muchas ciudades se favorecen las condiciones para que el vector pueda encontrar las condiciones óptimas para desarrollarse (Haines,  2000). Por tanto, la disponibilidad de agua para consumo humano, dotada a través de servicios de agua potable, disminuiría el riesgo de la población a tener contacto con el vector y por ende,  con  el  virus.  La  disminución en los caudales y fuentes de agua de las comunidades por la elevación de la temperatura, determina que una parte de la población, vulnerable al no contar con servicio de dotación de agua en forma permanente, recurra a la utilización de diversos tipos de envases para colectar agua, brindando así todas las facilidades para que el vector se establezca dentro de una comunidad. En Bolivia, grandes urbes como Santa Cruz o Cochabamba, por ejemplo, año tras año se constituyen en lugares donde se registran la mayor cantidad de casos de dengue, ocasionando no solamente un alto número de casos, sino también muertes entre la población. Asimismo, el clima, en combinación con otros factores determinantes de la salud, ha propiciado que se registren casos de dengue en áreas donde anteriormente no se registraban, como sucede en la actualidad en ciudades como Sucre o en centros urbanos más pequeños como el norte del Departamento de La Paz.

  • Otras patologías como la Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas, también son consideradas como aquellas en cuya transmisión el clima juega un papel importante, ya sea por la posibilidad de que se modifiquen ecosistemas mejorando las condiciones para el desarrollo del vector, como en el caso de la Leishmaniasis, o mediante la domicialización del vector, situación que incrementa la probabilidad de contacto del insecto con el humano, como sucede con la Enfermedad de Chagas. En ambos casos, a pesar de los esfuerzos que el sistema de salud desarrolla, tanto factores socio- económicos como culturales dificultan la lucha contra dichas entidades, a lo cual se suma la posibilidad de que las condiciones climáticas sean cada vez más beneficiosas para que los vectores encuentren nuevos sistemas ecológicos dónde desarrollarse.

1.1.1.2.   Enfermedades transmitidas por agua.-

Inundaciones o sequías, e incluso las altas temperaturas, a través de diversos mecanismos son responsables de la contaminación de fuentes de agua para consumo humano, lo cual incrementa el nivel de riesgo de la población de contraer enfermedades transmitidas por agua contaminada por agentes bacterianos o químicos, que desencadenan brotes de enfermedades diarreicas agudas (EDA). La adecuada interpretación de la relación clima y EDA permitirá la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para disminuir el registro de casos de EDA, patología que incrementa el riesgo de morir en niños menores de 1 año (Rodríguez, 2006).

1.1.2.3.   Producción  y  abastecimiento de alimentos.-

Eventos extremos como las sequías  y las inundaciones provocan pérdidas importantes en la producción alimentaria, disminuyendo la disponibilidad de alimentos. Tanto la población productora como la destinataria de productos agrícolas son expuestas a la mala calidad de alimentación, derivando en desnutrición, que en casos de evolución crónica, repercute en el desarrollo de los niños principalmente. La vulnerabilidad de las comunidades es mayor debido a la baja calidad y disponibilidad de alimentos, agua para consumo humano y para riego de cultivos, los cuales en muchos casos son regados con aguas contaminadas (Montoya et.al., 2009).

  1. Impactos en lo socio-económico y la salud.-

Los impactos socio-económicos del cambio climático en la salud humana están relacionados con la pérdida de producción que disminuye los ingresos económicos familiares, y con el inicio de procesos de migración, donde grupos poblacionales dejan las tierras en las que producían para introducirse en zonas donde se incrementa  el  riesgo de contraer enfermedades a  las  que no estuvieron expuestos nunca. Dicho movimiento conlleva la disminución de la calidad de vida de las familias, no sólo relacionada con la falta de infraestructura habitacional, sino también en el déficit de infraestructura para educación, de servicios básicos y la de prestación de servicios de salud (Singer, 2001), (Stoian, 2005).

En Bolivia, la malaria  es  un  problema de salud pública muy  importante  y tiene su mayor carga de enfermedad localizada en la región amazónica de Bolivia, caracterizada por el movimiento poblacional intenso provocado por la actividad de extracción de almendra y que es factor  determinante  para  que el paludismo haya encontrado la mejor forma de establecerse entre la población. Asimismo, las condiciones de vida a las cuales están expuestas los zafreros como la falta de acceso a servicios básicos y de salud, definen una situación en la cual el clima termina siendo fundamental para que junto con las poblaciones, los vectores también modifiquen su hábitat y encuentren  mejores  condiciones para multiplicarse.

En otras  regiones, las sequías y las inundaciones son causales para que grupos poblacionales migren a zonas donde encontrarán peores condiciones de vida y mejores condiciones para contraer enfermedades a las que sus organismos nunca estuvieron expuestos. En Bolivia, tal situación se refleja en la migración de occidente hacia oriente, donde se incrementa el riesgo de enfermar de grupos poblacionales sensibles a enfermedades transmitidas por vectores,  que  además  se  exponen a condiciones climáticas que pueden desencadenar enfermedades no infecciosas (dérmicas, por ejemplo). De igual forma, las poblaciones  migrantes se integran en otros ecosistemas, no solamente llevando consigo los aspectos sociales y culturales, sino también los inherentes a  la  salud,  lo  cual  da  lugar a la introducción de nuevas entidades nosológicas a zonas  donde por la ausencia del agente o las condiciones de vida en las que se desarrollan las nuevas comunidades, se establecen nuevos patrones del perfil epidemiológico.

En el caso de los desastres naturales, además de los altos costos financieros que implican las pérdidas de infraestructura y de vidas humanas, son  responsables de la desestructuración familiar y comunitaria  entre   los   damnificados, los  cuales  ven   incrementando   el riesgo   de   enfermedades   derivadas de  la  convivencia  en  condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos y carencia de alimentación adecuada. La pérdida de bienes y familiares profundiza la crisis de comunidades  íntegras  que se ven obligadas a buscar la forma de reiniciar sus actividades en medio de un entorno desfavorable y con la posibilidad de verse expuestos a asentarse en zonas más susceptibles a ser afectadas por eventos climatológicos extremos.

Conclusiones.-

El perfil epidemiológico  de  Bolivia tiene un componente importante representado por las enfermedades infecciosas. Sin embargo, es necesario iniciar acciones que permitan el registro de entidades nosológicas relacionadas con el cambio climático pero que no tienen a agentes infecciosos como responsables de su ocurrencia. Es así que la necesidad de capacitación al personal de salud con respecto a la temática del cambio climático, y sus consecuencias en la población, permitirán mejorar la atención de las poblaciones en riesgo, desarrollar las capacidades de los niveles responsables del diagnóstico de la situación de salud de la población, además de impulsar el desarrollo de un sistema de registro de información que diagnostique patologías que en la actualidad no son registradas adecuadamente en el sistema de información en salud, como  lo  son las patologías respiratorias irritativas consecuentes de contaminación o humedad extrema, así como afecciones de  otros   sistemas   como   el   dérmico y ocular que en la actualidad no son identificados en las bases de datos.

La literatura científica indica que para el estudio adecuado de los efectos del clima en la salud, se requerirían al menos de 30 años de datos retrospectivos (Rodríguez, 2006), además de la aplicación de metodologías epidemiológicas que permitan establecer el peso  específico de las variables climáticas sobre el comportamiento de una determinada enfermedad. Para tal fin, se hace necesario desarrollar el suficiente conocimiento del comportamiento de las enfermedades con respecto al clima, estudiando en principio el  comportamiento  del  clima y su patrón de variabilidad, para luego dar lugar a un análisis conjunto con las variables epidemiológicas.

En Bolivia se hace necesario desarrollar un  sistema de vigilancia y monitorización  de  la salud y su comportamiento según la variabilidad climática, y estructurar una base de datos fundamental que permita realizar el seguimiento de variables epidemiológicas y climatológicas de la forma más adecuada, con el fin de que en el futuro se pueda contar con información de calidad suficiente para posibilitar el análisis de la situación de la salud con relación a la variabilidad climática, dando lugar a la posibilidad de tomar decisiones e implementar medidas de adaptación al cambio climático en base a información fehaciente y permanentemente actualizada.

Es necesario por tanto, definir  la  estructuración  de  equipos de investigación multidisciplinarios y transdisciplinarios, lo cual dará lugar a un mejor conocimiento del comportamiento del perfil epidemiológico de la población, además de posibilitar la integración de medidas  de  promoción  y   prevención de la salud en diferentes áreas, como la educación por ejemplo.

El análisis del cambio climático y su impacto en la población, podrá ser desarrollado de mejor forma si se lo hace en base a información actualizada y fehaciente, y además permitirá la utilización y creación de mejores abordajes epidemiológicos    y    herramientas    de análisis de la información, posibilitando también mejorar la sensibilidad para la estratificación de grupos poblacionales vulnerables y acrecentar la especificidad de las medidas a ser adoptadas para responder y contrarrestar a los efectos del cambio climático en la salud de su población (OMS, 2003).

Por lo expuesto anteriormente queda evidente que Bolivia presenta un grado de vulnerabilidad importante debido  a las diversas  características  geográficas y eco-sistémicas que presenta, además de la composición demográfica del país, y los factores socio-económicos que caracterizan a la sociedad boliviana. Tal situación da lugar a que se extremen esfuerzos para fortalecer y perfeccionar los sistemas  de  información  en  salud, a través del desarrollo y mejoramiento de herramientas de consolidación y análisis de información, acompañada de la formación permanente de recursos humanos de diferentes áreas del conocimiento en el estudio de los efectos del cambio climático  en la salud de la población.

Uno de los componentes más importantes a desarrollar que permitan mejorar las condiciones de la población y contrarrestar al  cambio  climático,  es el de elaborar estrategias de adaptación al cambio climático con enfoque en salud, en las cuales se integre un manejo adecuado de información según el área geográfica y las necesidades identificadas en la comunidad, con la prioridad de no sólo llevar información respecto al cambio climático, sino de promover el cambio de comportamiento de las  personas  hacia la adopción de hábitos saludables y en dirección al cuidado del medio ambiente. El trabajo de incorporación del clima como variable de análisis de la situación en salud permitirá fortalecer  sistemas de alerta temprana de ocurrencia de eventos extremos y la planificación de estrategias que permitan mejorar la calidad de la población afectada  por los cambios climáticos. Sin embargo, se deben desarrollar también planes de capacitación a profesionales de la salud en la comprensión del comportamiento climático y sus variables, e integrar a profesionales de  la  biología,  geografía, y ciencias sociales, entre otros, para fortalecer la producción científica relacionada con la temática de cambio climático y salud.

Alcances del Vivir Bien

GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA – Política pública para Vivir Bien en Equilibrio y Armonía con la Madre Tierra

Autor: Diego Pacheco Balanza

Capítulo 2

art 13

El Vivir Bien se puede caracterizar como un conjunto de cinco dimensiones que se articulan de forma indivisible e interdependiente, las mismas que se explican a continuación.

  • El Vivir Bien como un conjunto de saberes y valores: saber crecer, saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar y saber pensar (Bolivia, 2012), así como de los principios ético-morales del ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón), que pueden entenderse como saberes individuales y colectivos en la formación del ser humano integral.
  • El Vivir Bien como la construcción de equilibrios, balances y complementariedades entre el ser humano en armonía con la Madre Tierra, entre los individuos con su comunidad inmediata, entre el hombre y la mujer, entre la economía del intercambio y de la solidaridad y complementariedad, y entre los aspectos materiales y espirituales (Bolivia, 2007) soberana, productiva y democrática para Vivir Bien.
  • El Vivir Bien como el reconocimiento de una propuesta civilizatoria fundamentada en la visión del mundo, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas del mundo, alternativa al capitalismo y a la modernidad y que se expresa en la construcción de Estados plurinacionales y descolonizados.
  • El Vivir Bien como una dimensión política, que es un paso hacia la construcción de un Estado integral en el que los valores y principios predominen en su organización, así como el disfrute de la vida social y de los bienes comunes.
  • El Vivir Bien como una dimensión geopolítica. Se trata de una filosofía de vida y un proyecto alternativo al capitalismo con pleno valor universal para impulsar la “diplomacia de los pueblos por la vida” y la construcción de un “nuevo orden mundial para Vivir Bien” (Bolivia, 2012, MAS-IPSP, 2014).

El Vivir Bien se construye sobre una visión holística e integral de relaciones que se puede traducir en dos ejes transversales. El primero tiene que ver con la articulación entre los aspectos materiales, afectivos y espirituales entendiendo que la construcción del ser humano integral de este nuevo paradigma tiene directa relación con la realización plena de las personas y sociedades. El segundo eje transversal tiene que ver con la relación armónica de las personas consigo mismo, con la familia/sociedad/comunidad y con la naturaleza; entendiendo que el Vivir Bien es una filosofía que propugna valorar la vida, busca el equilibrio con uno mismo, o el estar bien individual de forma complementaria con el estar bien colectivo y promoviendo un mutuo respeto para alcanzar la armonía en la convivencia del ser humano con la naturaleza (Bolivia, 2014).

Estos ejes transversales, a su vez están relacionados, por una parte, con el acceso a conocimientos y tecnologías apropiadas para el Vivir Bien, y por otra parte, con un proceso de diálogo intercultural entre diferentes culturas, entendiendo que cada una de ellas tiene sus propios matices con relación a la interpretación sobre el Vivir Bien.

A su vez, el Vivir Bien puede traducirse en la relación articulada de tres escenarios que son parte de los equilibrios del Vivir Bien.

El sentido del bien común: vivir como parte de la comunidad.-

El vivir como parte de la comunidad construyendo un sentido social y del bien común es parte de una realidad multidimensional de carácter económico, social y político. No se puede vivir bien si los demás viven mal, se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, sin afectar a otros y a la naturaleza. Por tanto, muchos pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía mantienen sus ancestrales modos de organización comunal basados en la complementariedad y el trabajo comunal. Esta manera de organización es apropiada al cuidado de la naturaleza y a la convivencia comunal (Bolivia,  2010).

Se tiene que buscar el equilibrio, la complementariedad, la complementación, el consenso y el respeto a vivir la totalidad. Sin embargo, la construcción el bien común no acepta un colectivismo aplastante ya que en su individualidad el individuo contiene a la totalidad. Se construye un individuo complementario en equilibrio, en consenso, respetando su identidad, haciendo su complementación y, al mismo tiempo, sintiéndose su familia, su sociedad, su Estado, su civilización y su humanidad, vale decir, sintiéndose como parte de una totalidad (Illescas, 2007). De este modo, no se puede pensar que la unidad puede tapar o confundir a lo comunitario ya que la individualidad vive dentro del tejido que conforma la comunidad (Idem.). Es así que el individuo dentro de los aymaras (varón o mujer) siempre se entiende dentro de una red: la familia y, luego, dentro de una red más amplia: la comunidad (GTZ, 2001).

Ostrom (1994) y sus colegas en diferentes contextos han analizado la importancia de las comunidades y la acción colectiva de los pueblos para promover instituciones que regulan el comportamiento social y permiten un adecuado manejo de los bienes comunes, mencionando que todos seriamos menos pobres si las comunidades locales y de autogobierno fueron una parte sustancial del portafolio de instituciones del siglo veintiuno. De este modo, se establece que las comunidades y las reglas y mecanismos de sanción promovidas por las comunidades son una parte esencial para la gestión de gobierno de los bienes poseídos de forma común o colectiva por parte de las comunidades (Ostrom, 1990).

La economía de la Madre Tierra: creación y redistribución de riqueza material, social y espiritual.-

La economía del Vivir Bien se puede también designar como la economía de la Madre Tierra, donde existe la necesidad no sólo de preservar el equilibrio y la administración responsable de la naturaleza, sino también de reducir la influencia negativa del capitalismo y de los mercados sobre la Madre Tierra, así como de las presiones que estimulan el incremento de la desigualdad entre las personas.

La economía del Vivir Bien es en su sentido más puro una economía donde todas las funciones ambientales son de todas y todos y donde las actividades económicas tienen un límite determinado por el sostenimiento de la reproducción de la vida. En las comunidades, los ríos, peces, bosques y otros componentes de la Madre Tierra son de carácter comunal, vale decir que ellos pertenecen a quienes viven en la comunidad, y su economía se basa en la concepción de que todos los seres tenemos espíritu y género, es por eso que son apreciados y nadie debe maltratarles. Además se cree que en diferentes lugares moran espíritus que cuidan los bosques, las montañas, la fauna, la flora, las vertientes, lagunas, ríos, y otros (IPCC, 2014). Tal es el caso de los pueblos de la Amazonía, que regulan todas las actividades realizando la recolección, caza y pesca de manera pautada y donde no se caza, ni se pesca más de lo necesario, es decir, no se abusa de los recursos y el medio ambiente y nunca se llega al extremo de cazar y pescar hasta extinguir las diferentes especies (Bolivia, 2010). Por otra parte, en estas comunidades no existe un sentido de acumulación individual por lo que se aprovecha lo que se va a consumir y se trabaja solamente lo necesario.

Con el impulso de occidente sobre las sociedades orientales, sin embargo, también ha hecho su ingreso a la economía del Vivir Bien la lógica del mercado y del intercambio, que podría haber destruido estos valores de la complementariedad con la Madre Tierra pero ha sucedido lo contrario, la economía occidental del intercambio y del mercado ha sido asimilada a la lógica del Vivir Bien. Los occidentales, debido al principio lógico de no contradicción creen que las partes se oponen; sin embargo, los amerindios, debido al principio lógico de complementariedad de opuestos son capaces de unir las partes opuestas y, por tanto, el todo o la totalidad resulta del equilibrio de las fuerzas opuestas y complementarias (Medina, 2014). Es así que la economía de la redistribución (dinero femenino) y la economía del intercambio (dinero masculino) se han unido como dos fuerzas antagónicas pero complementarias (Medina, 2013).

La economía de la Madre Tierra es entonces una economía de complementariedad que avanza entre los mundos del intercambio y de la redistribución y donde la riqueza no es sólo dinero sino también salud y suerte en general. Es así que mientras el capitalismo destruye a las formas no mercantiles, la economía de la Madre Tierra construye sobre la economía del intercambio dándole un nuevo significado a los mercados, al dinero y a la circulación de bienes y productos, como una fuerza complementaria para alcanzar el Vivir Bien. De este modo, el mercado y el dinero son reconfigurados e incorporados a la economía de la Madre Tierra quitándoles su distintivo capitalista (Medina, 2014). En la economía de la Madre Tierra la fuerza capitalista de la acumulación sin límite es removida a través de la redistribución vía actos festivos, lo que implica que en muchas sociedades amerindias existe un límite para la acumulación y el resto se redistribuye entre la familia y la sociedad creándose otros valores sociales y comunitarios como el prestigio. A su vez, el tener más dinero no depende solamente del esfuerzo propio sino de la voluntad de la Pachamama (Madre Tierra) que se complementa con la realización de rituales para pedir bienes materiales o agradecer a ésta por las bendiciones u ofrendas recibidas. Esto produce una relación sinérgica de creación de riqueza material y espiritual para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, mientras que se preserva la complementariedad de las relaciones de los seres humanos con la Madre Tierra. De este modo, en la economía de la Madre Tierra, los aspectos monetarios y no monetarios están articulados en un balance contradictorio (tal como la dualidad entre el día y la noche, hombre y mujer) y el dinero asume un significado diferente que en el occidente (Idem).

El diálogo ritual con la Madre Tierra: la Madre Tierra se comporta con nosotros así como nosotros nos comportamos con la Madre Tierra.

La ritualidad es parte esencial de la vida y aún más en sociedades animistas donde existe un continuo entre el hombre y la naturaleza. En este contexto los rituales son la herramienta para promover y alcanzar equilibrios entre los seres humanos con la naturaleza y entre diferentes mundos y realidad, es decir, anular la separación sujeto-objeto y saberse y sentirse parte de la totalidad: yo soy el otro: el otro es yo; yo soy la naturaleza: la naturaleza es yo; yo soy dios: dios es yo (Medina, 2013).

En las sociedades andinas el bien no está separado del mal: ambos coexisten contradictoriamente. No existen dioses buenos ni malos y todo depende del cómo se los trate, es decir, los atributos de los seres supremos dependen de la conducta que los humanos tienen con ellos. Es así que la Pachamama castiga o recompensa de acuerdo al comportamiento de los seres humanos (Rist, 2002). Si los humanos son tacaños con la Pachamama, esto se reproduce en los pocos favores que ésta proveerá; por el contrario, si uno se acuerda de la Pachamama y le da de comer y beber las bendiciones también serán recompensadas con creces.

Los poderes de la Pachamama son inconmensurables e intervienen de modo especial ante todo en lo que concierne a los trabajos y a la producción agrícola, como también a la buena reproducción de los animales domésticos. Igualmente es la patrona de la procreación humana y presta también atención al bienestar general de la gente. Su generosidad es muy grande pero, si es desatendida u ofendida por los hombres temporalmente puede dejar de concederles sus beneficios y protección y hasta puede hacer actuar seres malignos que les causarán serias decepciones en sus actividades agrícolas o diversas enfermedades (Girault, 1988).

Vivir Bien y sistemas de vida.-

Sobre la base del Vivir Bien se ha generado el concepto de sistemas de vida donde en el centro de la visión conceptual se encuentra el reconocimiento y ejercicio de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, y en ese marco el alcance de los mejores balances y equilibrios posibles en la implementación de esos derechos. En esta lógica, las funciones ambientales de la naturaleza y los seres vivos de la naturaleza no se protegen porque existe un incentivo económico para protegerlos, sino porque son seres vivos con derechos plenos. Entonces se transita al razonamiento del respeto y aplicación de derechos del conjunto de seres vivos de la Madre Tierra y a las obligaciones de las personas y de los Estados para que eso suceda. Por tanto, el enfoque de los sistemas de vida tiene que ver con la aplicación de un marco de derechos y obligaciones.

De esta forma, los sistemas de vida en el ámbito internacional constituyen el principal instrumento alternativo al pago por servicios ecosistémicos que está basado en teorías de racionalidad económica para la creación de balances entre actividades económicas y conservación de las funciones ambientales, en tanto que la gestión de sistemas de vida se basa en un enfoque de derechos y de complementariedad entre seres humanos y naturaleza.

El debate sobre la Madre Tierra en Naciones Unidas.-

Para el occidente Madre Tierra es sinónimo de naturaleza en tanto que para los pueblos del Sur la Madre Tierra representa la unidad indivisible, en equilibrio y complementariedad, de todos los seres vivos que son criados y alimentados por la Madre Tierra. La Pachamama (Madre Tierra) es la unidad tiempo-espacio que representa la totalidad de la vida en armonía, de los seres humanos y la naturaleza, como hermanas y hermanos semejantes pero diferentes y complementarios.

Vivir en armonía con la naturaleza fue un principio clave de la “Cumbre de la Tierra” de Río 1992 (Mebratu 1998, Naciones 1992), reafirmada por la Conferencia de Río 2012 sobre Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2012).

El año 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el 22 de abril como el día Internacional de la Madre Tierra (A/RES/63/278). Además esta resolución pide al Secretario General que presente un informe anual sobre Armonía con la Naturaleza, por lo que desde el año 2010 se realiza un informe anual del Secretario General de Naciones Unidas y un Diálogo de Armonía con la Naturaleza. En 2010, Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas, inició un diálogo interactivo de vida en armonía con la naturaleza, que incluye la discusión de la Jurisprudencia de la Tierra. Recientemente, el concepto de vivir en armonía con la Madre Tierra también ha influido en el discurso de las Naciones Unidas con la aprobación del Día Internacional de la Madre Tierra y su reconocimiento en el documento “El futuro que queremos” de Río + 20, ligado a los derechos de la naturaleza (Naciones Unidas 2012). Además, el reconocimiento de la Madre Tierra ha sido incluido en los acuerdos sobre cambio climático y en las discuciones relacionadas con la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

En el documento “El Futuro que Queremos” de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Rio+20 (2012) se recuerda y fortalece la armonía con la naturaleza como principio y se reconoce que la Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible.

La Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre 2013 invita a los países a promover la armonía con la tierra, con base en las culturas indígenas, y aprender de ellos, y para proporcionar el apoyo y la promoción de los esfuerzos que se están realizando desde el nivel nacional hasta el local, así como a nivel de la comunidad para reflejar la protección de la naturaleza.

En la Declaración de Santa Cruz de celebración del 50 aniversario del grupo G77+China (2014) se ha reconocido la necesidad de promover la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.

También es parte integral del documento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la referencia a que el planeta tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que “la Madre Tierra” es una expresión corriente en muchos países y regiones.

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha reconocido que el cambio climático debe avanzar en la protección de la integridad de la Madre Tierra (COP18. Doha, 2012) y que la visión de la Madre Tierra para muchos pueblos debe contemplarse en la lucha contra el cambio climático (COP21. París, 2015).

En la Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas se ha avanzado en el reconocimiento del Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra (Declaración de Dehradun/ Chennai). Además, en el marco de la década de las Naciones Unidas en Biodiversidad se alienta a los países a promover la protección de la Madre Tierra, y se ha abierto el debate de armonía con la naturaleza en esta Convención, de forma articulada con el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas (COP 12, 2014).

La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), ha aprobado el año 2015 el marco conceptual de esta plataforma, en el que se ha reconocido el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, como la visión alternativa y complementaria al enfoque occidental y antropocéntrico, proveniente de los sistemas de conocimiento indígenas y locales (IPBES 2, 2013).

Sobre este particular, Bolivia también ha dado un paso fundamental con la aprobación de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre tierra (2010) y de la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012).

Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES).-

La IPBES es un órgano intergubernamental independiente que tiene como objetivo fortalecer la interfaz científico-normativa entre la diversidad biológica y las funciones/ servicios de los ecosistemas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, el bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible.

La IPBES constituida con el fuerte soporte del PNUMA y otras agencias de Naciones Unidas (FAO, UNESCO y PNUD), se orientó a consolidar un grupo técnico-político que pueda realizar un análisis sobre el estado de la diversidad biológica e influir en las decisiones políticas para su conservación, dando visibilidad a la temática y para que ésta se incorpore en un lugar prominente de la agenda política internacional, haciendo que el público en general asuma conciencia al respecto (Bolivia, 2015).

Bolivia es un país que en el ámbito internacional ha asumido un importante liderazgo en temas ambientales con su visión del “Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, el reconocimiento de la armonía con la naturaleza y de los derechos de la Madre Tierra, por lo mismo, no podía estar ausente de este debate internacional. Es así que Bolivia tomó la decisión política de incorporarse al debate de la IPBES desde el momento de su constitución. A partir de ello, Bolivia ha tenido un papel protagónico en la discusión respecto al marco conceptual y al alcance de los productos de esta Plataforma. Eso ha permitido incorporar de forma estructural y transversal la visión del Vivir Bien y el respeto de la Madre Tierra como parte central del debate de la IPBES.

Una de las negociaciones más importantes realizadas en la IPBES ha sido la relacionada con la aprobación de su marco conceptual, en el entendido de que éste es la guía para la realización del conjunto de los productos de la Plataforma y particularmente de los informes temáticos y regionales, que en su articulación concluyen en el Informe Mundial de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Por ello, fue muy importante para Bolivia la discusión del marco conceptual y la incorporación en el mismo de los pilares de la visión del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

El marco conceptual de la IPBES, que se presenta en el anterior gráfico, es un modelo extremadamente simplificado de las complejas interacciones entre el mundo natural y las sociedades humanas. En el modelo se identifican los elementos principales (y las interacciones entre ellos) que más utilidad pueden tener para el objetivo de la Plataforma y, por lo tanto, en los que deberían centrarse las evaluaciones y la generación de conocimientos para orientar las normativas y la creación de capacidad requerida.

La Plataforma reconoce y considera diferentes sistemas de conocimientos, incluidos los sistemas de conocimientos indígenas y locales, que pueden ser complementarios a los modelos científicos y fortalecer los resultados de las funciones de la Plataforma. En este sentido, el marco conceptual es una herramienta para el logro de una visión común aplicada a la labor de diferentes disciplinas, sistemas de conocimientos e interesados directos, que se espera sean participantes activos en la Plataforma.

Así, el principal logro de Bolivia en el marco de la IPBES es haber logrado incorporar de forma estructural la visión del Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, articulada al reconocimiento de la Madre Tierra y de los sistemas de vida, y de las ofrendas de la naturaleza o funciones ambientales. Todo esto, como parte de los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas y poblaciones locales.

A su vez, la “Guía preliminar con relación a la conceptualización de múltiples valores y sus beneficios, incluyendo la biodiversidad, servicios y funciones ecosistémicas” de la IPBES incorpora los métodos de evaluación biofísicos y ecológicos, culturales y sociales, económicos, los basados en conocimientos indígenas y holísticos, y los métodos de evaluación holística de los sistemas de vida de la Madre Tierra (IPBES,  2016).

Estos últimos están orientados a evaluar las relaciones y dinámicas, ya sean positivas o negativas, que se establecen entre los seres humanos con la naturaleza con relación a la regeneración o reproducción de los sistemas de vida de la Madre Tierra. Se señala que los sistemas de evaluación holística de sistemas de vida siguen un enfoque basado en derechos en el marco del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra (valores relacionales) y se basan en la complementariedad entre los derechos de la Madre Tierra (valores intrínsecos) y los derechos de los pueblos a su desarrollo integral y erradicación de la extrema pobreza (valores instrumentales). Asimismo, se señala que el enfoque de los sistemas de vida puede ser usado para evaluar de forma holística las relaciones positivas o negativas que existen entre los aspectos sociales, económicos o ambientales de un territorio determinado, y que un balance óptimo ocurren cuando se desarrollan de forma complementaria sistemas productivos sustentables, protección de funciones ambientales y erradicación de la extrema pobreza (Idem.).

El contexto nacional: marco normativo sobre sistemas de vida.-

El “Vivir Bien” ha sido integrado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) del año 2009 y en la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (octubre de 2012), y también se articula a la No Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra (diciembre de 2010).

El concepto de sistemas de vida está integrado en la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y en la Ley No 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). En el ámbito nacional es el principal instrumento para fortalecer desde una visión de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra la realización de actividades económicas productivas orientadas a la realización del desarrollo integral de las personas y del país, mientras que se continúan fortaleciendo las capacidades de la base productiva y la protección de las funciones ambientales de la Madre Tierra.

Es así que el marco general del Vivir Bien ha sido incorporado en la gestión pública intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de un enfoque basado en los derechos y de construcción de equilibrios y balances respecto a dichos derechos, mismo que se lo puede denominar como enfoque de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra.

Ley de la Madre Tierra en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien.-

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada en 2009, reconoce que Bolivia debe dirigirse al logro del Vivir Bien (Suma Qamaña en Aymara, Sumaj Kawsay en Quechua y Teko kavi en Guaraní) como una forma de lograr una buena calidad de vida de los pueblos y la naturaleza, viviendo en armonía y complementariedad (Bolivia 2009).

De acuerdo a la Ley N° 300 el Vivir Bien es entendido como: “El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo”, (Artículo 5, Numeral 2 de la Ley N° 300).

A su vez, la Madre Tierra, “es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen”. (Artículo 5 Numeral 1 de la Ley N° 300).

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES) incorpora tres enfoques del Vivir Bien. En primer lugar se entiende el Vivir Bien como el conjunto de saberes de las personas y de las comunidades, que constituyen la base de las relaciones armoniosas del individuo consigo mismo, con la comunidad, el cosmos, el ser supremo, su familia y la Madre Tierra. En segundo lugar, el Vivir Bien como los equilibrios entre todos los seres vivos de la Madre Tierra expresados en la gestión de los sistemas de vida que representan la complementariedad entre la comunidad de seres que componen la Madre Tierra, viviendo en armonía y equilibrio entre sí, y en el marco de la complementariedad de derechos de la Madre Tierra y de los pueblos. En tercer lugar, el carácter político del Vivir Bien como la base de un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo que es el del Socialismo Comunitario para Vivir Bien.

También es importante destacar la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia de la Ley No 071 de los Derechos de la Madre Tierra en diciembre de 2010 (Bolivia 2010) y la Ley No 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Bolivia 2012). Estas Leyes integran dos aspectos centrales de la cosmovisión boliviana, como el Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, donde vivir bien significa vivir en equilibrio y armonía consigo mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza. El Vivir Bien representa la cultura de la vida, donde los pueblos y la naturaleza viven en armonía y complementariedad alimentados por la Madre Tierra, que abarca la totalidad de la vida. Así, la Ley No 300 tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra (Artículo 1, Ley No 300).

Complementariedad de derechos.-

De acuerdo a la visión del Vivir Bien, en lugar de expandir el mercado hacia la naturaleza, que es la propuesta de la Economía Verde, es necesario promover la expansión de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos. En lo que se refiere a la ampliación de derechos, se debe tener en cuenta un marco legal universal que contemple al menos los siguientes cuatro grupos de derechos __reconocidos en la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia__, de acuerdo al siguiente detalle:

  • 1.
    a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público.
  • 2.
    b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos.
  • 3.
    c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos, cumplidos a través de su desarrollo integral, e incluido el acceso fundamental al agua y servicios básicos.
  • 4.
    d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social ni espiritual.

No se puede separar un derecho de los otros ni analizar la realidad con una lectura parcial de éstos. Así, una mirada que solamente contemple el derecho de la Madre Tierra nos lleva a un conservacionismo obstinado, y una mirada donde sólo se privilegian los derechos fundamentales de las personas nos llevará a un desarrollismo ciego. Son necesarias visiones integrales que destaquen un derecho todavía ignorado: el derecho de la población a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin ninguna clase de pobreza, ya sea material, social y espiritual.

Entre los más importantes derechos de la Madre Tierra, deben reconocerse de forma universal, entre otros, los establecidos en la Ley No 071 de Derechos de la Madre Tierra, de acuerdo al siguiente detalle:

  • 1.
    a) Derecho a la vida y a la diversidad de la vida;
  • 2.
    b) Derecho a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, y en un plazo suficiente para permitir que los componentes de la Madre Tierra se adapten naturalmente al cambio climático;
  • 3.
    c) No mercantilización de las funciones ambientales;
  • 4.
    d) Derecho a la restauración y al sostenimiento de las capacidades de regeneración de todos sus componentes, que permita la continuidad de los ciclos de la vida;
  • 5.
    e) Derecho a vivir libre de contaminación, y al aire limpio.

La complementariedad de derechos de la naturaleza y de los seres humanos contempla la necesidad de alcanzar de forma simultánea el ejercicio de este conjunto de derechos en un balance y equilibrio.

En este contexto, un sistema de vida supone trabajar en la complementariedad e interdependencia de estos derechos. Es así que los derechos de la Madre Tierra contemplan la necesidad de considerar el mantenimiento de las capacidades de regeneración de los componentes y de las funciones ambientales de dichos componentes de la Madre tierra, identificando los procesos de deterioro ambiental y las necesidades de restauración. A su vez, es necesario tomar en cuenta los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos a su desarrollo integral, considerando los derechos de los pueblos indígenas y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y manifestaciones. Esta combinación hace a la construcción de un sistema de vida donde se integran diferentes necesidades en un proceso de construcción de un equilibrio. Este equilibrio debe ser construido tomando en cuenta además los impactos del cambio climático sobre los sistemas de vida.

Sistemas de vida en la Ley No 300.-

La Ley No. 300 de la Madre Tierra ha definido los sistemas de vida como los espacios territoriales formados por sistemas ecológicos (zonas de vida), que incluyen procesos evolutivos de conservación, interrelacionados a comunidades y culturas humanas (unidades socioculturales), como una unidad funcional sistémica de múltiples interrelaciones abiertas y respetuosas. Los ecosistemas del planeta son diversos (puna, valle, trópico) y la población que vive en ellos presenta relaciones históricas, culturales, prácticas productivas y formas de vida también diversas. Entonces, en las diferentes regiones del país existen diferentes sistemas de vida que deben ser fortalecidos para que las futuras generaciones sigan gozando de las funciones ambientales de la naturaleza, en diferentes ámbitos: local, regional y nacional.

  • Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.
  • Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional. (Artículo 5 Numerales 12 y 16 de la Ley N° 300).

La Ley No 300 define que en lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación (Artículo 5,12 de la Ley N° 300). Cada sistema de vida es una unidad funcional y una comunidad indivisible en la cual existen relaciones entre el componente humano y el entorno biofísico. Como resultado de esta interacción armónica se reproduce constantemente la vida.

La Ley No 300 ha establecido dos instrumentos principales de aplicación del concepto de sistemas de vida, que son: i) el ordenamiento de zonas y sistemas de vida; y ii) los acuerdos de complementariedad con la Madre Tierra. El primero está orientado a identificar las zonas y sistemas de vida en el país y el segundo se constituye en el instrumento práctico para poner en marcha el enfoque de los sistemas de vida en el ámbito operativo.

Gestión de sistemas de vida en la planificación integral del Estado.-

La Constitución Política del Estado ha definido la necesidad de que se ponga en marcha en el país un sistema integral de planificación estatal que involucre al nivel central y a las entidades territoriales autónomas (Artículo 316,1). A su vez, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” estableció los alcances generales del sistema de planificación (Artículo 130) y la denominación del mismo como Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

La Ley del SPIE aprobada el año 2016 recogió el mandato de proponer un nuevo sistema de planificación integral para las entidades públicas del país fusionando la planificación del desarrollo integral con la planificación del ordenamiento territorial, concluyendo en la planificación territorial del desarrollo integral. En este marco, articuló las disposiciones de la Ley No 300 de la Madre Tierra que dispuso que el sistema de planificación integral del estado debía orientarse al logro del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre tierra, incluyendo el enfoque de sistemas de vida (Artículos 48 y 49). En esta dirección, la Ley del SPIE ha incorporado en su marco conceptual el del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y entre sus principales enfoques los de la gestión de sistemas de vida y gestión del cambio climático y riesgos.

Incorporación del Vivir Bien en la planificación y gestión pública.-

El artículo 10 parágrafo II de la Ley del SPIE establece lo siguiente: “El Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales y los componentes de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales, según corresponda”.

La Ley del SPIE promueve la articulación de dos procesos paralelos y desarticulados de planificación: planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. La planificación integral de las entidades territoriales autónomas concluye en la formulación de un solo Plan denominado Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). Es una planificación con enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático.

Gestión de sistemas de vida,.

La gestión de los sistemas de vida se constituye en el principal enfoque conceptual e instrumento operativo para la construcción del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra en un contexto de implementación de políticas públicas, ya que permite poner en marcha el establecimiento de equilibrios entre las diferentes dimensiones del Vivir Bien, así como garantizar una relación holística e integral entre protección de funciones ambientales, construcción de sistemas productivos sustentables y erradicación de la extrema pobreza.

La puesta en práctica de la complementariedad en la realización de los cuatro grupos de derechos, mencionados anteriormente, se realiza a través de la gestión de los sistemas de vida a diferentes niveles (local, municipal, regional, departamental y nacional), respetando los derechos de la Madre Tierra y de los seres humanos, que contempla la articulación entre la protección de las funciones ambientales que generan vida (agua, bosques y biodiversidad), el desarrollo de sistemas productivos sustentables, el acceso universal a los servicios básicos, y el fortalecimiento de las visiones socioculturales de nuestros pueblos. Asimismo, los sistemas de vida se encuentran amenazados por los impactos del cambio climático por lo que es preciso realizar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir estas amenazas y proteger a la Madre Tierra.

La gestión de los sistemas de vida significa el proceso y esfuerzo que tiene que realizarse, en los diferentes territorios del país, para promover que los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra se alcancen en balance y en equilibrio y de forma simultánea y complementaria. En lo operativo los cuatro grupos de derechos son articulados a las dinámicas económicas, ambientales y sociales y al fortalecimiento de temas vinculados a la identidad cultural de un territorio.

De este modo, la complementariedad de derechos se traduce, a través de la gestión de los sistemas de vida, en la articulación simultánea en un territorio de acciones para la protección de funciones ambientales, sistemas productivos sustentables y erradicación de la extrema pobreza, en un contexto de fortalecimiento de las identidades culturales y gestión intercultural.

Entonces, la gestión de un sistema de vida supone fortalecer:

  • 1.
    i) sistemas productivos sustentables (el ejercicio del derecho al desarrollo integral), ii) respetando las capacidades de regeneración de los componentes y de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra e identificando los procesos de deterioro y las necesidades de restauración (el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra), y iii) alcanzando la erradicación de la extrema pobreza (ejercicio del derecho a vivir libre de pobreza) y sin vulnerar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Este equilibrio debe ser construido tomando en cuenta además los impactos del cambio climático sobre los sistemas de vida.

Esta propuesta de la gestión de los sistemas de vida en el marco del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra se constituye en una opción alternativa a la del pago por servicios ecosistémicos (PSE), que se ha construido como la herramienta para la implementación de la Economía Verde, y tiene su sustento en el respeto e implementación de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra.

Acciones estratégicas para la gestión de los sistemas de vida.-

En el marco legal boliviano, para la implementación operativa del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra se ha adoptado el enfoque de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, el mismo que permite poner en práctica un proceso de acción territorial basado en la complementariedad e interdependencia de derechos, como propuesta de implementación del Vivir Bien en el marco de la gestión pública intercultural.

La gestión de los sistemas de vida supone poner en la práctica la propuesta del Vivir Bien basada en la complementariedad de derechos establecidos en la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Por lo mismo, a través de la gestión de los sistemas de vida se integra el Vivir Bien en la operación práctica de las políticas públicas en los territorios de Bolivia. Se han definido tres acciones simultáneas y concatenadas para implementar en la práctica el instrumento de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra.

A través de las acciones estratégicas para la implementación de la gestión de los sistemas de vida se establece una propuesta operativa para aplicar el concepto de los sistemas de vida en territorios específicos del país. Una descripción de las acciones para implementar la gestión de los sistemas de vida se presenta a continuación:

  • Caracterización de los sistemas de vida. Los sistemas de vida se entienden como la interrelación de las unidades socioculturales con las respectivas zonas de vida que coexisten en un marco de complementariedad de derechos de la naturaleza y de los seres humanos en balance y equilibrio. Esto significa generar sistemas productivos sustentables respetando las capacidades de regeneración de los componentes y de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra y alcanzando la erradicación de la extrema pobreza sin vulnerar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos. Incluye la valoración múltiple y holística de los sistemas de vida así como en el registro de los componentes de la Madre Tierra (bosques, aguas, suelos, biodiversidad y otros) que comprende el desarrollo de líneas de base, inventariación y/o indicadores según corresponda, que expresan el estado de situación de los componentes de la Madre Tierra.
  • Acuerdos de complementariedad con la Madre Tierra. Constituyen compromisos de los actores públicos, comunitarios y privados en los ámbitos territoriales que identifican el cumplimiento con el respeto a los derechos de los seres humanos y la Madre Tierra, los objetivos y metas de manejo integral y sustentable en cada sistema de vida con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y las acciones y contribuciones monetarias y no monetarias para alcanzar dichas metas.
  • Armonización de los sistemas de vida. El ordenamiento y armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra consiste en el desarrollo de acciones para fortalecer las relaciones armónicas de los sistemas de vida, así como lograr que en zonas de vida donde se ha roto o está en peligro el equilibrio entre los seres humanos con la naturaleza se vuelvan a restaurar sistemas de vida con armonía, equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra. Para promover la armonización de los sistemas de vida se suscriben los “Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra” que son el resultado de los compromisos del conjunto de los actores públicos, privados y comunitarios con relación a la Madre Tierra, que identifican los objetivos y metas de manejo integral y sustentable en cada sistema de vida con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y las acciones y contribuciones monetarias y no monetarias para alcanzar dichas metas.

En esta dirección, las políticas públicas en conjunto deben estar orientadas a los procesos de armonización de los sistemas de vida sobre la base de “Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra”. Esta es la base para construir una nueva visión y nuevos instrumentos operativos para la gestión pública intercultural en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra.-

Los Acuerdos de Complementariedad con la Madre tierra constituyen acuerdos entre múltiples actores en los territorios del país, en una determinada escala, para implementar acciones orientadas al fortalecimiento de los diferentes sistemas de vida en las entidades territoriales autónomas. Las principales características de estos acuerdos son las siguientes:

  • Son acuerdos de múltiples actores para la construcción de sistemas de vida. Entre los actores participan el conjunto de los sujetos, actores sociales y organizaciones sociales que habitan en un determinado territorio, preferentemente una entidad territorial autónoma (municipal, indígena originario campesina, y departamental), los que están orientados a fortalecer los sistemas de vida en los territorios.
  • Los acuerdos incluyen la participación de los sujetos sociales y de la Madre Tierra como un sujeto activo, e identifican los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra así como las obligaciones de la sociedad y entidades públicas estatales. Los acuerdos más allá de ser acuerdos colectivos entre diferentes actores se constituyen en un acuerdo con los sujetos que habitan la Madre Tierra, por lo mismo incorpora como un sujeto explícito a la Madre Tierra, así como el respeto y protección de sus derechos. Para que esto sea efectivo la Madre Tierra podrá estar representada en el ámbito local por dos personas (hombre y mujer) designados por los miembros de las comunidades u organizaciones sociales locales para representar el respeto y protección de los derechos de la Madre Tierra. Por otra parte, deben identificarse de forma explícita los derechos y obligaciones de las sociedades locales y de la Madre Tierra.
  • Los acuerdos integran la identificación clara de objetivos y metas para la construcción de sistemas de vida en los diferentes territorios del país, Parte sustantiva y central de los acuerdos son los objetivos y metas para el fortalecimiento de los sistemas de vida en el conjunto de sus dimensiones, incluyendo aspectos de gestión del cambio climático y reducción de desastres. En esta dirección, los acuerdos deben establecer claramente las metas a ser alcanzadas en un período de tiempo determinado (anual o bianual).
  • Los acuerdos incorporan acciones articuladas y acciones concurrentes entre los actores públicos, privados y comunitarios para el cumplimiento de los objetivos y metas. Toda vez que los acuerdos identifican las metas de gestión de los sistemas de vida también deben ser explícitos respecto a las acciones conjuntas y presupuestos concurrentes a ser asignados para el cumplimiento de las metas. En esta dirección, orientan los planes de acciones específicos de las entidades públicas, privadas y comunitarias para el cumplimiento de las metas identificadas en los acuerdos.
  • Los acuerdos son evaluados de forma participativa y colectiva periódicamente. Los acuerdos deben ser evaluados de forma participativa por el conjunto de los actores públicos, privados y comunitarios del territorio, realizándose los ajustes que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas definidas.

Los Derechos de la Infancia y la Niñez en el contexto de las Negociaciones sobre el Cambio Climático, un Análisis de Situación

RUTA CRÍTICA

Reflexiones y Propuestas desde la Cordillera

Autor: Alfonso Alvéstegui Justiniano

art 14

El cambio climático, y su impacto en los seres humanos y recursos naturales, amenazan  con  afectar   adversamente al desarrollo humano en la tierra. Las naciones en desarrollo,  cuya resiliencia a estos impactos es menor  y  donde las condiciones de vida presentan alta dependencia de recursos naturales como el agua y la tierra, serán las más afectadas por el cambio climático. En estas naciones, los niños y niñas son probablemente los seres humanos más vulnerables al cambio climático. Sin lograr  acciones  concertadas,  millones de niños y niñas se encontrarán bajo un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, desnutrición, escasez de agua, desastres, y el colapso de los servicios e infraestructura pública.

La respuesta que se dé al cambio climático afectará   profundamente   la   calidad de vida de las generaciones  futuras; sin embargo, esta consideración de carácter intergeneracional aún no ha sido incorporada en las discusiones centrales del cambio climático. Un enfoque basado en los derechos de la infancia, debería tomar en cuenta los principios de la justicia intergeneracional. Este enfoque necesita ser adoptado en forma urgente por gobiernos y la sociedad civil.

Los conceptos de la “justicia climática” han sido centrales en las negociaciones de carácter internacional y formulación de propuestas de políticas, pero hasta la fecha se percibe que no han incluido la justicia entre generaciones, en particular de la infancia. La justicia climática tiende a referirse a la justicia entre aquellas  naciones más responsables por el cambio climático (naciones ricas, industrializadas) y  las  más  vulnerables y menos responsables de contribuir a este fenómeno. El fracaso de integrar derechos de la infancia, y justicia intergeneracional, haría más difícil de lograr la justicia climática.

En este contexto, el presente artículo académico tiene los objetivos de determinar:

  • 1.
    A) La magnitud del interés de las naciones y actores involucrados en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, por considerar el cumplimiento de los derechos de la infancia al momento de identificar acciones concertadas para responder al cambio climático.
  • 3.
    B) En qué medida las conclusiones y recomendaciones de los eventos de negociación sobre el cambio climático, han incorporado el cumplimiento de los derechos de la infancia.

La profundización de esta temática contribuirá a mejorar el conocimiento del equipo negociador de Bolivia sobre el cumplimiento de los  derechos  de la infancia, en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático.

Palabras clave: Cambio climático; impacto ambiental; derechos del niño; justicia intergeneracional; negociaciones sobre cambio climático

Introducción.-

El cambio climático y su impacto en los seres humanos y recursos naturales, amenazan  con  afectar   adversamente al desarrollo humano en la tierra. Las naciones en desarrollo, cuya resiliencia a estos impactos es menor y las condiciones de vida presentan alta dependencia de recursos naturales como el agua y la tierra, serán las más afectadas por este fenómeno. En estas naciones, los niños y niñas son probablemente los seres humanos más vulnerables. Sin lograr acciones concertadas, millones de niños y niñas se encontrarán bajo mayores riesgos de contraer enfermedades infecciosas, desnutrición, escasez de agua, desastres, y el colapso de los servicios e infraestructura pública.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por  sus  siglas en inglés), ha identificado a la niñez como uno de los grupos más vulnerables al cambio climático. El resumen para tomadores de decisión del Cuarto Reporte del IPCC puntualiza que “alguna población (los  pobres,  niños  y  niñas, y los ancianos) pueden encontrarse particularmente en riesgo” por el cambio climático (IPCC, 2007:11).

El resumen para tomadores de decisión del Grupo de Trabajo II del IPCC es más específico y afirma  que  la  exposición al cambio climático probablemente afecte la situación de salud de millones de personas, particularmente aquellas con menor capacidad de adaptación, por el incremento de la desnutrición y sus consiguientes implicaciones en el crecimiento y desarrollo infantil (IPCC, 2007:8).

En términos generales, los impactos del cambio climático en niños y niñas pueden categorizarse entre: aquellos generados por desastres repentinos y, aquellos resultados de crisis sistémicas más graduales y de carácter crónico.

  • Desastres repentinos

En  la  próxima   década,  hasta 175 millones de niños y  niñas serán afectados anualmente, por desastres   naturales    generados por el cambio climático (Save The Children, 2007). Los impactos  de estos  desastres  son  diversos.  Los niños y niñas se ven imposibilitados de asistir a las escuelas en tiempos de desastres y con frecuencia son enviados por sus familias a trabajar. Niños y niñas se encuentran en mayor riesgo de ser heridos y sufren desproporcionadamente por enfermedades, conforme los servicios de agua, saneamiento y la seguridad alimentaria son afectados.

Las implicaciones psicológicas y sociales son profundas puesto que niños y niñas pueden ser separados de sus padres, perder miembros de sus familias, ser forzados a matrimonios prematuros, o sufrir de violencia o traslados a causa de los desastres.

  • Crisis sistémicas, de carácter crónico

Los cambios de temperatura y de precipitación, resultado del cambio climático, están ocasionando cambios sistémicos en procesos  naturales. Por  ejemplo,  la  disminución   de las fuentes de agua subterránea utilizadas para consumo humano y riego, la expansión de enfermedades transmisibles a nuevas áreas geográficas, la intensificación de las sequías y desertificación que generan, a su vez, inseguridad alimentaria.

Los efectos de estas crisis crónicas son amplios y diversos sobre la infancia. Además del incremento en los índices de mortalidad y morbilidad generados por  enfermedades, niños y niñas no pueden asistir  a sus escuelas porque se encuentran demasiado débiles, son requeridos para ayudar en otras actividades en sus hogares, o tienen que recorrer mayor distancias para recolectar recursos que  escasean,  como  leña o agua, dejándoles menos tiempo disponible para su educación.

La infancia también siente los impactos sociales, por ejemplo, cuando las familias son divididas porque uno de los padres tiene que viajar por periodos largos de tiempo para buscar trabajo y compensar las pérdidas en su contexto familias, ó cuando las tensiones y el conflicto emergen en torno a recursos naturales más escasos.

En general, un 25% de las muertes de la población mundial puede ser atribuido a factores ambientales; esta proporción se eleva a un 36% en niños y niñas menores de 14 años (Pruss, 2006).

  1. Justicia intergeneracional.-

El principio de justicia intergeneracional propone que debería existir justicia distributiva   entre   generaciones,   y que los derechos de las generaciones deberían ser considerados  iguales  en el tiempo. Este principio fue propuesto inicialmente por Nicholas Stern en el contexto de priorización de políticas de cambio climático, quien argumentó en favor de un análisis de costo-beneficio en política pública que otorgue tanto valor a las comunidades actuales como a las comunidades futuras (Stern, 2006).

El concepto de justicia intergeneracional tiene implicaciones éticas importantes, como lo plantea Edward Page, en su libro Climate change, justice and future generations, en el cual identifica el problema ético de cuánto sacrificio deben realizar las generaciones actuales, a fin de mitigar el daño que el cambio climático puede ocasionar en el futuro. Un balance equilibrado de las alternativas de política, requiere tanto la comprensión de los efectos probables del cambio climático, como su relación con teorías alternativas de justicia intergeneracional (Beckerman, 2009).

Como uno de los grupos humanos que será más afectado por el cambio climático, los niños y niñas tienen el derecho de estar directamente involucrados en la toma de decisiones que determinen acciones de adaptación y minimizar su impacto. Este derecho es respaldado por uno de los pocos acuerdos internacionales que goza del respaldo de 193 países signatarios –el Convenio de las Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia-.

Algunos de los derechos de la infancia que pueden ser más afectados por el cambio climático son (IDS, 2009):

  • El derecho de un niño o niña a que sus intereses sean objeto de primera consideración en todas las acciones que los/las involucren (Artículo 3).
  • El derecho a vivir – los gobiernos deben asegurar que los niños y niñas sobrevivan y se desarrollen saludablemente (Artículo 6).
  • El derecho a acceder al mayor estándar posible de atención en salud, a un abastecimiento seguro de agua, alimentación, un medio ambiente limpio y seguro (Artículo 24).
  • El derecho a la educación (Artículo28).

La  existencia  de  estos   derechos,   en un documento legalmente vinculante, significa que los gobiernos están obligados a salvar toda barrera a su cumplimiento. El Convenio de las Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia constituye el marco general para asegurar que los derechos de la infancia sean considerados en la generación de políticas referidas al cambio climático. En este contexto, los Gobiernos, empresas e individuos deberían reducir los gases de efecto invernadero y facilitar recursos para apoyar la adaptación al cambio climático, porque tienen la obligación con la infancia para hacerlo así.

  1. Incorporación de los derechos de la infancia y la niñez en las negociaciones sobre el cambio climático.-

Para lograr la incorporación de los derechos de la infancia en los procesos de negociación sobre el cambio climático, se han acudido a acciones de distinta naturaleza. A continuación se describen las acciones identificadas en la revisión bibliográfica realizada.

2.1  Participación  directa  de  la  niñez en las negociaciones globales.-

El Artículo 12 de la Convención para los Derechos de la Infancia establece que, cuando los adultos adopten decisiones que afecten a  la  infancia,  ésta  tienen el derecho  de  manifestar  su  criterio  y a que sus opiniones sean tomadas en consideración La bibliografía consultada,  sugiere  que la participación formal de la  niñez  en las deliberaciones del cambio  climático se ha limitado a los llamados “eventos paralelos”.

En la COP 13 realizada en Bali, el 2007, la coalición Children in a Changing Climate (Web) apoyó la participación de cuatro niños del Reino Unido, Filipinas, Suecia e Indonesia, quienes presentaron sus puntos de vista, propuestas e intereses. Estos jóvenes observaron las negociaciones y  desafiaron  a  ministros y delegados oficiales, incluyendo la negociadora jefe del G77, Bernarditas Muller de las Filipinas, y Anders Wijkman, Miembro Sueco del Parlamento Europeo.

En la COP 14, realizada en Poznan el 2008, la misma coalición, Children in a Changing Climate, organizó un evento paralelo.

En la COP 15, en Copenhague, Plan Internacional y UNICEF apoyaron a grupos de niños y niñas que actuaron en la conferencia como jóvenes reporteros.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre  el  Cambio  Climático,  realizada en Cancún, UNICEF, Plan Internacional, Save the Children y Visión Mundial, proporcionaron una plataforma a niños de Haití, México, Indonesia, Bolivia y Belice, para entrevistar a líderes mundiales y llamar a la acción en las negociaciones.

En esta oportunidad, en respuesta a las presentaciones de los niños, Yvo de Boer, ex-Secretario Ejecutivo de la UNFCCC, manifestó: “Necesitamos recordar a los ministros lo que ellos están negociando ahora –las vidas de niños y jóvenes.   Es por esta razón que invité a un niño a tomar parte de mi discurso inaugural en Copenhague y recordar a la gente acerca de lo que se está negociando en este proceso”.

Las experiencias obtenidas con la participación de niños y niñas en la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático y las COP, fueron útiles para establecer mecanismos más formales de participación de la infancia en los procesos de toma de decisiones a nivel global (Plan, 2009). En base a este criterio, organizaciones como Plan Internacional realizan una abogacía permanente para que se apliquen enfoques sistemáticos y efectivos para lograr la participación directa de la niñez en las negociaciones oficiales sobre el cambio climático.

La décimo séptima Conferencia de las Partes (COP 17) se lleva a cabo en la ciudad  de  Durban,  Sudáfrica,   del   28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011. Se trata de  un  encuentro  clave en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, porque coincidió con la finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto; lo que a su vez, demanda el  establecimiento de un nuevo  acuerdo  vinculante  para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que incluya a los dos principales países contaminantes: China y Estados Unidos. Se espera por tanto, que se organicen nuevamente encuentros  paralelos   para   sensibilizar a los participantes en el rol que deben tener niños y niñas en el proceso de negociación, así como en la consideración de sus derechos.

2.2. Desarrollo de alianzas entre organizaciones globales y regionales.-

Children in a Changing  Climate  (Niñez en un clima cambiante) es un asocio global establecido el 2007, que reúne a organizaciones líderes en investigación y desarrollo, cada una con el compromiso de compartir conocimientos, coordinar sus acciones y trabajar con niños como protagonistas en el cambio climático. Sus miembros incluyen: UNICEF, Plan Internacional, Save the Children, Institute of Development Studies (IDS).

Africa Climate Change Resilience Alliance (ACCRA), es  un  consorcio  integrado por Oxfam, Visión Mundial y Save The Children, que trabaja en Mozambique, Etiopía y Uganda para comprender mejor la capacidad de adaptación de las comunidades.

En la revisión bibliográfica para la preparación de este artículo, no se encontraron referencias acerca de una alianza similar que trabaje en la región de Latinoamérica y el Caribe.

2.3.   Propuestas para incorporar los derechos en la infancia en las negociaciones sobre cambio climático y promover la justicia intergeneracional.-

El año 2009, Plan Internacional  emitió un conjunto de recomendaciones dirigidas a los tomadores de  decisión del  UNFCCC,  para  promover   la justicia intergeneracional. Estas recomendaciones incluían los siguientes puntos:

  • Reconocer a la niñez como interlocutores oficiales, previendo mecanismos formales para que niños y niñas se unan al diálogo y contribuyan a la toma de decisiones sobre el cambio climático.
  • Orientar a las delegaciones nacionales sobre cómo facilitar las consultas con la niñez referidas a la toma de decisiones en cambio climático.
  • Asegurar transparencia sobre los compromisos logrados en mitigación y adaptación, a través del desarrollo de mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan el aporte de los puntos de vista de la niñez.
  • Impulsar a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en cambio climático, a establecer mecanismos formales de participación de la niñez.
  • Enfatizar la importancia de la niñez –en términos de impactos diferenciados– dentro los reportes del IPCC (en este caso se trataba de una recomendación para el quinto reporte).
  • Abogar para que los gobiernos inviertan más en educación, de manera que las generaciones futuras tengan los conocimientos y habilidades para manejar mejor el medio ambiente y adaptarse al cambio climático.

El mismo año (2009), el Institute of Development Studies (IDS) formuló las siguientes recomendaciones, destinadas a   incorporar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en la formulación de políticas públicas relacionadas con el cambio climático:

  • La implementación de un acuerdo global debería realizarse en los ámbitos nacional, regional y local. La formulación de políticas y decisiones de carácter fiscal en estos niveles, debería reflejar plenamente la necesidad de invertir en soluciones de largo plazo, que aseguren que los derechos de las generaciones futuras sean cumplidos.
  • Los responsables de elaborar políticas a nivel internacional, así como nacional y local, necesitan aplicar un análisis costo-beneficio que valorice la calidad de vida en el futuro.
  • Los gobiernos de los países desarrollados deberían adherirse a las recomendaciones del IPCC, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero entre 25 y 40% para el año 2020, en el marco de un principio de equidad intergeneracional.
  • La adhesión a la Convención de los Derechos de la Infancia requiere que los gobiernos nacionales, especialmente de los países desarrollados, aseguren una representación de niños y jóvenes y que las necesidades específicas sean atendidas en las políticas de adaptación y mitigación.
  • Los reportes contra el cambio climático y los derechos de la infancia, podrían incluirse en los compromisos existentes en la Convención de los Derechos de la Infancia.

En noviembre de 2010, Save The Children formuló una propuesta dirigida a los participantes de la Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún (Save The Children, 2010). Se aprecia que los puntos de la propuesta son más concretos que los emitidos el año 2009:

  • Las negociaciones sobre el cambio climático deben responder a los derechos de la niñez, sus necesidades y capacidades, y estas deben ser mencionadas explícitamente en el acuerdo de las Naciones Unidas. La no mención de la niñez en los textos de negociación es una omisión que debe ser resuelta. Las respuestas de los gobiernos nacionales, como los Planes de Acción Nacionales de Adaptación (NAPA por sus siglas en inglés), deben incluir un enfoque específico en las necesidades y derechos de la niñez.
  • Las acciones de adaptación al cambio climático, y el financiamiento del cambio climático, deben generar resultados apropiados para la niñez, incluyendo la reducción de desastres y medidas para fortalecer la protección social. La adaptación al cambio climático debe llegar a las comunidades, niños y niñas más pobres y marginales, fortaleciendo su resiliencia. Los principios del Marco de Acción de Hyogo deberían estar compenetrados con todos los programas y planes de adaptación del cambio climático.
  • El financiamiento para el cambio climático debe ser proporcionado de una forma transparente y adicional.

Debe ser adicional a la asistencia oficial al desarrollo. Los  gobiernos no deberían distraer recursos de los programas de reducción de la pobreza para financiar acciones de mitigación o adaptación, para asegurar que los progresos alcanzados en el  marco de los Objetivos del Milenio no sean revertidos. Debería existir una ventana para acciones de respuesta rápida.

  • La advertencia temprana en crisis vinculadas con el clima, debe estar vinculada con la toma de decisiones sobre el financiamiento y las acciones de respuesta temprana.
  • Los niños y niñas deberían ser incluidos como participantes activos en las acciones de adaptación al cambio climático. Los niños son altamente vulnerables pero también muestran una alta capacidad para ser parte de la solución: enfoques centrados en la niñez deben ser reconocidos como esenciales para la adaptación a nivel comunitario y deberían ser financiados con fondos de adaptación al cambio climático.
  • Prevenir el cambio climático catastrófico, estableciendo un plan de acción vinculante para reducir las emisiones.

2.4 La dimensión financiera.-

Para que los niños y comunidades de los países más vulnerables se adapten a los cambios climáticos actuales y futuros se reconoce a nivel global que se requieren recursos financieros considerables.

Los países desarrollados han reconocido esta necesidad; el año 2000,  como parte de los compromisos del Protocolo de Kioto, 20 países desarrollados suscribió la Declaración de Bonn, en la cual acordaban realizar transferencias regulares de “financiamiento climático” a los países en desarrollo. El año 2009, en la COP 15, los países desarrollados se  comprometieron  a  proporcionar una mayor cantidad de financiamiento climático: “financiamiento nuevo y adicional” que  deberá  llegar  a  los 100 billones de dólares por año hasta el  2020.  Este   monto   se   aproxima al financiamiento total actual de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA, Official Development Assistance, por sus siglas en inglés)2.

La movilización de estos recursos ha sido lenta y se mantienen vigentes dos  preguntas  clave  (UNICEF,  2011);

(a) ¿Cuándo los países desarrollados harán   públicas    sus    contribuciones a este objetivo de $us. 100  billones por año?, (b) ¿Cómo financiarán sus contribuciones?

En  este   sentido,  para la  COP 17 existe la expectativa que los gobiernos participantes acuerden el establecimiento de un nuevo Fondo Climático Verde, que permita canalizar los 100 billones de dólares por año comprometidos. Asimismo, que estos recursos sean asignados en proporciones iguales tanto a las acciones de mitigación como de adaptación. Y además, que este incremento en la atención a la adaptación al cambio climático, priorice a la niñez y la infancia y se asegure que sus vulnerabilidades específicas sean reducidas.

Esta necesidad se torna más relevante si se toma en cuenta información que demostraría que la asistencia financiera dirigida a la infancia no se efectiviza en una escala que satisfaga el problema. Por ejemplo, una publicación de Save The Children el año 2008 llamó la atención sobre la falta de financiamiento relacionada con desastres y la infancia. “A pesar del impacto significativo que tienen los desastres en la salud infantil, nutrición, protección y educación, estos sectores ha sido sub-financiados en forma consistente por los donantes al momento de proporcionar asistencia para las emergencias. Por ejemplo, en el reporte 2007 de UN Consolidated Appeals, el sector de educación recibió recursos que solamente  cumplieron con el 38% de las necesidades, y el sector de protección recibió sólo el 36 por ciento de los requerimientos; estas cifras contrastan con el valor promedio del 72% en todos los sectores. En una revisión más amplia, del período 2000 a 2007,  las  solicitudes  de  educación y    protección     fueron     financiadas en un promedio de 36% y 34%, respectivamente (Global Humanitarian Assistance, 2007-2008).

2.5. La incorporación de los  derechos de la infancia y la niñez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20).-

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, tendrá lugar en Brasil, del 4 al 6 de Junio de 2012, para destacar el 20 aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED por sus siglas en inglés), realizada el año 1992 también en Río de Janeiro, y el décimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD por sus siglas en inglés), llevada a cabo el 2002 en Johannesburgo.

Los objetivos de la Conferencia son: asegurar un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluar los  progresos logrados hasta la fecha y las  brechas que aún existen en  la  implementación de los principales resultados acordados en las cumbres de desarrollo sostenible, e identificar nuevos desafíos. Se prevé que la Conferencia  tendrá  el  mayor nivel posible a nivel global, y  contará con la participación de Jefes de Estado y Gobiernos así como otros representantes.

La Conferencia se enfocará en dos temas:

(a) Una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y (b) el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Desde la primera Cumbre de la Tierra del año 1992, se concluyó que el desarrollo sostenible     no     podría     ser     logrado solamente por los gobiernos, y se requería más bien la participación activa de todos los sectores de la sociedad, incluyendo trabajadores, agricultores, gente de negocios, estudiantes, científicos, comunidades  indígenas,  etc.  Por  ello, la Agenda 21 formalizó la participación de nueve grupos de ciudadanos que podrían participar en las actividades de las Naciones Unidas organizadas para lograr el  desarrollo  sostenible.  Estos son denominados oficialmente “Grupos Mayores”, e incluyen el Grupo de la Niñez y Juventud.

El Grupo de la Niñez y Juventud está trabajando en el desarrollo de un marco estratégico para la participación y empoderamiento  de  jóvenes,  niños y niñas en la Conferencia Rio+20. Los organizadores  prevén  tener  al  menos

5 reuniones  preparatorias  regionales en forma previa a la Conferencia, así como establecer un sitio web oficial que les permita desarrollar alianzas, crear una plataforma común e informar a los jóvenes en el mundo acerca del desarrollo de las deliberaciones. De hecho, el Grupo ya ha emitido un documento denominado “Contribución al Documento Producto de Rio+20”, que incluye las perspectivas de la gente joven de todas las regiones, especifica objetivos y prioridades para adoptar acciones concretas en el marco de esta Conferencia.

Conclusiones.-

Actualmente existe evidencia concreta que el cambio climático afectará adversamente el logro de varios Objetivos del Milenio. Entre estos, se encuentra el ODM 1, referido a la erradicación de la pobreza extrema.

Asimismo, el cambio climático tendrá un efecto adverso en los medios de vida y, consiguientemente en todos los ODM relacionados con la infancia y la niñez, incluyendo la salud y las determinantes de la mortalidad infantil  en  el  mundo en desarrollo (ODM 4, reducción de la mortalidad infantil; ODM 6, reducción del HIV/SIDA, malaria y otras enfermedades), educación (ODM 2, lograr educación primaria  universal),  y   género   (ODM 3, promover la equidad de género y empoderar a las mujeres).

El acceso al agua y saneamiento también se verán afectados, incidiendo adversamente en el ODM 7, referido a asegurar sostenibilidad ambiental.

En la revisión bibliográfica se encontró amplia información acerca de la vinculación  entre   cambio  climático y vulnerabilidad, particularmente en temas relacionados con desastres naturales. No obstante, se encontraron serias limitaciones respecto a investigación y abogacía sobre la incorporación de los derechos de la infancia en las negociaciones sobre el cambio climático.

Dentro estas limitaciones, en forma notable destacan publicaciones y acciones de abogacía de organizaciones como Plan Internacional, Save The Children, UNICEF, las cuales junto con Visión Mundial integran el asocio Children in a Changing Climate. A este grupo reducido se suma el Institute for Development Studies (IDS). Se encontraron varias publicaciones y propuestas, particularmente en ocasión de las COP de Copenhague  y  Cancún. Sin embargo, para la COP 17 que se realizó el presente año  en  Durban,  no se encontraron propuestas concretas que  busquen  la  integración   de   la niñez e infancia y sus derechos en las declaraciones que resulten de esta COP. Únicamente se encontró información sobre una campaña promovida por el Comité UNICEF en el Reino Unido para que su Gobierno anuncie la contribución que daría al fondo de los $ 100 millones de dólares. Esta ausencia de propuestas puede tener un efecto importante porque los documentos que emerjan de Durban serán un insumo importante en la próxima Conferencia de las Naciones Unidades sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), que tendrá lugar en Río de Janeiro el año 2012.

Respecto  a  la participación    directa de   representantes   de   la   niñez    en los encuentros de la COP, esta se ha mantenido en forma  constante  desde el año 2007, en oportunidad de la COP 13 realizada en Bali.  Sin  embargo,  no se ha encontrado una evaluación que determine objetivamente el efecto que tuvieron estas participaciones sucesivas en  la  incorporación   de  los   derechos de  la infancia  en  las  conclusiones  y recomendaciones de los eventos de negociación sobre el cambio climático.

El Convenio de las Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia, es uno de los pocos acuerdos internacionales que goza del respaldo de la mayoría de los países del mundo y, al ser un documento legalmente vinculante, significa que los gobiernos están obligados a salvar toda barrera a su cumplimiento. Por ello, este

Convenio debería constituir el marco general para asegurar que los derechos de  la  infancia   sean  considerados   en la generación de políticas referidas al cambio climático.  En  este sentido,  las propuestas contenidas en el documento emitido por Save The Children el 2010 tienen amplia relevancia y deberían ser consideradas tanto en Durban como en el evento de Rio+20 a realizarse el 2012.

Lorem fistrum me cago en tus muelas se calle ustée de la pradera me cago en tus muelas apetecan al ataquerl al ataquerl. Está la cosa muy malar a wan fistro apetecan sexuarl. No puedor apetecan por la gloria de mi madre te voy a borrar el cerito no te digo trigo por no llamarte Rodrigor va usté muy cargadoo a wan ahorarr.
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